El Salvador: Bukele contradice al Congreso y a la Corte y decreta el inicio de la reapertura económica
Gobierno de El Salvador reabre economía repitiendo vicios de ilegalidad
Por Gabriela Villarroel
Después de casi tres meses de encierro, El Salvador reabre su actividad económica y laboral, este 16 de junio, con la primera de cinco fases de un plan de reactivación que dura 81 días. La reapertura ocurre en medio de una incertidumbre jurídica provocada por el Gobierno al no ponerse de acuerdo con la Asamblea Legislativa para aprobar una ley que regule las medidas para enfrentar la pandemia por la COVID-19 y la reactivación económica. Con el agravante de repetir las ilegalidades señaladas en la última sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El Gobierno del presidente Nayib Bukele busca “volver a la normalidad” a través del Decreto Ejecutivo No 31, denominado “Protocolos sanitarios para garantizar los derechos a la Salud y a la Vida de las Personas, en el proceso de reactivación gradual de la economía, durante la pandemia por COVID-19, aplicables en las zonas occidental, central y oriental de la República de El Salvador”, el cual fue publicado el domingo 14 de junio.
De acuerdo con abogados, este decreto replica los vicios de inconstitucionalidad señalados en la última sentencia de la Sala, con la que declaró ilegal los decretos ejecutivos y dos legislativos que rigieron la cuarentena. En esa sentencia, la Sala estableció que el Gobierno no puede restringir derechos constitucionales y pidió crear una ley formal en consenso con la Asamblea Legislativa.
Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), consideró que las restricciones a la libertad económica —impuestas con la apertura gradual a través de las fases— “solo pueden estar en una ley y no en un decreto ejecutivo”.
“Con el decreto ejecutivo 31 se vuelve a caer en muchos de los vicios de sus decretos predecesores, y ahora más grave, pues no puede haber dudas después de la sentencia de la Sala”, aseguró. Castro también lamentó que el Gobierno “apueste al desgaste institucional y al conflicto innecesario”.
Ruth Eleonora López, abogada constitucionalista de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), señaló que el Gobierno trató de evadir la prohibición que hizo la Sala de imponer cuarentena en todo el país, amparándose en el Código de Salud. Lo que ahora hace el Ejecutivo es enumerar los 14 departamentos y las tres zonas geográficas: occidental, central y oriental, con la intención de volver a poner al país en cuarentena total.
El abogado José Marinero, especialista en derecho administrativo, observó que el nuevo instrumento impone en su artículo 9 “una cuarentena por decreto”, pues señala que “todos debemos permanecer en nuestras casas mientras no llegue nuestra ‘fase’”.
A través de un comunicado, varias organizaciones de la sociedad civil advirtieron que el Ejecutivo incumplió la sentencia de la Sala y señalaron que no puede limitar derechos constitucionales de forma unilateral.
El no contar con una ley también dejó en incertidumbre jurídica a las empresas. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (Anep) le pidió al Gobierno que sancionara la «ley especial de emergencia por la pandemia de COVID-19, atención integral de la vida, la salud y reapertura de la economía» que aprobó la Asamblea Legislativa, para contar con un marco jurídico que atendiera la pandemia y la reapertura de actividades de una forma ordenada.
Sin embargo, en la cadena nacional del 13 de junio, Bukele anunció que la vetaría por considerarla inconstitucional. También criticó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional por haber declarado inconstitucionales sus decretos. De paso, Bukele dijo que los magistrados declararon ilegal la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19 que “los mismos magistrados de la Sala” avalaron durante una reunión secreta.
El mandatario afirmó que el visto bueno lo obtuvo durante una reunión que presidió y en la que participaron los cinco magistrados de la Sala, el fiscal general de la República, Raúl Melara; el jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Carlos Reyes; el expresidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal y el embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson.
“Estuvimos conversando y llegamos al acuerdo de la ley de cuarentena, porque ellos nos dijeron en esa reunión que necesitábamos una legislación para regular la cuarentena”, afirmó Bukele.
Tras las críticas recibidas por la reunión, hasta ahora desconocida, los asistentes trataron de aclarar por qué sostuvieron conversaciones privadas. El primero fue el embajador Johnson, quien aseguró respetar la soberanía salvadoreña, y que en la embajada “no acuerdan, ni autorizan leyes, incluidas las relativas al manejo de la pandemia”.
