Amazonía: se multiplican los reclamos de indígenas en Ecuador, Colombia y Perú
Ecuador | Confenaie reclama atención eficiente del estado ante pandemia
La confederación de indígenas amazónicos de Ecuador reclamaron el jueves 21 mayo del 2020 al estado que les brinde atención eficiente ante la pandemia de coronavirus, que según alegan deja 73 contagios y cinco muertos en sus comunidades.
“ El Estado ha prestado atención, pero no de una manera eficiente”, dijo Andrés Tapia, portavoz de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), en rueda de prensa virtual.
Agregó que los recursos estatales para enfrentar el coronavirus se han concentrado en zonas urbanas, dejando en el desamparo a pueblos indígenas.
Tapia señaló que no se ha dado un “tratamiento específico ante la altísima vulnerabilidad que tienen las nacionalidades” aborígenes de la Amazonía.
Algunas etnias amazónicas también se han visto afectadas por inundaciones a causa de fuertes lluvias y el derrame de 15 000 barriles de petróleo y combustibles en abril, que contaminó tres ríos.
El portavoz de la Confeniae indicó que hay “73 casos confirmados en al menos cinco nacionalidades, siendo la nacionalidad kichwa la que tiene más casos”.
«En la Amazonía registramos ya 73 casos confirmados de coronavirus en las nacionalidades amazónicas y los datos los hemos tenido que confirmar nosotros ante la falta de datos desagregados», Andres tapia dirigente de comunicacion de la confeniae pic.twitter.com/9FGIXZWeO9
— CONFENIAE (@confeniae1) May 21, 2020
Anotó que en la región amazónica de Ecuador se han detectado 44 contagios en el pueblo kichwa, doce en el achuar, ocho en el shuar, siete en el siekopai y dos en el waorani.
El ministerio de Salud reportó el domingo el primer caso de covid-19 entre indígenas waorani, emparentados con los pueblos nómadas y en aislamiento voluntario taromenane y tagaeri, de los que se desconoce cuántos viven y las únicas huellas de su existencia son fotografías, lanzas y utensilios.
Tapia manifestó que además cinco indígenas kichwa murieron a causa de la pandemia en las provincias de Napo y Pastaza (ambas al este) . Esta última es fronteriza con Perú.
Añadió que otros tres nativos fallecieron con síntomas asociados a la enfermedad.
Ecuador es una de las naciones latinoamericanas más golpeadas por el coronavirus, con casi 35 300 casos, incluidos cerca de 3 000 muertos. Las autoridades además reportan 1 880 fallecidos probables por el virus.
El balance oficial no disgrega la información, por lo que se desconoce la cifra de infectados entre los indígenas del país, que representan un 25% del total de la población (de 17,5 millones de habitantes) .
La ONG Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador alertó que la propagación del virus “podría ser catastrófica y altamente letal” en comunidades indígenas amazónicas.
Ante el abandono de las comunidades, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) solicitó ayuda internacional humanitaria para enfrentar la covid-19.
Los aborígenes de los nueve países que comparten la Amazonia también pidieron al mundo un aporte urgente de USD 5 millones como ayuda para evitar la extinción de su gente, guardiana del mayor bosque tropical que mantiene atrapadas unas 200 000 millones de toneladas de carbono, de acuerdo con la ONU.
Ecuador: COVID-19 llega a los indígenas waorani mientras que otros pueblos enfrentan nuevos problemas
Hay dos casos confirmados de COVID-19 en la comunidad waorani de Miwaguno. Por lo menos 10 personas presentan síntomas asociados y un anciano murió pero no se le realizó ninguna prueba. Este pueblo es de contacto reciente y hay temor pues habita cerca de los tagaeri y los taromenane, indígenas en aislamiento y no contactados en Ecuador.
La audiencia de la demanda por el derrame de petróleo sobre el río Coca, causado por la erosión de la cascada San Rafael, ha sido aplazada dos veces y los indígenas kichwa siguen afectados por la contaminación. Se rompió el único puente colgante que comunica con el territorio de los indígenas Cofán de Sinangoe y piden ayuda del gobierno pues hay mujeres a punto de dar a luz y personas con complicaciones de salud.
