Uruguay: masiva marcha contra la Ley de Urgencia y por una renta básica universal
PIT-CNT y la Intersocial se movilizaron en reclamo por el ingreso transitorio de emergencia y contra la LUC
Aunque sobre las veredas la estructura se desdibujaba, los cientos de trabajadores que permanecían de pie en la calle frente al estrado ubicado en Avenida del Libertador respetaban la distancia de un metro recomendada, parados sobre círculos equidistantes pintados en el suelo por la organización, que también repartía tapabocas gratis para quienes no llevaran uno. La primera concentración masiva del PIT-CNT y la Intersocial, en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19, comenzó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los hechos violentos ocurridos el último fin de semana, seguido de la entonación del himno nacional.
La movilización se basó en la plataforma elaborada por la Intersocial, que comprende diversos puntos. Uno de los centrales es el ingreso transitorio de emergencia, equivalente a un salario mínimo nacional, para trabajadores informales o desempleados. El discurso estuvo a cargo del secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, quien lamentó que el Poder Ejecutivo “se venga negando a esta propuesta, que genera la simpatía de la mayoría de la población” y aseguró que esta iniciativa aplicada por un período de tres meses “significaría un 0.75% del Producto Bruto Interno”. Asimismo, señaló que si bien inicialmente beneficiaría “a las familias más desposeídas”, en consecuencia favorecería a “la circulación de dinero, al pequeño comercio y al pequeño productor agropecuario que vive de la demanda interna”.
“Esta enorme movilización es una mano tendida a todos los orientales, especialmente a los más vulnerables. No es un palo en la rueda, no es, como llaman algunos, un estorbo. Es un llamado de atención de las políticas que debemos construir en este momento de pandemia para que efectivamente sea realidad la verdad artiguista de que los más infelices sean los más privilegiados”, manifestó Abdala, acompañado en el escenario por los integrantes de la Intersocial, mientras el presidente de la central sindical, Fernando Pereira, observaba y escuchaba desde la calle, en la primera fila de espectadores.
Abdala afirmó que la crisis derivada de la pandemia por covid-19 es de un “nuevo tipo”, por lo que requiere “respuestas inmediatas de nuevo tipo”. En ese sentido, consideró que “son necesarios todos los esfuerzos para que se mantengan los vínculos laborales actuales de las trabajadoras y los trabajadores con las empresas” y que “los mayores esfuerzos del país tienen que estar al servicio de la generación de trabajo y empleo para las uruguayas y los uruguayos”. No obstante, afirmó que la central obrera “no entra en el falso dilema trabajo versus salario, porque, en primer lugar, es importante sostener el ingreso de los hogares más castigados, ya fuertemente golpeados por la pérdida de fuentes de trabajo y la disminución de los ingresos que implica el seguro de paro”.
“Es absolutamente clave, pensando en la reactivación futura y especialmente de las miles de pequeñas y medianas empresas cuyos negocios están asociados a la suerte de la demanda interna, proteger los ingresos y el salario de los trabajadores”, continuó Abdala, y señaló que esto se acentúa “cuando la inflación trepa a 11%; inflación que tiene una explicación”. El dirigente enumeró tres razones, a su entender, del aumento: la suba del dólar promovida por los sectores vinculados al capital, la suba de tarifas públicas definidas por el gobierno, “cuando en realidad había que tener la mano tendida a los ingresos de los trabajadores y el pueblo en el inicio de la pandemia”, y “los precios de especulación abusivos”.
El programa de la Intersocial también incluye el control de precios de los productos de primera necesidad, una canasta de servicios esenciales como supergás, electricidad, internet y agua corriente y una ley que impida los desalojos a los inquilinos y los juicios ejecutivos a quien se ha endeudado.
Una ley “regresiva”
El punto elegido para realizar el acto de este jueves no fue casualidad: se eligió la esquina de Avenida del Libertador y Avenida de las Leyes, a metros del Palacio Legislativo, porque uno de los ejes de la plataforma de la Intersocial es el rechazo a la ley de urgente consideración (LUC), que comenzó a votarse el miércoles en el Parlamento. “Ni por el momento, ni por la forma, ni por el contenido creemos sea una iniciativa a la altura de las necesidades de las grandes mayorías nacionales y populares”, sostuvo Abdala. A su entender, “hay un sentido debilitante de libertades individuales en los capítulos sobre seguridad” del proyecto, y consideró que la iniciativa “no va contra el derecho de huelga en su modalidad de ocupación de los lugares de trabajo”, sino “contra la huelga pacífica”.
