Tensión en Bolivia: la Central Obrera y movimientos sociales piden adelantar las elecciones para levantar los bloqueos
COB y Pacto de Unidad piden que comicios sean el 11 de octubre para levantar bloqueos
El Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana (COB) informaron hoy que levantarán las medidas de presión si se garantiza que las elecciones generales se realizarán el 11 de octubre, una semana antes de la aprobada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ya aprobó los comicios para el 18 de ese mes.
El ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, afirmó que esta fecha sería una garantía de que no habrá más postergaciones. Dijo que asistirán a todas las reuniones de diálogo que sean necesarias.
“Las elecciones se plantea que sean limpias y transparentes, gane quien gane, por eso ratificamos que el pacto de unidad ha hecho conocer que ha enviado dos notas al TSE y ALP pidiendo que las elecciones se lleven el 11 de octubre y que la ALP está en la obligación de garantizar con una ley para que se cumpla este pedido que hace la COB y el Pacto de Unidad.”, dijo Huarachi a los medios, en conferencia de prensa.
El dirigente informó que se dio un plazo de 24 a los dos órganos para aprobar esta fecha, caso contrario las protestas se radicalizarán.
Dijo que se dará un plazo a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que apruebe una ley que de como plazo impostergable la realización de elecciones hasta el 11 de octubre.
“No somos dirigentes intransigentes, las reuniones de diálogo que nos han convocado hemos asistido, (hemos pedido) que no sea 6 de septiembre ni 18 de octubre, consensuaremos, pero se han cerrado, no nos han mostrado el estudio (epidemiológico), nosotros también tenemos nuestro propio estudio, pedimos, que se cumple este pedido del 11 de octubre, e inmediatamente nosotros nos desmovilizamos”, aseveró.
Dijo que las elecciones son un tema fundamental pero que hay otros temas que están pendientes, como la estabilidad laboral, el derecho a la educación y la crisis sanitaria, que deben ser resueltas por las autoridades.
Gobierno pide levantar medidas y que se acate fecha electoral que decidan el TSE y Legislativo
El Gobierno reiteró este miércoles su pedido de que se levanten las medidas de presión, pero también solicitó a las organizaciones sociales que se acate la fecha de elecciones que sea ratificada por el Tribunal Supremo Electoral y el Órgano Legislativo.
“Hago un llamado para la suspensión total de las medidas de presión y que dejen que el oxígeno, medicamentos, alimentos y carga lleguen a su destino. Agradecemos el pronunciamiento de la comunidad internacional y la Iglesia Católica señalando al diálogo como la mejor vía para encontrar una salida pacífica a esta situación. Las necesidades de las familias bolivianas están creciendo día a día por esto bloqueo que el país no puede soportar y menos en una pandemia”, manifestó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez en conferencia de prensa.
El Ministro señaló que la Asamblea tratará un proyecto de ley que abre la posibilidad de ratificar la fecha electoral que ya puso el TSE, que es el 18 de octubre.
“Apelamos a la dirigencia del MAS y a los movimientos sociales para que puedan acatar como corresponde las decisiones del Tribunal Electoral y de la Asamblea Legislativa, órgano independiente del Estado boliviano”, instó.
Dijo que el objetivo de todos los bolivianos es acudir a un proceso electoral pacífico, transparente y democrático, pero advirtió como gobierno no aceptarán más el camino violento.
Respecto a la propuesta de organizaciones sociales de hacer las elecciones el 11 de octubre, Núñez dijo que determinar la fecha corresponde al TSE con la ratificación de la Asamblea.
Mesa sobre la candidatura de Añez: “Un grave problema para la estabilidad del país”
El candidato de Comunidad Ciudadana Carlos Mesa consideró la noche de este martes que la candidatura de la presidenta Jeanine Añez es “un grave problema para la estabilidad del país”, en momentos en que se enfrenta contra el coronavirus y la “irracionalidad del masismo” con el bloqueo de carreteras, que ya causó al menos 33 fallecidos por falta de oxígeno en hospitales.
