Lacalle presenta al Congreso polémica ley macro y el FA evalúa convocar a un referendo
Ley de urgencia fue enviada al Parlamento: “¡Cumplimos”, dijo Lacalle Pou
“¡Cumplimos!”. Así culminó su tuit el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la tarde de ayer acompañado con dos fotos en la que Rodrigo Ferrés, el prosecretario de Presidencia, le hacía entrega de la ley de urgente consideración a la vicepresidenta Beatriz Argimón. Es que era una promesa de campaña y se pospuso casi dos meses su envío al Legislativo.
A partir de hoy comenzará a ser tratado el documento de unos 502 artículos que fue redactado por Ferrés tras varias negociaciones desde fines de enero con los socios de la coalición. Los principales partidos de esa alianza ya manifestaron su discrepancia con algunos artículos del proyecto de ley y dejaron en claro que algunos aspectos que ellos presentaron no fueron tomados en cuenta.
A su vez, los legisladores expresaron este jueves discrepancias sobre cuándo comenzaría a tratarse el proyecto. De todos modos, el senador nacionalista Gustavo Penadés, quien será el presidente de la comisión especial que tratará primero la ley de urgencia, dijo ayer en conferencia de prensa que tratarán de constituir esa comisión cuanto antes para “dar las más amplias garantías a todos los partidos políticos, especialmente al Frente Amplio, de poder trabajar con comodidad, convocar a todos los actores que quieran convocar para escuchar su opinión. Y de esa manera dar las garantías de un trabajo legislativo lo más normal que se pueda”.
Asimismo, el diputado del Partido Independiente Iván Posadas dijo que “el literal D hace referencia de la cámara que reciba, y a partir de allí cuenta los 45 días. EL literal H habla de cuando reciba el Poder Legislativo. Obviamente son cosas distintas. Se puede establecer a los efectos de la actuación práctica guiarse por el criterio más restrictivo, pero desde el punto de vista de las garantías yo creo que lo que está establecido en el literal D es lo que genera mayores garantías para el funcionamiento del Poder Legislativo”, según consignó Telemundo.
Por su parte, el senador y coordinador de la bancada de senadores frenteamplistas, Charles Carrera afirmó que habían acordado que el plazo constitucional para tratar el proyecto comenzaría el 5 de mayo. También, fue crítico con el proyecto que este jueves entró formalmente: “Hoy estamos viviendo una situación de emergencia sanitaria, una situación muy grave para miles y miles de uruguayos y creemos que esas son las urgencias que el Poder Ejecutivo debería tener sobre la mesa. De los 502 artículos de la ley de urgente consideración no hay ninguna norma que refiera a esa situación grave que hoy está viviendo nuestro pueblo”.
“A mí lo que me molesta es que si esta semana todos reunidos llegamos a la conclusión de que era el 5 de mayo, tenemos que tener palabra y hacernos responsables de la situación. Me molesta que me manden un WhatsApp diciéndome que cambian las reglas del juego. Nosotros no tenemos garantías de nada, acá hay un avasallamiento de los usos y costumbres de la política uruguaya que son muy graves”, sentenció Carrera.
Por otro lado, Argimón dijo en conferencia de prensa que la ley ómnibus puede tener un ajuste en el trámite parlamentario. “Se empezó a trabajar para que esto sea de tratamiento ágil”. En ese sentido, destacó la transparencia por parte del presidente por haberla dado a conocer semanas antes a todos los parlamentarios y a la población.
Lacalle Pou señaló en conferencia de prensa este miércoles que el Ejecutivo fue «bastante prudente» en el proceso y que «eso indica la calma». «Uno no tiene que jactarse de cosas que hace cuando le nacen, pero el 22 de enero se publicitó el borrador y hace dos semanas que el proyecto lo tienen todos los partidos», dijo.
Asimismo, el jefe de Estado consideró que no le parece que haya poco tiempo para la discusión. «Pertenezco al Ejecutivo, pero estuve mucho tiempo en el Legislativo, y el tiempo da perfecto», apuntó. «Yo no creo que se retacee ningún derecho. Nosotros llegamos al gobierno con un mandato popular. Fuimos con aproximaciones sucesivas de un partido, luego de varios y luego con un proyecto. Queremos ser fieles cumplidores de ese mandato», remarcó.
En busca de cambios
El Partido Colorado indicó que “se han logrado mejorar sustancialmente algunos capítulos esenciales como el de seguridad ciudadana”. No obstante, hay diferencias. El senador suplente Tabaré Viera escribió -en un artículo publicado en LA REPÚBLICA- que hay “discrepancias”. “No son muchas, pero las hay. Sabido es que el gobierno entregó el primer borrador de la ley a todos los partidos y a la opinión pública en general simultáneamente en el mes de enero. Justo es decir que nunca un proyecto de ley fue repartido con tanta anticipación y en forma tan democrática que yo recuerde. Pero indica también que hasta ese momento los ‘socios’ del gobierno no habíamos tomado contacto con el anteproyecto, mucho menos habíamos participado en su elaboración”, publicó.
