Cientos de contagios y huelgas de hambre: crece la tensión en las cárceles de América Latina
Colombia | COVID-19 en las cárceles: van 126 contagios confirmados y tres muertes
Desde hace meses, organismos multilaterales y organizaciones de derechos humanos han venido advirtiendo sobre los nefastos efectos que tendría la pandemia del COVID-19 en personas privadas de la libertad. En Colombia, donde el hacinamiento en las cárceles asciende a un 51% y se vive una permanente vulneración de derechos fundamentales que la Corte Constitucional ha denominado «estado de cosas inconstitucional» el panorama no es distinto.
El virus llegó primero a la cárcel municipal de Villavicencio y se ha expandido desde entonces a otros centros de reclusión. En esta nota le mostramos cómo.
23 de abril de 2020
Se confirmó que la cifra de contagios en La Picota ascendió a cinco. El alcalde de Villavicencio confirmó que los casos en la cárcel municipal ascendieron a 109. Adicionalmente, contrajeron la enfermedad la auxiliar de enfermería y la enfermera jefe, que son todo el personal de salud que hay en el centro de reclusión, así como el jefe de cocina y el chef de la prisión.
22 de abril de 2020
El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, confirma 40 nuevos contagios en la cárcel de Villavicencio, donde están recluidas 1.782 personas. Aunque inicialmente estaban contagiados solo en uno de los patios (el Santander), en esta oportunidad se confirmó que 38 internos del otro pabellón de la cárcel, el Colombia, también tienen el virus. Los otros dos casos son de guardias del Inpec.
Asimismo, se confirmó el primer caso en la cárcel de Guaduas (Cundinamarca), ubicada en la vía que conduce de este municipio a Honda (Tolima), sobre el kilómetro 30. Se trata de un interno que fue trasladado en las últimas semanas de Villavicencio.
21 de abril de 2020
Se confirman más casos en la cárcel de Villavicencio para un total de 12 privados de la libertad y 15 funcionarios contagiados. Hay tres víctimas.
19 de abril de 2020
Se reporta el primer caso de contagio en la cárcel Las Heliconias de Florencia en Caquetá. Se trata de un joven de 35 años que fue trasladado de la cárcel de Villavicencio.
18 de abril de 2020
Se confirman los dos primeros casos de contagio en la cárcel La Picota de Bogotá. Se trata de dos personas que fueron trasladadas de la cárcel de Villavicencio en días anteriores.
17 de abril
El Inpec confirmó la muerte del recluso de la cárcel de Villavicencio que estaba hospitalizado para un total de tres muertos. También reportó 20 casos de contagio activos: 13 presos y 7 guardias.
11 de abril
El Inpec confirmó la primera muerte de un recluso bajo su vigilancia. Se trata de un hombre de 78 años que estaba en la cárcel de Villavicencio con antecedente de enfermedad respiratoria. Además, se confirmó el contagio de un recluso que estaba hospitalizado desde comienzos de abril.
10 de abril
Colombia reporta el primer recluso fallecido por el nuevo coronavirus. Se trata de un hombre de 63 años con antecedente de enfermedad respiratoria que estaba detenido en la cárcel de Villavicencio. Aunque recuperó su libertad el 1 de abril, fue directamente al hospital local y allí murió el 5 de abril.
Argentina | Tensión en las cárceles: ya hay casi 1200 presos en huelga de hambre
Por Gabriel Di Nicola
La tensión en las cárceles bonaerenses en medio de la pandemia de coronavirus no disminuye y se suman presos en huelga de hambre para exigir excarcelaciones, arrestos domiciliarios, conmutaciones de penas y mejores condiciones detenciones . En las últimas horas, 332 internos de la Unidad 41 de Campana se sumaron a las protestas y así son 1184 los detenidos que apoyan los reclamos.
Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, las máximas autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) se harán presentes en la Unidad 41 de Campana para hablar con los presos que están en huelga de hambre.
Además de la cárcel de Campana hay reclamos en la Unidad 48, de San Martín; la U12, de Gorina; la U27, de Sierra Chica; la U31, de Florencio Varela; la U33, de Los Hornos; la U39, de Ituzaingó, y la Alcaidía Roberto Pettinato, de Lisandro Olmos, en La Plata.
«Si bien la mayoría de las protestas son pacíficas, generan tensión», explicaron las fuentes consultadas.
