Colombia: siete militares van a prisión tras admitir que violaron a una niña indígena
A una guarnición militar serán enviados soldados que aceptaron abuso
El fiscal general, Francisco Barbosa, desde Cali, confirmó este jueves que los siete militares involucrados en el caso de violación de una niña indígena de 13 años aceptaron los cargos, seis de ellos como participantes activos y el otro como cómplice.
El Fiscal señaló que se solicitó medida de aseguramiento en sitio de reclusión para los militares, quienes fueron sindicados de acceso carnal violento con menor de 14 años agravado.
La petición fue atendida por el juez de control de garantías y los militares serán enviados a una guarnición militar.
(Le puede interesar: Así va el caso de niña indígena que habría sido violada por soldados)El fiscal Barbosa Delgado sostuvo que la judicialización de los responsables del hecho, que calificó de “repugnante y doloroso para los colombianos”, se logró en tiempo récord.
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— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 25, 2020
A estos bandidos que mancharon su uniforme y mancharon la dignidad de la niñez en Colombia, se les solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario por la gravedad de los hechos
Barbosa indicó que se recolectaron más de 40 elementos probatorios en el caso.
Añadió que seguirán priorizados los delitos contra los menores de edad para garantizar que avancen más rápidamente.»No vamos a ceder un ápice en la defensa de los menores de edad», indicó el funcionario.
Aunque aceptaron los cargos, no tendrán reducción de pena por tratarse de una menor.
Pueblos indigenas expresan su repulsa a la violación de niña Embera agredida por militares
Después de conocerse la denuncia del aberrante crimen cometido por unidades del Ejército nacional, al violar una niña de la comunidad Embera katio, en el resguardo Gito Dokabú, del corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico en el noroccidente del departamento de Risaralda, el lunes 22 de junio. Las autoridades tradicionales indígenas elevaron la denuncia pública, frente a esta agresión imperdonable contra la niña Embera Katio, que fue secuestrada y abusada sexualmente por un grupo indeterminado de soldados pertenecientes al Batallón San Mateo, adscrito a la octava brigada con sede en Pereira, quienes aprovecharon la situación de aislamiento en el marco de la pandemia, para cometer el hecho de violencia sexual contra la niña, y que en tanto sus implicaciones, es una agresión contra toda la comunidad indígena, tal como lo aseguraron los voceros de la nación Embera.
En declaración emitida por la organización nacional indígena de Colombia, ONIC, los pueblos indígenas plantearon la exigencia de que los agresores sean entregados a la justicia indígena, para ser juzgados de acuerdo a las leyes de los pueblos ancestrales, y que posteriormente sean procesados por la justicia penal ordinaria. Los pueblos indígenas hacen ésta solicitud, a partir de los mandatos de la ley de gobierno propio y el pacto para volver al origen, dentro de los cuales establecen cero tolerancia frente a la violencia intrafamiliar, contra la mujer, la niñez, la violencia social y la violencia comunitaria. Además las organizaciones indígenas, recordaron su resolución sobre, “mujeres violencias y acceso a la justicia”, aprobada por la asamblea nacional de autoridades indígenas el 29 de mayo del 2015, donde revindican el papel de la justicia propia para desplegar la así la formación, acompañamiento espiritual y cultural, a los escenarios de mujeres en la perspectiva de prevenir, denunciar, rechazar, investigar y sancionar, cualquier acto de violencia contra las mujeres.
La Organización nacional indígena de Colombia, considera que además de la execrable vulneración de los derechos de la menor, se afectado gravemente a su familia, el pueblo Embera katio, y a todos los pueblos indígenas del país, y que ésta situación está enmarcada, en un largo prontuario de actos atroces cometidos por las fuerzas militares, las cuales por acción u omisión son un factor de riesgo para las comunidades, y no garantizan, aseguraron, ni seguridad, ni garantías de Derechos Humanos a los pueblos y naciones indígenas.
