Legisladores opositores de Argentina impulsan proyecto de ley para prohibir injerencia en elecciones de Bolivia
Legisladores argentinos impulsan una ley para prohibir injerencia electoral de su país en Bolivia
El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) y miembro de la alianza política Juntos por el Cambio de Argentina, Álvaro Héctor de Lamadrid, informó este domingo que un grupo de legisladores impulsan un proyecto de ley para garantizar la no injerencia del Gobierno argentino en los comicios del 18 de octubre en Bolivia.
«Lo que estamos pidiendo es que el Gobierno argentino no haga campaña, no interfiera en las elecciones, no promocione a los candidatos de Evo Morales, que garantice la transparencia de los comicios y que los bolivianos en la Argentina puedan ir a votar tranquilamente a quien quieran y la votación refleje la voluntad de ellos», explicó en una entrevista en Asuntos Centrales.
Lamadrid aclaró que el proyecto se basa en el informe de la organización Transparencia Electoral que observó la votación de residentes bolivianos en Argentina en octubre de 2019, donde se habría detectado el establecimiento de «redes clientelares e injerencia de partidos políticos argentinos» que afectaron la competitividad democrática favoreciendo al Movimiento al Socialismo (MAS).
«Las elecciones fraudulentas de 2019, incluso por un informe de Transparencia Electoral, se demostró que en Buenos Aires hubo gravísimas irregularidades que no garantizaron que el voto de los bolivianos sea libre y transparente, hubo una clara injerencia para que se votara por Morales, el peligro está en que haga por el nuevo candidato (Luis Arce)», afirmó,
El diputado dijo que este proyecto no es para alertar o prevenir sino para evitar que se repita la presunta injerencia de los comicios 2019.
Explicó que presentó el proyecto antes de la pandemia -a fines de febrero- y su Gobierno aún no inició el tratamiento de ese tema y otros de importancia para el país vecino.
La coalición argentina reclamó este año sobre la presencia de Morales en actos de campaña política en Argentina y advirtió de esta «situación irregular» que pudo significar el fin del asilo del expresidente por violar la condición otorgada.
Convocarán a Romero y Longaric para informar sobre gestiones hechas que garanticen el voto en el exterior
El senador y jefe de bancada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Efraín Chambi, informó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) convocará al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, y a la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, para brindar informes sobre las gestiones realizadas para garantizar el derecho al voto de residentes bolivianos en el exterior.
Chambi acusó al actual Gobierno de no brindar las condiciones necesarias para que los bolivianos en el exterior puedan sufragar en las elecciones nacionales, evidenciando la “incapacidad y la poca voluntad de las autoridades parar asegurar la participación de votantes fuera del país.
“Vamos a convocar a Romero a la ALP para que esta instancia rinda informe respecto a este hecho, lo mismo la canciller Longaric, no poder ser que deliberadamente hable de esta manera, confunde al pueblo bolivianos, porque el trasfondo es que el régimen, este gobierno de facto, no quiere garantizar los derechos políticos, el derecho a la elección en el exterior” manifestó.´
El pronunciamiento de Chambi hace referencia a las declaraciones de Longaric, quien advirtió de una posible injerencia del Gobierno argentino en las elecciones del 18 de octubre, y que apunta, según la autoridad, a manipular el voto boliviano.
El legislador rechazó estas acusaciones y afirmó que el actual Gobierno busca vulnerar los derechos políticos de los bolivianos en el exterior. “Ese es el tema de fondo, que digan (el Gobierno) de frente: ‘no queremos que voten en el exterior, solo queremos limitar al país’”, expresó.
Asimismo, Chambi advirtió que el Gobierno pretender evitar que los bolivianos en el exterior puedan sufragar en las elecciones nacionales y en su lugar, “buscan argumentos para que los residentes no voten en el exterior”. Reprochó que a la fecha no se logró realizar acuerdo acuerdos bilaterales con administraciones de otros países para garantizar el derecho al voto de los bolivianos.
Por la “seriedad del caso”, el parlamentario adelantó que se requiere un informe sobre dichas gestiones de ambas autoridades ante el órgano Legislativo. “Estos temas no pueden pasar como una simple entrevista, deben demostrar objetivamente en una sesión de la Asamblea para que también podamos evidenciar estos extremos, esperemos que no sean ciertos”, acotó.
Finalizó asegurando que la finalidad de esto es que todos los bolivianos, tanto en el país como en el exterior, puedan sufragar en los comicios presidenciales.