Petitorio
Los internos en huelga de hambre presentaron petitorios con exigencias. Por ejemplo, en la Unidad 48 pidieron indultos y conmutaciones de penas para «regularizar la superpoblación, terminando con el hacinamiento, en las cárceles»; arrestos domiciliarios para los presos que gozaban de las salidas transitorias en el momento en que se declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio, y el mismo beneficio para las personas con prisión preventiva sin sentencia firme, entre otras cuestiones.
Las presentaciones en la Justicia por parte de los presos continúan. Según informaron fuentes judiciales, en las últimas horas llegó al Tribunal de Casación Penal bonaerense un hábeas corpus colectivo donde, entre otros puntos, los detenidos aseguran que en algunas unidades carcelarias no hay jabón para higienizarse.
La peor situación se vivió en la Unidad 23 de Florencio Varela, donde durante una virulenta protesta hubo un preso muerto y otros 40 heridos.
Si bien en un primer momento se había informado desde el SPB que Federico Rey, de 23 años y quien estaba detenido desde 2017 condenado por robo con armas doblemente agravado, había muerto apuñalado por otros reclusos, fuentes oficiales dijeron ayer a LA NACION que el cuerpo no presentaba heridas de arma blanca y que sí tenía marcas de haber sido alcanzado con proyectiles de posta de goma disparados por personal penitenciario; además, presentaba un fuerte golpe en la cabeza (junto a su cuerpo se halló un ladrillo manchado con sangre, explicaron las fuentes consultadas).
Según fuentes de la investigación, Rey presentaba ocho impactos compatible con posta de gomas: uno en la nuca, otro en lado derecho de la cabeza, otro en el lado derecho del tórax y cinco en las piernas.
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense se inició un sumario interno para investigar la actuación de todo el personal que estuvo de guardia durante los acontecimientos, en tanto se aguarda el resultado de la autopsia para saber cuál fue la causa efectiva de la muerte del recluso Rey.
La situación de conflicto en la cárcel de Florencio Varela, que había comenzado ayer a las 9, se logró controlar recién doce horas después, a las 21, tras una negociación entre autoridades penitenciarias y judiciales con representantes de los distintos pabellones.
La subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires participó ayer de los controles de salud realizados a los detenidos de la Unidad 23 de Florencio Varela, según informó la agencia de noticias Télam.
Desde hace varios días, los presos venían realizando reclamos ante el hacinamiento que padecen y en demanda de medidas de seguridad sanitaria ante la pandemia de coronavirus. La subsecretaría informó que concurrió a la U23 para acompañar la realización los controles de salud a los detenidos, que permita analizar y sistematizar cada uno de los casos y de sus requerimientos.
Chile | “Uno tiene que estar muriéndose para que te atiendan”: Cómo se vive la pandemia en las cárceles
Internos de Puente Alto y de la exPenitenciaría de Santiago cuentan que han tenido que sanitizar por sus propios medios las galerías o módulos donde viven. Dicen que el termómetro de la enfermería marca lo mismo para todos y que los contagiados o sospechosos de tener el virus viven aislados en celdas en precarias condiciones. La Tercera PM obtuvo el testimonio de algunos internos que recibieron el beneficio de cambiar la prisión preventina por arresto domiciliario total y de otros que permanecen en los penales.
El primer interno diagnosticado con Covid-19, quien estaba en el penal de Puente Alto, no logró modificar su prisión preventiva, pese a que estaba contagiado.
El 30 de marzo pasado el tribunal de garantía consideró que había que mantenerlo tras las rejas en una zona habilitada para enfermos de coronavirus, separado del resto de la población penal.
Esto, luego de que la fiscalía argumentara que el imputado era un peligro para su padre de 80 años, a quien habría lesionado varias veces.
A 24 días de ese caso, ya son 110 las personas privadas de libertad y 134 los funcionarios de Gendamería que están diagnosticados con coronavirus, según el último reporte oficial.
Para descongestionar las cárceles en medio de la pandemia, el gobierno benefició a 1.860 condenados con el indulto comutativo, a fin de que pasen a cumplir sus penas con arresto domiciliario total, los que empezaron a salir de prisión el pasado viernes.
Así, hasta ayer habían abandonado las cárceles un total de 1202 hombres y 179 mujeres.