El fiscal, por su parte, aclaró que la reunión se sostuvo el pasado 27 de abril. “Yo no satanizo desde ningún punto de vista esa reunión, porque no se han hecho acuerdos bajo la mesa de ningún tipo. Lo que hubo fue un acuerdo sobre un cuerpo normativo emanado de la Asamblea Legislativa que respetara el orden constitucional establecido en el país”, aseguró Melara a Diario El Mundo.
La Corte Suprema de Justicia, en tanto, aclaró que los magistrados asistieron a la reunión por invitación de la presidencia de la República y que “no se presentó, ni se conoció o ‘diseñó’ ningún proyecto de ley; mucho menos se adelantó criterio sobre la constitucionalidad de ningún texto”.
No todo el sector productivo avaló el nuevo decreto
Aunque el Gobierno se reunió con 22 sectores empresariales para exponer su plan de reactivación económica, fuentes indicaron a GatoEncerrado que el plan no obtuvo el apoyo de todos los presentes. «Al parecer, el plan ya lo tenían. Nos dejaron participar y decir lo que pensábamos, anotaban. Pero no todas las observaciones se aplicaron», dijo uno de los que participó en la reunión.
Durante la cadena nacional, Bukele dijo que «los empresarios, incluso, firmaron el acuerdo»; pero no todos estamparon su nombre. Una de las personas que se abstuvo fue Silvia Cuéllar, directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport).
«Al final, el plan no lo conocíamos. Ellos quedaron en enviarlo, y ahí se pidió que hubiera una firma de todos aceptando el plan, pero no podemos hacer nuestras consultas sin tener un documento en firme», explicó a GatoEncerrado y agregó que no había certeza de que las observaciones serían incluidas en el documento final.
La principal objeción era que, en lugar de crear más decretos ejecutivos, se pudiera sancionar u observar alguna ley emitida por la Asamblea Legislativa para la apertura gradual del país, y lograr certeza jurídica. Así lo sugirieron líderes de gremiales de la ANEP, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y Coexport.
Algunos empresarios también sugirieron instalar un nuevo ‘Comité Público Privado’ que tuviera las facultades de conocer los números de contagio por sector económico y productivo, para ajustar en forma conjunta los protocolos de funcionamiento. Esto implica tener datos fidedignos sobre los lugares de mayor infección a medida avanza la reapertura económica, y no tomar medidas arbitrarias como el cierre de determinados sectores.
«Se recomendó un observatorio donde estuviéramos varios sectores de la economía, para tener una especie de termómetro e ir midiéndolo. Se propuso un comité público privado para ir verificando esto, para que no solo fuera decisión de Gobierno si no que pudieran emitir recomendaciones», explicó Cuéllar. Ninguna de estas disposiciones está en el nuevo decreto ejecutivo.
Aunque reconoce que las reuniones con la Mesa de Reapertura Económica «fueron un ejercicio interesante», había puntos en los que el Gobierno, simplemente, no cedió. Uno de ellos fue el transporte colectivo.
«Muchas empresas pequeñas y medianas no pueden pagar transporte a todos los trabajadores. Eso es un hecho», afirmó. Sin embargo, empresarios del sector transporte sí respaldan la circulación de buses hasta el próximo 7 de julio, 21 días después de la primera fase.
Algunas modificaciones que sí aceptó el Gobierno fueron la reducción en el plazo de las fases de reapertura económica y se adelantaron, además, las actividades religiosas y de culto de la Fase 4 a la Fase 3.
Entonces, ¿cómo será la reapertura?
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, explicó durante su intervención en la cadena nacional que el plan de reapertura consta de cinco fases. La primera tendrá una duración de 21 días, mientras que el resto será de 15 días cada una.
Cada fase, agregó, «estará siendo monitoreada como ya lo hace el Ministerio de Salud con distintos indicadores para saber si estamos listos de pasar de una fase a la otra».
Durante todas las fases, serán obligatorios el uso permanente de mascarilla, el distanciamiento de al menos 2 metros, el lavado de manos con agua y jabón constante, evitar el contacto de las manos con la nariz y la boca, no saludar de beso ni abrazo, y utilizar pañuelos desechables al estornudar.
“Acusaciones de Bukele son falsas”: Sala Constitucional
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desmintieron las reveciones realizadas por el presidente de la república Nayib Bukele en cadena de radio y televisión, la noche del sábado, en la que afirmó que los magistrados de la Sala adelantaron criterio al conocer la ley de Emergencia Nacional, bajo Decreto Legislativo 593, antes de aprobarla, para luego declararla inconstitucional.
