Bolivia: legisladores afines a Áñez buscan frenar la ley sobre las elecciones
Legisladores presentan recursos al TCP para frenar ley de elecciones
Un grupo de legisladores que respaldan a la presidenta Jeanine Áñez presentó este martes dos recursos para frenar la ley que fija un plazo de 90 días para las elecciones, que fue aprobada por la mayoría del MAS en el Legislativo.
Uno recurso de inconstitucionalidad y otro de nulidad fueron presentados ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en Sucre.
El diputado Oscar Urquizu en representación de los senadores Oscar Ortiz y Carmen Rosa Guzmán y la diputada Rose Marie Sandoval, presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta contra la ley 1297, que fija un plazo de 90 días para elecciones nacionales.
Similar recurso fue presentado por el abogado Luis Ayllón en representación de la senadora Carmen Eva González también la mañana de este martes.
Ambos recursos argumentaron que la mencionada ley vulnera los derechos a la vida y salud de los bolivianos porque pone en riesgos sus vidas al obligarles a participar de las elecciones en medio de la pandemia del coronavirus. “Adelantar (las elecciones) supone poner en riesgo la salud de los bolivianos”, reforzó Ayllón.
Urquizu, en representación de Ortiz, Guzmán y Sandoval, también presentó un recurso directo de nulidad contra la Presidenta del Senado bajo el argumento de que Copa usurpó funciones que no le competen al promulgar la ley 1297.
El recurso de inconstitucionalidad señala que «acortar los plazos para las elecciones en un momento de emergencia sanitaria y cuarentena constituye una amenaza para la salud y la vida de la población».
En tanto que el recurso de nulidad cuestiona la legalidad de una sesión legislativa en la que la presidenta del Senado, Eva Copa, promulgó la ley el pasado jueves.
La ley fue promulgada tras una votación de urgencia después de que fuera devuelta a la Cámara de Senadores por Áñez, quien advirtió de que consideraba inviable el plazo de 90 días mientras el país está en emergencia sanitaria por el coronavirus.
La votación «se realizó sin una convocatoria previa» y sin cumplir el reglamento parlamentario, dijo el senador Ortíz, para quien el plazo «contradice» una ley recientemente aprobada que declara «prioridad nacional» a todas las medidas de atención en salud mientras dure la pandemia.
EL EFECTO DE AMBOS RECURSOS
Ahora el TCP deberá decidir si admite o no los recursos.
«Se ha pedido medidas cautelares al TCP», dijo Ortiz, lo que significa de ser admitidas se provocaría que la norma promulgada quede suspendida.
«Con eso no se obligaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a iniciar todas las acciones relativas al desarrollo del cronograma electoral», complementó el legislador.
LA REACCIÓN DEL MAS
La bancada de senadores del MAS manifestó mediante un comunicado que «rechaza los argumentos de las autoridades transitorias», ya que considera que los recursos planteados no tienen «fundamento jurídico» y que detrás existe un intento de «desacreditar» a ese partido como «estrategia electoral».
El comunicado sostiene que Copa llevó a cabo su función «con todas sus atribuciones y competencias», además de que la promulgación de la ley «tiene plena legalidad».
Las nuevas elecciones generales estaban previstas para el 3 de mayo, pero fueron diferidas por la pandemia.
Cancillería: Si hay elecciones en 90 días, los migrantes en Argentina no podrían votar
La propuesta del Movimiento Al Socialismo, de que se celebren elecciones generales en los próximos 90 días, afectaría la participación de los migrantes bolivianos porque las normas de bioseguridad establecidas por el Gobierno argentino impedirían el sufragio en ese país, de acuerdo con un informe de la misión diplomática nacional en ese país.
El informe difundido este martes por la Cancillería boliviana detalla que en Argentina se definió ampliar las restricciones de movilidad a través de dos decretos. El primero, hasta el 26 de abril y el segundo, en cumplimiento a la denominada “cuarentena administrada”, hasta el 10 de mayo de 2020.
