Ya van 85 líderes sociales y 24 miembros de FARC asesinados este año
Asesinan otro líder comunal en zona rural de Tibú, Norte de Santander
Carlos Andrés Sánchez, quien era el vicepresidente de la vereda Caño Raya en el municipio de Tibú, se convierte en el cuarto líder social asesinado este año en ese municipio, en zona del Catatumbo.
Sánchez se movilizaba en su camioneta en el kilómetro 18 en la vía que comunica el municipio de Tibú con el corregimiento de La Gabarra, cuando fue interceptado por dos hombres armados en moto, quienes le dispararon en varias oportunidades.
Hasta el momento, las autoridades desconocen las causas y los autores de este crimen en una zona en donde hay presencia de diversos grupos armados como el Eln, Epl, Disidencias de las Farc y bandas criminales.
Juan Carlos Quintero, vocero de Ascamcat (Asociación Campesina del Catatumbo) dijo a RCN que «llama la atención que este asesinato se registra a tan solo un kilómetro de distancia de un puesto de control permanente instalado por el Ejército en el kilómetro 17 en la misma vía que comunica Tibú con La Gabarra».
Así mismo, el líder social dijo que existe temor en la comunidad porque en plena pandemia se siguen registrando acciones violentas en la zona del Catatumbo en donde no existen garantías en materia de seguridad.
Frente a los otros asesinatos de líderes en Norte de Santander, las autoridades investigan las causas y autores de lo sucedido. Ese es el caso de la muerte de Efrén Jesús Ospina Velásquez, quien fue interceptado por dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta, en el sector de la Carbonera, zona rural de Tibú el pasado 9 de febrero.
Mientras que el pasado 20 de enero en el municipio de Convención se registró el homicidio de Fernando Quintero Mena, exconcejal y presidente de la junta de acción comunal de la vereda Guasiles.
Igualmente el 10 de enero asesinaron en Tibú, a Tulio César Sandóval, quien era miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo – Ascamcat y de Marcha Patriótica.
Ante lo sucedido se presume que se registren desplazamientos de familias campesinas de las distintas veredas por temor a que se presenten otras muertes selectivas.
Líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados en 2020*
No. | Nombre | Fecha de incidente | Municipio | Dept. | Anotación |
1 | Carlos Cardona | 2 de enero | Ituango | Antioquia | Director de Salud Pública del hospital de Ituango. Denuncia realizada por la Asociación Colombiana de Salúd Pública y Anthoc |
2 | Cristian David Caicedo | 3 de enero | Guapi | Cauca | Hijo de Edgar Caicedo, integrante del Espacio Nacional de Consulta Previa de Comunidades Negras por el Cauca. |
3 | Anuar Rojas Isarama | 5 de enero | Nuquí | Chocó | Perteneciente a la guardia indígena de la comunidad Agua Blanca, en Nuquí, Chocó |
4 | Gloria Ocampo | 7 de enero | Puerto Guzmán | Putumayo | Líder social que apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito |
5 | Virginia Silva | 7 de enero | Paez | Cauca | Líder y médica tradicional de Páez |
6 | Emilio Campaña | 8 de enero | Puerto Guzmán | Putumayo | Líder social que apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito |
7 | Mireya Hernández | 8 de enero | Algeciras | Huila | Lider comunal |
8 | Oscar Quintero | 8 de enero | Puerto Guzmán | Putumayo | Líder social que apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito |
9 | Gentil Hernández | 8 de enero | Puerto Guzmán | Putumayo | Líder social que apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito |
10 | Henry Cuello | 10 de enero | Chiriguaná | Cesar | Lider comunal |