En la misma línea, la senadora frenteamplista Carolina Cosse dijo a la prensa que la ley “va en reversa de todas las indicaciones y los consejos” de la academia y los organismos internacionales competentes en la materia y advirtió que “no cambia el proyecto del país, cambia el país”. La ex ministra de Industria señaló que “en parte se minimizaron los daños” con la intervención del Frente Amplio y las más de 100 organizaciones sociales que comparecieron ante la Comisión Especial, pero lamentó que “quedan en esta ley grandes heridas”.
“Ahora se está discutiendo lo que tiene el título de seguridad, que en realidad genera problemas nuevos. Vamos a discutir el capítulo de educación, que verdaderamente ataca las bases generadas por [José] Artigas, por [José Pedro] Varela, por Pepe Batlle en la concepción de la educación en Uruguay. Es muy grave el contenido”, advirtió la legisladora, que cuestionó la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la sesión del miércoles. “Yo hubiera preferido una visita del presidente para demostrar su apoyo a una ley que votara la renta básica transitoria para los más de 270.000 uruguayos que pasaron al seguro de paro. Ese hubiera sido un gesto de sensibilidad mayor. Nos vino a visitar en el marco de lo que, yo entiendo, es un abuso de una excepción constitucional”, sentenció.
Pereira, por su parte, coincidió en que el texto final “es un texto regresivo”, aunque destacó que “no es el mismo que se presentó al Parlamento”. “Las urgencias de la gente tienen que ver con que haya trabajo”, dijo a la diaria, “no con lo que el Parlamento está discutiendo, que intenta limitar el derecho de huelga y la participación docente y [establecer] una ley de inclusión financiera que, desde nuestro punto de vista, va a cambiar la relación obrero-patronal en el sentido del cobro por efectivo”, puntualizó.
El dirigente indicó que los técnicos del PIT-CNT están analizando el documento y que la central se pronunciará al respecto una vez que termine ese estudio. Respecto de la posibilidad de promover un referéndum, sostuvo que “decirlo hoy sería irreflexivo, porque primero precisamos analizarlo nosotros y el resto de las organizaciones sociales y políticas del país, y requiere consensos muy amplios”.
Pit-Cnt realizó paro general contra la LUC: “La emergencia es la gente”
Bajo la consigna “La emergencia es la gente”, la central sindical llevó a cabo, este jueves, su primer paro general parcial con una movilización frente al Palacio Legislativo, mientras se votaba el articulado de la Ley de Urgente Consideración (LUC).
l Secretario General del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, afirmó que «la LUC no tiene nada que ver con la emergencia nacional, ni en forma ni en contenido».
Los ejes centrales de las propuestas son «para hacer frente a la crisis económica y sanitaria que atraviesa el país y que afecta en gran medida a los sectores más vulnerables de nuestro pueblo», afirmaba la Intersocial, el martes 4 en el local de FUCVAM.
El Pit-Cnt, reunido en SUTEL el 27 de mayo, planteó una plataforma de cinco puntos: en defensa de la salud del pueblo, en defensa del trabajo, por las propuestas planteadas por la Intersocial, en defensa del salario y los ingresos del pueblo, y contra la LUC.
Destacan, entre estas propuestas:
-Una renta básica de emergencia por 3 meses por un monto igual al Salario Mínimo Nacional
-La defensa del poder de compra y de los puestos de trabajo (más de 200.000 personas han solicitado seguro de desempleo debido a la crisis generada por las medidas para contener la epidemia de coronavirus)
-Y que la pandemia «no agrande la desigualdad»
Según Abdala, uno de cada cinco asalariados del país está en seguro de paro: «Es necesario no escatimar recursos en apoyo a las pequeñas y medianas empresas que apoye el desarrollo de la industria nacional».
La movilización se realizó con una convocatoria a respetar el distanciamiento social, para lo cual los organizadores pintaron puntos blancos en la calle sobre los que recomendaron pararse. También repartieron tapabocas y alcohol en gel.
Capítulo sobre seguridad y legítima defensa avivó el debate en el Senado sobre LUC
La Cámara de Senadores continuó ayer discutiendo y votando artículo por artículo la ley de urgente consideración que, en general, ya fue aprobada este miércoles con los votos de la coalición multicolor. Ayer, durante casi todo el día, se discutió el capítulo de seguridad, con el cual el Frente Amplio estuvo de acuerdo en algunos puntos pero en otros, tajantemente, no.
