México: organizaciones indígenas solicitan intervención de la CIDH contra la construcción del Tren Maya
La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para proteger sistema de cenotes de la Península de Yucatán frente a la amenaza que representa el Tren Maya, el cual pondría en riesgo el derecho de la población al agua, a un medio ambiente sano y al desarrollo de una vida digna de los pueblos mayas.
Las organizaciones denunciaron que el megaproyecto dañaría el acuífero subterráneo de la Península de Yucatán con la construcción de nuevas ciudades, nuevas zonas hoteleras, parques agroindustriales y distintas estaciones para el tren, por el cual se proyecta «un aumento del arribo de 3 a 4 millones de turistas a la región por año».
Agregaron que es indispensable que la CIDH otorgue las medidas cautelares solicitadas, dado que el Tren Maya «continúa sin ajustarse a los estándares internacionales para la protección de los derechos humanos, permitiendo así la pérdida del patrimonio natural y biológico del pueblo maya».
A continuación el boletín completo:
Debido a los daños que ocasionaría el megaproyecto “Tren Maya”, el pasado 16 de mayo, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para proteger el acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, también llamado sistema de cenotes, del cual depende el derecho al agua, a un medio ambiente sano y al desarrollo de una vida digna de los pueblos mayas de la península.
La solicitud fue presentada debido a que el inicio de la construcción del megaproyecto “Tren Maya” amenaza con recrudecer la ya vulnerable situación ambiental del sistema de cenotes, puesto que desde el pasado el Estado Mexicano ha permitido, tolerado y participado en su deterioro siendo un promovente importante del desarrollo de megaproyectos turísticos, inmobiliarios y agroindustriales que utilizan y contaminan sus aguas.
Las organizaciones expusieron que las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno han sido omisas en asegurar una infraestructura adecuada y suficiente para el tratamiento de las aguas residuales y el manejo de los residuos sólidos. Además de haber otorgado concesiones para carga y descarga de agua que son operadas sin control, ni medidas de prevención ni mitigación, poniendo en peligro el patrimonio histórico, identitario y cultural de los pueblos mayas, así como su salud y sus vidas.
Estos daños a los derechos del pueblo maya se agravarían con el desarrollo del megaproyecto “Tren Maya”, el cual aumentaría considerablemente el proceso de deterioro de los territorios indígenas y del sistema de cenotes, ya que incluye la construcción de nuevas ciudades, nuevas zonas hoteleras, parques agroindustriales y distintas estaciones; y que proyecta un aumento del arribo de 3 a 4 millones de turistas a la región por año.
Subrayaron que el megaproyecto “Tren Maya” se prepara en un contexto regional de conflictos socioambientales vigentes, caracterizados por el despojo de los bienes comunes de los territorios indígenas y campesinos de la Península de Yucatán, y prevén que la construcción e implementación de este megaproyecto agudizaría y aumentaría estos conflictos debido a que supone el desarrollo de nuevos megaproyectos en distintos sectores económicos (turismo, agroindustria, energía, transporte, etc.) con impactos negativos, y en muchas ocasiones irreparables, sobre el medio ambiente y el sistema de cenotes.
En su solicitud, las organizaciones manifestaron que el Estado mexicano ha sido omiso en el cumplimiento de su obligación internacional de realizar los estudios de impacto ambiental y social de manera previa, transparente y pública; aún así, tal y como ha reconocido el Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el pasado 30 de abril se dio inicio a la construcción del megaproyecto. Expresaron que el arranque del megaproyecto se da en ausencia de información científica que permita identificar plenamente las posibles afectaciones al ambiente, y a las comunidades indígenas y campesinas; incluso, mencionaron se ha hecho pública la intención irresponsable de exentar al megaproyecto del cumplimiento de esta obligación.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado la obligación que tienen los estados de realizar estudios de impacto ambiental y social frente a proyectos que pongan en riesgo la subsistencia de los pueblos y comunidades indígenas, incluidos los riesgos ambientales. También ha dicho que existe esta obligación frente a proyectos que impliquen un daño significativo al medio ambiente. La Corte ha reconocido reiteradamente que, para todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción en territorios tradicionales de comunidades indígenas o tribales, el Estado debe cumplir con distintas salvaguardas, entre ellas el realizar un estudio previo de impacto ambiental y social.