11 | Amparo Guegia | 10 de enero | Caloto | Cauca | Comunera resguardo Huellas. Movimiento Nietos del Quintín Lame. Miembro de Marcha Patriótica |
12 | Juan Pablo Dicué Guejia | 10 de enero | Caloto | Cauca | Comunera resguardo Huellas. Movimiento Nietos del Quintín Lame. Miembro de Marcha Patriótica |
13 | Nelson Enrique Meneses | 10 de enero | Inzá | Cauca | Defensor de DDHH. Miembro de Marcha Patriótica |
14 | Tulio César Sandoval | 10 de enero | Tibú | Norte de Santander | Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT. Miembro de marcha patriótica |
15 | Sergio Narváez | 10 de enero | Turbo | Antioquia | Exconsejal, líder político |
16 | John Freddy Álvarez | 11 de enero | Algeciras | Huila | Presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos – Astracal. Miembro de Marcha Patriótica |
17 | Jorge Luis Betancourt | 13 de enero | Montelíbano | Córdoba | Lider Campesino y Comunal |
18 | Jaiber Alexander Quitumbo | 14 de enero | Toribío | Cauca | Comunero, miembro de la guardia indígena |
19 | Federico Peñalosa | 15 de enero | Nóvita | Chocó | líder campesino en la junta de acción de Tamaná |
20 | Yordan Tovar | 16 de enero | Puerto Guzmán | Putumayo | Directivo del Sindicato de Trabajadores Campesinos Agrícolas del Putumayo. Miembro de Marcha Patriótica |
21 | Wilmar Alexander Sanpedro | 17 de enero | Tarazá | Antioquia | Líder del PNIS, Junta de acción comunal de la vereda Guaimaro. Anzorc |
22 | Carlos Andrés Chavarria | 17 de enero | Tarazá | Antioquia | Líder del PNIS, Junta de acción comunal de la vereda Guaimaro. Anzorc |
23 | Luis Darío Rodríguez | 18 de enero | Tierralta | Córdoba | Líder de la Asociación Unión de Familias Desplazadas y Vulnerables de Tierralta «UFADESVUL» |
24 | Hernando Herrera | 21 de enero | Sonsón | Antioquia | Líder de la vereda El Brasil. Excandidato al consejo de Sonsón |
25 | John Alexander Ulcue Mesa | 25 de enero | Caloto | Cauca | Comunero indígena, residía en la vereda de Santa Helena del municipio de Corinto. Denuncia realizada por ACIN |
26 | José Antonio Riascos | 25 de enero | El Tambo | Cauca | Pertenecía a la comunidad e integrante de la Junta del Consejo Comunitario Afro Renacer |
27 | Modesto Vega | 25 de enero | Puerto Guzmán | Putumayo | Reconocido líder de la Junta de Acción Comunal. Denuncia realizada por la Red de DDHH del Putumayo |
28 | Fernando Quintero Mena | 26 de enero | Convención | Norte de Santander | Exconsejal en el periodo 2012-2015, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guasiles y presidente de la Asociación de Juntas del corregimiento de la Trinidad. Denuncia realizada por JAC |
29 | Bayron Rueda Ruíz | 29 de enero | Puerto Asís | Putumayo | Ex-presidente de la vereda “La 18” y actual afiliado a la JAC de la vereda El Azul, Corredor Puerto Vega-Teteyé, Puerto Asís, Putumayo. Denuncia realizada por Red de DDHH Putumayo |
30 | Jhonatan Borja Perez | 30 de enero | Candelaria | Valle | Excandidato a la alcaldía de Candelaria por Colombia Humana – Polo Democrático Denuncia realizada por Colombia Humana |
31 | Iván Giraldo | 30 de enero | Candelaria | Valle | Excandidato al consejo de Candelaria por Colombia Humana – Polo Democrático Denuncia realizada por Colombia Humana |
32 | Segundo Girón | 1 de febrero | Tumaco | Nariño | Integrante del consejo comunitario de Río Mejicano. Asesinado tras confrontación con policías que erradicaban coca y la comunidad se opuso a dicha erradicación. |
33 | Javier Girón Triviño | 2 de febrero | Santander de Quilichao | Cauca | Guardia Indígena Kiwe Thegnas del resguardo de Nasa Kiwe Tehk Ksxa’w. Denuncia realizada por ACIN |
