La OEA y la Unión Europea enviarán misiones de observación a las elecciones del 18 de octubre
Los comicios estarán bajo la lupa de dos observadores locales y cuatro misiones internacionales
Al menos cuatro veedores internacionales y dos alianzas interinstitucionales del país, encargadas de la observación electoral doméstica, velarán por la transparencia de los comicios generales previstos para el 18 de octubre.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) adelantó que otras misiones de menor tamaño y alcance también visitarán el país para observar y garantizar el normal desarrollo del proceso electoral, luego del presunto fraude electoral de 2019.
«Todas las misiones han expresado su interés y su voluntad de estar presente en el país. Las modalidades del despliegue de estas misiones de observación internacional dependerán de las características y del estado del tráfico aéreo en el país en octubre», explicó el presidente del TSE, Salvador Romero, de acuerdo con un reporte del periódico Bolivia.
La autoridad aseguró que los veedores estarán presentes, pero que aún no están definidas las características específicas del despliegue del personal de cada institución extranjera.
MISIONES EXTRANJERAS
La Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y el Centro Carter son las cuatro comisiones veedoras que confirmaron su asistencia al país.
La Unión Europea aseguró – en febrero de este año – su participación como observadora de los comicios. El documento de la institución señala que el equipo de la misión estaría compuesto por 10 analistas que permanecerán hasta la finalización del proceso electoral, incluida una posible segunda vuelta.
A ellos se unirían 30 observadores «de largo plazo», que se desplazarán por todo el país, y 60 «de corto plazo» que llegarán en días cercanos a la jornada de votación.
La Uniore envía a los estados, a través del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), misiones integradas por miembros de organismos electorales de la región. El resultado de su labor se traduce en una evaluación de la jornada electoral y en un análisis del proceso cuyos resultados, observaciones técnicas y sugerencias serán remitidos al organismo electoral.
En 2019, la Misión de Observación Electoral de la OEA desplegó 92 observadores en los nueve departamentos del país. El grupo de 36 expertos y auditores comenzó su trabajo en el país el 1 de noviembre y entregó su informe final el 4 de diciembre.
ESTUDIO DEL CENTRO CARTER
El Centro Carter anunció, en julio, que prevé realizar un estudio para analizar los «retos políticos, legales y administrativos» de las elecciones durante la pandemia.
El equipo de investigación se enfocará en el impacto del COVID-19 en el proceso electoral y prevé tener un tamaño y alcance reducido, enmarcado en las obligaciones y estándares internacionales de derechos humanos para elecciones democráticas, como la base de su evaluación.
OBSERVACIÓN DOMÉSTICA
Los equipos de observación doméstica hacen referencia a los veedores nacionales conformados por organizaciones no gubernamentales, universidades públicas, plataformas ciudadanas e instituciones independientes del país acreditadas por el TSE e interesadas en transparentar los comicios generales.
La Fundación Jubileo, la Ruta de la Democracia, cinco universidades y 26 instituciones afiliadas desplegarán al menos 250 observadores en los nueve departamentos del país.
«Así como hay las misiones electorales de la OEA y UE, lo que se quiere y pretende es tener una misión de observación desde la sociedad civil boliviana. Esperamos contar con cerca de 250 observadores en todo el país», adelantó el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, al periódico Bolivia.
La autoridad informó que se busca más adhesiones por parte de otras instituciones, redes y plataformas que quieran ser parte de esta iniciativa, para tener un grupo «representativo» en la jornada electoral.
Los observadores domésticos estarán desde la apertura hasta el cierre de las mesas de sufragio. Además, velarán porque se cumpla el procedimiento y las medidas de bioseguridad.
Núñez afirmó que están a la espera de la acreditación que emita la entidad electoral para iniciar la capacitación de los veedores.
Informó que el trabajo se realizará a través a la cooperación internacional y recursos propios para el despliegue del personal.
OBSERVA BOLIVIA
La iniciativa ciudadana «Observa Bolivia», es una alianza de 14 organizaciones no gubernamentales, dos redes nacionales y una instancia académica, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea y de IDEA Internacional en Bolivia.
La entidad prevé capacitar 2.400 voluntarios y seleccionar a los observadores titulares.
Los observadores estarán en los lugares de votación, sobre la base a una muestra compuesta por 428 recintos y 1.173 mesas, correspondientes a circunscripciones uninominales, mixtas y especiales.
La entrega y publicación de los informes con conclusiones y recomendaciones al OEP será uno preliminar a las 72 horas y uno final, según normativa de la OEA y UE.
Arce ratifica que se acatará fallo contra Morales y confía en el ‘voto oculto’
Por Miguel Gómez
Tras el revés judicial a la candidatura para senador del expresidente Evo Morales, el candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, ratificó que se acatará el fallo y que Morales sigue siendo jefe de campaña. Además, indicó que confía en el “voto oculto”.