El COVID-19 sigue acechando a las nacionalidades indígenas de Ecuador. Hace dos semanas los siekopai denunciaron la gran vulnerabilidad en que se encuentra su pueblo, de menos de 800 personas, donde ya se reportan 14 casos positivos y dos de sus ancianos murieron con síntomas asociados a la enfermedad pero no se les realizaron pruebas. En un nuevo pronunciamiento el 19 de mayo, los líderes siekopai informaron que se han hecho 80 pruebas rápidas de las cuales 30 dieron positivo y que a través de pruebas PCR se confirmaron siete casos más. Además, el hijo de uno de los mayores que falleció hace unos días hoy presenta sintomatología asociada a la enfermedad, tiene pronóstico grave y permanece en unidad de cuidados intensivos.
A este panorama se suma la nueva denuncia de los waorani, otra nacionalidad indígena amazónica. Uno de sus ancianos falleció, otro se encuentra en grave estado de salud y una joven embarazada está siendo atendida en una clínica en el sur de Quito. Además, en una de las comunidades hay dos casos confirmados pero el sistema de salud de las zonas donde habitan, en las provincias de Napo, Pastaza y Orellana, es precario.
Los indígenas Cofán de Sinangoe, por otro lado, se encuentran aislados, sin acceso a alimentos y medicamentos, pues el puente que atraviesa el río Aguarico, y comunica su territorio con vías provinciales y nacionales, se rompió el pasado 18 de mayo. Y, como si esto no fuera suficiente, aún no se realiza la audiencia de la demanda que interpusieron indígenas kichwa, junto con algunas ONG y la Iglesia Católica, por el derrame de petróleo del 7 de abril sobre los ríos Coca y Napo, causado por la erosión de la cascada San Rafael, tema que Mongabay Latam ha reportado desde febrero pasado.
Miembros de la nacionalidad siekopai en territorio ancestral siekopai, Amazonía ecuatoriana. Foto Amazon Frontlines y Alianza Ceibo.
“Cuando estaba muy grave, y ya no podía caminar, lo trasladaron en la noche al centro de salud. En su idioma [waorani] manifestó que no podía respirar, que sentía el cuerpo caliente y quería vomitar, luego de decir eso, murió. En ese centro no había siquiera oxígeno, solo le tomaron la temperatura”, así relata Oswaldo Nenquimo, vocero de Resistencia Waorani, el fallecimiento de Carlos Bay Ima, pikenani (abuelo) de la comunidad de Bataburo.
El anciano falleció luego de varios días de estar gravemente enfermo en su casa y, a pesar de que tenía síntomas asociados a covid-19, no se sabe si murió debido a la enfermedad pues nunca le hicieron una prueba.
Cuando su estado de salud se complicó, lo trasladaron a un pequeño centro de salud a 15 minutos de la comunidad. Sin embargo, estos lugares no cuentan con dotación para enfrentar el COVID-19 ni con personal médico suficiente. Los waorani tienen miedo de que trasladen a sus familiares a hospitales pues existe una orden del gobierno que dice que en caso de que una persona fallezca, será enterrada en el lugar donde murió y no podrían tener el cuerpo de regreso en territorio indígena. Es por eso que otro anciano que se encuentra muy grave no ha querido salir de su casa y los familiares de una mujer de 21 años, en estado de embarazo y positiva para la enfermedad, desean retirarla de un hospital en Quito para que se aísle en su territorio.
“Perder un anciano, en cultura waorani, es perder sabiduría y conocimiento. Estamos muy preocupados por nuestros ancianos, no queremos seguir perdiendo a nuestros jefes guerreros”, dice Nenquimo.
María Espinosa, defensora de derechos humanos de Amazon Frontlines y quien asesora jurídicamente a los waorani, menciona que hay 11 comunidades donde algunos de sus miembros presentan síntomas relacionados a COVID-19. En la provincia de Pastaza están: Toñampare, compuesta por 58 familias; Meñepare con 16, Obepare con 5; Nemompare con 9 y; Bataboro con 34. En la provincia de Napo: Gareno con 30 familias y Konipare con 11. En la provincia de Orellana: Miwaguno con 34 familias; Yawerpare con 18; Guillero con 20 y Dicaro con 37.