34 | Johan Sebastián Muñoz Restrepo | 3 de febrero | Remedios | Antioquia | Trabajador minero, habitante de vereda desde hace 5 meses y estaba en proceso de afiliación a la Junta de Acción Comunal. La denuncia la hace Cahucopana |
35 | Libardo Arciniegas | 4 de febrero | Cocuy | Boyacá | Tesorero de la junta comunal de Pachacual Centro del municipio del Cocuy, Boyaca. Denuncia realizada por las JAC Colombia |
36 | Eliecer Gañan | 4 de febrero | Supía | Caldas | Comunero indígena de Cauroma. Denuncia la hizo el Consejo Regional Indígena de Caldas –Cridec- |
37 | Deigober Gañan | 4 de febrero | Supía | Caldas | Comunero indígena de Cauroma. Denuncia la hizo el Consejo Regional Indígena de Caldas –Cridec- |
38 | Yamid Alonso Silva | 6 de febrero | Guicán | Boyacá | Guardaparque del Parque Nacional Natural El Cocuy. La denuncia la realiza parques Nacionales Naturales |
39 | Efrén Ospina Velázquez | 8 de febrero | Tibú | Norte de Santander | Vicepresidente de la vereda de Totumito, Tibú e integrante del PNIS |
40 | Sandra Mayerly Vaquero | 8 de febrero | Arauca | Arauca | Docente sindicalizada |
41 | Ismael Angucho Yunda | 9 de febrero | Belén de los Andaquíes | Caquetá | Los indígenas eran fundadores del Resguardo Misak El Águila. Denuncia realizada por el Resguardo Indígena El Águila en Belén de la Andaquies. |
42 | Pedro Yunda | 9 de febrero | Belén de los Andaquíes | Caquetá | Los indígenas eran fundadores del Resguardo Misak El Águila. Denuncia realizada por el Resguardo Indígena El Águila en Belén de la Andaquies. |
43 | Jaime Toscano Fernández | 10 de febrero | San José de Uré | Córdoba | Gestor de paz del programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito. Beneficiario del PNIS. |
44 | Jeovanny Alirio Oliveros | 10 de febrero | Cunday | Tolima | Concejal del Partido Verde |
45 | Luis Alberto Parra | 12 de febrero | Puerto Guzmán | Putumayo | Fiscal de la JAC de la vereda Villa Fátima, municipio de Puerto Guzmán Putumayo . Previamente secuestrados, denuncia realizada por la JAC. |
46 | Jader Alberto Parra | 12 de febrero | Puerto Guzmán | Putumayo | Coordinador del Comité de Obras de la JAC de la vereda Villa Fátima, municipio de Puerto Guzmán Putumayo. Previamente secuestrados, denuncia realizada por la JAC . |
47 | Emilio Dauqui | 15 de febrero | Buenos Aires | Cauca | Comunero indígena resguardo Las Delicias |
48 | Albeiro Silva Mosquera | 16 de febrero | Miranda | Cauca | Defensor de DD.HH, integrante de la Guardia Campesina, la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Morena y de la Asociación Pro constitución Zona de ReservaCampesina del Municipio de Miranda Cauca ASPROZONAC, filial de FENSUAGRO – CUT, de ANZORC, del PUPSOC y de Marcha Patriótica Cauca. |
49 | Luis Hugo Silva Mosquera | 16 de febrero | Miranda | Cauca | Defensor de DD.HH, integrante de la Guardia Campesina, la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Morena y de la Asociación Pro constitución Zona de ReservaCampesina del Municipio de Miranda Cauca ASPROZONAC, filial de FENSUAGRO – CUT, de ANZORC, del PUPSOC y de Marcha Patriótica Cauca. |
50 | Miguel Ángel Marín Arango | 17 de febrero | Medellín | Antioquia | Líder juvenil y cultural en comuna 13 de Medellín |
51 | Jorge Humberto Alpala | 18 de febrero | Cumbal | Nariño | Líder indígena, quien se desempeñó como Regidor, Gobernador y Alcalde Municipal de Cumbal |
52 | Cristobal Anaya González | 20 de febrero | Lebrija | Santander | Lider Corporación de Derechos Humanos Sobrevivientes de Minas Antipersonas y Atentados en Colombia (Csomiaconcol) |