A esto se suma la iniciativa de la Defensoría Penal Pública, que aspira a sacar de los penales a cerca de 3.000 internos cambiando la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total.
De este total, hasta ayer habían logrado cambiar la cautelar de 913 personas que dejaron los penales en el país.
Gabriel Paredes Silva (25) fue condenado por robo con violencia hace cuatro años. Estaba preso en la cárcel de Puente Alto hasta el pasado domingo, cuando le dieron arresto domiciliario total tras ser beneficiado con el indulto.
“Fue súper difícil estar adentro con esa pandemia, andaban todos contagiados. Yo estaba en la torre 3 de la cárcel de Puente Alto y el primer contagiado fue de la torre 4; después pasó a la torre 3, donde se contagió la gente del segundo piso», relata.
Añade que “después les tocó a los internos del primer piso; luego se contagiaron los de los pisos tres, cuatro y cinco, donde estaba yo. Cuando nos dijeron que iban a dar indultos fue nuestra única esperanza de salir de ahí”.
Señala que “hay muchas cosas que Gendamería oculta; por ejemplo, decían que en la torre 3 hay un contagiado y es mentira, habían muchos más. Tampoco le echo la culpa a Gendarmería, porque no dan abasto. Llegaba la gente de enfermería, uno les decía lo que le dolía y te tomaban la temperatura con una máquina que parece que mentía, porque siempre marcaba 36.6 a todos. Daban paracetamol y listo”.
Paredes cuenta que antes de salir de la cárcel, el domingo reciente, “estaba con un compañero que estaba grave, todo el día acostado. Uno tiene que estar muriéndose para que te atiendan y lleven al hospital. A los únicos que sacaron del penal eran a los 70 con enfermedades crónicas. Para el resto, nada”.
Pisos y agua
Una situación similar relatan los reos de la exPenitenciaría. Uno de ellos es G.C.L. de 27 años, quien pidió ser identificado con sus iniciales y está en prisión preventiva hace 24 meses en Santiago Sur, imputado por un robo en lugar habitado, ocurrido el 23 de mayo de 2018 en Peñaflor.
Perú | 1.300 policías se contagiaron de COVID-19, confirmó ministro del Interior
1.300 policías se contagiaron del coronavirus, así lo confirmó el ministro del Interior, Carlos Morán. Desde que inició el estado de emergencia, 80.000 laboran en las calles con las Fuerzas Armadas para evitar la propagación de la COVID-19.
Hasta el jueves 23 de abril, 24.000 fueron sometidos a pruebas moleculares que descartaron y confirmaron si padecían este mal. Calculó que realizarán cerca de 20.000 exámenes más en comisarías de Lima y de otras regiones del Perú.
“El sector interior está adquiriendo 80.000 pruebas moleculares y 120.000 pruebas rápidas que llegarán la próxima semana”, añadió en conferencia de prensa.
La Policía Nacional también compró 50 millones de soles en guantes, mascarillas, equipos biomédicos, equipos de protección especial, desinfectantes y gel.
“Pero no es suficiente. Nosotros tenemos el compromiso de seguir protegiendo a nuestra primera línea de acción. Estamos tensionando todas nuestras fuerzas, haciendo convenio con clínicas privadas”, prosiguió.
Uno de estos nosocomios es la clínica Maison de Santé, donde fallecieron dos policías. Uno de ellos, que laboraba en la comisaría de La Victoria, denunció que el personal de salud de este centro no le proporcionó las pastillas que necesitaba. También señaló que a su superior de la PNP no le proporcionaron oxígeno.
Dos días después de que pidiera ayuda al ministro del Interior, lo internaron en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Uruguay | Informe de cárceles: 26% de reclusos tienen condiciones «crueles, inhumanas y degradantes»
El 15 de abril el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, presentó a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, el informe 2019 sobre la situación carcelaria nacional. Este informe contiene un diagnóstico con 20 conclusiones, 20 recomendaciones relacionadas y 33 recomendaciones específicas, dirigidas a las autoridades carcelarias y varios organismos del Estado. El documento ya fue enviado a los legisladores y autoridades nacionales.
Aunque el informe elogia la reforma penitenciaria iniciada en 2010, porque inicia la transformación del sistema penitenciario de un «modelo sólo asegurativo y pobre en capacidad de rehabilitación», hacia un «nuevo modelo orientado técnicamente hacia la rehabilitación y reinserción social», recuerda que «todavía subsisten importantes y graves carencias».
