Bolivia: Federaciones del Trópico de Cochabamba rechazan imputación contra Evo Morales y se declaran en alerta máxima
Federaciones del Trópico se declaran en “alerta máxima” ante cualquier intento de detención de Morales
Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba se declararon en “alerta máxima” ante cualquier intento de detención del expresidente Evo Morales, imputado ayer por la Fiscalía dentro del marco del llamado ‘caso audio’.
En conferencia de prensa, el dirigente Leonardo Loza aseveró que la imputación contra Morales “carece de cualquier fundamento de hecho y derecho” y vulnera lo establecido en la Constitución Política del Estado.
“Es una persecución política para mellar y desprestigiar a Evo Morales”, aseveró Loza, quien dio lectura al pronunciamiento de las Seis Federaciones del Trópico.
#RKC #Trópico Coordinadora del Trópico de Cochabamba en emergencia ante cualquier intento de detención de Evo MoralesEntrevista: Leonardo Loza, dirigente de Chimoré
Publicado por Radio Kawsachun Coca en Martes, 7 de julio de 2020
Asimismo, el comunicado denuncia que en el país exista una “total manipulación de la justicia” y acusa al Gobierno de buscar proscribir al Movimiento Al Socialismo (MAS) y a sus candidatos, como Luis Arce y Andrónico Rodríguez, y líderes, como Evo Morales.
“Hacemos un llamado a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en el país e instituciones internacionales a emitir pronunciamientos en defensa de los legítimos derechos políticos de nuestro hermano Evo Morales”, añade el comunicado leído por Loza.
Ayer, la Fiscalía emitió la resolución de imputación formal y pedido de detención preventiva en contra del expresidente Evo Morales Ayma por los delitos de Terrorismo y Financiamiento al Terrorismo por presuntamente haber coordinado con el dirigente cocalero Faustino Yucra, mediante llamada telefónica, el bloqueo de alimentos y cerco a las ciudades capitales durante los conflictos de noviembre del 2019.
De acuerdo a información oficial de la Fiscalía, se evidenció que el exjefe de Estado y el coimputado Faustino Yucra mantuvieron comunicación mediante llamadas telefónicas el 14 de noviembre de 2019, desde la ciudad de México hasta El Torno – Santa Cruz. Aparentemente, en esa conversación, Morales habría instruido al dirigente cocalero cometer actos ilícitos durante los hechos violentos registrados en el país a partir del 10 de noviembre de 2019.
Cabe recordar que una pericia en audiología forense, que se solicitó al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) del Ministerio Público de Colombia, dio por resultado que existe una “alta probabilidad” de que la voz del audio corresponda a Morales.
Eugenio Zaffaroni habló de la acusación a Evo Morales: “En Bolivia quieren postergar las elecciones con la proscripción del MAS”
Eugenio Zaffaroni sostuvo que la acusación por supuestos delitos de terrorismo de la Fiscalía de Bolivia contra el expresidente Evo Morales es un hecho «desconcertante», pero que no llama la atención.
“Quieren postergar las elecciones con el MAS proscripto, porque el partido de Evo lidera las encuestas”, dijo Zaffaroni en comunicación con La Mañana de Víctor Hugo en AM750. “Es lo mismo que quieren hacer en otros países. Quieren sacar a los partidos mayoritarios del medio, procesar con cualquier pretexto a los líderes y perseguir a la oposición”, dijo el exjuez y actual abogado de Morales. “Inventan procesos y manipulan al poder judicial. Es el lawfare que conocemos, quieren un Estado que mantenga una careta democrática pero todos sabemos cómo funciona eso”, agregó.
Zaffaroni confirmó que no hay peligro de que Bolivia pida la extradición de Morales porque, en última instancia, la acusación es un hecho político. Además, el exjuez consideró que fue muy rara la manera en la que la fiscalía consiguió los audios con los cuales armó la acusación. “Es la fabricación de delitos que todos conocemos, solo que hecha de manera muy torpe, a través de una interferencia telefónica” consideró.
“La situación de Bolivia es preocupante. Hace más de siete meses tenemos a siete funcionarios encerrados en la embajada de México en La Paz a los cuales no se le da el salvoconducto de salida”, completó Zaffaroni.