“Más allá de una serie de consideraciones de carácter semántico o de técnica legislativa, pretendemos que tres temas que consideramos muy importantes y muy delicados sean retirados, desglosados de la ley de urgencia”, pidió. Entre ellos la desmonopolización de Ancap. A su vez, ven con preocupación la creación de una Dirección de Integración Social porque duplicaría funciones que hoy realiza el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Asimismo, se quejó de la creación del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible porque “quedaría casi vacío de contenido, logrando entre otras cosas un aumento de la burocracia y del presupuesto estatal. Es un aspecto del proyecto que pretendemos desglosar”, escribió.
Sus otros socios, Cabildo Abierto y Partido Independiente, tampoco quedaron conformes con la redacción final del proyecto porque muchas de sus ideas no fueron contempladas por el presidente. El líder cabildante Guido Manini Ríos dijo a El Observador que su partido tiene «todo el derecho» a comunicarles a sus votantes que hicieron propuestas que fueron descartadas.
«Me importa poco lo que alguien entienda que eso significa», sentenció. En tanto, el Partido Independiente consideró que la ley de urgencia excede lo que fue “El Compromiso por el país”, firmado por los coaligados en noviembre cuando se aliaron para arrebatarle la presidencia al Frente Amplio.
“Hay aspectos que para nosotros no son satisfactorios que estén incluidos en el mismo. De hecho pedimos que no se incluyeran, pero siguen estando, y ahora el ámbito para que se dé esa discusión será el de la coalición. Hasta ahora solo hemos tenido contacto con la delegación que designó el presidente de la República para el tratamiento del proyecto, pero a nivel de la coalición no ha habido un intercambio de ideas”, dijo Posada a LA REPÚBLICA.
Sectores del FA estudian posibilidad de referéndum por ley de urgencia
Entre las estrategias que analiza el Frente Amplio para frenar la ley de urgente consideración, hay dos que parecen picar en punta: la de denunciar la inconstitucionalidad de la norma, por un lado. Y la de iniciar una campaña de recolección de firmar para llevar el tema a un referéndum, por otro.
Según pudo consultar LA REPÚBLICA, algunos sectores analizan la recolección de firmas, otros remarcan que “no hay nada formal” todavía.
Óscar Andrade comentó que era “altamente probable” que se intentara derogar la ley de urgente consideración que ayer ingresó al Parlamento, lo cual suscribió Carrera: “Es muy probable que iniciemos un referéndum”.
Días atrás el senador del PCU Óscar Andrade señaló que era muy probable que se busque derogar la ley de urgente consideración si esta finalmente era aprobada por el Parlamento.
En la misma línea opinó Charles Carrera (en Radio Universal), indicando que “es muy probable” que el partido elija el camino del referéndum para tratar de derogar la ley de urgente consideración, pues consideran un hecho que será aprobada al contar con el apoyo de la mayoría del Parlamento.
“Es un uso abusivo de las normas constitucionales. La calidad de la democracia y poderes está en juego”, añadió, manifestando además que “hay un avasallamiento de la mayoría sobre la minoría. Estamos muy preocupados, es inconstitucional”, agregó, lo que hace que en el FA “vamos a iniciar un proceso de discusión y es muy probable que iniciemos un referéndum”.
La posibilidad por parte de otros sectores de la oposición no se descarta, pero aseguran que no hay nada formal al respecto, como indicaron astoristas y dirigentes de Fuerza Renovadora (sector de Mario Bergara). “Por ahora es solo cosa de ellos”, dijo a LA REPÚBLICA un dirigente del FA, mientras que otra voz de la fuerza política comentó que no se planteó el tema en bancada, ni en ninguna de las orgánicas del partido.
El diputado del Espacio 609 Mariano Tucci dijo a este medio, respecto a la recolección de firmas que “es una decisión que deberán tomar los órganos competentes de la fuerza política, y en ese marco nosotros no descartamos ningún camino. Insisto, la estrategia y cómo se va a parar este campo popular la tiene que definir el Frente Amplio”, dijo. A su vez, cuando se comience a analizar la LUC, para el legislador “la recolección de firmas será unos de los caminos que seguramente la fuerza política analizará con prontitud”.
FRASE
“Gandini debe ser medio comunista, porque juntó firmas para la reforma Vivir sin Miedo”. “Claro, hay una pequeña diferencia, cuando nosotros recolectamos firmas es para defender derechos y la soberanía de nuestro pueblo; cuando lo hizo Gandini fue para meter militares en la calle”. Gerardo Núñez.
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