“No tengo la menor duda que la candidatura de la presidenta es un grave problema para la estabilidad del país”, afirmó Mesa en una entrevista con Fernando del Rincón, en el programa Conclusiones, de la cadena estadounidense CNN.
Añez oficializó su candidatura a la presidencia el 24 de enero por la alianza entre el Movimiento Demócrata Social y Sol.bo, con el nombre de la alianza Juntos. Entonces afirmó que esta decisión fue tomada para unir el voto disperso de Bolivia. “Anunciarles que he tomado la decisión de presentarme como candidata a las elecciones nacionales, créanme que es una enorme responsabilidad”, dijo entonces.
Desde enero, políticos y analistas consideraron que la decisión de Añez fue un error y luego empezaron a pedirle que dé un paso al costado a su candidatura. En el programa Conclusiones, Mesa dijo que no podía pedir que renuncie porque se podría pensar que pretende quedarse con sus votos.
El candidato de Comunidad Ciudadana insistió que fue un “error” que la mandataria se lanzara como candidata. “Yo creo que el error de fondo, el problema básico que se ha generado en el país, ahora después de que hubo gobierno de transición, es la decisión completamente equivocada de la presidenta de ser candidata a la Presidencia y a la vez ser presidenta del país, en un momento en el que tú estás en una transición política, tu obligación fundamental es ser árbitro, administrador creíble y prestigioso de un proceso de transición, ahora que enfrentamos a la pandemia”.
Mesa afirmó que deja en la conciencia de la jefa de Estado si deja o no la candidatura. “Dejar en la conciencia de la Presidenta, ella sabrá si su decisión es una consecuencia positiva o negativa, si ella renuncia a su candidatura tendría que establecer un paquete de acciones que muestre que vuelve a ser el árbitro creíble, que vuelve a ser la persona que puede convocar a todos”.
Aseguró que para un jefe de Estado “primero está la gente, enfrentando el coronavirus, enfrentando los bloqueos, enfrentando la irracionalidad del masismo, en ese contexto no tengo la menor duda que la candidatura de la presidenta es un grave problema para la estabilidad del país”.
También dejó claro que el fondo del problema político en el país es el fraude electoral del 20 de octubre de 2019. “La responsabilidad de base de esta crisis política tiene nombre y apellido, Evo Morales, y del gigante fraude que hizo contra el pueblo de Bolivia y eso ha generado problemas”, dijo Mesa. Morales renunció el 10 de noviembre de 2019 a la Presidencia después de 14 años de gobierno ininterrumpido, dos días después huyó primero a México y luego consiguió refugio político en Argentina.
Cívicos cruceños exigen renuncia de Romero y rechazan el 18 de octubre para elecciones
La Asamblea de la Cruceñidad convocada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz se estrelló este martes contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, y exigió su renuncia, además de rechazar el 18 de octubre como fecha para las elecciones. Y dio un plazo de 48 horas al Gobierno para desbloquear las carreteras cruceñas.
El encargado de leer el documento de la primera asamblea virtual de esta entidad fue su presidente, Rómulo Calvo. “Exigir al Ministerio Público que dé celeridad al proceso iniciado por el comité cívico contra Evo Morales y todos los dirigente del MAS, y contra Juan Carlos Huarachi y Leonardo Loza, por los delitos de lesa humanidad contra el pueblo boliviano”, señala el primer punto.
El segundo exige a la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, y su gabinete “hacer cumplir y restituir con firmeza el imperio de la ley”, activando todos los mecanismos legales que les faculta la Constitución, “gobernando para todos, sin hacer cálculos políticos”.
La tercera exigencia del comité cruceño es la renuncia de Romero, “por no haber demostrado una conducta responsable con la historia del país, ya que debía actuar con independencia y solvencia ética, precautelando la salud y la vida de los bolivianos. El TSE deberá sancionar al MAS cancelando su personería jurídica por los delitos cometidos”, remarcó Calvo.
Al respecto, el pronunciamiento señala que se debe demostrar el saneamiento del padrón electoral, y el cumplimiento de las sanciones y observaciones realizadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea sobre el “proceso electoral fraudulento” de octubre de 2019.
