Emergencia en comunidades de México, Bolivia, Colombia y Perú ante el Covid-19
México | Pueblos indígenas piden respeto a sus propias medidas de seguridad por Covid-19
Organizaciones de derechos humanos y autoridades comunitarias de Guerrero pidieron a los tres niveles de gobierno que respeten los sistemas de control que han implementado las comunidades indígenas para frenar la propagación de la pandemia Covid-19.
“Pedimos al gobierno federal, estatal y municipal, que no sólo respeten las decisiones comunitarias de establecer sistemas de control para la entrada y salida de muchas comunidades indígenas de Guerrero. Deben explorar mecanismos de apoyo, porque el esfuerzo de los pueblos es para evitar la propagación del coronavirus. Son medidas de protección drásticas, pero necesarias”, demandaron.
En un pronunciamiento público, las organizaciones de derechos humanos y autoridades comunitarias de Guerrero manifestaron que “están consternados” por la tragedia nacional e internacional que a su paso va dejando el Covid, 19.
Ante las secuelas destructivas del coronavirus, plantearon que es necesario implementar un Plan Nacional Emergente para cuidar la vida de millones de indígenas y afros que se encuentran a lo largo de todo el País.
Mediante la aplicación del Plan, exigieron que se respeten los mecanismos de control que han implementado en sus comunidades para limitar la movilidad de las personas así como la entrada y salida de turistas.
Además, solicitaron que cuando la propagación de la pandemia disminuya, se active un programa alimentario y se fortalezca la economía de los pueblos indígenas y afros.
Las organizaciones y las autoridades comunitarias también alertaron que desde hace semanas y debido a la pandemia, los jornaleros agrícolas están retornando y pueden estar contagiados.
Mientras que otros jornaleros requieren apoyo porque sobreviven con dificultad a la emergencia sanitaria en Estados Unidos.
“En Guerrero muchos han retornado y quizá en su regreso no tuvieron los cuidados sanitarios para evitar la propagación del virus que azota a nuestro país.
Como ustedes saben, miles de guerrerenses, al no encontrar esperanza de vida en nuestro estado y en el país, tuvieron que emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU). En Nueva York, que ha sido uno de los epicentros que más ha golpeado la enfermedad a cientos de inmigrantes en los EE.UU, también ha cobrado la vida de muchos guerrerenses. Miles de indígenas de nuestro Estado sobreviven con dificultad en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Chicago”, afirmaron.
A través del Plan Nacional Emergente, urgieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a otorgar atención inmediata a los indígenas que trabajan en Estados Unidos ya que por el Covid-19 han perdido sus empleos.
De igual manera, solicitaron garantizar la atención médica a los jornaleros que están en Estados Unidos, la condonación de rentas y apoyos por muerte a causa de la pandemia.
El pronunciamiento público fue firmado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Consejo Comunitario de Ayutla de los Libres, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, y los presidentes municipales de Xochistlahuaca, Cochoapa el Grande y Malinaltepec.
MÁS DE 90 COMUNIDADES ÍNDÍGENAS CIERRAN SUS ACCESOS POR COVID-19
Como una medida para evitar la propagación de coronavirus, 99 comunidades indígenas de 40 municipios de Guerrero cerraron sus accesos y en algunos casos, no permiten la entrada a visitantes, reportó el diario Reforma.
Los municipios de Huitzuco, Ixcapuzalco y Apaxtla, anunciaron de manera oficial que se restringe el acceso a sus municipios para evitar la propagación del virus.
En Ixcateopan ampliaron el cierre de sus entradas, desde los límites con Teloloapan en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, y en el otro extremo con Taxco y Tetipac, en donde no se permite la entrada a toda persona que no sea nativa del municipio.
Hay 6 indígenas contagiados de coronavirus en Colombia y 250.000 familias en riesgo
Los datos, compartidos por La FM, revelan que más de 500.000 familias indígenas en el país viven en condición de crisis humanitaria.
La Onic también informa que por el momento hay unos 90 indígenas emberá dobidá de la comunidad de Peñas Blancas (Riosucio, Chocó) en observación por posible contagio con coronavirus, pues presentan síntomas que coinciden con los del COVID-19, como fiebre, tos seca, dolor de cabeza y de cuerpo, y comezón en la piel, sobre todo en niños.
La organización indígena Asorewa, según la Onic, también muestra preocupación por la cercanía de estos pueblos emberá dobidá (‘gente de río’) con la frontera con Panamá, donde se han presentado casos positivos de COVID-19 en otros pueblos indígenas.
Adicional a la crisis de la pandemia, señala La FM, estos pueblos siguen agobiados por los grupos al margen de la ley que operan en esa y otras zonas de Colombia habitadas por pueblos indígenas, si se tiene en cuenta que además del temor que los acosa, ya han sido asesinados 162 indígenas durante el gobierno de Iván Duque.
Bolivia | Indígenas no saben qué hacer si llega el virus a sus pueblos
Por Luis Escóbar
Los indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) advirtieron que no tienen protocolos ni suministros de bioseguridad, tampoco la posibilidad de evacuar de las comunidades a algún paciente con coronavirus. También denunciaron desabastecimiento de medicamentos y alimentos.
“Al área rural no llegó ningún protocolo que debamos seguir en caso de registrar algún contagio. De hecho, el único centro para acudir –en caso de que se presentara un enfermo – sería en Trinidad, habría que viajar”, declaró el dirigente indígena Pedro Moye.
