Más de 150 presos contagiados en Chile, 32 en Colombia y motín en Argentina
Chile | Preocupante brote de COVID-19 en Cárcel de Puente Alto ya supera los 150 casos
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico visitaron el Complejo Penitenciario de Puente Alto, en el que el domingo recién pasado se produjeron incidentes protagonizados por internos, en protesta a las condiciones dispuestas al interior del penal para enfrentar el COVID-19 y a la “demora” –según ellos califican- en la aplicación del indulto conmutativo que partió el vienes 17 de abril.
Sergio Micco, director del INDH, apenas se enteró de los incidentes, se trasladó el domingo 19 de abril hacia el recinto penal del sur de Santiago. En el lugar y por más de ocho horas pudo conversar con los internos de la Torre 1, quienes acusaban a gritos que el “brote” radicaba en ese espacio y exigían la aplicación de medidas.
En la visita de seguimiento realizada por la sede metropolitana del instituto, se constató que 68 internos y 83 funcionarios de Gendarmería se encuentran contagiados, situación que está tensionando la rutina al interior del recinto penitenciario.
Justamente en respuesta a ello es que Gendarmería dispuso la aplicación de 300 test de detección tanto en internos del citado módulo, como en aquellos que están en otros espacios, además de gendarmes, quienes hasta el momento se alzan como el grupo con mayor número de infecciones y que –según constató el instituto- aún no disponen de todos los elementos necesarios para protegerse, tampoco así el equipo médico.
“Nosotros nuevamente como Instituto queremos hacer una denuncia. Nos encontramos con una enfermera. Lo mismo que hace tres semanas atrás, porque se contrató otra enfermera que estaba contagiada y seguimos con los mismos números de paramédicos que son tres”, afirmó Micco.
Beatriz Contreras, jefa metropolitana del INDH, tras su visita a la cárcel aseguró que los test efectivamente se están aplicando, y que se han adoptado medidas, pero que calificó como “insuficientes ante la magnitud de la situación que se vive al interior del penal”.
Si bien valoró la instalación de un túnel sanitario y la disposición de un nuevo espacio de aislamiento social más grande que el anterior y que permite una aplicación más factible de esta medida, Contreras señaló que “preocupa que habiendo trascurridos casi dos semanas la unidad aun no cuente con un médico, dado que el titular se encuentra con licencia, debiendo la enfermera hacerse cargo de esta situación. Es un equipo de salud muy pequeño en atención a la cantidad de población penal y de funcionarios contagiados y/o con sospecha de estarlo”.
El INDH dio cuenta también de las aglomeraciones que se están produciendo afuera de las cárceles, en las que los familiares se agrupan sin los resguardos ni el distanciamiento social recomendado, y sin el control necesario para ingresar encomiendas a sus cercanos privados de libertad, que en este momento revisten gran importancia dado que a través de ellas los reclusos acceden a elementos de higiene, aseo personal y saneamiento, no proporcionados por el Estado.
En su visita el INDH fue informado que a raíz del indulto promulgado la semana pasada, fueron liberados 35 internos, de los que 17 se encuentran contagiados con COVID-19.
“Nos preocupa que la institución esté haciendo un seguimiento a la salud de estos internos a las medidas que se estén tomando para el resguardo de su entorno y a las medidas parta evitar la propagación del virus. Hemos realizado la consulta y estamos a la espera de esta información”, advirtió.
Colombia | Estas son las tres cárceles con enfermos por coronavirus: ¿qué medidas se están tomando?
Ya van 32 internos contagiados con el COVID-19. El Inpec anunció que extremó seguridad en el centro penitenciario de Villavicencio, donde hay más casos.
En La Picota de Bogotá hay dos casos, en Las Heliconias, también en la capital, se reporta uno y en la cárcel de Villavicencio hay 29.
Ante esta situación, Norberto Mujica, director del Inpec, señaló que “quedaron prohibidos los traslados entre cárceles del país de cara al decreto y lo que hemos venido aprendiendo con lo sucedido en Villavicencio”.
Por su parte, los internos de La Picota se declararon en desobediencia y requirieron la presencia de la Procuraduría.
Carlos Medina, procurador delegado para los Derechos Humanos, informó que “han hecho énfasis en la necesidad de qué se aceleren los procesos de libertad en el marco de lo ordinario, teniendo ellos en sus cálculos que el decreto ha quedado corto.
Añadió que la Procuraduría “insiste en la necesidad de poder revisar caso a caso las personas que pueden tener derecho a la libertad”.
El Inpec y el Ministerio de Justicia señalan que en la cárcel de Villavicencio se extremaron las medidas de seguridad con trajes de aislamiento y la realización de más de 300 pruebas de coronavirus COVID-19.
Argentina | Finalizó el motín en Melchor Romero: presentarán un petitorio a la Justicia
Unos 150 internos de la Unidad 10 de Melchor Romero, en el partido de La Plata, realizaron este martes una huelga de hambre y protestaron sobre los techos de la cárcel para que se les otorguen prisiones domiciliarias, insumos de higiene y protección para evitar contagios de coronavirus.
Luego de una negociación de la que participaron integrantes de la Defensoría General de La Plata, de la Comisión Provincial por la Memoria, de la Plana Mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense y el juez de Ejecución de la capital provincial, José Villafañe, los presos bajaron del techo.
La situación quedó controlada sin que se tuviera que lamentar heridos y ahora los privados de libertad preparan un petitorio con reclamos judiciales con eje en que se otorguen prisiones domiciliarias y excarcelaciones.
La Unidad 10 aloja 150 internos, con la particularidad de que la mayoría transitan el último tramo de la pena.
Muchos de los internos que transitan el último tramo de la pena hasta el inicio de la cuarentena obligatoria gozaban del beneficio de las salidas transitorias, pero luego el Poder Judicial decidió suspenderlas para prevenir la propagación del coronavirus, lo que generó el enojo de los reclusos.
Tras al menos cuatro horas de diálogo se logró disuadir a los internos para que canalicen sus reclamos sin alterar el orden del penal.
La Unidad 10 forma parte del Complejo Penitenciario de Melchor Romero pero se encuentra alejada de la Alcaidía donde fueron alojados los ocho rugbiers acusados de la muerte de Fernando Báez Sosa, ocurrida en Villa Gessell.
La Alcaidía Departamental III, que aloja a los rugbiers, está ubicada en la calle 520 y 182 de la localidad platense de Melchor Romero, donde funcionaba antiguamente la Unidad 29.