53 | Luis Mario Tálaga | 20 de febrero | Puerto Tejada | Cauca | Miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la industria agropecuaria |
54 | Marco Tulio Chocué | 23 de febrero | Corinto | Cauca | Pertenece al resguardo indígena Lopez Adentro de Caloto. Denuncia realizada por ACIN |
55 | Didian Arley Agudelo | 25 de febrero | Campamento | Antioquia | Exconcejal del municipio de Campamento, además hijo de quien es en la actualidad el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda |
56 | Amado Torres | 29 de febrero | San José de Apartadó | Antioquia | Líder social de la vereda la Miranda |
57 | Julio Gutierrez | 2 de marzo | Campoalegre | Huila | Residente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda El Esmero, había fundado la Asociación de Trabajadores del Campo de Campoalegre (ATC) y también hacía parte del Grupo Asociativo El Esmero |
58 | William Montoya | 6 de marzo | Montería | Córdoba | Minero artesanal y era el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal (Jac) del corregimiento Puerto Antioquia, de Tarazá. |
59 | Cristian Adrián Angulo | 8 de marzo | Cali | Valle | Gestor Social de Cali |
60 | Humberto Guzmán Morales | 6 de marzo | Algeciras | Huila | Defensor de derechos humanos ex integrante Unión Patriotica |
61 | Jorge Macana | 8 de marzo | El Tambo | Cauca | Era un líder reconocido desde hace muchos años y su trabajo se enfocaba en las labores del campo. Él había impulsado la creación del colegio en Plata Rica, y de igual forma, trabajó por la construcción de la vía para llegar a esta zona de El Tambo. Con el Acuerdo de Paz, el líder le apostó a la sustitución de cultivos de uso ilícito, y hacía parte de la Mesa Departamental encargada de tratar ese tema. |
62 | Alexis Vergara | 10 de marzo | Puerto tejada | Cauca | Delegado ante la Asamblea Sindical de SINTRAINCABAÑA Puerto Tejada Cauca. Denuncia CGT Colombia |
63 | Ilario Mecha Pedroza | 15 de marzo | Bogotá D.C | Bogotá D.C | Guardia indigena cabildo Wounaan Noham |
64 | Laureano Alberto Tróchez | 15 de marzo | Caloto | Cauca | Comunero indígena, resguardo López Adentro |
65 | Ivo Humberto Bracamonte | 18 de marzo | Puerto Santander | Santander | Ex concejal del municipio de Puerto Santander y dirigía el noticiero comunitario virtual “NPS” |
66 | Marco Leopoldo Rivadeneira | 19 de marzo | Puerto Asís | Putumayo | Dirigente político y social, integrante del Congreso de los Pueblos y presidente de la Asociación Campesina del Puerto Asís (ASOPUERTOASÍS) |
67 | Angel Ovidio Quintero González | 19 de marzo | San Francisco | Antioquia | Concejal y Presidente del Concejo Municipial de San Francisco – Antioquia, también era presidente de la Asociación de Mineros Artesanales en el mismo municipio. |
68 | Omar Guisurama Nacabera | 25 de marzo | Bolívar | Valle | Líder indígena Embera integrante de ORIVAC |
69 | Ernesto Guisurama Nacabera | 25 de marzo | Bolívar | Valle | Líder indígena Embera integrante de ORIVAC |
70 | Carlota Isabel Salinas | 25 de marzo | San Pablo | Bolívar | Fue la coordinadora de Mujeres del Valle del Río Cimitarra perteneció por más de 10 años a la OFM |
71 | Alejandro Carvajal | 26 de marzo | Sardinata | Norte de Santander | Campesino participaba en concentracion de campesinos en contra de erradicaciones forzadas |
72 | Luis Soto | 27 de marzo | Puerto Libertador | Córdoba | Ex concejal Municipio de la Apartada |
73 | Marlly Fernanda Quina Campo | 27 de marzo | Totoró | Cauca | Lideresa del cabildo indígena Paniquitá. Denuncia realizada por la ACIN |