“En tal reunión, manifestamos enfáticamente que no se presentó, ni se conoció, elaboró o diseño ningún proyecto de ley, mucho menos adelantó criterio sobre la constitucionalidad de ningún texto”, dice el comunicado de la CSJ.
La Sala asegura que la reunión fue sin agenda establecida, solamente se escuchó la exposición por parte del presidente de la República sobre la situación del desarrollo de la pandemia por COVID-19 y de la necesidad que tenía el gobierno de contar con una ley para combatirla.
“Los integrantes de la Sala nos limitamos básicamente a reiterar la contribución y la jurisprudencia constitucional, lo anterior puede ser confirmado por los otros invitados que asistieron”, agrega el comunicado del máximo órgano de justicia.
La Sala asegura que en la referencia echa en la misma cadena del sábado, sobre la participación de un empleado de la Corte, los magistrados aclaran que su presencia fue una reunión posterior con diversos actores, con el único propósito de facilitar y explicar si eran necesarios los alcances de la jurisprudencia constitucional, “por lo que se reitera la falsedad de las acusaciones vertidas por el presidente de la República”, dijo.
“Esta Sala, independientemente de las amenazas institucionales y personales de cualquiera de las cuales es objeto, seguirá cumpliendo con su misión de defender la Constitución y los derechos fundamentales de las personas en las diferentes demandas que se presenten tal como lo ordena el artículo 235 de la Constitución de la República”, puntualizó.
Además, la Sala no rechaza que ha asistido a diferentes invitaciones a reuniones con actores políticos y funcionarios de gobierno, así como también del cuerpo diplomático y con organismo internacionales, lo que si rechazan de forma contundente son las aseveraciones del Presidente Bukele.
Presidente veta decretos por temor a la transparencia dicen diputados de oposición
El anuncio presidencial de otro veto causó reacciones en diputados de oposición quienes dicen que el temor a la transparencia es una de las razones que motivan al Órgano Ejecutivo a frenar los decretos emitidos por la Asamblea Legislativa.
Esta vez el mandatario dijo que no sancionará la ley de emergencia aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado jueves.
La diputada del FMLN, Yanci Urbina, dijo que el veto a esta ley revela la intolerancia que tiene el presidente de la República a medidas creadas con acuerdos legislativos.
“Entre medias verdades que confesó, nosotros esperamos cómo está el Estado en las finanzas públicas, que revele qué ha hecho con los recursos de los salvadoreños, que rinda cuentas, que explique dónde están los recursos que ha manejado durante esta cuarentena, esta emergencia que son millones de millones, cientos de millones de dólares que ha estado manejando a discreción, bajo esta situación que ha tenido de emergencia. Esos son elementos que deberían de salir y pronto porque realmente es una parte que debe saber la población”, indicó Urbina
Por su parte, el diputado de ARENA, Norman Quijano, recordó que los señalados de haberse reunido con el Gobierno ya se desmarcaron de esas acusaciones. Se trata del fiscal general de la República, el embajador de Estados Unidos y diputados.
Ante esto, Quijano puntualizó las razones por las que el presidente de la República veta constantemente los decretos legislativos.
“No nos extraña, es que el gran problema para este Gobierno es que no quiere, en primer lugar, el acceso a la información. Hay dos grandes obstáculos para que esos decretos sean sancionados, ellos ven que la oficina de acceso a la información va a poder estar tramitando todas las peticiones y el otro de la contratación directa. Si esos dos temas no estuvieran en agenda, yo les aseguro que todos esos decretos hubieran sido sancionados”, dijo Quijano.
Los diputados de oposición señalaron que el nuevo Decreto Ejecutivo número 31 repite las inconstitucionalidades que han tenidos los anteriores emitidos por la Presidencia de la República.
Pero a juicio del diputado del actual partido de gobierno GANA, Guillermo Gallegos, no es así.
“Yo no considero que sea inconstitucional. Lo que hace el decreto 31 es establecer, principalmente, zonas epidemiológicas en el país y lo otro que lleva de mayor peso es la fase de reactivación económica”, expresó Gallegos.
Los diputados y diputadas de los partidos de oposición agregan que la reactivación económica anunciada por el Gobierno tiene incoherencias que afectan a los pequeños y medianos empresarios, como iniciar labores sin transporte público. Habrá muchas personas que no pueden pagar taxi porque no todos han estado recibiendo un salario. También ha quedado demostrado que hay empresas que no pueden ofrecer transporte a su personal, algunas bajo el argumento de las pérdidas que han tenido durante la cuarentena aplicada por el Órgano Ejecutivo.
