Paola Pabón, Prefecta de Pichincha: «Están robándole la democracia al Ecuador y rompiendo la débil institucionalidad que quedaba”

Entrevista a Paola Pabón, Prefecta de Pichincha

Por Irene López Alonso, especial para NODAL

El pasado domingo 19 de julio el Consejo Nacional Electoral (CNE) ecuatoriano suspendió a varias formaciones políticas. Entre ellas, el partido Fuerza Compromiso Social, con el que los dirigentes de la Revolución Ciudadana concurrieron a las últimas elecciones, en las que Paola Pabón fue elegida Prefecta de Pichincha. En esta entrevista con NODAL Pabón analiza el complejo entramado político y electoral que se vive en Ecuador

¿Cuál es el motivo de la suspensión? ¿Qué explicaciones ha ofrecido el CNE? ¿Están probadas las razones que esgrime?

El motivo es proscribir políticamente a la Revolución Ciudadana porque continúa siendo la primera opción electoral en el Ecuador. En el último año, desde diferentes funciones del estado (Contraloría, Fiscalía, Función Electoral, Función Judicial…), han intentado eliminar a Rafael Correa, y al partido Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, de la próxima contienda electoral. La suspensión del CNE, yendo en contra de sus propias resoluciones pasadas,  surge por un informe que emitió la Contraloría General del Estado, con el que se pretende retirar el Registro Electoral otorgado en agosto de 2016 al Movimiento Compromiso Social que ha participado en las elecciones generales del año 2017.  En dichas elecciones obtuvo un total de 3.393.156 votos, equivalente al 3.2%; y en el año 2019, un total de 4.091.428 votos, equivalentes al 11.30%, que se traducen en 66 concejales en 35 cantones del país, equivalente al 15.8%.  Por eso, la suspensión de la organización política es un acto inconstitucional, ilegal y vulneratorio de derechos, además de evidenciar una arrogación de funciones por parte del CNE.

¿Qué consecuencias tiene la suspensión para los partidos políticos afectados? ¿Podrán participar en las próximas elecciones generales, previstas para comienzos del 2021?

La principal consecuencia es el retraso de las acciones del partido (como convención, primarias, inscripción de candidaturas…) y el avance del calendario electoral. La suspensión se da en medio de un calendario electoral que avanza rápidamente y que no puede ser modificado.  A menos de dos meses para que los partidos definan sus opciones para la Presidencia y Asamblea, la única manera de legitimar el resultado de las elecciones de Ecuador del 2021, es con la participación de Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. De no participar el correísmo, (identidad política cohesionada que agrupa alrededor de un 30% de voto duro), cualquier victoria es ilegítima y antidemocrática. El Ecuador requiere un proceso electoral con la mayor transparencia posible, sin manipulación y con el más alto nivel de legitimidad. Solo así el futuro representante podrá tener la fuerza política suficiente para afirmar las riendas de un país que está en el más difícil de los escenarios posibles, a nivel económico y social.

¿Qué relación tiene esto con la reciente ratificación de la condena en contra del ex presidente Rafael Correa, también dada a conocer en la misma semana? Tratándose de una sentencia en segunda instancia, ¿aún existen posibilidades de que Rafael Correa pueda ser candidato en el 2021?

No les basta proscribir al movimiento, también quieren inhabilitar al candidato. Rafael Correa que es la primera opción para el pueblo ecuatoriano. Este nuevo atropello evidencia lo que hemos manifestado de forma reiterada, que en Ecuador se vive un “Lawfare Recargado”.  Se reformó la Constitución de la República para impedir la candidatura de Rafael Correa y ahora se acelera el proceso para sentenciarlo sin los abogados defensores en la audiencia, e impedirle que sea candidato. El proceso judicial debe resolverse en última instancia. Aún hay posibilidades mientras no exista sentencia ejecutoriada. Pero, ¿por qué le temen tanto a la participación del pueblo? Si están convencidos de que la Revolución Ciudadana actuó en contra de los intereses del pueblo o del país, no deberían preocuparse por intentar impedir que participemos en las elecciones, pues en todo caso serán los ciudadanos los que se pronuncien y definan con su voto las fuerzas políticas que les gobiernen.

¿Qué recursos o garantías puede todavía ofrecer la democracia ecuatoriana a la oposición política, en este contexto de persecución o lawfare? ¿Puede la ciudadanía ecuatoriana confiar en que se celebrarán unas elecciones limpias, donde las diferentes fuerzas políticas compitan en igualdad de condiciones?

Es evidente que este es un gobierno muy autoritario, que tiene toda la intención de perseguir, proscribir, eliminar y encarcelar al adversario político. Con este nuevo intento de atropellar los derechos políticos, no solo de Rafael Correa sino de todos los ciudadanos que se sienten representados por este movimiento, están robándole la democracia al Ecuador y rompiendo completamente la ya débil institucionalidad existente. El daño no solamente es a la fuerza política del expresidente Rafael Correa, sino a la democracia del país.