74 | Hamilton Gasca Ortega | 4 de abril | Piamonte | Cauca | Afiliado a ASINTRACAMPIC-FENSUAGRO Asesinados con él, dos de sus hijos |
75 | Jairo Beltrán Becerra | 15 de abril | Bogotá | Bogotá | líder social y comunal destacado por defender principalmente la población LGBTI. |
76 | Teodomiro Sotelo Anacona | 17 de abril | El Tambo | Cauca | Líder del consejo comunitario de la vereda Betania, hacía parte de la mesa alternativa de cultivos del el proceso intercultural para la transformación productiva del territorio impulsado por CNA |
77 | Andrés Cacimance Burbano | 18 de abril | El Tambo | Cauca | Esposo de una líderesa comunitaria de la vereda Honduras, a quien asesinaron con arma de fuego en presencia de la comunidad. Lo asesinan en razón del liderazgo de su esposa. Denuncia interpuesta por CNA y la Red por La Vida |
78 | Mario Chilhueso | 19 de abril | Buenos Aires | Cauca | Líder campesino del Naya y presidente de ASTCAP |
79 | Ángel Artemio Nastacuas Villarreal | 22 de abril | Tumaco | Nariño | Indígena Awá del resguardo Pialapí Pueblo Viejo –Ricaurte. Muere en acción de erradicadores y policía. Denuncia la Unidad Indígena del Pueblo Awá – UNIPA |
80 | Hugo de Jesús Gildarlo López | 22 de abril | Santander de Quilichao | Cauca | Integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos y Pequeños Productores Agrícolas del Municipio de Buenos Aires Cauca ASTCAP, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC y la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca. Denuncia puesta por Marcha Patriótica |
81 | Jesús Albeiro Riascos | 22 de abril | El Tambo | Cauca | CNA- Consejo Comunitario Afrorenacer. Aguas Claras Cauca, Cañón del Micay. Denuncia hecha por la red por la vida |
82 | Sabino Angulo | 22 de abril | El Tambo | Cauca | CNA- Consejo Comunitario Afrorenacer. Aguas Claras Cauca, Cañón del Micay. Denuncia hecha por la red por la vida |
83 | Floro Samboní Gómez | 24 de abril | Almaguer | Cauca | Presidente de la JAC de la vereda Loma Larga |
84 | Alejandro Llinas | 24 de abril | Santa marta | Magdalena | Líder de la Colombia Humana en la Sierra Nevada de Santa Marta. Denuncia puesta por Colombia Humana |
Firmantes de acuerdo de paz. Excombatientes Farc asesinados/as en 2020
1 | Benjamín Banguera González | 1 de enero | Guapi | Cauca |
2 | Carlos Andrés Ricaurte | 11 de enero | Finlandia | Quindío |
3 | Gerson Moises Morales | 11 de enero | Finlandia | Quindío |
4 | Crescencio Santos | 12 de enero | Quibdó | Chocó |
5 | Hober Arias Giraldo | 15 de enero | Dabeiba | Antioquia |
6 | Duver Esneider Solano | 22 de enero | Mesetas | Meta |
7 | Jhon Freddy Vargas Rojas | 25 de enero | Pitalito | Huila |
8 | Cesar Dario Herrera Gomez | 24 de enero | Ituango | Antioquia |
9 | Rafaél Zapata | 14 de febrero | San Juan de Arama | Meta |
10 | Daniel Jiménez Ospina | 16 de febrero | Puerto Guzmán | Putumayo |
11 | Wiston Antonio Moreno | 21 de febrero | Quibdó | Chocó |
12 | Esder Pineda Peña | 21 de febrero | Algeciras | Huila |
13 | José Elias Peralta | 21 de febrero | Puerto Asís | Putumayo |
14 | Holman Antonio Montes | 27 de febrero | San Vicente del Caguán | Caquetá |
15 | Astrid Conde | 5 de marzo | Bogotá D.C | Bogotá D.C |
16 | Edwin de Jesús Carrascal | 10 de marzo | Coloso | Sucre |
17 | Bella Esther Carrillo | 17 de marzo | La Macarena | Meta |
18 | Irnel Flores Forero | 17 de marzo | La Macarena | Meta |
19 | Alveiro Antonio Gallego | 21 de marzo | La Macarena | Meta |
20 | José Isidro Cuesta Ricas | 29 de marzo | Jiguamiandó | Chocó |
