Tras la avalancha de críticas, Áñez revisará el decreto que limita la libertad de expresión
Áñez se reúne con el gabinete para revisar el decreto que restringe la libertad de expresión
En medio de una avalancha de críticas que incluso han llegado de organismos internacionales y pese a que en primera instancia defendió la disposición, la presidenta Jeanine Áñez se reúne este jueves con su gabinete de ministros para “analizar” el Decreto Supremo 4231 que restringe la libertad de expresión.
Así lo anunció la tarde del miércoles el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, consultado precisamente sobre la reciente postura de la oficina de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Decreto
Con el argumento del combate a la desinformación en la pandemia por el coronavirus, Áñez promulgó el 7 de mayo el Decreto Supremo 4231. Su “disposición adicional única” fue duramente cuestionada por gremios de periodistas, instituciones de derechos humanos del país, facultades de comunicación y agrupaciones de artistas y caricaturistas, entre otros.
“Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”, señala el parágrafo II de la disposición adicional única del decreto en cuestión.
“Nos hemos pronunciado sobre este decreto ayer (por el martes), sin embargo, vamos a analizar mañana (por este jueves) en nuestro gabinete, cual es la respuesta que nosotros vamos a tener”, anunció Núñez.
Como lo hizo en los días pasados, el titular de la Presidencia insistió que el Gobierno de Áñez “respeta” la libertad de expresión.
Defensa
El martes y mediante un comunicado, el Gobierno insistió en que ese derecho constitucional “puede estar sujeto a ciertas restricciones” e invocó normas internacionales como el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) para defender el decreto que —aseguró— solo busca “castigar a los perpetradores” de falsas noticias.
Sin embargo, horas después a través de Twitter, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) reclamó con contundencia la urgente modificación del Decreto Supremo 4231 “para no criminalizar la libertad de expresión”.
“El Decreto Supremo 4231 sobre difusión de información durante la pandemia debe ser modificado para no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado”, reseña uno de los varios mensajes que publicó el organismo.
Pero las críticas también llegaron de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del director para las Américas de Human Rights Watch (Observatorio de Derechos Humanos), José Miguel Vivanco. (15/05/2020)
DDHH de la ONU pide modificar el Decreto 4231 ‘para no criminalizar la libertad de expresión’
En un hilo a través en Twitter, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) reclamó la modificación del Decreto Supremo 4231 “para no criminalizar la libertad de expresión”.
“El Decreto Supremo 4231 sobre difusión de información durante la pandemia debe ser modificado para no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado”, dice uno de los tuits del organismo de la ONU.
La presidenta Jeanine Áñez promulgó el 7 de mayo el Decreto Supremo 4231, cuya “disposición adicional única” de una materia ajena a la norma en cuestión, fue duramente cuestionada por gremios de periodistas, instituciones de derechos humanos del país e internacionales, y los mismos periodistas.
1. La Misión de la OACNUDH en Bolivia recuerda que la respuesta penal al ejercicio de la libertad de expresión, como medio para combatir la desinformación en el marco de la pandemia del #COVIDー19, resulta excesiva.
— OACNUDH Bolivia (@Oacnudh_BO) May 13, 2020
3. Por su parte, la Alta Comisionada de la #ONU para los Derechos Humanos @UNHumanRights, @mbachelet, ha enfatizado que “en lugar de amenazar a periodistas o acallar las críticas, los Estados deberían alentar un debate saludable sobre la pandemia y sus consecuencias”.
— OACNUDH Bolivia (@Oacnudh_BO) May 13, 2020
5. La Misión de la OACNUDH alienta al gobierno de Bolivia a hacerlo y se pone a su disposición para lograrlo.@ONUBolivia @ANPBOLIVIA @ssottoli @RELE_CIDH @davidakaye
— OACNUDH Bolivia (@Oacnudh_BO) May 13, 2020
“Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”, señala el parágrafo II de la disposición adicional única del decreto.
Análisis
En su primera reacción sobre el asunto, la OACNUDH en Bolivia recordó “que la respuesta penal al ejercicio de la libertad de expresión, como medio para combatir la desinformación en el marco de la pandemia del #COVID-19, resulta excesiva”.
Además, destacó que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, enfatizó que “en lugar de amenazar a periodistas o acallar las críticas, los Estados deberán alentar jun debate saludable sobre la pandemia y sus consecuencias”.
En su afán de defender la norma, el Ministerio de Comunicación justificó el martes las razones del Decreto 4231. Apeló al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
“El artículo 19 del PIDCP señala que ‘toda persona tiene derecho a la libertad de expresión’, pero que el ejercicio de tal derecho entraña ‘deberes y responsabilidades especiales’ y que puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán estar ‘expresamente fijadas por la ley’ y ser necesarias para ‘la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”, afirmó en un comunicado.
Y el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, aclaró además que el Decreto Supremo 4231 no afecta al ejercicio del periodismo, respaldado en su criterio por la Ley de Imprenta. Sin embargo, aclaró que la norma está dirigida a “pequeños grupos y sectores que tratan de distorsionar la información, que tratan de crear incertidumbre, temor en la población, que tratan de que la población se pueda contagiar con este virus que hace tanto daño a la humanidad”.
