Sindicatos reclaman al gobierno más firmeza contra los despidos y rebajas salariales
Un centenar de sindicatos reclaman al gobierno más firmeza contra los despidos y rebajas salariales
El 10 de abril tomó estado público un comunicado del Plenario del Sindicalismo Combativo que agrupa a los sindicatos, comisiones internas y delegados referenciados en la izquierda. Descollan el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, la Unión Ferroviaria de Haedo, la Asociación Gremial Docente de la UBA, el Ceramista del Neuquén, el sindicato médico de la Provincia de Buenos Aires, la CICOP, y, entre otros, los sindicatos docentes como el Suteba La Matanza y el porteño Ademys.
Un día después, el sábado 11, se sumó la declaración que, con el título de “Solo el pueblo salva al pueblo”, publicó la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT) liderada por la Asociación Bancaria, la Federación Gráfica Bonaerense, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y el sindicato de docentes privados SADOP junto con otras 25 entidades gremiales referenciadas en el kirchnerismo.
Por último, el domingo, mediante una solicitada manifestaron su opinión más de 50 federaciones, sindicatos y organizaciones sociales liderados por la Federación de Aceiteros, la CTA Autónoma de Ricardo Peidró, Ate Nacional, la Federación de Empleados Marítimos, CONADU (H) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. El título elegido, “Nadie se salva solo”, parafrasea las declaraciones del Papa Francisco frente al CoVid19.
Los tres bloques sindicales, que en conjunto agrupan a un centenar de entidades gremiales, tributan políticamente en corrientes divergentes pero coinciden en su oposición con la conducción de la CGT y, en particular, con el binomio integrado por Héctor Daer y Carlos Acuña que, por otra parte, no emitió declaración escrita alguna desde que la epidemia llegó a la Argentina. Sus posiciones se expresaron a través de una conferencia de prensa y de declaraciones mediáticas y twits del propio Héctor Daer.
La tercera de las declaraciones, la más representativa, contó con el aval de la FeMPINRA liderada por el ex triunviro Juan Carlos Schmid y agrupó también a sindicatos vinculados con la CTA Autónoma de Ricardo Peidró y Hugo “Cachorro” Godoy, referenciados en la Unidad Popular de Caludio Lozano y Víctor De Gennaro. Se trata de un agrupamiento históricamente opositor al peronismo y al kirchnerismo pero que se alineó detrás de la candidatura de Alberto Fernández.
Más firmeza del Estado
Con marcados matices con relación al posicionamiento frente al gobierno, coincidieron en apuntar contra la cartera laboral y criticaron su flexibilidad frente a los despidos y rebajas salariales que imponen las patronales pasando por arriba o forzando el decreto de prohibición de despidos. La CFT, por caso, si bien considera que las medidas oficiales “son las mejores acciones para el bienestar de los argentinos” destaca que ven “con mucha preocupación que el número de despedidos supere con holgura la cantidad de infectados por el COVID-19”. Y denuncia “la conducta de empresarios codiciosos que, lejos de contribuir, agudizan la crisis”.
En esa línea alertan que la política oficial “no impide que a diario se produzcan cientos de despidos ‘por goteo’” que se explican “por falta de controles efectivos y la invisibilidad de los mismos en los registros oficiales”.
El Plenario del Sindicalismo Combativo, más duro, rechazó “las declaraciones del gobierno nacional que ha anunciado su decisión de flexibilizar la cuarentena, aun cuando todos los especialistas y expertos desaconsejan esa medida”. En esa línea, sostienen que «el gobierno de Alberto Fernández favorece a los capitalistas y las prepagas de la Salud, no realiza testeos masivos, ni toma una medida elemental para combatir el virus: centralizar todo el sistema de hospitales estatales, clínicas privadas y de obras sociales a cargo del estado”.