El lunes, el vocal Alfredo Jaimes Terrazas dilucidó el empate de los vocales constitucionales René Delgado y Heriberto Pomier, y rechazó la habilitación de Morales como postulante, tal como definió el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por no cumplir el requisito de la residencia de dos años en el lugar de su candidatura, ya que se encuentra refugiado en Argentina.
En una entrevista con la red Bolivisión, Arce afirmó que se respetará la decisión, tal como dijo el lunes Morales. Aparte, aclaró que solamente una asamblea de las bases del partido puede definir si el exmandatario deja de ser jefe de campaña por denuncias en su contra. “Estas decisiones se toman de forma colectiva”.
Mediante Twitter, Morales señaló el lunes que el vocal dirimidor actuó bajo amenazas y presiones de procesos. “Tomó una decisión política ilegal e inconstitucional. La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo pero no podrán proscribir al pueblo”. Y añadió: “Nosotros acataremos esta decisión porque nuestro compromiso y prioridad es que el pueblo salga de la crisis”.
Aparte, Arce confió en ganar en primera vuelta el 18 de octubre, después de las previsiones de intención de voto divulgadas la noche del domingo por la red Unitel, con Arce perfilado para ganar los comicios con 24,2% de respaldo (37% de acuerdo a los votos válidos), seguido por Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), con 17%, y la presidenta Jeanine Áñez, de la alianza Juntos, con 10%.
“El MAS sigue siendo la primera fuerza en el ámbito nacional. Creemos todavía que hay enormes posibilidades. Vengo de Santa Cruz y Cochabamba y veo un voto oculto, que es nuestro voto. Hay miedo, en Santa Cruz hay amedrentamiento y presión. Y mucha población no quiere decir que va a votar por el MAS, gente que nos dice en voz baja que vamos a ganar”.
Aseveró que hay la intencionalidad de analistas por “reavivar” el “voto útil” en favor de Mesa. Sin embargo, sostuvo que con la “catástrofe” de las medidas asumidas por el gobierno de Áñez en la salud y lo educativo, sobre todo, hay buena perspectiva para ganar una buena tajada del alto índice de indecisos (32% según la encuesta).
“El MAS es la única opción que puede dar estabilidad económica, política y social. Confiamos en la sabiduría del pueblo. Ya lo hicimos en el pasado y lo vamos a hacer ahora, permitiendo un buen futuro económico. Tuvimos los mejores indicadores de la región (en el mandato de Morales) y la gente lo sabe. Y sabe que no se puede equivocar, si en 10 meses (de gobierno de Áñez) estamos como estamos, qué será en cinco años”.
Copa denuncia que el Gobierno ya pagó interés de $us 1,6 MM por crédito no aprobado del FMI
Por Miguel Gómez
La presidenta de la Asamblea Legislativa y del Senado, Eva Copa, denunció que el gobierno transitorio de Jeanine Áñez ya pagó un interés de $us 1,6 millones por el crédito no aprobado en el Legislativo del Fondo Monetario Internacional (FMI), de $us 327 millones.
“El Gobierno de transición ha vulnerado la Constitución en el artículo 322, porque ese crédito ya está en nuestro país sin haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa y se ha pagado el interés de $us 1,6 millones, cuando nosotros los bolivianos no sabemos dónde están esos recursos, es por eso importante que hagamos la fiscalización de estos recursos, porque no podemos permitir que se siga utilizando el dinero del Estado para campaña política, que se esté jugando con la salud de los bolivianos y bolivianas”, dijo la autoridad en El Alto, según una nota de la Vicepresidencia.
Los dos poderes del Estado se encuentran enfrentados por la aprobación de este préstamo. Áñez exige su aprobación como condicionante para el pago del Bono contra el Hambre de Bs 1.000 (ella propuso el Bono Salud de Bs 500), mientras el opositor Movimiento Al Socialismo (MAS), que es mayoría en la Asamblea, lo rechazó por falta de “transparencia”, por lo cual su tratamiento pasó a la siguiente legislatura.
“Lamentablemente este gobierno de transición ha usado como campaña política el crédito del FMI, que es de $us 327 millones. Este crédito en ninguna parte de sus artículos menciona que es para el Bono Salud y toda la población boliviana debe saber que en la Comisión de Planificación (del Legislativo), que no solamente es del MAS, están UD y el PDC, por unanimidad rechazó este proyecto de ley porque no cumplía con los requisitos y tampoco especificaba a qué se referían ellos con el tema de la dolarización. Es por eso que se ha rechazado y ese crédito no se va a tocar en esta gestión, porque eso dice la Constitución y el reglamento”, precisó Copa.
