Honduras: manifestaciones por el secuestro de cuatro líderes indígenas
La mañana del 18 de julio fue infernal. A las 6 de la mañana, un grupo de hombres fuertemente armados, con chalecos antibalas y vistiendo uniformes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), ingresaron violentamente a la casa de Alberth Sneider Centeno, presidente del patronato de la comunidad garífuna de El Triunfo de la Cruz, en Tela, departamento de Atlántida, y se lo llevaron, denunció la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), de la que Sneider Centeno también es miembro.
Posteriormente, el grupo armado raptó de sus casas a otros tres miembros de esa comunidad ubicada a unos 220 kilómetros al norte de la capital hondureña: Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía y Gerardo Mizael Rochez. De inmediato Ofraneh lanzó la alerta a organismos de derechos humanos y al Gobierno de Honduras, a fin de que éste proceda con la ubicación y liberación de los secuestrados. También solicitó persecución y sanción a los autores del rapto.
Asimismo, la coordinadora de Ofraneh, Miriam Miranda, alertó a la comunidad nacional e internacional, que en los últimos días grupos armados han estado rondando la zona para amedrentar a la población. Y en su cuenta oficial de Twitter, hizo un llamado al gobierno Hernández para el retorno seguro de los secuestrados: “Queremos vivir en paz. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. YA!”.
Por su parte, en varias ciudades del país se han organizado protestas exigiendo la liberación de estos compatriotas, especialmente a las comunidades que desde ayer se toman por jornadas la carretera CA-13, que se extiende por 194 kilómetros desde San Pedro Sula hasta Corinto, en la frontera con Guatemala.
Y la mañana de este 21 de julio, miembros de la Policía Nacional reprimieron con bombas lacrimógenas las protestas pacíficas realizadas por pobladores de El Triunfo de la Cruz, Sambo Creek, Nueva Armenia y Corozal en la carretera CA-13, acto que indignó más al pueblo garífuna que no se explica la facilidad con la que opera el crimen en tiempos de pandemia cuando las calles están en control policiaco-militar de forma permanente.
Cabe recordar que en octubre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió una sentencia hallando responsable al Estado hondureño por la violación del derecho a la propiedad colectiva de la comunidad Triunfo de la Cruz, y de sus derechos a las garantías y protección judiciales. Además, la sentencia ordenaba al Estado de Honduras demarcar las tierras sobre las cuales había sido otorgada la propiedad colectiva a esa comunidad.
Precisamente por ese fallo de la CIDH, el pueblo garífuna reclama que el Estado no está cumpliendo con darles protección. “La sentencia de la Corte establece que el estado debe garantizar la paz y la seguridad de la comunidad. Cumplimiento YA!”, reprochó la coordinadora de Ofraneh.
La tarde de este martes Ofraneh introdujo un Habeas Corpus en el Juzgado de Letras de Tela, Atlántida. Este órgano, vital para la comunidad garífuna del caribe hondureño, ha evidenciado ante el mundo que: “Desde hace dos décadas empresarios, narcos y palmeros, empezaron a aterrorizar la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz”.
Y agrega: “La desaparición de cinco jóvenes incluyendo el presidente del patronato a manos supuestos agente de DPI, es parte estrategia de expulsión del pueblo Garífuna”.
Organización Mundial Contra la Tortura urge a Gobierno hondureño intensificar búsqueda de garífunas
La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), preocupada por la vulnerabilidad del pueblo garífuna hondureño, solicitó este martes al Gobierno de Honduras, su inmediata intervención para preservar la vida de los cinco dirigentes garífunas, raptados por desconocidos el pasado sábado en la comunidad del Triunfo de la Cruz, departamento de Atlántida.
En conjunto con su Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, el organismo internacional comunicó mediante una solicitud escrita dirigida al Gobierno hondureño, su profunda preocupación sobre la desaparición de los cinco dirigentes de la etnia garífuna.
Con información en su poder, la OMCT comunicó haber constatado que el pasado 18 de julio de 2020, aproximadamente a las seis de la mañana, los cinco garífunas fueron raptados “por un grupo de hombres no identificados y fuertemente armados que vestían chalecos antibalas y uniformes con siglas de la Dirección Policial de Investigación (DPI)”.
Por lo que, “el Observatorio ha recibido con profunda preocupación información de fuentes fidedignas sobre la desaparición forzada”, acotó.
Y frente a ese panorama, la Organización Mundial Contra la Tortura pidió urgentemente al Gobierno hondureño ejecutar una rápida intervención en las diligencias investigativas para asegurar un pronto rescate de los miembros de la comunidad garífuna.
“Adoptar de manera inmediata las medidas apropiadas de búsqueda para establecer el paradero y asegurar la presentación de vida de los Sres Albert Sneider Centeno, Aparicio Mejía García, Joel Martínez Álvarez y del cuarto individuo desaparecido, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la Ley”, instó la OMCT.
Además, “tomar de manera urgente las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los miembros de la OFRANEH, así como la de todas las personas integrantes de las comunidades garífunas del país”, prosiguió el escrito del organismo internacional.
La organización también exigió a las autoridades hondureñas cumplir con la aplicación de los convenios internacionales firmados por el Estado de Honduras en materia de derechos humanos.
Justamente, “asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en los referente al artículo 1, 5.a y 12.2”, indicó.
También “garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras”, sentenció la Organización Mundial Contra la Tortura.