Para los sindicatos de izquierda “la ‘apertura de la economía’ es impulsada por los empresarios que priorizan sus ganancias sobre la salud de los trabajadores, con despidos, suspensiones y reducciones salariales” y, coinciden, en que “el decreto del gobierno que ‘prohíbe los despidos’ no frenó a las patronales”. Además, alertan, que la norma “habilita a suspender con rebajas salariales”.
En la misma línea, la declaración “Nadie se salva solo” criticó que “los Ministerios de Trabajo y de Salud no llegan dentro de las fábricas y de los lugares de trabajo, donde los trabajadores y trabajadoras sólo cuentan con la representación sindical”. Al igual que los otros sectores denuncian que “los empresarios repiten una vieja receta: la reducción salarial o el despido”.
Para esos gremios, ese hecho transforma en “letra muerta” los decretos de emergencia y la legislación laboral. Por eso, señalan, “exigimos la intensificación de la intervención del Estado en la protección del trabajo” y, al mismo tiempo, “acciones concretas” para que “aquellos que especulan con las necesidades de la sociedad para sacar una mayor ventaja” sean “sancionados e intervenidos”. Caso contrario, aseguran, “las medidas que buscan proteger a los trabajadores sólo quedarán como un catálogo de buenas intenciones, y todos los esfuerzos del PEN no podrán evitar una mayor profundización de la crisis”.
Del mismo modo la CFT reclaman a las autoridades “acciones más enérgicas contra todos aquellos que especulan con las necesidades de la sociedad”.
En esa línea, la declaración del Plenario del Sindicalismo Combativo va más a fondo y plantea que “el gobierno debe garantizar que las patronales paguen los compromisos salariales integralmente”. Para eso proponen que “se abran los libros contables de las empresas al control de los trabajadores para examinar costos, precios y prioridad salarial”. Por el lado de las sanciones exigen la “estatización de toda empresa que cierre, despida o no pague salarios garantizando su continuidad bajo control de sus trabajadores” así como la “asistencia estatal a las cooperativas y gestiones obreras”.
Un reclamo contra los bancos, el FMI, los acreedores y los grandes capitalistas
Para los sindicatos liderados por Sergio Palazzo “el Estado debe obligar a los bancos a cumplir rápidamente las normas de apoyo crediticio a las Pymes”. En la misma línea alertan sobre la “inviabilidad” de la Argentina “si las más grandes empresas y bancos siguen siendo propiedad de multinacionales extranjeras, si las empresas que prestan servicios públicos son manejadas por capitales e intereses privados y si la especulación financiera es más rentable que la producción”
La CFT señaló que “respaldamos activamente la iniciativa de nuestros parlamentarios que impulsan un impuesto de emergencia sobre las grandes fortunas, como inicio de la reforma tributaria que la Argentina necesita para que las crisis”. Ese agrupamiento plantea ir “hacia el control del sistema financiero, los servicios públicos y el comercio exterior, sectores absolutamente estratégicos”
La declaración “Nadie se salva solo” destaca que “compañías eléctricas, gasíferas, agroexportadoras, concesionarias de peaje, bancos, han acumulado grandes ganancias y no han hecho ningún aporte en la emergencia”. Para las 50 organizaciones “la crisis adquiere una velocidad que no tolera respuestas a medias tintas”.
En momentos en que se discute un impuesto sobre los grandes patrimonios en el Congreso, el PSC propone “un impuesto progresivo a las grandes fortunas y rentas (bancos, multinacionales y grandes empresarios)”. Pero, además, brega por “la nacionalización de los hidrocarburos, la banca, el comercio exterior y todos los recursos estratégicos, para afrontar la crisis en el marco de un plan económico al servicio y bajo control de los trabajadores”. Con todo, a diferencia de las otras dos declaraciones, no pasa por alto que “el gobierno sigue priorizando el pago de la deuda externa usuraria al FMI y a los fondos buitre”. Por eso, señala que “esos fondos y todos los que sean necesarios deben estar para garantizar los salarios, la Salud y las necesidades básicas de la población”.