Senadores de EEUU denuncian venganza y prorroguismo de Añez
Siete senadores norteamericanos, demócratas, enviaron este martes 7 de julio, una carta al Secretario de Estado de los EEUU (Canciller), Michael Pompeo, alertando sobre la violación de derechos humanos y el prorroguismo del régimen boliviano presidido por Jeanine Añez y solicitando que haga las gestiones para garantizar la realización de eleciones libres y sin persecución a opositores el 6 de septiembre próximo.
«De manera preocupante, el gobierno interino encabezado por Áñez ha excedido el papel que debía tener como custodio provisional. Ha buscado vengarse contra opositores políticos y perpetuarse en el poder. Luego de asumir el poder, Áñez prometió que no se postularía a la presidencia, pero se desdijo al poco tiempo e inició una campaña para la presidencia, empeorando la polarización en Bolivia e incrementando los riesgos de un conflicto político renovado y más violencia» dice uno de los párrafos de la misiva publicada por la agencia de noticias Andean Infonet.
Está firmada por los senadores: Christopher Murphy, Patrick Leahy, Benjamin Cardio, Tim Kaine, Bernar Sanders, Chris Van Hollen, Eduar Maiky.
Respecto a la violación de los derechos humanos en el régimen de Añez, sostienen: «Las protestas que siguieron fueron manejadas con acciones represivas que resultaron en la muerte de 36 personas, 833 heridas y 1.504 detenidas por las fuerzas militares y policiales. En los pueblos de Senkata y Sacaba, en episodios caracterizados como masacres por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se cree que las Fuerzas Armadas mataron a 20 personas. La mayoría de estos actos se llevaron a cabo bajo un decreto presidencial (luego rescindido por Áñez bajo presión) efectivamente concediendo inmunidad a los miembros de las fuerzas del orden que participaron en la redada».
Honorable Michael Pompeo
Secretario de Estado-Departamento de Estado
Estimado Secretario Pompeo:
Estamos cada vez más alarmados por el creciente número de violaciones de los derechos humanos y la restricción de los derechos civiles realizados por el gobierno interino de Bolivia. Estos comenzaron poco después de que el gobierno interino encabezado por Jeanine Áñez llegara al poder en noviembre pasado cuando Evo Morales renunció, en medio de protestas generalizadas y la presión de las fuerzas armadas. Los informes de abusos se han acelerado recientemente con acciones—enmarcadas como respuestas a la pandemia del COVID-19—que se usan para intimidar y socavar a los adversarios políticos del gobierno interino antes de las elecciones presidenciales y legislativas que actualmente se esperan llevar a cabo el 6 de septiembre
Alentamos a los oficiales del Departamento de Estado a que convoquen elecciones rápidas, libres y justas, y que se ponga fin a las acciones inquietantes que están siendo cometidas por el gobierno interino de Bolivia. El silencio casi total acerca de los recientes eventos ocurridos se halla en contraste categórico al enfoque usado con países como Venezuela, donde la administración ha condenado de manera correcta y consistente las violaciones a los derechos humanos. Algunas de nuestras principales preocupaciones incluyen:
El uso de autoridades interinas para perpetuarse en el poder:
Luego del levantamiento del estado boliviano el pasado noviembre, la comunidad internacional dejó en claro que esperaba que el gobierno interino recientemente constituido reconociera la naturaleza polarizada de la sociedad boliviana y que concretara sus esfuerzos para organizar elecciones libres y justas. De manera preocupante, el gobierno interino encabezado por Áñez ha excedido el papel que debía tener como custodio provisional. Ha buscado vengarse contra opositores políticos y perpetuarse en el poder. Luego de asumir el poder, Áñez prometió que no se postularía a la presidencia, pero se desdijo al poco tiempo e inició una campaña para la presidencia, empeorando la polarización en Bolivia e incrementando los riesgos de un conflicto político renovado y más violencia.
Es crucial que el gobierno interino se abstenga de tomar más acciones que podrían entorpecer las preparaciones para las elecciones siguientes o, de otra forma, pondrá en peligro la credibilidad del proceso electoral ante los ojos de todos y todas las bolivianas. Luego de tropiezos y retrocesos, la autoridad electoral boliviana propuso que las elecciones se celebren el 6 de septiembre, propuesta que fue aprobada por la legislatura y posteriormente firmada por la presidente interina Áñez luego de que inicialmente intentara retrasar la fecha. Deberá rechazarse cualquier intento por parte del gobierno interino de posponer unilateralmente las elecciones o fijar una nueva fecha para las elecciones, o frustrar los esfuerzos de las autoridades electorales que aseguren un voto libre y equitativo con las salvaguardas de salud pública apropiadas.