Evo, el huésped que inquieta y tensa las relaciones con Argentina
Por Yolanda Mamani Cayo
El expresidente Evo Morales, que solicitó refugio en Argentina, empieza a inquietar en ese país debido a que legisladores opositores a la Casa Rosada pidieron información sobre su estatus. Aquello se da en medio de unas relaciones diplomáticas cada vez más tensas entre ambos gobiernos debido principalmente al “factor Morales”.
En la última semana, un tuit de un funcionario del gobierno de Alberto Fernández sobre los comicios generales venideros, y un comunicado de su Cancillería respecto al reciente informe de Naciones Unidas respecto a la situación de los derechos humanos después de las elecciones fallidas del 20-O merecieron respuestas oficiales de parte de Bolivia.
Un tuit y una protesta
El tema cobra vigencia a raíz de un tuit que difundió el 22 de agosto el subsecretario de Obras Públicas argentino, Edgardo Depetri, quien publicó un mensaje y una fotografía con Morales y otros integrantes que conforman “Es Tiempo de Igualdad”.
“Nos reunimos con Evo Morales. Nos comprometimos a fortalecer la participación de migrantes bolivianos en la elección presidencial, para que Bolivia vuelva a ser un país libre y democrático”, se lee en el tuit.
“Es Tiempo de Igualdad”, que se creó este mes, es una corriente política que forma parte del partido Frente de Todos, con el que Fernández llegó al poder. Esa tendencia está conformada por funcionarios públicos como Depetri. También lo integran Victoria Donda, directora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo y el subsecretario de Políticas de Integración y Formación, Daniel Menéndez, entre otros.
A raíz de ese tuit, el 24 de agosto la Cancillería, a través de la Embajada de Bolivia en Argentina, envió al gobierno de Fernández una nota de protesta. En ese documento se “solicita los buenos oficios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para que se evite este tipo de manifestaciones y posibles injerencias en las elecciones generales del 18 de octubre”. No obstante, la nota no obtuvo respuesta.
“Ya éste es el quinto reclamo a través de notas diplomáticas enviadas al Gobierno argentino. Las cuatro primeras notas fueron en virtud del acoso y de la provocación generada desde tierra argentina por parte del expresidente Evo Morales. Sin embargo, el Gobierno argentino no ha tenido la gentileza de responder ninguna de estas notas”, lamentó la canciller Karen Longaric a En Portada, programa de Página Siete, Los Tiempos y Asuntos Centrales.
Un día después, el 25 de agosto, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, envió una carta al encargado de negocios de la Embajada Argentina en Bolivia, Diego Alonso Garcés, para expresarle su extrañeza ante la “injerencia por parte de autoridades argentinas en el proceso electoral boliviano contrario a las normas y buenas prácticas electorales internacionales”.
En la nota, el TSE le pide al gobierno de Fernández “evitar cualquier tipo de acciones, actividades o declaraciones que influyan sobre la orientación del voto de los ciudadanos bolivianos”.
El informe y el comunicado
El 25 de agosto, la Cancillería argentina emitió un comunicado en el que se refiere al reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Oacnudh) sobre la situación de derechos humanos en Bolivia tras las fallidas elecciones del 20 de octubre de 2019.
“El informe revela, asimismo, la utilización de municiones letales, algo negado por el gobierno de facto de la exsenadora Jeanine Añez, en operaciones conjuntas entre la Policía y las Fuerzas Armadas, el 15 y el 19 de noviembre en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), con el saldo de 19 muertos”, se lee en ese pronunciamiento.
El 26 de agosto, la Cancillería de Bolivia emitió un comunicado al respecto. “El comunicado de prensa de la Cancillería argentina es intencionalmente engañoso y pretende reflejar ante la comunidad internacional una situación diferente a la que señala Oacnudh en su informe”, se lee en el pronunciamiento nacional, en el que se reitera la preocupación y molestia por las declaraciones de funcionarios argentinos sobre las elecciones bolivianas.
Inquietud de legisladores
En tanto, en la Cámara de Diputados de Argentina, legisladores de la bancada opositora al gobierno de Fernández solicitaron informes sobre la situación legal de Morales en ese territorio y sobre el tema de una presunta injerencia en los comicios venideros.
El diputado de UCR Álvaro Héctor de Lamadrid solicitó información sobre si se está tomando acciones para garantizar las condiciones electorales transparentes, libres y justas de los bolivianos residentes en Argentina. A esa consulta, según El Deber, se suman peticiones de informes de la posición imparcial de Fernández en el proceso eleccionario en Bolivia y si las más recientes acciones del Ejecutivo no pueden considerarse una injerencia en asuntos internos del vecino país.
