Chile: organizaciones de DDHH denuncian ante la ONU intento de Piñera de indultar a genocidas
Organizaciones de DDHH denuncian ante la ONU intento del Gobierno de imponer impunidad
Diversas organizaciones de derechos humanos y de víctimas de la dictadura cívico-militar denunciaron ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) el intento del Gobierno que encabeza el Presidente Sebastián Piñera de imponer un grado de impunidad a través de proyectos que impulsa el Ejecutivo y que buscan indultar o conmutar penas a condenados por delitos de Lesa Humanidad que están en Punta Peuco.
Así, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) enviaron una carta al relator especial de la ONU, Fabián Salvioli, en la que hacen referencia a la decisión del Gobierno de poner en discusión inmediata en el Congreso al proyecto Ley Humanitaria.
Consignar que dicha ley apunta a sustituir las penas de cárcel por prisión domiciliaria, alegando razones humanitarias a internos que cumplen condenas por cualquier delito, incluso quienes cometieron violaciones a los derechos humanos.
Otro punto de la misiva es que se denunció el anuncio de otorgamiento de indultos particulares que es una facultad del mandatario, el cual “tiene como objetivo liberar a los condenados en múltiples causas por violaciones a los derechos humanos, constitutivas de crímenes contra la Humanidad”.
La carta también advierte que ambas iniciativas contradicen los compromisos y obligaciones internacionales asumidos por Chile en cuanto al deber de investigar y sancionar a los responsables con la aplicación de penas proporcionales a la gravedad del delito.
Se agrega que esos compromisos también establecen que solamente pueden aceptarse reducciones de penas siempre que se cumplan ciertos requisitos como la colaboración en las investigaciones y arrepentimiento de los hechos cometidos, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de Roma.
En este punto, las organizaciones señalan que se ha incumplido, puesto que los reos de Punta Peuco no han colaborado con los tribunales e incluso muchos de ellos han reivindicado públicamente sus atroces acciones.
Finalmente, los organismos solicitan a la ONU que arbitre las medidas conducentes a presentar al Gobierno chileno el abierto incumplimiento que ambas iniciativas conllevan de las obligaciones asumidas por el Estado de Chile sobre verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición ante la comunidad internacional.
Familiares de Detenidos Desaparecidos rechazan “las nuevas intentonas” del gobierno por dejar libres a criminales de lesa humanidad
El reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago y los insistentes intentos del oficialismo por liberar a los criminales que han sido condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura (ya sea promoviendo leyes, u bloqueando otras), tienen en estado de alerta una vez más a las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, que tras décadas de lucha para conseguir justicia, deben ahora mantenerse firmes para que lo poco ganado no les sea arrebatado aprovechándose del contexto de pandemia.
Este martes 14 de abril, las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Familiares de Ejecutados Políticos a nivel Nacional, emitieron un comunicado en el que condenaron el panorama adverso que se ha venido viviendo en las últimas semanas en materia de justicia y memoria para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura.
“Denunciamos en forma categórica y ante la opinión pública nacional e internacional, las nuevas intentonas del gobierno de Sebastián Piñera, quien busca dejar libres a criminales de lesa humanidad, y en un acto vil busca sus argumentos en la pandemia que vive el país“, afirmaron en su declaración las agrupaciones.
En ese sentido, criticaron las declaraciones que del mandatario, que “develan en forma clara sus intenciones, y quien junto a su sector de la derecha, vuelven una vez más sobre sus promesas de entregar libertad a los violadores de Derechos Humanos de la dictadura”.
En esa línea, y en alusión al polémico fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que redujo penas y absolvió de crímenes a 17 ex agentes de la DINA condenados por diversos delitos de lesa humanidad, denunciaron “la concomitancia de sectores negacionistas enquistados en el poder“.
Asimismo, rechazaron las iniciativas que han llevado a cabo los parlamentarios oficialistas que han acudido al TC para incluir a los violadores de DD.HH. en la denominada ley de “indulto conmutativo”, que pretende descongestionar las cárceles ante los riesgos del COVID-19 en esos recintos, y que ha sido utilizada por la derecha como vehículo para la liberación de estos criminales.
