La presidenta de facto de Bolivia promulga la ley que convoca a elecciones el 6 de septiembre
Áñez decide promulgar la ley de elecciones y dice que lo hace ‘presionada’ por Mesa y el MAS
Días después de anuncios contradictorios, de que primero aceptaba la decisión y luego dar a entender que no, la noche de este domingo, finalmente la presidenta Jeanine Áñez anunció que promulgará la ley que fija elecciones el 6 de septiembre, sancionada el 9 de junio por la Cámara de Senadores.
La decisión sucedió a la reunión que la mandataria sostuvo la mañana de este domingo con el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, quien, con el apoyo de Naciones Unidad, la Unión Europea y la Iglesia Católica, además del consenso con las principales fuerzas políticas, había planteado el proyecto de ley y el rango de la fecha.
A través de un mensaje al país, Áñez señaló que firmará la Ley 691, foliada así en el Órgano Legislativo, pero bajo tres reparos.
“Voy a promulgar la ley convocando a elecciones el 6 de septiembre, pero antes déjenme decir tres cosas claras sobre este tema. Nunca he tenido ningún interés en prorrogar mi gestión y sé perfectamente que una de las tareas más importantes que se me encargaron, al llegar a este puesto, fue convocar a elecciones presidenciales para superar la crisis de la democracia que generó Evo Morales y su fraude electoral”, señaló en primer lugar.
El segundo aspecto que señaló la mandataria fue que “el Gobierno pondrá todo su esfuerzo en ayudar a que se haga una elección ordenada y con el menor riesgo de contagio”. Aquí, volvió a fustigar a sus mayores oponentes políticos: “Quiero pedir al señor Evo Morales, al señor Luis Arce Catacora y al señor Carlos Mesa, que asuman con valentía la responsabilidad que tienen al haber exigido con tanta insistencia que haya elecciones en plena pandemia”.
Y, en tercera instancia, luego de aseverar que en este momento “los hogares no están pensando en elecciones ni en política ni en campañas”, sino en “la falta de ingresos, por la falta de trabajo y la falta de empleo”. Llamó a la unidad: “que entre todos hagamos de esta elección la oportunidad para unirnos y avanzar en la solución de estas tres necesidades de la gente; unirnos para reconstruir una Bolivia democrática, impulsando entre todos la recuperación de la economía y del empleo en todo el país y unirnos por la salud; con estas reflexiones, promulgó la ley”.
Añez promulgó la ley luego de 12 días de sancionada; el miércoles 24 acababa el plazo para este consentimiento presidencial; de no hacerlo, iba a ser la titular en ejercicio de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, quien la promulgaría.
La mandataria en su mensaje no dejó de remarcar las “presiones” que habría sufrido por parte “del candidato Carlos Mesa y otros políticos” exigiéndole elecciones el 6 de septiembre, “exigiendo elecciones en plena pandemia”, como lamentó.
Vaivenes
La promulgación de la norma ocurre después de idas y venidas de Áñez y su gobierno respecto de promulgar o no la referida norma.
Ya el 2 de junio, cuando el TSE anunció el acuerdo político para las elecciones hasta el 6 de septiembre, la Presidenta había asegurado que “Bolivia debe tener la certeza (de) que la elección 2020 cumplirá a la vez con los exigentes estándares de integridad electoral, calidad democrática y protección sanitaria”.
Al día siguiente de la remisión de la norma desde el Senado, el 10, a nombre de la mandataria, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, se adelantó en decir que la Presidenta firmará la norma, aunque pidió al TSE y al Movimiento Al Socialismo (MAS) hacerse responsables públicamente de las eventuales consecuencias de las elecciones en la salud de los bolivianos.
Luego, a pesar de haber dicho el día de Corpus Christi (11 de junio) que acatará la disposición del TSE, al día siguiente nuevamente dio un giro al enviar una carta a Copa para pedirle un “estudio” que avale la nueva fecha de los comicios: “Le pido que me haga llegar usted el estudio médico y científico (el estudio epidemiológico) en el cual se basa su decisión y la del MAS para impulsar elecciones el 6 de septiembre”, escribió.
