Docentes y estudiantes presentan demanda contra Moreno por el recorte en educación
Otra demanda contra Moreno, Martínez y Salvador por recorte a la Educación
Organizaciones de profesores universitarios, trabajadores, derechos humanos y estudiantes se unieron para presentar una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional (CC) por el recorte presupuestario de más de 98 millones de dólares que afectará a 32 escuelas politécnicas y universidades públicas de Ecuador.
El presidente de la República, Lenín Moreno; el ministro de Finanzas, Richard Martínez; y el procurador Íñigo Salvador son los demandados en esta diligencia.
Una de las firmantes es la jurista y docente Angélica Porras, quien conversó con Ecuavisa. Citó el artículo 165 de la Constitución que señala que el presidente “podrá utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación”.
Ella espera que la CC “garantice el derecho a la educación de los ecuatorianos”.
Este fin de semana, la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriano (ASESEC), que reúne a los rectores de las universidades públicas, y la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador (FEUE) pidieron al Gobierno que revea la medida.
Por su parte, la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) respondió este lunes 4 de mayo que las universidades se financian de los impuestos a la Renta y al Valor Agregado, y que por la crisis “hay una reducción de la recaudación de impuestos, lo que implica un 10 % menos en el presupuesto universitario y con ello una afectación de forma diferenciada a cada centro académico”.
Ahora los demandantes están a la expectativa de la decisión de la Corte para el reintegro de los funcionarios despedidos y para evitar más desvinculaciones.
Con concentración pacífica en la U. Central y con acciones de inconstitucionalidad, universitarios enfrentan recorte de USD 98 millones
«Los universitarios somos conscientes de los problemas derivados de la pandemia, pero como dirigentes vemos que el recorte en el presupuesto no solo pone en riesgo a la educación pública sino a la salud pública. El 70% de internados rotativos de la Universidad Central trabaja en hospitales, por ejemplo. Y como dijo nuestro rector, puede haber una afectación», señaló Erick Barba, vicepresidente de la FEUE de la Universidad Central y procurador de la FEUE nacional.
Lo dijo este martes 5 de mayo del 2020, en medio de una protesta pacífica, en la que guardan distancia de un metro y medio a dos metros, entre cada manifestante, en los alrededores de la Plaza Indoamérica, frente a la Universidad Central. Pese a las medidas de restricción, provocadas por el covid-19, los jóvenes se han reunido, con ruido de tambores y cánticos, exigen al Gobierno y al Ministerio de Finanzas que desista de la decisión de recortar USD 98 2010 190.
«Nos hemos autoconvocado, no es algo político. Es indignación de la ciudadanía», reiteró Barba. En el lugar se observa a chicos, algunos con sus padres de familia, trabajadores universitarios, con mascarilla.
Varios grupos presentaron acciones ante la Corte Constitucional, para detener la decisión de Finanzas, que según los 32 rectores de universidades y politécnicas públicas afectadas, no fue comunicada. Se enteraron abruptamente, cuando su personal administrativo y financiero les informó que había un recorte.
«La crisis provocada por el covid-19 constituye una calamidad pública, como lo reconocieron en el Decreto Ejecutivo 1017 que declaró la emergencia sanitaria y el dictamen de constitucionalidad 1-20-EE/20 que lo autorizó. Nuestra Constitución prevé que sea la Corte Constitucional la que realice el control constitucional de la declaratoria y también es el órgano encargado de vigilar, durante esta etapa de excepcionalidad, que se respete la Constitución y se garantice su plena vigencia», dice una de las acciones presentadas por Cristian Chávez, como presidente de la FEUE nacional y Pablo Dávalos, director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoa; Pakta, Miembros del Colectivo Centralia, Parlamento Universitario, Sybel Martínez, de Rescate Escolar; Movimiento Alternativa Universitaria, entre otros.
«Demandamos el control constitucional de las acciones del Ejecutivo, que aprovechando el estado de emergencia ha realizado actos contrarios a la división de funciones y a los derechos fundamentales. Para ello la propia Constitución ha facultado a todos los ciudadanos». Y señalan: «La adopción de una medida excepcional como el recorte presupuestario y el consecuente despido masivo de servidores educativos debió ser adoptada mediante Decreto Ejecutivo, pues en tiempos de normalidad no está justificada tal medida y por ello habría que analizarse si en tiempos de emergencia, la misma busca un fin legítimo, es necesaria y es proporcional, examen que debe hacerlo la CC, a través del control automático de constitucionalidad. Una circular dictada al margen de las competencias del Viceministro de Finanzas, contraviene lo ordenado por el Dictamen Constitucional y no respeta el sistema de competencias previsto en el art. 226 de la Constitución. En la práctica lo que hace es utilizar el poder del Ministerio de Finanzas, para coartar la autonomía financiera de universidades».
Las universidades que reciben asignaciones del Estado para atender las becas de estudiantes, las cofinanciadas, también presentan ante la Corte Constitucional una demanda de acción por incumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Superior. Se trata de la Universidad del Azuay, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Politécnica Salesiana, Católica Santiago de Guayaquil, Universidad UTE, Laica Vicente Rocafuerte, Católica de Cuenca y Técnica Particular de Loja.