Los voceros de las autoridades indígenas consideran, que este grave hecho está contextualizado en un genocidio contra los pueblos indígenas y articulado a la dinámica por buscar minar su autonomía y su presencia en el territorio. Las organizaciones de los pueblos ancestrales indicaron que al atacar la mujer indígena se destruye el tejido social, ya que las mujeres son las que han garantizado enlazar las tradiciones y costumbres, para así conservar la cultura y la espiritualidad de los pueblos indígenas y sus raíces con la madre tierra. La organización nacional indígena de Colombia manifestó, que no es ajena a la grave situación de agresión sexual y física contra las mujeres en el transcurso del año 2020 donde se han presentado más de 99 feminicidios, que han agudizado en medio de la cuarentena, donde también las cifras de maltrato infantil van en preocupante aumento, y además en medio el confinamiento producto de la emergencia sanitaria por covid-19 se han agravado las acciones de vulneración de los derechos de las comunidades, es así como los pueblos indígenas consideran que hay que combatir la verdadera pandemia, la de la violencia política social y de género que padece Colombia.
La organización indígena planteó como exigencias, en el marco de la denuncia de este crimen irracional, que además estaría articulado con la lógica de la doctrina militar colombiana, se respete la víctima, su familia y el pueblo Embera katio, y que no prevalezca la impunidad frente a estos hechos, solicitándole la fiscalía que adelante de manera inmediata, la investigación penal que lleve la justicia a los delincuentes uniformados que atentaron contra la niña Embera. Que las acciones judiciales, deben ser coordinadas con las autoridades tradicionales de la comunidad, y acordes con el sistema de Justicia propia indígena, y que este caso no puede estar en la en la justicia penal militar.
Las autoridades indígenas y la ONIC, le solicitan la procuraduría general de la nación, y a la defensoría del pueblo, realizar un acompañamiento al proceso donde efectivamente se tomen las normas disciplinarias contra estos funcionarios públicos, además de evitar cualquier tipo de injerencia que pretenda silenciar, o desviar la atención frente a este caso. También los voceros de las comunidades ancestrales solicitaron, que los organismos internacionales acompañen vigilantes el proceso judicial, para impedir que se presente cualquier nivel de impunidad e invisibilización del repudiable caso.
Es inadmisible que las fuerzas militares estén inmersas en sucesos criminales durante el conflicto y que sigan siendo una constante, es imperativo abrir un debate frente a la doctrina militar y la formación que reciben quienes prestan servicio militar, o hacen parte de la institución castrense. La comisión de la verdad, organizaciones de derechos humanos y víctimas, han venido insistiendo en abordar un tema que pretende obviarse, mientras efectivos de las FFMM siguen vulnerando, violentando y atropellando a las comunidades, haciendo además del cuerpo de las mujeres un botín de guerra.
La sociedad colombiana no puede tolerar la violencia de género y el estado debe garantizar los derechos de las comunidades, las mujeres, los niños y las niñas. En medio del populismo punitivo de la pena de cadena perpetua para violadores, y las elocuentes palabras del presidente y altos funcionarios, lo que deben garantizar es transformar las lógicas perversas anidadas ideológicamente, que promueven el odio, la sumisión, la negación y la segregación racial y de género, como mecanismo de dominación.
Diez casos de abuso sexual que avergüenzan al ejército
Por lo menos ocho soldados del Batallón San Mateo, comandado por coronel Wilson Caicedo, ya están en la mira de la Fiscalía, que asumió la investigación por la violación de una niña indígena embera de 12 años en Apía (Risaralda). Juan de Dios Queragama, gobernador del resguardo Gito Dokabu–embera katio, pidió que les entregaran a los militares para ser juzgados, una posibilidad que aún no está descartada pues los hechos habrían ocurrido en su jurisdicción.
Pero no es la primera vez que un soldado o un grupo de soldados se ven involucrados en casos de violación y acoso sexual, abusando del poder que les otorgan las armas.