Una denuncia y la agenda
La denuncia en contra del expresidente Morales sobre la presunta comisión del delito de estupro no tuvo una alta repercusión en Argentina.
“Aquí trascendió mínimamente la noticia y no ha tenido mayor difusión ni impacto en la opinión pública. Yo diría que la opinión pública ignora la cuestión de las denuncias. No se lo ve con relevancia prácticamente en ningún medio. Es decir, casi cero repercusión”, comentó a Página Siete el destacado periodista Miguel Wiñazki.
El periodista Jorge Pailhe, de la agencia de noticias Télam, afirmó que no hubo ningún tipo de reacción sobre el tema y que como medio estatal se enteraron por unas declaraciones de un funcionario del Ministerio de Justicia de Bolivia, pero consideran que es una “denuncia muy floja”.
“Hablamos con la gente de Evo Morales acá (en Argentina) y preguntamos si había algún tipo de reacción y dijeron que no respondían a trascendidos”, indicó Pailhe, quien prevé que el gobierno de Fernández no emitirá ningún pronunciamiento al respecto, por lo menos hasta que haya una sentencia comprobada. Mientras tanto, el hecho es visto “como un juego de palabras en medio de una campaña electoral”.
Los periodistas Gonzalo Sánchez y Francisco Martínez coincidieron al afirmar que “el tema no está presente” en la agenda noticiosa de Argentina, ya que existen temas urgentes como la pandemia de la Covid, la reforma judicial y la crisis económica.
El periodista y residente boliviano en Argentina Rolando García afirmó que gran parte de los connacionales y los argentinos tienen simpatía hacia el exmandatario. Explicó que esa visión se construyó desde el enfoque que le dieron los medios argentinos a los hechos ocurridos en Bolivia después de la renuncia de Morales.
“Dicen que lo que ha pasado en Bolivia es un golpe de Estado y todos quieren perjudicar a Evo Morales, que es el mejor presidente de la historia. Ese es el preconcepto que se tiene. Entonces, esas denuncias de estupro no tienen impacto”, comentó García, quien agregó que todas las denuncias que llegan contra el exmandatario son asumidas como “calumnias de la derecha”.
Desde Bolivia, el diputado oficialista Amilcar Barral informó a Página Siete que pedirá que se conforme una comisión parlamentaria para que viaje hasta el vecino país, llevando pruebas de las denuncias de estupro contra Morales. Los documentos, dijo, también serían presentados a los diputados argentinos que han pedido informes sobre la situación de Evo Morales.
Fuerzas políticas tienen 45 días para sustituir 678 candidaturas inhabilitadas
Las 678 candidaturas inhabilitadas en febrero por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por incumplir los requisitos exigidos pueden ser sustituidas hasta el 15 de octubre, según marca el calendario electoral de cara a los comicios generales.
Libre21, que postula a Tuto a la presidencia, fue la más afectada con 206 inhabilitaciones frente a Comunidad Ciudadana (CC), de Carlos Mesa, que solo tiene 4 inhabilitadas, según datos que datan de febrero.
Los datos replicados la anterior semana a los partidos políticos también dan cuenta de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene 54 inhabilitados; Juntos, 21; Creemos, 59; Acción Democrática Nacionalista (ADN), 70; Frente Para la Victoria (FPV), 191; y el Partido de Acción Nacional Bolivia (Pan-Bol), 73.
De los 678 inhabilitados, 346 fueron mujeres y 332 varones.
La lista además muestra que 33 candidatos renunciaron. De estos, 17 fueron mujeres y 16 varones. Las renuncias pertenecen a las agrupaciones políticas de CC (1); Creemos (20); FPV (3); Juntos (4); Libre21 (1); MAS (1); y PAN-Bol (3).
Para la sustitución de candidaturas por renuncia rige un plazo menor, hasta el 3 de septiembre.
COMUNIDAD CIUDADANA
Al respecto, el delegado nacional de CC, Carlos Alarcón, aseguró que “CC es la Alianza más sólida y representativa en estas elecciones, porque tiene candidatos en todo el país, seleccionados en base a criterios de capacidad, responsabilidad, compromiso con la democracia y el país, y una trayectoria de transparencia e idoneidad comprobada, además que han cumplido con todos los requisitos que manda la norma para habilitarse”.
En lo referente al cumplimiento de alternancia y paridad, Alarcón explicó que, con las inhabilitaciones actuales, CC tiene 165 mujeres y 162 hombres habilitados. El MAS cuenta con 148 mujeres y 144 hombres habilitados; Juntos con 151 hombres y 157 mujeres; y Creemos con 120 mujeres y 114 hombres.