Para Espinosa, esta situación podría traer otro enorme problema pues varias de estas comunidades waorani están muy cerca de la zona intangible y el área por donde suelen transitar los tagaeri y taromenane, indígenas en aislamiento voluntario y no contactados.
Oswaldo Nenquimo asegura que desde finales de abril los waorani le solicitaron al Ministerio de Salud Pública que interviniera de manera urgente pero, en una visita que hicieron a la comunidad de Miwaguno, simplemente dijeron que se trataba de gripes fuertes. Según dice, el personal del Ministerio no llevó elementos de bioseguridad ni realizó pruebas de COVID-19 a la comunidad. “Hemos creado nuestros propios protocolos y resistido con nuestras medicinas naturales pero no podemos contener el virus”, dice Nenquimo.
Por ahora, los indígenas saben que hay por lo menos 10 personas con sintomatología asociada a COVID-19 y que el Ministerio está llegando a algunas de esas comunidades donde al parecer hay casos activos: Miwaguno, Guillero y Bataboro. “El deseo de los waorani es que se ingrese a las 58 comunidades de la nacionalidad”, dice Espinosa. Sin embargo, esto no es fácil. Oswaldo Nenquimo asegura que varios médicos de centros de salud cercanos, en medio de la desesperanza, les han dicho que traten de conseguir donaciones para comprar pruebas pues el Ministerio no tiene recursos.
Se han tomado varias pruebas pero se desconocen los resultados y no se sabe cuándo llegarán. Mongabay Latam ha intentado contactarse con el Ministerio de Salud pero ha sido imposible obtener respuesta.
El caso de los waorani no es sencillo. “Apenas tenemos 50 años de contacto con el mundo occidental, nuestros pikenanis (abuelos/ancianos) pueden ir muriendo poco a poco. Es imposible hacer aislamiento en casas porque en nuestra cultura las casas no son divididas, compartimos ollas, platos”, dice Nenquimo.
El Ministerio de Salud, como es sugerencia a nivel mundial, insiste en que se debe mantener el distanciamiento social pero en la cultura waorani muchos no tienen baños ni letrinas, así que la gente accede a zonas comunitarias en el bosque. No hay ducha, así que van al río a bañarse.
“Los procedimientos de atención deben ser concertados con las autoridades waorani y contar con la participación activa no solo del Ministerio de Salud sino del Centro de Operaciones de Emergencia (COE)”, asegura la abogada Espinosa.
Los indígenas piden que los centros de salud cercanos a sus territorios sean debidamente equipados pues muchos no cuentan ni siquiera con oxígeno. También le piden al Ministerio de Salud que, por lo menos cada tres días, informe a las autoridades waorani sobre las intervenciones y hallazgos en las comunidades. También solicitan que los cercos epidemiológicos y aislamientos garanticen acceso a alimentación y elementos de bioseguridad que tengan en cuenta el componente cultural.
María Espinosa considera que es importante que el gobierno prohíba el acceso de terceros a la zona intangible tagaeri y taromenane. Cerca de estas áreas hay actividad forestal y petrolera autorizada por el Estado que “deberían ser suspendidas, por lo menos de manera temporal, hasta que se supere el riesgo de expansión del COVID-19”, menciona.
Los indígenas ecuatorianos se encuentran en grave peligro y así lo dijo el pasado 18 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “La Comisión expresa su alarma por posible propagación del COVID-19 en territorio del pueblo waorani de contacto reciente en Orellana […] destaca con preocupación los altos riesgos del COVID-19 para pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, por su alta vulnerabilidad inmunológica ante nuevos patógenos”.
El pasado 7 de abril las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) de Ecuador se rompieron y causaron un gran derrame de petróleo sobre las aguas del río Coca, aguas arriba de la antigua cascada de San Rafael, un icónico lugar en el parque Cayambe Coca, entre las provincias de Napo y Sucumbíos.