El militar que violó a una menor en Arauca
El 2 de octubre de 2010 el entonces subteniente del Ejército Nacional, Raúl Muñoz Linares violó a una menor de 13 años en Tame, Arauca. Muñoz era un agresor sexual organizado y actuó de manera sistemática. Ese 2 de octubre se escabulló del campamento de la patrulla Buitres y regresó varias horas después completamente agitado, según contaron varios soldados que entregaron su testimonio. Ese mismo mes, al parecer el 14 de octubre, el subteniente Muñoz volvió a actuar y abusó de una niña de 14 años y la asesinó junto a sus dos hermanos de 9 y 6 años, a machetazos, en zona rural de Tame.
Hoy Raúl Muñoz Linares está condenando a 60 años de prisión y el Ejército, en un acto público en Tame tuvo que pedir perdón a la comunidad.
Un joven abusado por por su superior
La libreta militar y 20 millones de pesos fue la oferta que le hizo el entonces sargento Dixon Velásquez a un soldado que lo denunció de abusar sexualmente de él. El joven estaba prestando servicio militar, y durante un periodo de vacaciones en mayo de 2017 fue citado en el Distrito Militar n.° 3 de Kennedy, donde le asignaron un trabajo como secretario del sargento.
Según el soldado, después de trabajar con Velásquez, este lo citó en su casa en Bosa, donde comieron, tomaron cerveza y aguardiente. Luego, cuando ya estaban borrachos, Velásquez abusó del joven soldado, que fue a la Casa de Justicia de Bosa, luego a Medicina Legal y después fue a la Fiscalía para poner la denuncia. También acudió a un CAI, pero cuando la Policía fue a buscar al sargento Velásquez, estos regresaron con su contrapropuesta: el soborno y su libreta garantizada. El soldado desertó, el sargento fue trasladado a Arauca y la investigación nunca más avanzó.
Una mujer en condición de discapacidad abusada
En mayo de 2019 el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, coronel Arnulfo Traslaviña Sáchica confirmó que uno de sus soldados habría violado una mujer sordomuda de 32 años. La mujer se encontraba junto a su esposo y su hija sobre la vía que las llevaba hacia Puerto Jordán, Arauca, donde vivían. Habían terminado unos trabajos en una parcela, pero su esposo y su hija tuvieron que devolverse para recoger unas herramientas que olvidaron. En ese lapso en el que la mujer se quedó sola, el soldado apareció y decidió violarla llevándola hacia el monte.
La denuncia fue instaurada, pero hasta ahora siguen las investigaciones sin mayores resultados.
Violado por sus compañeros en Barrancabermeja
A finales de 2006 un joven ingresó al Batallón Especial Enérgetico y Vial Número 7, en Barrancabermeja (Santander) para presentar su servicio militar. Aunque al principio todo marchaba a la perfección y el joven era un soldado ejemplar, apto y con notorias habilidades, su actitud cambió rápidamente. Por teléfono una de sus hermanas lo notó, y ante su insistencia para que le contara lo que había sucedido, el joven no tuvo otra alternativa que contarle: había sido violado por 4 soldados.
Su familia fue hasta Barranca para saber qué era lo que pasaba, mientras el joven fue remitido al área sicológica del batallón. Padecía una “crisis mental”. Cuando se enteraron de la verdad, interpusieron una denuncia en Fiscalía. Además, Medicina Legal confirmó la violación. El joven no volvió a ser el mismo y terminó internado en una clínica mental, con depresión y ansiedad.
La capitana que sufrió los abusos de un coronel
En septiembre de 2019 la capitana del Ejército, Maritza Soto, denunció públicamente en una entrevista con Cecilia Orozco al coronel Hernando Garzón Rey, su superior, quien la acosaba sexual y laboralmente. Según el relato de la capitana Soto, el coronel Garzón, entonces comandante de la Fudra N.º 3 en el Catatumbo la comenzó a presionar para que cambiara su actitud con él, quien siempre le imponía labores y tareas fuera de su rol en el equipo militar. Un día, el coronel Garzón le dijo: “¿Quiere ver cómo me motivo yo?”, y comenzó a mostrarle las fotos que tenía en su celular de una mujer semidesnuda, aparentemente su esposa, aunque nunca se vio su rostro.