Aquí, tanto el MAS como Comunidad Ciudadana (CC), que postula a Carlos Mesa, consideraron que la intención de Áñez era prorrogarse en un mandato que solo tenía el fin de convocar y presidir nuevas elecciones.
Con el pedido del “informe científico”, el gobierno de Añez instaló un conflicto de poderes. El MAS aclaró que a quien debería pedir un informe Áñez es al presidente del TSE, debido a que fue el órgano que rige el que sugirió la fecha. Y Copa aseguró que mientras no sea promulgada la Ley 691, la Ley 1297, que fija un plazo tope hasta el 2 de agosto, es la que estaría vigente.
Este domingo, finalmente se cerró el asunto. Este acto coincidió con los “petardazos” que desde hace dos meses, cada domingo, propician movimientos ciudadanos y políticos, como el MAS, para reclamar elecciones.
Morales pide elecciones ‘limpias transparentes’ y Camacho llama a Áñez ‘irresponsable’ y ‘cobarde’
Tras el anuncio de promulgación de la ley de las elecciones el 6 de septiembre, el jefe de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, pidió al Gobierno garantizar unos comicios limpios y transparentes. En tanto, el candidato por el frente Creemos, Luis Fernando Camacho, calificó a la presidenta Jeanine Áñez de irresponsable y la acusó, como a Luis Arce, Carlos Mesa y Morales, de llevar a la población a un “suicidio masivo”.
“Con fecha fijada, corresponde, ahora, a los órganos del Estado garantizar elecciones limpias y transparentes, preservando la salud y el derecho a una participación sin persecuciones políticas. Que sea el pueblo el que defina democráticamente el destino de nuestra querida Bolivia”, escribió Morales en su cuenta de Twitter, dos horas después que Áñez hiciera conocer que promulgará la norma.
Con fecha fijada, corresponde, ahora, a los órganos del Estado garantizar elecciones limpias y transparentes, preservando la salud y el derecho a una participación sin persecuciones políticas. Que sea el pueblo el que defina democráticamente el destino de nuestra querida #Bolivia pic.twitter.com/90xvkWgYhA
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 22, 2020
Camacho, por su parte, criticó duramente la decisión de la Presidenta en un pronunciamiento de una página que publicó en sus redes sociales.
“Señora Presidenta, además de irresponsable, es usted cobarde al querer deslindar su responsabilidad y enviar un mensaje electoral al tiempo de anunciar la promulgación de la ley que nos obligará a todos a elegir entre votar o morir. No solo son responsables Luis Arce Catacora, Evo Morales y Carlos Mesa del suicidio masivo al que nos están obligando, es culpable usted también”, escribió Camacho, otrora aliado de Áñez.
“Hubiese preferido ir a la cárcel para cuidar a mi gente antes que promulgar esa ley criminal”, añadió el exlíder cívico cruceño. Acusó a Áñez de “emborracharse de poder en Palacio” y “jugar a la política”, además que cogobierna con el MAS por cerca de seis meses y de hacer campaña con la gestión pública, y “socapar la corrupción de su entorno”.
Con el anuncio de la promulgación, la Presidenta también tuiteó que existen dos caminos para el país: “El del MAS, que es el camino de la división y el fraude; el otro camino es el que nosotros proponemos: el camino de la salud y la economía”.
Camacho también hizo alusión al mensaje indicando que los únicos dos caminos no están entre esas dos opciones, sino “están entre todos los viejos políticos que hoy demostraron que son de la misma bajeza que el MAS y que están dispuestos una vez más a arriesgar la vida del pueblo por dos pesos y un sillón presidencial. Queremos elecciones, sí, pero no así”.
La fecha de las elecciones trastabilló por la resistencia de Áñez, que no quiso promulgar la ley sancionada por la Cámara de Senadores el 9 de junio, a iniciativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el respaldo del MAS, la alianza de Mesa y otras fuerzas políticas.