Dependiendo de los resultados de esta cuarentena, el Gobierno argentino evaluará la extensión o flexibilización de las medidas de aislamiento.
El desarrollo de elecciones generales bolivianas en territorio argentino, donde radica la más grande comunidad boliviana en el exterior, se enfrenta a tres factores que no están bajo el control del Estado boliviano, sino de los gobiernos central, provincial y municipal argentinos, detalla el informe.
Primero, la autorización sanitaria para utilizar escuelas públicas, como recintos electorales. El padrón electoral registra a 166 mil votantes inscritos en territorio argentino.
Segundo, el traslado de los funcionarios y material electorales desde Bolivia, dependerá de la apertura del espacio aéreo argentino o de un permiso especial.
Tercero, el aislamiento obligatorio de 14 días para bolivianos que arriben a Argentina, en referencia al personal del Órgano Electoral.
“De mantenerse ese periodo para la realización de las elecciones generales de Bolivia en territorio argentino, se corre el riesgo de limitar el derecho electoral de los ciudadanos bolivianos residentes en la República Argentina, ya que es muy incierto que las mismas se lleven a cabo en este país”, concluye el informe.
Confederación «Bartolina Sisa» expresa su respaldo a la ley sancionada que determina elecciones nacionales en 90 días
La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, exterioriza su apoyo a la ley promulgada el pasado 30 de abril por la Asamblea Legislativa Plurinacional, Ley 1297 de Postergación de las Elecciones 2020, la cual fija un plazo de 90 días para la llevar adelante las elecciones, que debían realizarse el 3 de mayo y fueron suspendidas por la crisis del COVID-19.
Al respecto, Segundina Flores, Ejecutiva de la CNMCIOB-BS, indicó: “Estamos en todo nuestro derecho de pedir que se lleve adelante las elecciones lo antes posible, mucho más cuando vemos que el gobierno de facto no sabe cómo sostener un país, y mucho menos con la crisis sanitaria, por la cual atravesamos”, manifestó.
Flores, argumentó que con esta Ley, no se estaría vulnerando el derecho a la salud, al fijar la fecha de elecciones en 90 días posteriores al 3 de mayo, considerando el mismo como un plazo prudente, que además debe tomar en cuenta todas las medidas de bioseguridad de acuerdo a determinaciones nacionales e internacionales por la crisis del COVID-19: “No vamos en contra de la salud, al contrario queremos elecciones para que nuestro pueblo ya no sea discriminado como ahora, día a día vemos como la gente está sufriendo a causa del hambre por la incapacidad del gobierno que no tiene un plan para manejar esta emergencia sanitaria, por eso pedimos un gobierno legítimo que tenga un plan de gobierno, que vele por todos los bolivianos, sin discriminación de clases y saque adelante al país, porque estamos entrando peligrosamente en una crisis económica que nos afectara a todos”, expresó.
La Ley de Postergación de las Elecciones, en su Art.2, define que: En ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal Supremo Electoral fijará la nueva fecha para la jornada de votación de las Elecciones Generales 2020, que deberá efectuarse en un plazo máximo de noventa (90) días computables a partir del 3 de mayo de 2020. La definición se realizará mediante resolución expresa conforme a criterios técnicos del Tribunal Supremo Electoral, y científicos provenientes de los organismos especializados, que guiarán las medidas que se adopten para garantizar que los derechos políticos sean ejercidos en las mejores condiciones que las circunstancias permitan, y que no impliquen la propagación del coronavirus (COVID-19) y los consiguientes riesgos para la vida y la salud de las y los bolivianos en el territorio nacional y en el extranjero.
Por otro lado, durante la presente jornada, el Presidente del TSE, Salvador Romero, ratificó que este órgano cumplirá las disposiciones emanadas en esta Ley y que en sala plena decidirán la fecha mas conveniente de las elecciones, en el plazo establecido.
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