CIDH
Sin embargo, al margen de esas consideraciones y en un contexto previo en las críticas al Decreto 4231, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, criticó la incompatibilidad de la norma con las convenciones internacionales. «No es compatible con sistema Interamericano uso del derecho penal para expresiones de interés público. La desinformación se combate con acceso a información pública (sic)”, escribió en su cuenta de Twitter el lunes.
En el hilo de la OACNUDH, el organismo recuerda que el Relator dela ONU sobre la Libertad de Expresión consideró en su informe sobre la pandemia del COVID-19 que “los principios de legalidad y necesidad deben ser aplicados en cualquier tratamiento a la información (…), la penalización de la desinformación es desproporcionada”.
La oficina de Bachelet en Bolivia se puso a disposición del gobierno de Áñez para una eventual reconsideración del decreto en cuestión.
Rompen el diálogo en Ka’ra Ka’ra y exigen la presencia del Gobierno central
Los bloqueos y las manifestaciones continuarán en Ka’ra Ka’ra (Cochabamba) tras romperse el diálogo. Los dirigentes vecinales optaron por retirarse hasta que no se garantice la presencia del Ejecutivo nacional en la mesa de negociaciones.
Consideran que las acciones de cumplimiento a sus peticiones deben tener también el aval del Gobierno central y no solo de la Gobernación y el municipio por lo que anticipan que seguirán en emergencia.
Dentro de los reclamos, informó la gobernadora del departamento Esther Soria, están la flexibilización de la cuarentena, la entrega de la Canasta familiar y una dotación de agua a la zona sur.
«Todos los puntos nos habíamos comprometido pero se ha roto la mesa de diálogo; no podemos hacer más, hay algunas peticiones que escapan a nuestra responsabilidad», dijo Soria en contacto con los medios.
Una de las propuestas es que se instale una comisión mixta que cuente con la participación del Servicio Departamental de Salud (Sedes) para analizar el levantamiento gradual de algunas restricciones impuestas mediante decreto por la cuarentena; pero mientras esto ocurra, las movilizaciones continuarán anticipó la dirigencia vecinal.
Ataques a salubristas
El Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes) informó que más de 14 trabajadores en salud fueron agredidos en el bloqueo de K’ara K’ara que se realizó el martes por la noche. Los profesionales retornaban a sus distritos luego de haber trabajado durante el día.
https://eldeber.com.bo/179100_rompen-el-dialogo-en-kara-kara-y-exigen-la-presencia-del-gobierno-central
Se disparan los contagios y en K’ara K’ara quieren flexibilizar la cuarentena con bloqueos
Las últimas medidas de presión que han derivado en acciones de violencia contra médicos, enfermeras, e incluso periodistas, provocaron el repliegue de 200 doctores del Valle Alto. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ve movimientos políticos en la zona de K’ara K’ara. En tanto, la iglesia Católica habla de desbordes en el país.
Por tercer día consecutivo, pobladores de la zona sur de Cochabamba, de K’ara K’ara, ayer protagonizaron acciones de violencia bloqueando el ingreso al botadero de basura y dejando en las calles 1.650 toneladas de desechos en plena crisis sanitaria. Además, en una acción violenta, la noche del martes atacaron una ambulancia que llevaba a personal médico que asistió al Valle Alto para atender los casos de coronavirus; frente a esta situación el Sindicato de Médicos y Ramas Afines (SIMRA) instruyó que 200 médicos dejen sus puestos de trabajo y se replieguen en Cochabamba exigiendo garantías para desarrollar su labor.
Mientras pobladores de la zona sur se movilizan exigiendo flexibilización de la cuarentena, agua gratis, elecciones generales, la renuncia de la presidenta Jeanine Áñez y el ministro Murillo, el número casos se elevó a 44 en Cochabamba en los últimos 3 días; el lunes 5, el martes 21 y ayer, 18, con los que en el departamento fueron confirmados 138.
BLOQUEOS AGRESIVOS Los pobladores de K’ara K’ara, zona donde está ubicado el botadero de basura, cerró el paso a los carros recolectores de desechos desde el lunes. Cada día, el municipio de Cochabamba genera 550 toneladas, lo que significa que están en las calles 1.650 toneladas.
Esa noche, la policía y militares llegaron hasta la zona y hubo enfrentamiento. La fuerza del orden informó que los comunarios estaban armados con bombas molotov, palos y piedras. Además circuló un video en el que se escuchaban gritos diciendo: “guerra civil”.
El martes se mantuvieron los bloqueos y no se permitió el acercamiento de periodistas, a quienes incluso se los rodeó, insultó y persiguió con piedras y palos, tal como denunciaron los afectados.
Por la noche, una ambulancia retornaba a la ciudad desde el Valle Alto. Los bloqueadores quisieron pinchar las llantas del vehículo, golpearon con piedras y palos y además hicieron que los médicos que estaban en el motorizado bajen.