«No mejorará la seguridad pública sin una inversión fuerte en el sistema penitenciario y una mejora continua de la reforma penitenciaria», advierte el reporte.» Lo que pasa en las cárceles pasará en las calles. Sus problemas y sus violencias, lejos de disiparse, volverán a reventar en las calles si no son tratados mientras se puede», resume.
Algunos datos
A noviembre de 2019, el sistema carcelario uruguayo tenía 11.574 internos, unos 328 cada 100.000, casi al tope entre los países de América Latina con más presos, superando ampliamente a Perú (267), Chile (229), Colombia (226), Paraguay (180), México (169) o Argentina (167). A Uruguay solo lo supera Estados Unidos (655), Cuba, Panamá, Costa Rica y Brasil.
En 2019 el sistema penitenciario presentaba buenas posibilidades de integración social y rehabilitación para el 27% de sus internos, insuficientes posibilidades de integración social y rehabilitación para el 47% de los internos, y condiciones de trato cruel, inhumano o degradante para el 26% de los mismos.
De acuerdo a esto, el 73% de la población penitenciaria está alojada en lugares que no ofrecen las posibilidades de rehabilitación necesarias para facilitar su reinserción social.
La valoración de 2019 marca una mejora de las condiciones con respecto a años anteriores (26% con oportunidades de integración social, 39% con insuficientes oportunidades y 35% con condiciones de trato cruel, inhumano o degradante en Informe 2018).
Densidad y violencia
En el 2019 la población del sistema penitenciario continuó creciendo y se aproximó a completar nuevamente su capacidad de alojamiento, algo que había mejorado en años anteriores. «Durante el 2018 y tras mucho tiempo, se logró que la población penitenciaria alcanzara niveles menores a la capacidad de alojamiento. Sin embargo a partir de 2018 el volumen de población ha retomado el crecimiento (tendencia característica de las últimas décadas) y la densidad se encuentra hoy en día al 100%. Esto significa que si la tendencia actual se mantiene, la sobrepoblación y el hacinamiento volverán en breve a ser un problema.
En 2019 se registraron 31 muertes violentas dentro del sistema penitenciario; la cifra es una de las más altas desde que existe registro de este indicador extremo (2005), siendo solamente superada por la de 2016, donde se registraron 32 muertes violentas.
En total 2019 tuvieron lugar 44 muertes en prisión, lo que implica un incremento sustantivo en relación a los 37 fallecimientos ocurridos en 2018. Dentro de las 31 muertes violentas hubo 20 homicidios, 9 suicidios, una electrocución y un fallecimiento por meningitis, producto de una larga internación tras recibir una puñalada en el rostro.
En términos absolutos, 2019 implicó un récord anual de los homicidios desde 2006. En términos relativos, la tasa se mantuvo similar a 2018, indicando 186,5 homicidios cada 100.000 personas, aproximadamente 18 veces más que la cifra nacional. Por su parte, la tasa de suicidios en cárceles fue de 83,9 cada 100.000, aproximadamente 4 veces más que la cifra nacional.
«Estas cifras representan la continuidad de un fenómeno preocupante y de largo plazo, que se muestra todavía resistente a los programas de rehabilitación y de actividades socioeducativas implementadas, lo que vuelve a insistir en la necesidad de seguir aumentando la cobertura y profundidad de esas acciones», indica el comisionado.
El reporte también dedica un capítulo a la educación entre los reclusos, con algunas conclusiones alarmantes. Dos de cada 10 personas privadas de libertad no saben leer o lo hacen con dificultad. El 77,7% de las personas que no saben leer tiene entre 18 y 37 años. De la población que no sabe leer comprendida entre los 18 y los 37 años, los varones representan el 97,24%.
Actividades
El informe denuncia que en una alarmante parte del sistema penitenciario todavía existe total falta de actividades socioeducativas, encierro, violencia, mala alimentación, malas instalaciones, pero destaca las mejoras logradas y subraya el esfuerzo de muchos funcionarios penitenciario -operadores, policías, técnicos y administrativos- que todos los días sostienen el funcionamiento del sistema.