El traslado “más rápido” de un enfermo sería vía área o pluvial pero no se cuentan con esos medios de transporte. “Por tierra, tampoco tenemos apoyo porque no hay ambulancias ni medios para sacar a un enfermo rápidamente a un hospital. Esa es la preocupación más grande de las comunidades, la forma de salir de forma inmediata”, recalcó.
Según la autoridad local, en su región viven tres pueblos que son: Mojeño, Trinitano y Yuracaré con una población de 5.830 habitantes. Sólo pueden acudir a cinco centros de salud a los que no llegó ningún material de bioseguridad ni medicinas para la atención de otras enfermedades.
“Vemos que el Sedes no promovió ninguna línea de acción a los centros de salud. Sólo se abocaron a capitales de provincia o de departamento y abandonaron el área rural”, advirtió Moye. Dijo que los dirigentes son los que informan a la bases cuáles son los síntomas del coronavirus a través de las redes sociales.
“Por el momento no tenemos ningún contagio, o ninguna personas que sea sospechosa o que requiera internación”, sostuvo; pero aseguró que la población tiene miedo al estar entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, urbes con altas cantidades de casos.
Al Tipnis tampoco llegan abarrotes como azúcar, fideo, arroz y otros alimentos necesarios. Actualmente, las comunidades se mantienen con sus propios productos como frijol, yuca, arroz o pescado que es lo que más consumen. También el comercio fue interrumpido y por ello, los indígenas recurren al trueque para poder abastecerse. “Necesitamos respuestas”, solicitó.
Las comunidades
- Temor. Marqueza Teco, de la Sub Central de Mujeres Campesinas del Tipnis consideró que sería “catastrófico” que el virus ingrese a sus comunidades. Dijo que no tienen alimentos, medicinas, ni médicos.
- Pueblos La Ley reconoce a 34 naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Sólo el Tipnis agrupa a 64 comunidades en siete de los nueve departamentos.
Perú | Comunidades nativas temen que mineros ilegales lleven COVID-19
La incesante actividad minera ilegal en algunas zonas de La Pampa y los casos recientes de contagios del Covid-19 en Madre de Dios han despertado temores en esa región amazónica debido a la posibilidad de la propagación del nuevo coronavirus en las comunidades indígenas.
Y es que los mineros ilegales realizan sus actividades sin importar fronteras o límites, en un ejercicio en el que se ha comprobado la intervención de sicarios o grupos armados.
Julio Cusurichi, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), afirmó que la prioridad de las autoridades políticas en relación a las comunidades nativas debe ser mejorar la atención. “Nadie descarta que hay que cuidar los árboles y ríos, también hay que proteger a los hermanos indígenas”, dijo.
El destacado ambientalista, uno de los ganadores del premio ambiental Golman 2007, aseguró que las comunidades están preocupadas por las actividades mineras.
“Nuestros hermanos indígenas tienen derecho a estar protegidos igual que otras comunidades”, manifestó.
“Las comunidades sienten que la reserva comunal no solo es conservación sino beneficio”, añade Walter Quertehuari, presidente de la reserva Amaraekeiri.
Algunas de las poblaciones amenazadas son Diamante Puerto Azul, Boca Ishiriwe, Masenawa y las etnias harakmbuts, yire y machiguenga.
“Lo que queremos lograr es una vida sin coronavirus en nuestras comunidades”, dijo.
Lucha contra minería
Los pueblos nativos no tienen solo la presión de estos sujetos que operan en algunos sectores de La Pampa o del corredor minero, sino también la movilidad de personas extrañas que buscan controlar algunos ríos y el paso de combustible.
La fiscal Karina Garay, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, aseguró que desde que se inició el estado de emergencia se han realizado 45 operativos contra la minería ilegal y explicó que no se ha dejado de trabajar pese al brote del coronavirus en la región.
“Aún hay personas que se resisten a dejar La Pampa, pero vamos a perseguirlos hasta liberar esta zona de la minería ilegal. La Pampa volverá a ser verde”, señaló.
En efecto, ayer un equipo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, en coordinación con la Marina de Guerra y la Policía Nacional, dio un duro golpe a una mafia dedicada a la minería ilegal en el sector de Laberinto.
Se encontró una balsa gringa, 5 balsas carrancheras, 5 motores chinos, un motor Volvo, seis tolvas, un campamento, un motor peque peque, seis tracas, un generador, seis bombas de succión, dos embarcaciones de madera, 100 gramos de mercurio, entre otros materiales destinados a la minería ilegal.
La fiscal Karina Garay precisó que aún hay focos de minería ilegal, pero aseguró que las operaciones no tienen tregua. “Estamos acá para luchar hasta el final, vamos a recuperar La Pampa al cien por ciento”, manifestó. Explicó que en esta lucha es fundamental la labor de la PNP y las FFAA.
Defensoría exige acciones en Ucayali
La Defensoría del Pueblo recomendó al gobierno regional de Ucayali adoptar acciones inmediatas para proteger la salud de los miembros de la comunidad shipibokonibo de Puerto Betel, en la provincia de Coronel Portillo, donde hay casos de Covid-19.
Además pidió que se disponga la realización urgente de pruebas de despistaje en la comunidad para determinar el número de afectados.
Solicitó también la asignación de un presupuesto exclusivo para la prevención y atención de casos de Covid-19 en las comunidades indígenas.
El dato
Tráfico. La Defensoría del Pueblo también ha advertido un tráfico fluvial intenso en los principales ríos de navegabilidad de la Amazonía, lo que indica un traslado importante de personas sin permiso.
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