El MAS y el TSE cierran el debate y descartan modificar el mapa electoral
La pelea electoral se centra en la elección de presidente y vicepresidente, pero hay otra que tiene una dimensión similar y que requiere estrategias más estrictas. Esa es la batalla por llegar a la Asamblea Legislativa Plurinacional y que ahora ingresó al debate por la distribución de escaños en la Cámara de Diputados. Hay frentes políticos que exigen modificar el mapa electoral bajo el argumento de que no existe igualdad entre el voto urbano y el rural, y que esa supuesta diferencia establece un favorecimiento al Movimiento Al Socialismo (MAS).
En frente hay quienes no ven necesario reformar la repartición de curules. El MAS, con sus dos tercios en el Legislativo, no tratará una ley que reformule los espacios y a ello se suma el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que dio por cerrada esta discusión.
La polémica de la fecha de las elecciones -establecida para el 6 de septiembre- no se cerró del todo y de inmediato se abrió otro debate: la distribución de escaños. La alianza Creemos es el frente en carrera que más campaña realiza para modificar el actual mapa electoral. Su candidato presidencial, Luis Fernando Camacho, dice que el TSE debería abrir la discusión para lanzar una nueva distribución de escaños legislativos. “Ningún boliviano es más que otro. Todos somos iguales, un boliviano un voto. No podemos ir a elecciones discriminando a la gente”, reprocha.
Las alianzas Juntos, que postula a Jeanine Áñez a la Presidencia, y Comunidad Ciudadana (CC), con su presidenciable Carlos Mesa, no son tan incisivos en esta temática. La primera, según Samuel Doria Medina, candidato a vicepresidente, considera que se debería realizar un estudio para verificar por qué en 2013 se hizo una delimitación y comparar si es que esa distribución está acorde a la realidad. “Hay muchas circunscripciones que se las han armado de manera tal que beneficien al MAS”, recalca el empresario.
Y en esa línea está la exvocal electoral Dunia Sandoval, quien sugiere restituir la distribución de escaños previa a la que se concretó en 2014, porque, dice, la que se implementó durante la presidencia en el Órgano Electoral de Wilma Velasco beneficia al MAS. La abogada recalca que el TSE puede rediseñar el mapa electoral o volver al de antes de 2014.
Postura de Sandoval
“Estos cambios de circunscripciones fueron muy fuertes, hubo protestas de distintos municipios porque cambiaron las circunscripciones uninominales, hubo mucho descontento porque la redistribución fue forzada para favorecer al MAS. Por ejemplo, un candidato guaraní debía ir hasta los valles cruceños para hacer campaña”, remarca Sandoval.
Esa teoría también es apoyada por el exministro Guido Áñez, quien ve necesaria la reforma electoral porque el actual mapa de escaños favorece al MAS. “Si queremos que la democracia vuelva plenamente a nuestro país, necesitamos reformar totalmente el sistema electoral, sanear el padrón, dictar leyes que garanticen el principio de un ciudadano un voto, hacer que los departamentos estén en igualdad de condiciones representados en el Senado y que los diputados sean elegidos en igualdad de condiciones”, dijo.
Otra voz en ese sentido es la de Julio Ortiz Linares, quien en 2010 fue presidente de la extinta Corte Suprema de Justicia. El abogado remarca que el TSE tiene la facultad y el tiempo para realizar una nueva distribución de escaños y también considera que la modificación de 2013 tiene el “fin político” de favorecer al MAS.
“El Órgano Electoral puede hacer la composición de los escaños logrando una nueva asignación a los nueve departamentos, en base al número de habitantes de cada uno de ellos y de acuerdo con el último censo, lo que significa que siendo el último censo nacional en Bolivia el 21 de noviembre de 2012, y no habiendo el ente electoral hecho ninguna asignación a la fecha, puede, utilizando esta facultad atributiva, cumplir una nueva asignación que guarde ecuanimidad y respeto al voto ciudadano y, ante todo, guarde proporcionalidad demográfica”, posiciona Ortiz Linares.
El censo y los escaños
El censo de 2012 estableció que Bolivia tenía en esa época 10.059.856 habitantes. De esa cifra, 6.788.962 pertenecían al área urbana y 3.270.894 al área rural. Sacando porcentajes, el 67,5% de la población vivía en ciudades y el 32,5% en el campo. El censo fue la base para la distribución de escaños.