“A esto se suma que parlamentarios de la derecha, que aprovechándose de la crisis sanitaria provocada por la pandemia, presentaron este lunes nuevos recursos ante el Tribunal Constitucional, los que buscan ahora la libertad total de los violadores de Derechos Humanos, contraviniendo todos los tratados y convenios internacionales”, afirman las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos.
Finalmente, “ante este afán de impunidad”, las agrupaciones exigen “la renuncia del ministro de Justicia Hernán Larraín, quién fue cómplice de los crímenes de Colonia Dignidad y protector de Paul Schäfer, además de cómplice de los crímenes que se cometieron en ese lugar, y la renuncia de Lorena Recabarren, subsecretaria de DDHH, quien nunca se ha reunido con las agrupaciones de familiares de regiones, ni entregado la información de las causas judiciales de nuestros familiares”.
Gobierno mantendrá discusión inmediata en ley humanitaria pese a rechazo en comisión de DD.HH. del Senado
El ministro de la Segpres, Felipe Ward, indicó este martes que mantendrá la discusión inmediata en el proyecto de ley humanitaria, pese a que la iniciativa fue rechazada en la comisión de Derechos Humanos (DD.HH.) del Senado.
La iniciativa que fue rechazada por los senadores por 3 votos en contra y 2 a favor, busca que se otorgue arresto domiciliario total a condenados mayores de 75 años, que hayan cumplido la mitad de su pena y que tengan una enfermedad terminal. Incluyéndose así a personas con penas por delitos de lesa humanidad. «Aquí hay razones, finalmente el titulo del proyecto lo señala de esa manera, de carácter humanitario, aquí hay personas que cumpliéndose ciertos requisitos podrían optar a esta situación que contempla la ley (…) Tendría que ir a la Sala, nosotros vamos a mantener la discusión inmediata de esta iniciativa, significa que tiene que aprobarse en un plazo máximo de 6 días, porque nos interesa promoverlo», afirmó a Radio Duna el ministro Ward.
Según el titular de la Segpres, «aquí no hay un intento de llevar adelante esta agenda que convenza a los parlamentarios en uno u otro sentido, hay un convencimiento en el tema sanitario, en las razones de carácter humanitario. Es por eso que vamos a seguir promoviendo esta iniciativa, más allá de la opinión que expresaron ayer los senadores».
Ley de indulto a reos
En relación a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inadmisible el requerimiento de un grupo de senadores oficialistas respecto el proyecto de ley que concede un indulto conmutativo a reos de baja peligrosidad en medio del coronavirus, Ward apuntó que «ha sido una tramitación larga, hay que recordar que este proyecto tuvo varios baches en el camino». «Se ha producido una conversación y una discusión al interior de la coalición, yo creo que eso hay que reconocerlo, si uno no es capaz de reconocer los problemas difícilmente va a dar con la solución. Pero creo que se ha abierto un espacio, más allá del espacio legislativo que siempre existe en el Congreso, entorno a estos temas», sostuvo el diputado. Y agregó que «uno cuando Gobierno tiene que comprender que no siempre se va a poner de acuerdo en todo con las personas que lo están apoyando, aquí hay un tema relevante».
Con ello, reconoció que «los parlamentarios conservan siempre la facultad de llevar adelante acciones fiscalizadoras, en este caso la presentación ante el TC de las acciones que estimen pertinentes, hay una por parte de los senadores cuyo dictamen conocimos ayer, y hay otra presentada por los diputados y esa también está pendiente». Asimismo, indicó que hay que «primero respetar profundamente las atribuciones que han ejercido tanto en el Senado, como en la Cámara de diputados, oí y conozco las declaraciones del ministro de Justicia y tiene un punto, aquí hay razones de carácter sanitario, hay una urgencia que hay que atender.
Entonces, demorándose esta iniciativa en poder publicarse y aplicarse en la práctica en virtud de la presentación que han hecho senadores y diputados ante el TC, obviamente hay una complicación. Eso es lo que ha hecho ver el ministro de Justicia y yo lo comparto».