En otra ocasión, intempestivamente la apretó con los brazos por la espalda tratando de rodar su mano desde la parte inferior del seno hacia abajo. Al mismo tiempo le susurró al oído: “Si usted cambiara conmigo, yo le diría cosas bonitas al oído”.
Pero nada pasó. La capitana Soto puso la queja directamente en el Comando del Ejército y le contó todo al general Nicacio Martínez, quien, aunque aseguró que la ayudaría y no la volvería a trasladar, es decir, se quedaría después en Bogotá, no volvió a responderle los mensajes. Inmediatamente terminó la reunión, el coronel Garzón se enteró, la capitana Soto fue trasladada al Cauca, zona roja, y Martínez no le siguió la pista al caso.
Un coronel abusando sistemáticamente
En septiembre de 2019 la W Radio dio a conocer unas denuncias contra el general Mauricio José Zabala Cardona, quien fue acusado por abusos y acosos sexuales contra 4 mujeres entre los años 2014 y 2018. La situación se dio a conocer públicamente después de que una de las mujeres acosada, quien era miembro del ejército, intentó suicidarse.
Zabala Cardona, entonces comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) Número 2, con sede en Nariño, fue señalado de acosar sistemáticamente a uniformadas y funcionarias entre las que se encuentran una auxiliar de enfermería, una médica rural, una archivista, una capitana del Ejército y una estudiante de la Escuela Militar, según las denuncias.
El abuso a una bebé de 4 meses
Fuente de Oro, Meta, se estremeció en abril de 2017 cuando se supo que un soldado habría violado a una bebé de 4 meses. Se trataba de un joven de 19 años que estaba presentando su servicio militar en el Batallón de Infantería Batalla Pantano de Vargas, en el municipio de Granada, Meta.El soldado fue capturado, y la familia de la bebé recibió el acompañamiento por parte del ICBF.
Acusado de tocar a sus compañeros
Entre 2014 y 2015 cinco cadetes de la Escuela de Cadetes José María Córdova, de Bogotá, denuciaron que el alférez Álvaro Junior Howard Orozco les tocó los genitales mientras dormían. “Estábamos durmiendo el 28 de noviembre, Howard estaba en medio de otro compañero y yo y como a las 03:00 horas sentí que me tocaban el pene. Yo durmiendo en pijama y eran tres tricolores (cobijas) para tres alféreces: Howard, mi compañero y yo. De una vez abrí los ojos, pero no hice nada. Constaté que, efectivamente, me estaban tocando el pene con la mano izquierda y era Howard, que estaba boca abajo con su izquierda dentro de mi pijama y mi bóxer tomando físicamente el pene como masturbándome. Inmediatamente me senté y le hice reclamo de que por qué me tocaba, que qué estaba haciendo y él se quedó callado y se fue del alojamiento. Los demás cursos despertaron con la bulla incluyendo al compañero que estaba durmiendo al lado”, contó uno de los cadetes que presentó la queja.
Howard Orozco fue expulsado, y aunque presentó una demanda para poder volver a la institución, el Consejo de Estado se lo negó. Sin embargo, el caso quedó ahí, en una expulsión, y no en una investigación por acoso o abuso sexual.
Falsos positivos y abuso sexual
El 21 de enero de 2006 soldados del grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, adscritos a la Décima Brigada entonces comandada por Nicacio Martínez, asesinaron, según la acusación, a los indígenas Javier Pushaina, Luis Ángel Fince Ipuana y a Gaspar Cambar Ramírez; hirieron a Gustavo Palmar Pushaina y Moisés Pushaina Pushaina; y agredieron física y sexualmente a Irene López Pushaina y a Ligia Cambar Ramírez. Este caso fue admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los casos más recientes
En el último informe del entonces representante en Colombia de la Alta Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, presentado en febrero de este año, se registró por lo menos tres casos en los que los militares están acusados de violencia sexual en Guaviare, Meta y Antioquia. Estos casos, al parecer, están siendo investigados por la Fiscalía.
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