Sin embargo, según el reglamento de distribución de circunscripciones de 2014, que todavía está vigente, de las 63 circunscripciones uninominales, 27 están en áreas urbanas y 36 en zonas rurales. Además, existen siete asientos especiales indígenas ubicados en el campo y así esta parte de la población tiene 43 diputaciones.
El analista Carlos Cordero considera que al crecer la población se debería aumentar escaños. Por ejemplo, en la actualidad, la Cámara de Diputados tiene 130 curules y el experto detalla que esta instancia legislativa debería incrementar sus asientos a 180. Hace el cálculo de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y, además, especifica que el actual número de representantes fue definido en 1980, cuando Bolivia tenía un poco más de 4,5 millones de habitantes.
“Lo único que se logró es postergar a la ciudadanía para que no tenga una adecuada representación. Por criterio economicista se mantiene este número de escaños (130) que fue calculado en 1980, cuando Bolivia tenía 4,6 millones de habitantes; hoy tiene 11,6 millones y seguimos con esa representación”, remarca Cordero.
El TSE tiene el panorama claro en este debate. El ente electoral no modificará los escaños actuales y su presidente, Salvador Romero, adelanta que la votación estimada para el 6 de septiembre se la realizará con el mapa que se utilizó en los comicios del 20 de octubre del pasado año. “La ley que regula el proceso electoral 2020 señala de manera muy precisa que se utilizarán las mismas circunscripciones que se utilizaron en la elección 2019; por lo tanto, no existe la posibilidad de un rediseño en las circunscripciones en este momento, hay un mandato legal sobre las circunscripciones”, remarca el vocal.
Además, la autoridad electoral explica que el diseño de las actuales circunscripciones está establecido por diferentes parámetros técnicos, entre ellos la continuidad territorial y que las circunscripciones giren alrededor de un promedio departamental. Romero acota que todo el territorio nacional está divido en circunscripciones y todo municipio está integrado dentro de alguna circunscripción.
“Por la manera por cómo están constituidas las circunscripciones que deben ser agregaciones de municipios o si un municipio tiene derecho a más de una circunscripción, como pasa en capitales departamentales, dentro del municipio podrán existir varias circunscripciones, lo que no se puede es partir municipios”, dice Romero.
En el MAS no hay vuelta atrás. El presidente de Diputados, Sergio Choque, rechaza la modificación del actual mapa electoral y explica que la sobrerrepresentación rural en la Asamblea Legislativa Plurinacional es mínima. “Hay un error de quienes piensan que el voto rural pesa más que el urbano. Eso es equivocado. Piensan que el voto urbano solo es de ciudades capitales y ponen a las intermedias como voto rural. Hay ciudades intermedias con más población que una capital”, destaca.
Mientras, el diputado Víctor Borda señala que en el país existen 85 municipios de 20.000 habitantes o más que no son capitales de departamento y ellos no pueden ser considerados rurales. “Cualquier modificación en las circunscripciones debe partir de un nuevo censo, que ahora no existe en Bolivia. Y lo tercero, que definitivamente no es solo una resolución de sala plena (del TSE), un cambio de este tipo debe pasar por aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, remata.
La Cámara de Diputados está conformada por 130 curules.
La Cámara de Senadores tiene 36 representantes, cuatro por departamento
La actual distribución de escaños legislativos fue modificada en 2013. Salvador Romero, presidente del TSE, descarta cambios
ESTUDIO DE PERIODISTA
El periodista Raúl Peñaranda realizó un estudio en el que se establece que la sobrerrepresentación rural en la Cámara de Diputados es mínima y que cualquier redistribución de escaños tendría un escaso cambio político.
DESVIRTÚA PEDIDOS
El estudio acota que “las capitales de departamento tienen 56% de los inscritos y eligen a 29 uninominales (46% de esas diputaciones). Por otra parte, las provincias (es decir localidades que no son capitales de departamento), tienen el 43% de la población y el 54% de los uninominales. Por lo tanto, no es cierta la creencia popular de que el 30% del área rural elige a más diputados que el 70% del área urbana.