Recomendaciones
El documento concluye que un mejor sistema penitenciario podría bajar las tasas de reincidencia al 25% lo que requiere una «denodada intervención técnica para multiplicar los programas socioeducativos, de atención sanitaria, de salud mental y adicciones y contar con el aporte activo de todas las áreas de las políticas sociales dentro de las cárceles».
Se plantea la necesidad de que ASSE asuma la totalidad de la cobertura de salud del sistema penitenciario, la creación de una Fiscalía Penitenciaria especializada, un rol más fuerte del CODICEN en la educación en cárceles en todas sus facetas, la presencia del MIDES para asistir a las familias, más recursos para la Defensa Pública del Poder Judicial, iniciar una experiencia de Justicia Terapeútica como la existente en muchos países para los delitos leves originados en adicciones, la instalación de escuelas de oficios, fortalecer el sistema de medidas alternativas con capacidad de seguimiento y asistencia de los casos, la integración de la Dirección del Liberado al MIDES y promover el uso de tecnologías de la información para la gestión de las unidades para también para nuevas instancias de educación y capacitación, incluyéndose tablets para los que egresen con información y orientación para el empleo, la salud y su capacitación.
Brasil | «Nessa pandemia, estamos esperando um massacre», afirma Pastoral Carcerária
Levantamento da Pastoral Carcerária Nacional aponta que o atual cenário do sistema penitenciário brasileiro, diante da pandemia do novo coronavírus, é de proibição de visitas e entrada de materiais de higiene em presídios, além da falta de transparência e omissão de informações por parte dos órgãos oficiais.
O relatório elaborado pela entidade foi feito a partir de um questionário respondido por 1.213 pessoas, entre familiares, agentes da pastoral, agentes penitenciários, técnicos do sistema prisional, advogados, juízes, defensores públicos e membros de organizações de direitos humanos.
A coordenadora nacional da Pastoral Carcerária, Irmã Petra Pfaller, é taxativa quanto ao futuro diante desse quadro: «Nessa pandemia, estamos esperando um massacre».
Ela, que atua há 25 anos junto à população em privação de liberdade, afirma que nunca pensou que o que era ruim pudesse ficar ainda pior. «Nessa pandemia do coronavírus, a tortura é pior ainda, o descaso do Estado. Isso me assusta bastante, essa falta de transparência, a repressão, e [ainda] enganam o povo. Imagina, o ministro da Justiça falar que estão fazendo a questão preventiva e os presos têm que ficar a dois metros de distância, que estão higienizando as celas. Como que em uma cela superlotada pode ficar a dois metros de distância?», questiona.
Segundo o documento da pastoral, quando questionados se havia suspeitas de presos com a covid-19, 621 pessoas (51,5%) não sabiam responder; da mesma forma, 736 (61,2%) pessoas não sabiam dizer se havia casos confirmados dentro das prisões ou não, o que, segundo a entidade, demonstra a omissão de informações sobre o que ocorre das penitenciárias.
Nessa quarta-feira (22), foi divulgada a terceira morte de um detento do sistema prisional. Um homem de 54 anos, na Penitenciária 1 de Mirandópolis, no oeste do estado de São Paulo. Oficialmente, essa é a terceira morte, mas a Pastoral Carcerária acredita que o número é ainda maior.
As medidas tomadas em diversos estados e países para evitar a proliferação da covid-19, como o isolamento social e medidas de higiene, também não são permitidas aos detentos, indica a Irmã Petra. «As denúncias que temos é que falta água, falta material de higiene, material de limpeza. Já antes não tinha e, agora, é pior ainda», resume.
No dia 17 de março, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) emitiu uma recomendação (CNJ 62/2020) a tribunais e magistrados para adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus, com validade de 90 dias a partir daquela data. As recomendações têm por objetivo a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade e também dos profissionais que atuam no sistema de justiça penal e socioeducativo.
México | Otorgan libertad a 29 presos en el EdoMéx para despresurizar prisiones
En el marco de la contingencia sanitaria por COVID-19, el día de ayer 26 hombres y tres mujeres recibieron el beneficio del brazalete con el que se les fue otorgada su libertad, ya que cumplían una sentencia menor por delitos no graves.
El Estado de México cuenta con el Sistema Penitenciario más grande, con una población de 31 mil 78 PPL, motivo por el cual la actual administración a través de la Secretaría de Seguridad (SS), instrumentó un programa de preliberación, a fin de analizar todos los expedientes y estar en posibilidades de indicar cuáles cumplían con los requisitos para ser beneficiados.