El senador frenteamplista y exministro del Interior, Eduardo Bonomi, fue contra el primer artículo de este apartado, que amplía los supuestos de legítima defensa e incluye un apartado sobre la Policía que generó polémica en el Plenario. «Los delincuentes se van a volver mucho más violentos», señaló Bonomi.
Por su parte, el senador nacionalista Carlos Camy dijo que la ley sirve para defender «a las víctimas potenciales y a los inocentes». La discusión se enardeció, por lo que la presidenta de la Cámara, Beatriz Argimón, tuvo que pedir calma en varias oportunidades. Desde el Frente Amplio están en contra porque entienden que este artículo prioriza el derecho a la propiedad sobre el de la vida. Ante esto, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, indicó que si ella fuera víctima de un robo tiene derecho a defenderse. «Esa es la legítima defensa, pero de ahí a inferir que los que estamos de acuerdo con este capítulo de seguridad priorizamos la propiedad sobre la vida no lo voy a aceptar y lo considero una ofensa republicana», denunció.
Por otro lado, el senador del Frente Amplio José Carlos Mahía reiteró que entiende que la norma que se propone prioriza la propiedad sobre la vida. «Tengo todo el derecho a decir y pensar que esta norma tiende a esa consecuencia y ese resultado», sentenció. Gustavo Penadés, coordinador de bancada del Partido Nacional, negó esos dichos, acusando a la oposición de dar sus interpretaciones como hechos, a lo que Óscar Andrade retrucó diciendo que «no es una interpretación de la norma».
«La norma lo que dice es que cambia el criterio de la legítima defensa anterior, donde se requería agresión ilegítima que sea actual e inminente a que cuando te afectan un derecho patrimonial puede ser que no haya agresión para que se entienda que estás amparado por la legítima defensa», indicó.
«Es un error enorme la incorporación de la legítima defensa a una ley de urgente consideración, pero es todavía más grande modificarla sin tener consenso político», explicó Andrade. A su vez, señaló que esto «se advierte no solo por el Frente Amplio sino por los especialistas en derecho penal». «Es equivocado no construir acuerdos y hacerlo en contra de lo que dicen los especialistas», agregó.
Camy apuntó que «acá estamos hablando de defensa de los derechos humanos en su esencia. Estamos defendiendo a la víctima, esa es la razón que inspira esta necesidad de modificar este artículo». «Se busca introducir pautas que permitan objetivar la apreciación de la racionalidad de la defensa ante el ataque», añadió.
En cuanto al aumento de penas, para Mahía «la propuesta que propone el gobierno no va a traer soluciones, sino que va a traer más problemas». «El mensaje que se transmite es que con este aumento de penas usted va a vivir sin problemas. No va a tener problemas de inseguridad y va a estar más seguro. Ese es el mensaje. Y estamos convencidos que esta herramienta, el instrumento jurídico, cambia una jurisprudencia que tiene 90 años aproximadamente; y plantea una cantidad de conceptos vagos», agregó. «Creemos que es una normativa que es punitivista y que tiene el incremento como eje central de su búsqueda de la solución del problema» por lo que la considera «equivocada», agregó el legislador frenteamplista.
Abreu indicó que «en este tema estamos hablando de las causas de justificación que exime la responsabilidad penal y hay varias causas. Para que uno vea el grado de subjetividad que tiene el juez, que es el que interpreta la situación y decide eximir u otorgar responsabilidad».
Luego de haber votado a favor, el senador colorado Germán Coutinho señaló que está «convencido de que es una herramienta necesaria para el cambio». Por su lado, Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, expresó que cree que estas normas «no privilegian la propiedad sobre la vida». «No estamos en una discusión entre la propiedad y una vida. Estamos en un debate entre una vida y otra vida. Y en ese caso yo sé muy bien en qué lado me debo poner y por eso he votado lo que he votado», acotó Sergio Botana.
Carrera dijo que hay que «respaldar a la policía» pero que «este camino no es el correcto». «No compartimos el camino de crear figuras autónomas cuando ya existen delitos que prevén esas situaciones. Y no queremos que se diga que nuestra fuerza política no respalda a la policía», añadió. «Es bueno que avancemos en la prevención de estas cosas porque uno tiene que ver que hay temas en el mundo de las relaciones y del orden público que son contagiosos», afirmó Abreu.