Para que la presente y futuras generaciones de la población de la Península de Yucatán puedan ejercer todos los derechos que el sistema de cenotes les permite gozar, como el agua y un medio ambiente sano, las organizaciones solicitaron a la CIDH ordenar al Estado Mexicano: que aplicando el principio precautorio en materia medioambiental, se abstenga de la construcción y ejecución del megaproyecto denominado “Tren Maya”; que garantice la información necesaria y completa, basada en evidencia científica, a las comunidades mayas acerca de los impactos ambientales y sociales que tendría el megaproyecto denominado “Tren Maya” en el sistema de cenotes de la Península de Yucatán y; que adopte medidas de prevención y mitigación para salvaguardar el sistema de cenotes de la Península de Yucatán frente a las amenazas y riesgos presentes.
Es indispensable que la CIDH otorgue las medidas cautelares solicitadas, dado que el megaproyecto “Tren Maya” continua sin ajustarse a los estándares internacionales para la protección de los derechos humanos, permitiendo así la pérdida del patrimonio natural y biológico del pueblo maya, y violando de manera irreparable su derecho al territorio y el derecho humano a acceder al agua limpia y salubre. Las medidas cautelares también contribuirían al despliegue efectivo de la aplicación del principio precautorio, consolidando la protección medioambiental que requiere la región. “Sin los cenotes no hay posibilidad de tener territorio maya, ni tampoco acceso al agua. Si se contamina el agua de los cenotes también se ve afectada la vegetación, así como la fauna que necesita de sus aguas para la vida. Así, la destrucción y la contaminación sistemática a los cenotes en la Península de Yucatán es una amenaza para nuestra vida como pueblo indígena maya.
Para defender la existencia misma de nuestros territorios necesitamos defender el sistema de cenotes de la Península de Yucatán del cual se sostienen”, concluyen.
Las organizaciones peticionarias esperan que la CIDH ordene las medidas cautelares para que el Estado Mexicano se abstenga de la construcción y ejecución del megaproyecto “Tren Maya”, que estaría poniendo en riesgo el futuro ambiental de la región de la Península de Yucatán y de las comunidades mayas por los daños irreparables ocasionados al territorio, al sistema de cenotes y a los derechos al agua y al medio ambiente sano, y a todos los demás derechos que se desprenden de este último.
Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal, y Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
Banderazo de inicio de obras del Tren Maya se dará aunque sea virtual: AMLO
Los planes están listos. El presidente Andrés Manuel López Obrador se quiere ir de gira a la brevedad y, entre sus prioridades, está la de poner en marcha las obras del Tren Maya, pero sólo podrá hacerlo, dijo, si los médicos y especialistas se lo autorizan.
Obra emblemática de su administración, cuestionada ya por la adjudicación de los primeros contratos, el Tren Maya como el resto de los megaproyectos ideados por el mandatario no puede esperar y, si la próxima semana no le autorizan viajar al sur del país, lo dijo, dará un banderazo virtual el 30 o 31 de mayo, que podría ser en una mañanera.
La única condición es que las empresas contratadas cuenten con autorización del sector salud y la secretaría del Trabajo, conforme a los protocolos establecidos para que la industria de la construcción se convierte en actividad esencial y opere a partir del 1 de junio.
Cuestionada la adjudicación de los cuatro tramos para empresas como Carso, GIA+A y Gammi (relacionada con los jugosos contratos durante su gestión en la Ciudad de México), entre otras, el llamado del mandatario fue a cumplir con plazos y disposiciones contractuales sin que medie corrupción.
En su conferencia de prensa matutina, López Obrador expuso que ante un incumplimiento no se les volverá a asignar contrato alguno en el resto de su administración.
“Nada de que se paró la obra, que hace falta ampliación presupuestal… eso se terminó. Nada de que faltaron ingenieros, equipo, que no pudieron avanzar. Se va a cumplir cabalmente (…) eso también es una nueva normalidad”, dijo.
Quien no cumpla será exhibido
Añadió que, así como su gobierno ofrece que no haya corrupción, las constructoras deben ser responsables, reiterando que no permitirá que haya obras inconclusas:
“Había empresas que tenían más abogados que ingenieros y ahí quedaban las obras abandonadas, inconclusas con cargo al erario. Eso se termina. Vamos a conocer muy bien quienes son los dueños, directivos de las empresas, si quedan mal. Aquí mismo se va a dar a conocer”, advirtió.
En tanto, dijo que las empresas que sí cumplan tendrán su nombre destacado en la placa inaugural con el mismo tamaño de letra que el gobierno.