Se estima que cerca de 15 800 galones de crudo cayeron al agua y las comunidades kichwa que viven río abajo solo se dieron cuenta de lo sucedido en la mañana del 8 de abril, cuando varias personas empezaron a denunciar. Los indígenas han pedido reparación y al considerar que se violaron sus derechos, la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y los Obispos de los Vicariatos de Orellana y Sucumbíos presentaron, el pasado 29 de abril, una acción de protección con medidas cautelares a favor de aproximadamente 120 mil personas afectadas por el derrame de crudo.
Mongabay Latam reportó en febrero de este año la desaparición repentina de la cascada San Rafael por procesos erosivos. En el reportaje San Rafael: ¿Cómo la cascada más alta de Ecuador desapareció repentinamente el 2 de febrero? expertos geólogos e hidrólogos alertaron que se aceleraría un proceso de erosión regresiva que podría afectar diversas infraestructuras aguas arriba del río Coca, entre las cuales están los oleoductos colapsados el 7 de abril. Este es precisamente uno de los argumentos que se plantea en la demanda.
La audiencia debió celebrarse el 12 de mayo pero la aplazaron para el 18 del mismo mes. El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables pidió nuevamente el aplazamiento al indicar que no había sido posible “acceder al expediente” en la emergencia sanitaria y la nueva fecha esta vez es el 25 de mayo, un día feriado en Ecuador.
En un comunicado, los demandantes dijeron que el Consejo de la Judicatura tenía que digitalizar los expedientes para facilitar el acceso que las partes requieren y al que tienen derecho. “Debemos recordarles al Consejo de Judicatura y al juez de la causa que si la audiencia se sigue aplazando, se desnaturaliza a la acción de protección como recurso ágil, sencillo y efectivo”, dice.
En el documento también se advierte que se mantiene el estado de desprotección y vulnerabilidad por los ríos y tierras contaminadas que impiden a las víctimas contar con el agua y la alimentación adecuadas en un contexto de emergencia sanitaria por la pandemia.
Debido a los aplazamientos, los demandantes le pidieron al Consejo de la Judicatura que utilice sus canales públicos para transmitir la audiencia cuando esta se realice.
“La audiencia está programada para el lunes 25 de mayo, estamos esperando que el juez responda la petición de medidas cautelares que le hemos hecho por el riesgo que representa, nuevamente, el avance de la erosión regresiva de la cascada sobre la infraestructura petrolera”, asegura María Espinosa.
En medio de las fuertes lluvias que caen sobre la Amazonía ecuatoriana, uno de los cables del único puente colgante que pasa sobre el río Aguarico y comunica el territorio Cofán con vías provinciales y nacionales, se rompió el 18 de mayo.
“Gestión de riesgos y las autoridades regionales atendieron nuestro llamado. Estamos esperando que arreglen el puente pues adquirimos alimentos y medicinas de afuera. Con la emergencia del COVID-19 todo esto nos preocupa”, le dijo Nixon Lucitante, indígena y líder de la guardia Cofán de Sinangoe, a Mongabay Latam.
Nadie puede entrar ni salir del territorio Cofán. Los indígenas están preocupados porque tres mujeres están próximas a dar a luz y no hay ningún otro paso terrestre. “Hay varios adultos mayores que necesitan medicación y, precisamente, el presidente de la comunidad había coordinado que esta semana, en el contexto de la emergencia, entrara un médico para revisarlos y llevarles las medicinas. Eso ya no podrá ser”, asegura Jorge Acero, asesor jurídico de los indígenas.
El paso fluvial también presenta dificultades pues hace unos días una creciente del río se llevó el bote de la guardia indígena y para estas fechas el río está caudaloso y profundo. Lucitante dice que están trabajando en la construcción de una nueva canoa pero insisten en que necesitan el rápido arreglo del puente.
Colombia | Por coronavirus en Amazonas, entutelan al Presidente y su gabinete
Por considerar que la situación generada por el coronavirus en el departamento de Amazonas y su capital, Leticia, desborda y sobrepasa, por un lado, los poderes del gobierno local y departamental y, por otro, la capacidad de respuesta a la emergencia, la Procuraduría y varios ciudadanos interpusieron una acción de tutela en contra del presidente Iván Duque y su gabinete.