21 | Juan Carlos Castillo Certijama | 30 de marzo | Puerto Asís | Putumayo |
22 | Carlos Alberto Castillo | 3 de abril | Planadas | Tolima |
23 | Jhon Jairo Londoño Bedoya | 15 de abril | La Uribe | Meta |
24 | Rigoberto García | 17 de abril | Urrao | Antioquia |
‘Que excombatientes no sean asesinados es garantía para las víctimas’
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió estudiar, de oficio, medidas cautelares de protección colectiva ante las amenazas y asesinatos de las que han sido víctimas los excombatientes de las Farc y antiguos miembros de la Fuerza Pública.
En este estudio fueron vinculadas varias entidades del Estado para que aporten información sobre su labor, como los ministerios de Defensa y del Interior, la Unidad Nacional de Protección, el Consejo Nacional de Garantías de Seguridad, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
En las motivaciones del estudio de estas medidas, la JEP cita cifras como el asesinato de al menos 193 exmiembros de las Farc (a marzo de 2020) y las amenazas contra por lo menos 16 miembros retirados de la Fuerza Pública.
La magistrada ponente, Reinere de los Ángeles Jaramillo, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento del Tribunal para la Paz de la JEP, cuenta qué buscan en estas medidas y por qué apuntan a garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas del conflicto.
¿Por qué deciden estudiar estas medidas cautelares?
Esta es una preocupación que la sección tiene desde el año pasado. Las cifras de asesinatos aumentan y no se nota que vayan a parar. Uno ve que en festividades no pararon, llegamos a una cuarentena y no paran, entonces la sección tomó la decisión de asumir y revisar con detalle esta problemática que viene de tiempo atrás.
¿Revisar con detalle significa ver qué pueden hacer como JEP?
Exactamente. Tenemos unos deberes con los comparecientes, quienes suscribieron un régimen de condicionalidad que los compromete a contar la verdad plena y exhaustiva de lo ocurrido, de manera que se satisfagan los derechos de las víctimas y no se repita el horror de un conflicto que dejó tanto dolor especialmente en los territorios rurales donde se vivió con mayor rigor la confrontación armada, en los cuales se resiste el retorno de la paz. Como tribunal de paz, tenemos unos deberes con los comparecientes y un mandato constitucional de ser garantes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y también de la implementación,por tanto no podemos quedarnos expectantes frente a lo que está pasando.
¿Consideran que la protección individual es insuficiente?
Creemos que las medidas individuales y colectivas que se han tomado son muy importantes, pero los hechos muestran que terminan siendo insuficientes. No es posible que a cada ciudadano y a cada compareciente de manera específica, el Estado le ponga una protección individual. Y no es suficiente. Estas medidas tienen que ser complementarias para garantizar la seguridad integral.
¿Cómo se entiende esa seguridad integral?
La Corte Constitucional ha dicho que la garantía de seguridad integral tiene que ver primero con la protección de los derechos fundamentales, garantizar la paz, la democracia y el pensamiento diferente, que puedan ejercer libremente los derechos en todo el territorio nacional, que sientan confianza para continuar cumpliendo con los compromisos de rendir cuentas ante el Sitema integral. Dicho de manera clara, hay que combinar la protección desde lo individual y lo colectivo.
Para el caso del acuerdo, ¿tiene sentido por el desarme colectiva de las Farc?