Respecto al artículo que refiere al agravio a la autoridad policial, Carrera puntualizó que «atenta contra lo que es el derecho de reunión, de libertad de expresión». «No existe motivo alguno para que este tipo de normas sean legisladas en nuestro reglamento. Modestamente entendemos que cuando se habla de respaldar a los efectivos policiales no se pueden proponer este tipo de disposiciones», señaló.
Para el senador frenteamplista Daniel Olesker, en tanto, se debería establecer una escala de insulto a policías. «Salvo que se nos diga que va a haber una escala de insulto, como bajo, medio y alto. El riesgo de que un insulto de cualquier tipo sea integrado aquí está», reflexionó. «Nuestra tarea es advertir que tal como está redactado no da garantías. Tampoco entendemos cuál es la diferencia si lo hacen tres o más personas», añadió.
Botana dijo que defienden que se considere «agravio al que insulte al policía cuando está en funciones». «Defendemos el trabajo del policía y damos un voto de confianza a que la Justicia tendrá la sabiduría para definir con equilibrio», dijo.
Cosse: «Me preocupa que se esté hipotecando el futuro de nuestros niños»
La senadora del Frente Amplio dijo a LA REPÚBLICA que lo que más le preocupa en estos 5 años de gobierno multicolor «es el destino de las personas. Sobre todo las personas más frágiles, adultos mayores, los jóvenes, las desempleadas. Me preocupa que se esté hipotecando el futuro de nuestros niños».
Señaló que le genera preocupación, con este asunto de la pandemia. 260.000 personas en el seguro de paro es una cifra histórica. Ante esto sus prioridades, continúe en el Senado o logre acceder a la Intendencia de Montevideo, «serán el trabajo, no me cabe dudas». Desde el lugar que me toque estar, hacer todo lo posible para promover la innovación, promover el trabajo, para tratar de conseguir los mayores estímulos posibles en la inversión privada, para generar obra pública, crear trabajo».
«Por más difíciles que parezcan las circunstancias nosotros siempre tenemos que recordar quiénes somos en realidad, hay que hacer ese esfuerzo una y otra vez, no hay que tener miedo, hay que sobreponerse a los miedos. Los aislamientos no ayudan mucho en esto, hay que sobreponernos, pensar siempre qué es lo que está bien, hacer lo que sentimos que esté bien y recordar que de uno en uno no somos nada. Esto tiene que ser un ánimo colectivo compartido. Siempre hay que seguir y me comprometo a estar donde debo estar», reflexionó.
Concluyendo se refirió a la LUC y el logro de que temas vinculados a Antel no estén en la misma: «Nosotros logramos, todos logramos que salieran los artículos referidos a Antel, de Ancap, pero siguen quedamos cosas muy graves. No está todo bien, hay cosas graves», comentó Cosse, tras remarcar artículos en Colonización, seguridad, inclusión financiera, entre otros temas.
La inflación en mayo superó el 11% acumulado, el mayor valor desde 2003
Este miércoles 3 de junio, el Instituto Nacional de Estadística presentó su informe sobre la evolución del IPC correspondiente a mayo de 2020.
En el estudio se indica que “en mayo 2020 el IPC registró una variación mensual de 0,57%, acumulada en el año de 6,77% y en los últimos 12 meses de 11,05%”.
Se trata del valor más elevado desde octubre de 2003, es decir, luego la crisis económica y financiera que se generó en 2002, durante el gobierno de Jorge Batlle.
De acuerdo al INE, en enero de 2020, la inflación acumulada fue de 8,7%, en febrero 8,3%, marzo (9,1%) y abril (10,8%).
Variaciones
Por otro lado, el INE detalló las variaciones del IPC. En tal sentido indicó que en el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” la variación fue de 0,96%, con respecto a las frutas fue de 1,11% y se explica por aumentos en naranjas (5,76%), frutillas (8,84%) y manzanas (9,6%) y bajas en limones (-28,45%), mandarinas (-6,96%) y bananas (-4,87%). En legumbres y hortalizas la variación fue de 2,54%, por subas en zapallitos (18,25%), tomates (9,58%), morrón (20,43%) y papas (4,66%) y bajas en acelgas (-7,34%), espinaca (-19,8%), lechugas (-14,57%) y zanahorias (-14,83%).
Con respecto a las “Prendas de vestir y calzado” la variación fue de 1,82% y se explica por subas en ropa de mujer (1,28%), ropa de hombre (2,84%), ropa de niño (1,51%) y calzado de mujer (5,24%).
Mientras que en “Bienes y servicios diversos”, la variación es de 1,25% y se explica por aumentos en seguros de automóvil (2,67%).