Según denunció el secretario de Conflictos del SIMRA Cochabamba, Carlos Nava, los pobladores “humillaron” al personal médico y atentaron contra sus vidas.
“Lo único que nosotros hacemos es resguardar la vida de las personas. Estamos yendo hasta las zonas donde está la enfermedad y no puede ser que seamos tratados de esa forma. Tras esas agresiones hemos pedido a la gobernadora Esther Soria y al director del Servicio Departamental de Salud, SEDES, Yercin Mamani, que nos dé garantías para retornar al trabajo. En tanto, hemos instruido que todo el personal que trabaja en el Valle Alto , que son 200, se repliegue en Cochabamba”, dijo Nava en conferencia de prensa.
Agregó que no se presentarán a trabajar por falta de seguridad. Añadió que de persistir la acción hostil de las personas ordenará el repliegue total de todo el personal médico en Cochabamba. “Son hordas de gente organizada que no ha respetado el convenio del trabajo de Viena de 1949 que establece el respeto, hasta en la guerra, de todo vehículo que lleve la cruz roja o la media luna”.
Señaló que el SIRMES tomará las acciones legales contra los responsables por lo acontecido la noche del martes en el kilómetro 9 de la avenida Petrolera.
En el tercer día de bloqueos, las autoridades de la Gobernación, el Defensor del Pueblo, el Alcalde Municipal, el Director del SEDES convocaron a diálogo a dirigentes de K’ara K’ara. Pasado el mediodía llegaron a un preacuerdo de 10 puntos entre los que sobresalen la dotación de agua, la flexibilización de la cuarentena, ítems para salud y no ejercer acción contra dirigentes y pobladores que protagonizaron las protestas.
Se declaró un cuarto intermedio hasta las 16:00 con el compromiso de que los dirigentes pudieran realizar consultas a sus bases, sin embargo la reunión se reanudó recién a las 21:15. Hasta el cierre de esta edición no se llegaba a conclusiones.
A media tarde de ayer, el director del SEDES, Yercín Mamani, fustigó la acción violenta en la movilización y señaló que será difícil movilizar a personal médico si es que no existen garantías.
Anoche, dirigentes de K’ara K’ara dijeron a la Red Uno que quienes agredieron a la ambulancia y al personal médico no fueron pobladores de la zona, sino ajenos al lugar y que fueron expulsados. “Son infiltrados e incitadores a la violencia” decía un hombre de espaldas a la cámara.
Señaló también que ayer todas las ambulancias tuvieron paso por el lugar y que policías fueron a gasificarlos el lunes. “Nosotros no estábamos usando ninguna bomba Molotov. Sí teníamos huaracas, pero ni un solo petardo”.
El mismo medio de comunicación mostró el testimonio de una guardia municipal que, llorando, denunció haber sido atacada por un grupo de hombres que la rodearon en el kilómetro 5 de la avenida Blanco Galindo. “Me decían que era de la Policía. Solo opté por agacharme y rezar. En eso vino un joven y me sacó del lugar. Empecé a correr sin mirar atrás hasta llegar al lugar donde me esperaba un vehículo municipal”.
MINISTRO Ayer, el ministro Murillo, anunció eque pedirá a su colega de Salud, Marcelo Navajas, el repliegue del personal de salud que trabaja en la zona de K’ara K’ara y barrios aledaños.
«Yo apoyo plenamente al presidente del Colegio Médico por haber retirado a los médicos de éstas zonas, porque no es posible que estos delincuentes, llamados políticos, hayan atacado a médicos y hayan apedreado a una ambulancia poniendo en riesgo la vida de los médicos. No es admisible y no lo vamos a permitir. Le voy a pedir al Ministro de Salud que mientras no se entreguen a los cabecillas, porque son un grupo de cinco a seis personas, que están obligando a los ciudadanos a movilizarse y apedrear, no es posible que los médicos vuelvan a trabajar», aseguró en una entrevista con radio Panamericana.
La declaración se registró luego de que el presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Edgar Fernández, solicitó al Servicio Departamental de Salud (SEDES), mediante una nota, el retiro del personal de salud que trabaja en el centro de salud de K’ara K’ara y barrios cercanos, reflejó la estatal Agencia Boliviana de Información.
Fernández denunció que los profesionales, ocho en total, fueron «agredidos y humillados» y no pudieron llegar a sus casas, mientras que el vehículo registró daños materiales.
Murillo identificó como político el movimiento. «Les pido a los del Movimiento Al Socialismo: dejen de maltratar a la gente, de hacer política con la vida y dejen de buscar desestabilizar el país».
En las últimas semanas, grupos de médicos sufrieron varios ataques en El Alto de la ciudad de La Paz, en Eucaliptos (Oruro), en la zona del Trópico.
IGLESIA Anoche, Aurelio Pesoa, secretario General de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), tras una reunión con la presidenta Áñez dijo que existen “desbordes” de muchos sectores movilizados en el país y que los ataques y violencia no tienen sentido en un momento en que debe existir unidad en torno a la lucha contra el COVID-19.
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