Además, rechaza el 18 de octubre para las elecciones y exige dejar abierta la fecha hasta que una comisión científica recomiende lo más conveniente ante la pandemia del COVID-19.
“Destituir a todos los funcionarios del TSE que hubieran trabajado en el proceso fraudulento de 2019, incluyendo a los del exterior. Exigir a la Fiscalía y al Poder Judicial un informe actualizado del estado de los procesos por el fraude en las elecciones de 2019”.
Calvo afirmó que el Legislativo también está en la mira, y se le exige despojarse de su “conducta partidista y mezquina”, por lo cual debe dar autorización a los préstamos de organismos internacionales para luchar contra la pandemia y lograr la reactivación económica, aparte de garantizar el 10% del presupuesto del país para el área de salud, bajo la amenaza de que los asambleístas sean procesados por incumplimiento de deberes y atentado contra la salud pública.
Y para el Gobierno, “damos un plazo de 48 horas para que de manera inmediata levante los bloqueos de todo el departamento; caso contrario, el pueblo cruceño, en su derecho a la legitima defensa, se autoconvocará a movilizaciones en todas las carreteras del departamento donde no hay libre circulación”.
Critican a cívicos porque la Asamblea de la Cruceñidad no llamó a la pacificación del país
Después de que la Asamblea de la Cruceñidad, convocada por el Comité Pro Santa Cruz, instituciones cruceñas y grupos afines, determinara dar un plazo de 48 horas al Gobierno para desbloquear al país y se exigiera la renuncia de la máxima autoridad del Órgano Electoral, llovieron las críticas a la postura cívica porque no es un camino para pacificar a Bolivia.
El diputado oficialista Tomás Monasterio saludó el «compromiso» de los cívicos y aunque dijo respetar las determinaciones de la Asamblea de la Cruceñidad, considera que en estos momentos los esfuerzos están abocados a buscar salidas a la crisis y no a agravarla. Por ello, resaltó el papel de la Iglesia en su rol mediador y la voluntad del Gobierno transitorio de actuar con sensatez frente a la «irresponsabilidad de los bloqueadores»
«Yo no puedo responder respecto al accionar de los cívicos, pero en la agenda política lo que se busca es diálogo y evitar el enfrentamiento. Estamos abocados a la pacificación, pero eso no significa que no deba haber firmeza para buscar soluciones. Por eso invitamos al Comité (pro Santa Cruz) a ser parte de la solución y no del problema; es importante que entiendan la situación crítica y dejar las influencias de actores irresponsables», manifestó Monasterio.
El diputado acotó que actualmente se percibe pánico e histeria colectiva hacia el masismo, cuando sus movilizaciones no representan una amenaza hacia el Estado que busca un camino transparente y pacífico hacia las elecciones de octubre.
Por su parte, el diputado del MAS, Henry Cabrera recordó que está en puerta un acuerdo entre los sectores movilizados (que son afines al Movimiento Al Socialismo) y el Gobierno para que definitivamente se concreten las elecciones nacionales para el 18 de octubre.
«Sabemos que hay un consenso que debe firmarse y se aprobará un proyecto de ley respecto al tema electoral», sostuvo Cabrera al señalar que no debe existir intransigencia de grupos ni discursos que confronten a Bolivia e impidan atender otros temas urgentes en el país.
A su vez, el alcalde de San José de Chiquitos, Germaín Caballero, dijo que convocar a la población para responder por cuenta propia a los bloqueos es hacer un llamado a la violencia y profundizar el conflicto, en un momento en el que se debe transmitir señales de confianza.
»Tengo mis observaciones al TSE y al Gobierno por el manejo del tema electoral, pero Bolivia necesita actos de pacificación y no de aliento a las movilizaciones de confrontación. Me parece un exceso. Lo que se debe buscar es bajar los niveles de riesgo entre la población», expresó Caballero.
Desde la ciudadanía también hay observaciones. Juan Marcelo Castro, vecino de la zona norte, considera que la postura del ente cívico guarda un discurso cargado de odio que denota un retroceso en el proceso, no solo pacificador que se requiere en este momento, sino en la historia democrática de Bolivia.