Fuerte salto de 3,3% de la inflación en marzo, impulsada por los alimentos y el inicio de clases
Por el impacto de la suba de los precios de los alimentos y de los vinculados a la educación por el inicio de las clases, con el 3,3%, la inflación medida por el INDEC pegó un salto en marzo. Fue en un mes en que a partir del día 20 se desató la crisis por el coronavirus en la Argentina y el Instituto tuvo que implementar medidas especiales de relevamiento de los precios. En febrero, el IPC había sido del 2% y enero 2,3%
Así, en los tres primeros meses de este año, la inflación acumula un 7,8% y con relación a un año atrás el 48,4%.
Nuevamente, alimentos y bebidas no alcohólicas, un rubro que incide en un 30% en el promedio, avanzó un 3,9%. Y como suele suceder en línea con el inicio del ciclo lectivo, y en gran parte por el aumento de cuotas de colegios privados, «Educación» tuvo un salto del 17,5%, seguido por «Comunicación- Telefonía e Internet» (8,3%) y «prendas de vestir y calzado» (4,2%).
También en la medición trimestral, alimentos y bebidas no alcohólicas, con el 11,7% superó el promedio (7,8%) y lo mismo pasó con el registro interanual: 51,3% versus un promedio del 48,4%.
En alimentos, los precios que más subieron en marzo fueron en Capital y GBA las verduras el 12,9%, carnes y derivados el 4,3%, frutas 4,1%, azúcar y dulces 3%, leche y lácteos el 2,2% y pan y cereales el 2,1%. Aún así algunos cortes de carne, como la nalga tuvo un alza del 6%, el pollo entero el 9,4% y por razones estacionales el tomate un incremento del 45,7%
Este salto inflacionario se dio en un contexto en que los precios y las tarifas de electricidad, gas y combustibles no se movieron y no hubo aumento de las prepagas, aunque subieron un 3,3% los medicamentos y equipos de salud, tras el acuerdo de comienzos de año.
En el Informe el Indec aclara que por el impacto del Covid-19, a partir del 20 de marzo, por la cuarentena utilizó «vías no presenciales» de relevamiento de precios, «tales como la consulta telefónica, el correo electrónica y la movilidad on line con los informantes que habitualmente utilizan estos medios para comunicarnos sus precios y cuyos valores no dependen del día del relevamiento».
En base a estos números, la consultora LCG dice que «aun cuando los datos del primer trimestre se ubicaron por debajo de lo esperado, la continuidad de estos niveles en los meses siguientes dependerá de cómo se contengan ciertos factores que podrían generar presiones inflacionarias. Por un lado, será necesario que la demanda de dinero acompañe al crecimiento de la oferta, que surge por las mayores necesidades de financiamiento del Gobierno a causa de la pandemia para evitar que los altos niveles de emisión inicien una dinámica peligrosa. Sólo en marzo, la base monetaria aumentó un 34% respecto al mes previo».
Por otro lado, LCG agrega que «el aumento de la brecha cambiaria evidenciado en los últimos días (37% con el dólar paralelo) podría sumar presión sobre los precios locales, así como también sobre las autoridades del BCRA para dejar deslizar el tipo de cambio, en busca de acortar la distancia. A esto se suman tasas pasivas que se ubican en terreno real negativo y que incentivan a los ahorristas a destinar los pesos sobrantes a la compra de dólares, bienes y servicios».
#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) subieron 3,3% en marzo de 2020 respecto de febrero y 48,4% interanual https://t.co/iiA72HFaSV pic.twitter.com/ZBPMrze3UY— INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 15, 2020
Sin derechos y sin salarios dignos NO hay salud
La actividad de prensa ha sido exceptuada del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por el decreto 297/20. Como aporte en la lucha que nuestro país lleva adelante contra el Covid-19, nuestro esfuerzo está puesto en comunicar e informar con compromiso y rigurosidad, siempre tomando las medidas de seguridad necesarias para que la exposición sea la menor posible.
Según el gobierno nacional, la solidaridad es la principal defensa ante la pandemia.