La principal pretensión de la tutela, radicada en el Tribunal Superior de Cundinamarca, es, según el médico Mauricio Díaz, uno de los accionantes, que haya una legislación para esta situación excepcional que vive el departamento pues hay un vacío jurídico que impide tomar decisiones rápidas y eficientes para enfrentar la pandemia.
Díaz explicó que así como hay una legislación para la atención de desastres, debe haber una clara y precisa para el manejo de esta emergencia. “Una vez basados en esa legislación, que el Gobierno gestione la emergencia. La tutela les dice cómo hacerlo, es una hoja de ruta con un puesto unificado que tenga la unidad de mando, la chequera y la claridad de lo que hay que hacer”.
La semana pasada, el contralor de Amazonas, Daniel Oliveira, le dijo a EL TIEMPO que “se estaban tomando decisiones desde un escritorio en Bogotá sin conocer la realidad del departamento”. Díaz tiene esa misma apreciación.
“No pueden tomar una decisión desde Bogotá si no conocen la realidad de los resguardos indígenas y si no tienen la experiencia. Aquí tenemos universidades, organizaciones no gubernamentales que tienen la experiencia y pueden informarlos realmente de lo que está pasando”.
Por ejemplo, agregó Díaz, sacan un decreto obligando a los ancianos a quedarse en sus casas, pero no les dicen cómo hacerlo, los encierran y eso produce un problema porque está mal hecho; y al otro día les dicen que vayan a reclamar un subsidio. Ahí no solo hay un riesgo, hay una cantidad de contradicciones e imprecisiones”.
Díaz insiste en que se están haciendo las cosas mal. “Si a las personas les explican cómo y por qué se debe actuar de esta o tal manera, y les facilitan los medios, no hay problema. Lo que debieron hacer fue facilitarles los medios, llevarles el mercado o carrotanques con agua, tapabocas; esto no se hizo”, concluye.
La tutela fue interpuesta por Ramón Esteban Laborde Rubio, procurador 29 Judicial Ambiental Agrario del Amazonas; el médico César Mauricio Díaz Rojas, quien durante más de 30 años ha trabajado con las etnias indígenas; el empresario Julián Benjamín Clavijo Cárdenas y William Yucuna Tanimuca, médico y autoridad tradicional del Amazonas.
Perú | Pobladores indígenas de la Amazonía peruana tienen sus propias reglas para frenar el COVID-19
Edgar Flores es un joven oriundo de Papayacu, una de las 65 comunidades amazónicas Wampis.
Gracias al apoyo del Centro de Apoyo para la Formación Profesional Indígena Bikut pudo estudiar Comunicación en la Universidad de Piura (UDEP). Se graduó con honores y hoy le devuelve a su comunidad todo lo que esta ha hecho por él; les da la visibilidad que merecen ante los ojos de todos los peruanos.
A través de un reportaje, Edgar ha intentado plasmar cómo afrontan los pobladores indígenas de la Amazonía peruana la crisis del COVID-19 y hacer un llamado de atención al Estado peruano para que sean tomados en cuenta con sus particularidades culturales, políticas y sociales. Aquí, su relato:
El Pueblo Wampis en tiempos de coronavirus
Cuando se habla de la población indígena de la Amazonía peruana es importante tener en cuenta la particularidad cultural política y social que esta ha establecido y desarrollado a través de los años, en su amplio y valioso territorio milenario. Por ello, es inevitable relacionar a estos pueblos con el vínculo estrecho que mantienen con la naturaleza: los bosques, ríos, lagunas y todo lo que abunda a su alrededor. Estos pueblos, a través la agricultura, la pesca y la caza siempre han sabido hacer uso de los recursos de la naturaleza de manera equilibrada para abastecer sus necesidades básicas como la alimentación.
Tomando en cuenta dicho contexto cultural, desde el 15 de marzo de 2020, fecha en que el Estado peruano declaró la emergencia nacional por el coronavirus, la población Wampis ha venido cumpliendo con los protocolos dados por el gobierno central. Sin embargo, las medidas optadas por el pueblo Wampis, para acatar el estado de emergencia han sido distintas a las empleadas en la ciudad.