Ese es el sentido. Pero quiero ser contundente en decir que la JEP avoca el conocimiento de oficio como cumplimiento de un mandato constitucional para identificar cuáles son esas causas estructurales del riesgo. No estamos tomando ninguna medida. Decidimos avocar de oficio, examinar con detalle qué viene pasando y por qué es insuficiente la protección individual, para poder identificar cuáles son las causas estructurales del riesgo y determinar qué decisiones judiciales se tendrán que tomar en el futuro inmediato.
Ustedes recogen que desde 2018 el Gobierno viene anunciando medidas de protección colectiva, ¿van a evaluar si esos instrumentos funcionan?
Esa es parte de la tarea que le espera al tribunal. Se vinculó a unas entidades que tienen competencia con todo el tema de seguridad, en virtud del mandato constitucional y del acuerdo de paz. A partir del análisis de toda esta información esperamos poder identificarlo.
¿Entonces, no dicen que no funciona, sino que lo van a evaluar?
Sí. Además, sería irresponsable, sin tener toda la información necesaria, decir qué está pasando. Esa es la razón por la que el auto vincula a diferentes entidades del orden nacional con algunas preguntas que nos permitan determinar si las políticas que se han construido corresponden al mandato de la protección colectiva de los comparecientes del Sistema, pero fundamentalmente a garantizar los derechos de las víctimas a conocer la verdad completa, detallada y exhaustiva.
En el caso de los miembros de la Fuerza Pública, ¿las amenazas han afectado la contribución de verdad?
De acuerdo con información que hoy reposa en la JEP, en la Unidad de Investigación y Análisis (UIA) y las compulsas de copias que han hecho los magistrados del caso 03 (ejecuciones extrajudiciales), sí hay un riesgo muy alto. Si nosotros no logramos que los comparecientes tengan tranquilidad y seguridad de que no les va a pasar nada, su aporte a la verdad puede verse afectado. ¿En qué magnitud? Hoy no lo podemos determinar, pero es un riesgo que más bien tiende a incrementarse.
¿La protección colectiva puede conjurar riesgos que incluso no hayan sido denunciados?
Sí, por eso la medida incluye a todos los comparecientes. Cualquier desprevenido dirá que no hay un solo muerto de Fuerza Pública y hay 193 de Farc ¿Por qué una medida para todos? La respuesta está ahí: estamos previendo que puede haber un riesgo, pero desde un trato equilibrado, diferenciado y simétrico. Si hay miedo y angustia de los comparecientes ante el Sistema, se van a inhibir de dar la verdad amplia, exhaustiva y necesaria que permita identificar las cosas que pasaron en el país.
¿Qué esperan determinar con la información que piden a las entidades?
Si se han adoptado todos los requerimientos necesarios, identificar si en efecto se están protegiendo, si se están haciendo los estudios necesarios y adecuados para identificar los riesgos, si la política de seguimiento a la seguridad cuenta con los indicadores necesarios para verificar su cumplimiento y si están tomando las medidas que permitan enfrentar esas causas estructurales que originan y mantienen el riesgo, tanto en las personas como en los territorios mas golpeados por el conflicto armado.
Probablemente las entidades respondan que sí lo están haciendo, pese a que los asesinatos siguen ocurriendo ¿Cómo van a evaluar esos programas?
Todas las políticas tienen unos planes de acción que identifican indicadores de impacto y resultados. Cuando logras mirar la información en conjunto puedes llegar a conclusiones serias de si en efecto existen los mecanismos necesarios y si estos se están cumplimiento integralmente. A veces tenemos la percepción de que lo que está creado es suficiente, pero cuando se revisa puede que no lo sea. Eso es lo que se quiere establecer.
¿La JEP busca diagnosticar si la institucionalidad de protección está bien?