Caso respiradores: Fiscalía y legisladores concluyen que hubo delitos en compra y apuntan a intermediarios
A casi cuatro meses de que estallara el escándalo por la compra de 170 respiradores españoles con sobreprecio, se ultiman los detalles para la apertura de un juicio contra al menos siete personas, dos de ellas que están en la cárcel y el resto con detención domiciliaria.
La investigación en la Fiscalía y la Asamblea Legislativa, por separado, se encuentra en su fase final y ya encontraron los suficientes indicios para establecer que hubo delitos en todo el proceso de adquisición y la mayor observación recae sobre los intermediarios.
El fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó que se presentará la acusación formal en los próximos días por los delitos de contratos lesivos, contra la salud, asociación delictuosa y otros.
El exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela y el empresario e intermediario de la compra, que se presentó como “testigo clave”, Fernando Humérez, se encuentran con detención preventiva en la cárcel mientras que otras cinco personas, entre ellas el exministro de Salud Marcelo Navajas, el excónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja, el ex director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento (Aisem), Giovani Pacheco y su funcionaria Ana Espinoza, además de una trabajadora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Gabriela Pérez, se beneficiaron con la detención en sus domicilios.
Según Lanchipa, la declaración ampliatoria de los imputados Humérez y Valenzuela aportó nuevos elementos a la investigación, así como la pericia de los celulares de todas las personas involucradas, a través del Instituto de Investigaciones Técnico – Científico de la Universidad Policial y se está a la espera de los resultados. Por otro lado, se dispuso el desdoblamiento de los Cds de las declaraciones correspondientes a los súbditos españoles Pau Sarsanedas, gerente de la GPA Innova, e Iñaqui García, representante de la intermediaria IME Consulting.
«Tenemos la relación de los hechos y hay los suficientes elementos que puedan demostrar la comisión de hechos delictivos de parte de estas personas que han sido imputadas, de tal manera que el Ministerio Público ya va estar en condiciones, en las próximas semanas, de presentar una acusación», sostuvo.
EN LA ASAMBLEA
El presidente de la comisión de investigación, Ciro Zabala, explicó que el informe debía concluir en 60 días, pero se dio una prórroga hasta el 18 de septiembre. Se conformaron cuatro comisiones que también verifican los casos de la compra de armas, los respiradores chinos, el oxígeno y los kits de medicamentos, entre otros.
“Se ha determinado que todas las compras han sido ilegales desde las especificaciones técnicas hasta la adquisición, recepción y entrega. Hubo premeditación y alevosía en todo esto”, manifestó.
Dijo también que dos observaciones están centradas en la participación de intermediarios en todo el proceso, con empresarios bolivianos, y no así de Gobierno a Gobierno. Un segundo punto hace referencia al recojo de los equipos, para lo cual se hizo un viaje hasta Grecia.
“Fueron a recoger los equipos con 230 mil dólares. Parece que tenían otro motivo y el avión se quedó en Grecia. No entendemos”, agregó.
El informe será dado a conocer a la Asamblea Legislativa para su aprobación y posteriormente se coordinará para iniciar un proceso.
Zabala lamentó la falta de apoyo del Gobierno con información para esclarecer estos casos, sin embargo, explicó que pudo documentarse con los datos de la Contraloría, Fiscalía, BoA, Aduana, entre otros.
“Hemos visto un irrespeto total de las normas y mal manejo de la cosa pública. Han vulnerado todos los procedimientos”, concluyó.
LA SITUACIÓN
Los 175 equipos fueron adquiridos en España a través de IME Consulting en una compra por un total de 4.7 millones de dólares y llegaron en mayo a Bolivia, en medio de denuncias de un sobreprecio de cerca de 3 millones de dólares.
El precio unitario oscilaba entre los 7 mil y 12 mil dólares en el mercado, pero el Ministerio de Salud pagó poco más de 27 mil por cada uno de ellos.
Desde el Gobierno buscan conciliar con la intermediaria para la devolución del dinero, alrededor de 2.2 millones de dólares que se entregó para la adquisición o, en su caso, mejorar los equipos que estaban destinados para pacientes con coronavirus COVID-19, pero actualmente se encuentran archivados.
Además del proceso judicial, la Asamblea Legislativa creó una comisión para investigar el caso, que es el mayor escándalo por supuesta corrupción en Bolivia desde que asumió el Gobierno de Jeanine Áñez.
Fernández no reconoce a Áñez y promete asegurar voto de bolivianos en Argentina
El canciller argentino, Felipe Solá, afirmó este martes que el Gobierno de Alberto Fernández trabajará para garantizar el voto de los bolivianos residentes en Argentina y cuestionó la inhabilitación del expresidente boliviano Evo Morales como candidato al Senado.