Acciones militares para intimidar a la legislaturaboliviana:
Las acciones tomadas por el Alto Mando de las Fuerzas Armadas para evadir la aprobación requerida por el senado para autorizar las promociones militares parecen violar directamente los términos de la Constitución de Bolivia. Además, la decisión reciente del Ministro de Defensa de presentar cargos contra la presidenta del Senado, Eva Copa, representa un serio ataque tanto a las normas legales como al único cuerpo democráticamente electo del país.
Represión violenta e impunidad justo después de tomar el poder:
La presidenta interina Jeanine Áñez asumió el poder en medio de una crisis constitucional y un entorno político altamente conflictivo. Las protestas que siguieron fueron manejadas con acciones represivas que resultaron en la muerte de 36 personas, 833 heridas y 1.504 detenidas por las fuerzas militares y policiales. En los pueblos de Senkata y Sacaba, en episodios caracterizados como masacres por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se cree que las Fuerzas Armadas mataron a 20 personas. La mayoría de estos actos se llevaron a cabo bajo un decreto presidencial (luego rescindido por Áñez bajo presión) efectivamente concediendo inmunidad a los miembros de las fuerzas del orden que participaron en la redada. Más de seis meses después, el gobierno todavía no realizó investigaciones serias de estas muertes y daños. Esto es sumamente preocupante pues la ley estadounidense prohíbe dar asistencia a unidades de las fuerzas del orden que enfrenten acusaciones creíbles de graves violaciones contra los derechos humanos cuando el gobierno no está tomando medidas efectivas para llevar a la justicia a los miembros responsables de las fuerzas del orden.
Violaciones contra las libertades civiles realizadas bajo el pretextode la crisis COVID-19:
En abril y mayo, el gobierno interino promulgó un par de decretos ejecutivos que establecía que aquellas personas que “desinformen o generaren incertidumbre a la población” referida al COVID-19 estarían en violación de leyes criminales y sujetas a cárcel por hasta diez años. En abril el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció lo que él denominó una “ciberpatrulla” operada por las fuerzas armadas, la policía y su personal para identificar y enjuiciar a quienes estén acusados de diseminar “información falsa” durante la pandemia del coronavirus.
La organización Human Rights Watch consideró que los decretos son “uno de los casos más claros de un gobierno que aprovecha al máximo la crisis de salud y la pandemia global para perseguir a los líderes de la oposición y restringir las libertades fundamentales”. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia advirtió que se precisaba modificar los decretos “para no criminalizar la libertad de expresión”. Ante tales críticas, el gobierno interino retrocedió y retiró ambos decretos. Sin embargo, queda por ver cómo el gobierno manejará los casos de los muchos individuos quienes fueron detenidos, enjuiciados y sentenciados bajo estos dos decretos.
Tratamiento injusto y peligroso de personas bolivianas privadas de libertaden medio de la pandemia del COVID-19:
En circunstancias normales, las cárceles bolivianas se encuentran severamente sobrepobladas y son inseguras para las personas privadas de libertad, en medio de la crisis del COVID-19, estas se hicieron aún más peligrosas. Casi dos-tercios de las personas privadas de libertad se hallan encarceladas en detención preventiva y sin convicción definitiva. Aunque el gobierno propuso y la legislatura confirmó una iniciativa de perdón limitado y de amnistía, solo un pequeño porcentaje de prisioneros elegibles ha sido liberado. Al menos una prisión en Santa Cruz ha experimentado un motín como resultado de las condiciones peligrosas y el miedo al contagio del COVID-19, y Bolivia ha registrado números crecientes de infecciones entre las personas en prisión.
Sin un cambio de curso inmediato por el gobierno interino, tememos que los derechos civiles básicos en Bolivia seguirán siendo debilitados y que se pondrá en peligro la legitimidad de las próximas elecciones.
Respetuosamente solicitamos información adicional acerca de las acciones específicas que la administración está tomando para presionar al gobierno interino de Bolivia sobre estos asuntos.
Atentamente,
Senadores: Christopher Murphy, Patrick Leahy, Benjamin Cardio, Tim Kaine, Bernar Sanders, Chris Van Hollen, Eduar Maiky.
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