En este caso, es necesario comprender que, por ejemplo, la inmovilización social obligatoria, tal como se vive en la ciudad, no ha sido adaptable a la realidad de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta que estos pueblos tienen sus propias costumbres y un modo de vida muy distinto.
Shapion Noningo Sesen, líder Wampis y secretario técnico del Gobierno Territorial Autónomo de Nación Wampis (GTANW), señala que la cuarentena en el territorio Wampis se ha acatado teniendo en cuenta las condiciones políticas y sociales en las que viven. Es por ello que la población se ha visto obligada a crear un plan de contingencia que se adapte a la realidad. Es así que la emergencia que está experimentando el pueblo indígena es muy peculiar y diferente a la de la ciudad.
Medidas para que el coronavirus no llegue a sus territorios
Foto: Marcio Pimenta.
En ese sentido, Wrays Pérez, presidente del Gobierno Territorial Autónomo de Nación Wampis (GTANW) y vicepresidente de Comité Multisectorial de Plan de Contingencia del distrito Río Santiago, precisó que durante la cuarentena el pueblo Wampis ha elaborado un plan de contingencia que consiste en cerrar sus fronteras para evitar el ingreso de las personas foráneas y la salida de los comuneros. Esta medida se ha tomado en coordinación con las bases militares de la frontera.
“Ahora estas fronteras están siendo vigiladas por los soldados y por los comuneros de la zona, quienes también se han sumado para resguardar”, afirma Pérez.
De esta manera, todos los límites territoriales del pueblo Wampis han sido cerrados: por el norte limita con el Ecuador; por el sur y el oeste con el pueblo Awajún; por el este, con el pueblo Achuar y Chapra. Dentro de este territorio, la mayoría de la población indígena Wampis vive agrupada en comunidades a lo largo de los ríos Santiago y Morona, y algunos pocos se encuentran alejados.
En cuanto a los indígenas que viven en las ciudades pero que por motivos de la pandemia desean retornar a sus comunidades, Pérez señala que están siendo ayudados con la entrega de canastas familiares, con el fin de que permanezcan en la ciudad y así evitar la propagación del virus a sus pueblos.
Al respecto, Atilio Nuningo Noningo, coordinador operativo de GTANW, señala que hasta ahora se ha hecho entrega de canastas a los 177 jóvenes que viven en la ciudad de Lima, algunos de ellos pertenecientes al pueblo Awajún del río Santiago; además, todavía se sigue gestionando para llegar a más jóvenes que viven en la ciudad y que por diferentes motivos han salido de su zona.
“En este momento GTANW está muy comprometido en ayudar a todos los jóvenes Wampis que viven en ciudades como Trujillo, Pucallpa, Piura y Bagua», afirma.
No obstante, Nuningo comenta que, a pesar de este apoyo, de todas maneras, existe gente que quiere regresar a sus comunidades porque, si bien las canastas recibidas son de gran ayuda en cuanto al tema de alimentación, también necesitan cubrir otras necesidades básicas. En ese sentido, la medida adoptada con dichos pobladores, consiste en que no sean ingresados directamente a los pueblos donde pertenecen, sino que cada comunidad ha acordado llevarlos previamente a una isla o a una vivienda alejada del pueblo, para que cumplan con la cuarentena correspondiente.
A raíz de esta iniciativa, algunas comunidades han formado un comité de vigilancia y otras han llevado a cabo un acuerdo para restringir la salida de los lugareños y las visitas de personas que vienen de otros pueblos.
Joel Tinin Naragkas, Apu de la comunidad de Candungos, ubicada en alto río Santiago, frontera con el Ecuador, comenta que desde que se declaró la emergencia nacional, fue el primer Apu en crear un comité de vigilancia, en coordinación con los comuneros para el control de la salida e ingreso de las personas.
En ese sentido, el Lic. Grover Wisum Ahuanari, integrante del comité de vigilancia de la comunidad de Candungos, manifiesta que si un comunero quiere salir a otro lugar, se le otorga una constancia de permiso con la firma del Apu, siempre y cuando haya un motivo de emergencia justificado.