«La lucha fraticida propuesta por la Asamblea de la Cruceñidad, además del pedido de renuncia del presidente del TSE, es un desacierto, porque generaría un vacío en el principal órgano rector del proceso eleccionario, lo cual dejaría a merced del MAS las acciones a seguir, se le daría carta blanca para hacer y deshacer. En esto (los cívicos) se parecen al MAS, son extremos que se tocan y comulgan con el mismo mensaje confrontacional y violento, más allá del campo de las ideas», expresó Castro.
Mientras tanto, el comunicador indígena chiquitano José Chuvé dijo no sentirse representado por el Comité pro Santa Cruz, porque no muestra un perfil democrático que vele por los intereses de sectores vulnerados y empobrecidos, sino más bien exhibe una postura hegemónica que difiere de la esencia de la cruceñidad, la misma que alberga a diferentes personas y sentimientos de la población.
Chuvé criticó que el Comité no haya hecho el mismo eco en situaciones en las que la población no tuvo acceso a la salud o cuando se desataron supuestos casos de corrupción como el de la compra de respiradores médicos.
»Que el Comité vuelva a esa idea arcaica de ser el dueño de las decisiones de Santa Cruz es muy desacertado y el criterio no responde a la democracia. Llamar a la confrontación no es democracia y eso hace que pierdan credibilidad», expresó el comunicador.
Además, Chuvé considera que las elecciones deben ser un punto de encuentro para comenzar un diálogo serio, honesto y de cara al pueblo boliviano, que necesita certidumbre. Y lo primero que se debe hacer es frenar la violencia. «Se quiere el bienestar de la gente y no por eso hay que estar en un bando o en otro, hay muchas voces a tomar en cuenta y se pierde el rumbo si se quiere solucionar la crisis a palos o a puñetes», acotó.
Sobre el tema también se manifestaron los bloqueadores cruceños. El exdirigente de la Central Única de Trabajadores Campesinos Joel Guarachi aclaró que entre los grupos movilizados hay un frente conciliador y otro radical.
«A raíz de esas declaraciones del Comité se alientan las fortalezas de los radicales, en momentos en que estaba bajando la tensión. Ahora hay grupos que plantean retomar el bloqueo de la ruta a los Valles», dijo Guarachi, quien asegura ser del ala conciliadora.
Sin embargo, desde la Gobernación, el secretario General Roly Aguilera también llamó a la pacificación del país, pero sostuvo que respeta y avala las resoluciones emitidas en la Asamblea de la Cruceñidad, aduciendo que no se puede permitir que los bloqueadores impidan el auxilio a las personas enfermas y necesitadas.
Polémica
Durante la Asamblea de la cruceñidad, el presidente del ente cívico cruceño, Rómulo Calvo, señaló que no descansarán hasta ver tras las rejas a los bloqueadores, a quienes llamó «bestias humanas indignas de ser llamados ciudadanos» y «colonos que muerden la tierra que les abre los brazos». El comentario también desató críticas.
El diputado Henry Cabrera manifestó su rechazo a estas declaraciones y tildó de racistas y discriminatorias las palabras de Calvo. «Tal vez fue un error y se retracten para no generar más malestar. Todo el territorio es de los bolivianos y no se les puede llamar de esa manera, no estamos en otras épocas y debe haber respeto al campesino, al indígena, al profesional y a los hombres y mujeres del campo y la ciudad», dijo.
La misma postura mostró Joel Guarachi, quien dijo no estar de acuerdo con las palabras de Calvo y que esto ha generado malestar entre los movilizados, quienes se han convocado para definir si los bloqueos vuelven o no.
La Iglesia y la Unión Europea están en la tarea de llamar a las instituciones en conflicto para que la tensión social no aumente y los bloqueos se levanten, entendiendo que la vida y la salud tienen urgencia de ser atendidas, por lo que esperan ser escuchados y conseguir un diálogo que hasta ahora no se concreta.
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