Movimientos políticos como Unidad Popular también se han pronunciado. Geovanni Atarihuana, su director, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. «El recorte de USD 98 millones a las universidades y politécnicas públicas es un atentado al derecho a la educación de miles de jóvenes. Esta medida es arbritraria y violenta la Constitución. Presentamos una acción de incumplimiento para dejar sin efecto el acto administrativo establecido por el oficio circular MEF-VGF.2020-003, expedido por el viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo», se lee.
Comunicado | NO AL RECORTE PRESUPUESTARIO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Las Organizaciones que formamos parte de la Alianza por los Derechos Humanos y otros colectivos que defendemos la educación pública alertamos que el Estado ecuatoriano está incumpliendo con su mandato constitucional de garantizar el derecho a la educación y está vulnerando el derecho al trabajo y a una remuneración digna del personal docente y administrativo.
El ajuste presupuestario de educación anunciado este 30 de abril por el Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, plantea la reducción de $98 millones dólares para 32 Universidades Públicas del país. Lo que suma un total de $389 millones de dólares recortados al Presupuesto General del Estado para educación durante al menos los últimos dos años.
La educación es un derecho, no un privilegio sujeto a la voluntad de las y los gobernantes de turno. Por eso, le recordamos al Estado ecuatoriano que su deber primordial es el “(g)arantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”(Constitución de la República, Art. 3). La Constitución también señala que “(s)erá inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos” (art. 11.8).
La decisión tomada por el Gobierno nacional incurre en el incumplimiento de sus deberes primordiales del Estado, puesto que este derecho tiene que ser garantizado incluso en estados excepción. Bajo ningún concepto, el Presidente o la Presidenta de la República podrá utilizar para la emergencia fondos destinados a la salud y a la educación (Constitución, art. 165.2). En este sentido, en el caso de que los recursos sean escasos, el Estado tiene la obligación de encontrar otras fuentes de financiación. Además, hacemos hincapié en que la falta de transferencia de recursos económicos en las condiciones señaladas serán sancionados “con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación” (art.348).
Adicionalmente, le recordamos al Gobierno que si se generan manifestaciones y protestas pacíficas por decisiones de ajuste presupuestario que impidan o limiten el goce y ejercicio de los derechos económicos sociales y culturales de la población, el Estado ecuatoriano está obligado a respetar y garantizar el derecho a la protesta, libertad de expresión y reunión pacífica de todos los ciudadanos, aún en tiempos de pandemia.
Por tanto, las organizaciones sociales y de derechos humanos que suscribimos esta alerta exigimos al Estado ecuatoriano garantizar el derecho a la educación en los términos que establece la Constitución y los estándares internacionales de Derechos Humanos. Esto implica mantener el presupuesto inicial de educación y que se garanticen las condiciones de vida digna para las y los trabajadores de este sector. Además, exigimos que se apliquen las sanciones correspondientes sobre las y los funcionarios que no han realizado las transferencias para garantizar este derecho, como reza el artículo 348 de la Constitución.
Alerta 29
04 de mayo de 2020
También suscriben esta alerta:
FRENTE EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA – ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL UCE – ABORTO LIBRE GYE – INSTITUTO DE ESTUDIOS ECOLOGISTAS DEL TERCER MUNDO – COALICIÓN FEMINISTA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR – MUSEO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR – GUARICHAS INSURRECTAS COLECTIVO FEMINISTA – RED INTERUNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÓN FEMINISTAS SOBRE ACOSO SEXUAL – WASI MEDIA – RED KAPARI – COLECTIVO DE GEOGRAFÍA CRÍTICA DEL ECUADOR – COLECTIVO DE ANTROPÓLOGAS DEL ECUADOR – COMITÉ ESTUDIANTIL FLACSO – EL COLECTIVO – CULTURAL DE IZQUIERDAS – FEMININJAS – COCASEN – COLECTIVO PRODH – FUNDACIÓN PAKTA – COLECTIVO EL PUNTO – SINDICATO – COMUNA SANTA CLARA DE SAN MILLAN – CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EN DERECHOS HUMANOS “SEGUNDO MONTES MOZO S.J.”
Descarga la Alerta 29 AQUÍ
Legislatura realizará control político sobre retiro de presupuesto a universidades públicas
La Comisión de Educación del Parlamento Nacional convocó a comparecer, de manera virtual, al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, este miércoles 6 de mayo de 2020, a las 14h00.
Martínez deberá explicar a los parlamentarios las motivaciones constitucionales y legales para disponer la reducción del presupuesto de las universidades y escuelas politécnicas públicas y las repercusiones que esto implica para el Sistema de Educación Superior.
Asimismo, tiene que informar sobre la implicación de las atribuciones que se proponen implementar para el Ministerio de Economía y Finanzas, en el proyecto económico urgente de las finanzas públicas, en cuanto a las universidades y escuelas politécnicas públicas.
Para esta misma sesión, los legisladores convocaron al secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Agustín Albán Maldonado, a fin de que informe respecto de las acciones que se están realizando con el fin de garantizar el presupuesto de las universidades y escuelas politécnicas públicas del país.
La Ministra de Educación, Monserrat Creamer Guillén, también fue llamada al órgano parlamentario, para que exponga sobre la suspensión de los programas de alfabetización y post alfabetización, así como las desvinculaciones de docentes del Sistema Educativo Fiscal.
La Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Nacional está presidida por el legislador Jimmy Candell Soto.
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