Por su parte, el Apu de la comunidad de Chapiza, ubicada en bajo río Santiago, Leonidad Tserem Kajets, comenta que todavía no ha formado un comité de vigilancia en dicho lugar. Sin embargo, los pobladores han acordado restringir el ingreso de las personas que vengan de otra zona. Con respecto a la salida de sus comuneros hacia otro pueblo, señala que se están entregando constancias solamente cuando existe alguna emergencia.
Foto: Marcio Pimenta.
La cuarentena en el pueblo Wampis
Debido a que las comunidades han decidido restringir tanto la salida como el ingreso de sus comuneros, podemos decir que la población Wampis sí está cumpliendo con la cuarentena al mantenerse dentro de sus comunidades y priorizando las actividades que conlleven el abastecimiento de alimentación a sus hogares, como ir a la chacra, a pescar y a caza, sin salirse de los límites de su comunidad.
La cuarentena para los pueblos indígenas no ha sido permanecer en las casas, sino, más bien, buscar las medidas de supervivencia respetando los protocolos tomados en la comunidad.
Analizando esta nueva realidad, Wilco Flores Dávila, encargado de la Dirección Intercultural y Responsabilidad Social de Universidad Intercultural Fabiola Salazar de Leguía, manifiesta que la población Wampis no es ajena al cambio de ciertos comportamientos sociales frente a la emergencia sanitaria. Por lo tanto, priorizar las actividades básicas para la subsistencia ha sido una decisión pertinente.
“Quedarse en la casa no es una medida adecuada para la población teniendo en cuenta que la naturaleza es el principal proveedor que tienen ellos».
Foto: Marcio Pimenta.
El temor llegó junto con el COVID-19
Aunque la población Wampis no se ha quedado estrictamente en sus casas, sino en sus comunidades; no ha tenido un horario de salida y de ingreso a sus hogares, como en la ciudad; ni han hecho cola para conseguir algún producto para su hogar porque, como se dijo anteriormente, se abastecen de lo que la naturaleza les da, la convivencia social ya no es la misma de antes. Ahora, como en cualquier parte del mundo, hay un temor y preocupación en la población indígena al no existir un antídoto contra el COVID-19.
Oscar Jimpikit Chuin, poblador de la comunidad de Candungos, cuenta que las labores cotidianas ya no son como antes por el temor a que la enfermedad pueda llegar en cualquier momento. “Me preocupo mucho por mi familia y por lo que podría hacer si uno de mis hijos llegara a contagiarse del COVID-19. Vivimos en una zona bien alejada y queremos más presencia del Estado en estos momentos”.
Asimismo, durante la cuarentena, algunos comuneros han decidido construir pequeñas casitas alejadas de la comunidad, ya sea en sus parcelas o en los bosques, con la finalidad de refugiarse en ellas cuando el COVID-19 llegue a sus pueblos. “En caso el coronavirus llegue a esta comunidad, voy a llevar a mi familia a mi nueva casita y quiero permanecer ahí hasta que pase la enfermedad”, comenta Jaime Rodrigo Manuel Jempe (25), comunero de Galilea.
Finalmente, y pese a todas las medidas de prevención y control tomadas por el pueblo Wampis, el COVID-19 ha logrado ingresar a sus territorios pues, según un reporte del Ministerio de Salud (Minsa), el primer caso registrado en territorio Wampis es el de una señora de la comunidad de Dos de Mayo, ubicada en alto río Santiago, frontera con el Ecuador.
Ahora, lo más preocupante es que no se sabe cuál será el impacto que tendrá el coronavirus en las próximas semanas ya que, si en las ciudades es tan difícil tener acceso a las pruebas de descarte, a personal médico capacitado y a balones de oxígeno; imaginemos cuánto más difícil será hacer llegar todo lo mencionado a las zonas más alejadas de nuestra Amazonía.
Datos
El pueblo indígena Wampis está ubicado en el departamento Amazonas y Loreto. Según censo INEI 2017, en total hay 65 comunidades Wampis.
Se ubica geográficamente en los distritos río Santiago Morona, siendo su extensión de territorial de 1 327,760 has en las cuales se encuentran asentadas 22 comunidades Wampis tituladas, con 15, 300 habitantes aproximadamente (PNUD, 2013).
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