No lo puedo decir con certeza, es parte de las discusiones que tenemos, pero seguro con la información en el camino se podrá identificar si una medida es una adecuada articulación institucional. La magistratura no se aventura a decir qué medidas quiere tomar porque sería irresponsable. De esa información que estamos solicitando, pero también de fuentes abiertas, la magistratura identificará cuáles son las mejores medidas para la protección colectiva. Es probable que existan y aun así no se materialicen o se materialicen de manera descordinada. Es complicado aventurarse a poner las hipótesis sobre la mesa.
Ustedes hablan de una urgencia en el estudio de estas medidas, ¿cuánto tiempo tomará?
A las entidades les dimos 20 días, pero hacia adentro la magistratura está revisando información que tienen que tener registrada en sus portales y sus planes de acción en el Departamento Nacional de Planeación. Estamos trabajando para poder cotejar información. El tiempo no lo puedo decir porque no es el único tema de la sección, pero es importante y necesario.
Ustedes como jueces, ¿tienen facultades para involucrarse en la implementación del acuerdo?
En efecto, nosotros somos garantes de manera general de la implementación del acuerdo. Parte de esa garantía pasa por prever y generar las condiciones, desde nuestras competencias, para que aquellos que decidieron llegar al Sistema producto de un acuerdo puedan tener todas las garantías para participar dentro de él, pero también dentro de la sociedad. Si no tiene las garantías para estar dentro del Sistema, tampoco las van a tener para ejercer derechos como la participación en política o reincorporarse con tranquilidad. Es muy difícil escindir un tema del otro. El mismo acuerdo planteó que los comparecientes, particularmente de Farc, tenían una presunción de riesgo extraordinario, y los estudios que ha hecho la UIA vienen diciendo que hay una alta vulnerabilidad. Pero también hay riesgos para la Fuerza Pública. Y nos tienen que interesar por la garantía del derecho a la vida, pero también por las garantías de los derechos de las víctimas, que son la centralidad del sistema.
¿No han considerado a los terceros y agentes del Estado distintos de la Fuerza Pública?
odavía no. Hizo parte de las discusiones, pero estamos hablando de comparecientes obligatorios, y los terceros son voluntarios. Tampoco abordamos el asesinato a defensores de derechos humanos y lideres sociales porque, aunque puedan estar relacionados de alguna manera, no tenemos una competencia directa, como sí la tenemos con los comparecientes de la Fuerza Pública y Farc.
¿Por qué cree que es importante históricamente este estudio que comienzan?
Como dijo el presidente de nuestra sección, el magistrado Alejandro Ramelli, no pueden seguir matando a quienes le dijeron al país que estaban dispuestos a comprometerse con un acuerdo de paz. Pero ante todo, que los comparecientes no sean asesinados, ni amenazados, porque ellos son quienes tienen mayor deber con la garantía de que las víctimas y el país sepan qué pasó y por qué pasó, esa otra verdad que tanto necesitamos. Tenemos una deuda histórica con las víctimas del conflicto, con la memoria y con el derecho de la sociedad a vivir en paz.
Gobierno pide a la JEP que no se dupliquen beneficios para excombatientes
El consejero presidencial, Emilio Archila, envió una carta al magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli, solicitando que, ante el trámite de medidas cautelares, para los excombatientes en proceso de reincorporación, el tribunal debe tener en cuenta todas las medidas que ya ha tomado el gobierno y evitar duplicar los beneficios.
Archila asegura que no solo el Gobierno, sino del Estado en su integridad ha puesto en marcha múltiples beneficios para esta población, por lo que las medidas adicionales deben ser complementarias, flexibles y articuladas con la consejería para garantizar mejores resultados.
“Reiterando absoluto respeto a la autonomía e independencia de la JEP, entendemos que, bajo el enfoque de la colaboración armónica entre las autoridades, y evitando duplicidades en el desarrollo de sus funciones, se deben prevenir situaciones de dobles beneficios indebidamente otorgados a comparecientes ante este tribunal”, afirma la carta.
El consejero reitero que se debe seguir ejerciendo la coordinación interinstitucional, para que se siga protegiendo la vida y la seguridad de quienes le apostaron al proceso de construcción de paz.