Ante la disolución del IEM

El Instituto Espacio para la Memoria, creado por la ley 961 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el resultado de la lucha histórica por Memoria, Verdad y Justicia, y también, entre otras expresiones, contra el intento menemista de lotear la ESMA y demoler sus edificios históricos. La movilización popular lo impidió y en 2002, fue creado con la misión de transmitir la memoria y la historia del terrorismo de Estado y gestionar los sitios de memoria, entre otras atribuciones.

Su fundación implicó gestar una experiencia de nuevo tipo: impulsar políticas públicas de memoria desde la acción concertada de organismos de derechos humanos y espacios estatales, con la particularidad de que el Instituto tiene autarquía y autonomía en su materia, de modo tal que la política de memoria sea realmente una política de estado y no una política del gobierno de turno.

Puesto en marcha hacia el 2006, el enorme balance confirmó lo acertado del enfoque de lo “público” por encima de lo meramente estatal. La realización del concurso para la construcción del Museo de la Memoria que estará situado en el edificio Cuatro Columnas de la Ex ESMA, con la supervisión de la Sociedad Central de Arquitectos y un jurado donde descollaban personalidades como Eduardo Luis Duhalde, Marta Vásquez o Adolfo Pérez Esquivel, anticipa el cumplimiento de su mandato histórico; el cuidado de los otros edificios tanto de la Ex ESMA como de aquellos que funcionaron también como Centros Clandestinos de Detención como “Automotores Orletti”, “Club Atlético”, “Olimpo” y “Virrey Cevallos”, que se constituyen en prueba en los procesos judiciales en curso, confirman lo valioso de la experiencia que ha fomentado el pluralismo y la construcción colectiva.

Es por ello que desde el Consejo Directivo del IEM alzamos nuestra voz de preocupación y alarma ante los trascendidos de un acuerdo entre el gobierno de la Ciudad y el de la Nación para disolver el Instituto Espacio para la Memoria como instancia de autonomía y confluencia del movimiento popular con ámbitos estatales y trasladar todos los edificios bajo la guarda y gestión del IEM a la esfera nacional. La sola discusión de un convenio sobre el Instituto Espacio para la Memoria que nos ignora y margina, es un agravio a una expresión del movimiento de derechos humanos que hoy sostiene esta experiencia única de autonomía en la gestión de políticas públicas de memoria.

Si tal propósito se concretara, la Ciudad quedaría sin un espacio de gestación de políticas públicas de Memoria, creado en esa jurisdicción a tal efecto, y la sociedad toda perdería la riqueza de un espacio plural subordinando esa tarea a la decisión del gobierno de turno, que como vimos en la Ciudad de Buenos Aires, puede cambiar de signo político e ideológico. La concentración de decisiones sobre la memoria en un ámbito estatal conlleva el riesgo de que éstas cambien con cada cambio de gobierno nacional. La autonomía del IEM garantiza a todos la continuidad de las políticas públicas que expresan la variedad de fuerzas que por décadas han luchado por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

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