Corte de Apelaciones de Temuco confirma condena de tres años de cárcel para Cristián Labbé
La sentencia de primera instancia, que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de la novena región, también establece que a Labbé no se le concederá ningún beneficio, pero sí se le descontarán de su condena los días que ya ha cumplido en prisión preventiva.
Ayer por la tarde, la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la sentencia que condena al ex agente de la DINA y alcalde de Providencia en democracia, Cristián Labbé, por el crimen de aplicación de tormentos contra Harry Cohen, el cual perpetró en el año 1973.
En el fallo de primera instancia, dictada por el ministro en visita por causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa, se establece que los hechos investigados ocurrieron el 8 de noviembre de 1973, cuando Cohen fue detenido en lo que se conoció como la “Operación Peineta”, y que estaba a cargo de la reserva militar de Labbé.
Durante el tiempo en que el hombre estuvo detenido, el ex agente de la DINA lo amenazó con un corvo en el cuello. Luego fue colgado y sometido a descargas eléctricas en otras dependencias del Gobierno, mientras era interrogado, hasta que lo dejaron en libertad.
Esta ratificación del fallo tuvo que ocurrir luego de que la defensa del imputado presentara una apelación a esta condena en octubre pasado, asegurando que la resolución final estuvo influenciada por testimonios que no fueron incluidos en el fallo y que, eventualmente, exculparían a Labbé de los cargos que se le acusan.
En esta sentencia también se incluyó la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, y además una indemnización del Estado de Chile a la víctima, por un monto de 30 millones de pesos.
Así también, se especifica que a Labbé no se le concederá ningún beneficio alternativo al cumplimiento de la pena, pero sí se le abonaran los días que ha permanecido recluido en prisión preventiva.
Asociación de Oficiales de Gendarmería alerta sobre masivos contagios de COVID-19 en recintos penitenciarios
La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería de Chile, expone que la tasa de incidencia de casos con coronavirus detectados entre sus funcionarios, es cuatro veces más alta que la de las Fuerzas Armadas y la de Carabineros.
A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería de Chile (ANOP), expresó su preocupación por el alto número de contagiados con COVID-19 que hay entre sus filas, los que hasta hoy suman 70 funcionarios en el país.
Además, agregan que hay 26 internos en cárceles de Chile que también han sido confirmados como portadores del patógeno.
Así también, advierten que, si bien tienen claro que su profesión conlleva riesgos, en el contexto de la pandemia esto es aún peor.
Para evidenciar esto, exponen que, de acuerdo a las cifras oficiales que poseen hasta la fecha, la tasa de incidencia de casos detectados entre los funcionarios de Gendarmería es cuatro veces más alta que entre las Fuerzas Armadas y Carabineros.
“A la fecha, hay 70 funcionarios de Gendarmería con COVID-19, de un total de 15.500 efectivos. En el caso de las FF.AA. son 58 casos de un universo de 67.000 uniformados, mientras que en Carabineros hay 67 contagiados de un total de 55.000 policías”, afirman.
El caso más grave en las filas corresponde a un teniente del Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, quien se encuentra con riesgo vital internado en la UCI del Hospital de Carabineros. Actualmente, informan, está en coma inducido, conectado a ventilación mecánica y con diálisis.
“Nos preocupa sobremanera el nivel de exposición y contagio de nuestro personal, especialmente porque aún no existe una definición clara si contagiarse con coronavirus será considerado o no una enfermedad profesional y, por tanto, si operan todas las coberturas de salud. Especialmente, la duda radica qué pasa si uno de los nuestros funcionarios fallece o queda con secuelas graves a causa de esta enfermedad: ¿su familia quedará cubierta o no?”, indicó el presidente de ANOP, el teniente coronel Alberto Figueroa Quezada.
En tanto, los ministerios de Justicia y Salud ya dispusieron medidas al interior de los recintos carcelarios, tales como restricción de visitas presenciales, zonas de aislamiento para los casos positivos y modificación del sistema de turnos del personal, entre otros.