«Lo que quiero reafirmar públicamente es que, en caso de haber elecciones en Bolivia, nosotros vamos actuar en función de posibilitar y permitir el voto de todos los bolivianos que viven en Argentina», dijo Solá en declaraciones a El Destape Radio.
Las elecciones generales en Bolivia están previstas el próximo 18 de octubre tras dos aplazamientos por la pandemia de la COVID-19.
«Que voten es responsabilidad de Bolivia. Pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para que la democracia funcione, en este caso, para los bolivianos que viven en Argentina», insistió el canciller argentino.
Solá recordó que Argentina no reconoce al gobierno interino de Jeanine Áñez, quien comanda Bolivia desde noviembre pasado y es contraria políticamente a Morales, que reside en Argentina y tiene estrechos vínculos con Alberto Fernández.
«No reconocemos a ese gobierno desde que nació. Sólo mantenemos relaciones consulares porque hay mucha población de ida y vuelta, sobre todo bolivianos en Argentina, y no queremos perjudicarlos a ellos. Pero la verdad es que el nivel de hostilidad ha sido muy grande», afirmó Solá.
«PERSECUCIÓN» A MORALES Y CORREA
Solá consideró como «una persecución por el lado judicial» a las decisiones de inhabilitar a Morales como candidato al Senado y al expresidente ecuatoriano Rafael Correa como candidato a vicepresidente de su país en las elecciones de febrero próximo.
«En el caso de Ecuador, no puedo entrar al fondo de las razones y hechos desde el lejos, pero creo que prevalece la idea de Correa como líder antes de Correa como persona acusada», dijo el ministro argentino.
En el caso de Bolivia, recordó que Argentina resaltó en su día un comunicado de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, «donde puso en blanco sobre negro las muertes ocurridas en noviembre del año pasado en Cochabamba y en El Alto», que era, según recalcó Solá, lo que Argentina sostenía cuando denunciaba que en Bolivia se había perpetrado un golpe de Estado contra el Gobierno de Morales.
«En ese entonces la Cancillería boliviana nos acusó de intromisión, pero no era intromisión sino la denuncia de una situación», señaló Solá.
RELACIONES CON BRASIL Y CHINA
Por otra parte, Solá se refirió a la relaciones con Brasil y China, los principales socios comerciales de Argentina.
«Tenemos una búsqueda de relacionamiento más fuerte con todos los sectores de la sociedad brasileña, y queremos evitar cualquier disidencia pública con el Gobierno de Jair Bolsonaro», afirmó.
Sostuvo que Argentina no puede «atar» su relación con Brasil «a la circunstancia de uno u otro gobierno solamente».
«Ésa es la instrucción precisa que tiene (el embajador argentino en Brasil) Daniel Scioli», indicó.
Con respecto a China, dijo que Argentina quiere profundizar las relaciones con ese país, con una «mayor búsqueda inversiones» y que desaparezcan las «barreras» que impiden aumentar a las exportaciones del país suramericano a ese mercado.
«Si se puede, estaremos en noviembre en Shanghai. Somos invitados especiales de honor como país a una inmensa exposición de exportadores, donde nos encontraríamos con los compradores chinos. Iríamos con empresarios nacionales», anticipó.
Caso estupro: Fiscalía investiga denuncia contra Evo y busca a la víctima para tomar declaración
La Fiscalía informó que una comisión investiga la denuncia por estupro y trata y tráfico contra el expresidente Evo Morales y que ahora se está buscando a la víctima del caso, con el objetivo de tomar su declaración.
“Esta comisión ha dispuesto la ampliación por 60 días la investigación con el propósito de identificar el lugar donde se encuentra la víctima, para recibir la declaración informativa de la víctima”, indicó este martes el fiscal general, Juan Lanchipa, según reporte del periodista Iván Ramos de la Red ERBOL.
El fiscal indicó que la denuncia contra Morales fue presentada por el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) el 21 de agosto y que la misma se investiga en Cochabamba, por la presunta comisión de estupro contra una menor de 14 años.
Señaló que se ha librado requerimientos a Migración, el Servicio de Aeropuertos (Sabsa) y oras entidades, “para dar con el paradero de la víctima”.
Lanchipa indicó que el servicio de inteligencia de la Policía está a cargo de la tarea de identificar al paradero de la joven.
“El primer paso y el elemento fundamental para este tipo de delitos y la declaración de la víctima o de familiares de la víctima, de tal manera que nosotros vamos a incidir en la ubicación de la víctima para conocer la declaración con base a esa declaración seguirán los demás actos procesales”, explicó.
Respecto al exmilitar River Covarrubias, quien habría ayudado a salir del país a la joven presunta pareja de Evo Morales, el fiscal Lanchipa indicó que se lo recapturó para que cumpla su condena por el delito de violación, pero también se le investigará por la “desaparición” de la presunta víctima de estupro.
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