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires -SiPreBA- coincidimos con este planteo y con las políticas tomadas en resguardo de la clase trabajadora.
Acordamos con medidas tales como la
suspensión de los despidos (DNU 329/20), el licenciamiento con goce de sueldo de personas con factores de riesgo o a cargo de hijos en edad escolar (res. MTESS 219/20), el sostenimiento de las condiciones laborales y salariales (297/20 art. 8), o el ingreso familiar de emergencia (DNU 310/2020).
Lamentablemente, las cámaras del sector de prensa y las empresas de medios en general, pregonan
solidaridad sólo de manera pública.
Puertas adentro despiden y pagan salarios por debajo de la canasta básica familiar. Incluso en varios casos, abonan los sueldos en fracciones por fuera del plazolegal, como en Editorial Atlántida o Noticias Argentinas, o hasta con una reducción a la fuerza, como en el diario La Prensa.
Sin trabajo y sin salarios dignos no hay salud. Sin salud no hay solidaridad.
Entre los ejemplos más graves está el de la editorial Publiexpress, una empresa que se enriqueció con pauta oficial en los últimos años, donde su dueño Eduardo Lerner intenta llevar adelante un cierre fraudulento y despedir a sus trabajadores de prensa y gráficos. Por su parte, los dueños de Diario Popular, quienes en el último mes confiscaron el salario a sus trabajadores como represalia por realizar una medida de fuerza, ahora pretenden realizar un Procedimiento Preventivo de Crisis.
En nuestro sector, las paritarias 2019 (con definiciones adeudadas desde el pasado noviembre), otorgaron la recomposición más baja de todas las actividades: sólo 15% para los últimos 12 meses.
Tras los últimos cuatro años, en prensa sufrimos un deterioro del 50% de nuestros salarios y perdimos 4.500 puestos de trabajo a nivel nacional, 3.400 de ellos en la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, en los medios autogestivos y cooperativos, fuentes de trabajo de gran cantidad de compañeros y compañeras, la crisis se agravó por la situación económica general del país.
Ante esta coyuntura, quienes trabajamos en prensa redoblamos nuestro compromiso con la comunicación y la información ante el conjunto de la sociedad. Pero necesitamos medidas urgentes para proteger el trabajo, los salarios y defender el ejercicio libre, digno y responsable de nuestra actividad.
Por eso proponemos:
• Con el fin de garantizar el cumplimiento de las resoluciones oficiales dispuestas,
multar y no asignar pauta oficial a las empresas que violen tanto el DNU 329/20 que prohíbe los despidos como el decreto 297/20, art 8vo, que impide la modificación de las condiciones laborales y salariales durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
• Definir de forma urgente la paritaria 2019, con la incorporación del Sindicato de Prensa de Buenos Aires en la misma, e incluyendo un bono por realizar un trabajo escencial en el marco de la pandemia.
• Restringir la participación en las licitaciones del Estado nacional, provincial y municipal a las empresas que violen los convenios, despidan y/o incumplan la legislación.
• Generar un sistema especial para apoyar y promover a los medios autogestivos, sean cooperativas o asociaciones civiles sin fines de lucro. Incentivar su desarrollo a través del Programa de Trabajo Autogestivo y contemplar su inclusión en las políticas de apoyo económico que el gobierno diseñó para las pequeñas y medianas empresas.
• Saldar deudas estatales, priorizando a los medios comunitarios, autogestivos y
populares del Registro de Medios Vecinales de la Ciudad de Buenos Aires, municipios y Estados provinciales y nacional.
• Asignar la partidas de publicidad oficial según criterios que tengan especial
consideración por los medios autogestivos, ya que son canales de información fundamentales durante la pandemia por su cercanía con la población.
• Eximir del pago de monotributo mientras dure el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio a trabajadores de prensa precarizados (colaboradores, free lance).
Comisión Directiva Sindicato de Prensa de Buenos Aires – SiPreBA –