Es así como 26 hombres y tres mujeres recibieron su preeliberación por parte del Poder Judicial del Estado de México luego de que evaluarán cada uno de los casos.
En tanto, Manuel Palma Rangel, subsecretario de Control Penitenciario mencionó que “debido a la contingencia y al llamado que ha habido de organizaciones de la Sociedad Civil y de Derechos Humanos, se han reforzado las medidas de libertad condicionada, con lo que se pretende que a finales de mayo se llegue a 300 personas liberadas.”.
Previo a su salida del Centro de Prevención y Reinserción Social (CPRS) Chiconautla, elementos estatales colocaron a los PPL un brazalete, con el cual serán monitoreados las 24 horas del día por parte del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), hasta que cumplan su sentencia; así mismo, recibieron indicaciones específicas a cerca del uso y cuidado del dispositivo.
Cabe señalar que durante el proceso de liberación, uno de los internos externó su agradecimiento a la SS por la oportunidad concedida para reintegrarse a la sociedad, estar con su familia y que después de todo lo aprendido al interior del Centro Penitenciario, está acción se sumaba a su motivación para salir adelante, trabajar y terminar sus estudios.
La SS reitera su compromiso de continuar con labores de reinserción social dentro del Sistema Penitenciario, así como de prevención sanitaria ante la contingencia que actualmente vive en país, con el propósito de otorgar el beneficio de pre libertad a PPL cuyos casos son previamente analizados, lo cual permitirá disminuir la población adentro de los CPRS y por tanto reducir el riesgo de contagio por COVID-19.
República Dominicana | Se complica crisis en cárcel La Victoria
La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 en la Penitenciaría Nacional La Victoria se complicada cada día ya que en casi un mes los casos positivos pasaron de uno a 239.
Ayer, el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, informó que hasta el momento han realizado unas 5,558 pruebas rápidas en este penal, de las cuales 239 resultaron positivas.
El funcionario detalló que 170 pruebas realizadas a los internos salieron indeterminadas, pero para su confirmación se indicó la realización de las pruebas de PCR.
Precisó que el proceso de intervención en este recinto, que alberga a más de 8 mil reclusos, está casi concluyendo.
Casos por área
Sánchez Cárdenas explicó detalladamente cuántos casos positivos fueron encontrados en cada área de la cárcel, indicando que en Los Galpones fueron realizadas 185 pruebas y solo una arrojó positiva y 10 indeterminados.
En Los Galpones 2, de 410 reos, tres dieron positivos y 15 indeterminados.
Dijo que en la búsqueda activa de asintomáticos hicieron otras 145 pruebas de los cuales 121 resultaron negativa, 11 positivos y 13 indeterminados. “En área médica y mayores de 60 años, de 454; 37 dieron positivos y 27 indeterminados”, detalló.
En el Médica-hospital y Mayores, de 982 pruebas; 29 dieron positivos y 15 indeterminados. En las Malvinas y Alaska de 834; 55 dieron positivo y 19 indeterminados.
El ministro dijo que de 172 adicionales, 1 dio positivo.
En el pabellón de reinserción 292 pruebas,15 dieron positivas y 2 indeterminados.
En el Consulado de 639 reclusos, 40 dieron positivos y 52 indeterminados.
En los pasillos “A”, “B” y “C”, de 785; 24 dieron positivos y 8 indeterminados.
En los pasillos “F1” y “F2” de 663 reclusos, 23 dieron positivo y 9 indeterminados.
Siguen las intervenciones
Sánchez Cárdenas aseguró que las jornadas de intervención se continúan realizando, además de La Victoria, en las cárceles de San Francisco de Macorís y en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, donde, explicó, hasta el pasado miércoles, alrededor de 8 reclusos dieron positivos por pruebas rápidas.
Garantizan el suministro gratis de medicamentos
Por otro lado, la Procuraduría General de la República indicó que garantizan a los internos infectados del virus el suministro de manera gratuita de los medicamentos que les indica el Ministerio de Salud Pública. Dijo, además, que continúan reforzando las acciones que lleva a cabo en todo el sistema penitenciario nacional para evitar la propagación del COVID-19, “ofreciéndole asistencia oportuna y la medicación requerida”.
