Los primeros 100 días de gobierno de Jeanine Áñez – Por CELAG

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Gobierno de “transición y pacificación” 

Jeanine Añez es el rostro femenino y amable del golpe de Estado en Bolivia, de la mano de campañas exitosas en los medios de comunicación masiva instaló en la opinión pública la necesidad de la pacificación del país como condición sine qua non para “lograr la reconciliación” del pueblo boliviano. Se autodenominó como gobierno de transición para aplacar las voces que no reconocían su legitimidad, aunque posteriormente haya quebrado ese pacto, presentándose como candidata. Necesitaba generar alguna certidumbre, luego de 36 muertos, cientos de detenidos ilegales y decenas de heridos. El denominativo de gobierno de transición le ofreció a la población la posibilidad de avizorar salidas a la crisis luego del golpe de Estado: conformando un nuevo órgano electoral y convocando nuevas elecciones. Evitando generar grandes cambios en las políticas públicas, para reservar esas decisiones para el nuevo gobierno.

Con el pretexto de la necesidad de pacificación se inicia una persecución judicial tenebrosa contra exautoridades del MAS, en la que se pisotean todos los procedimientos judiciales y en muchos casos hasta los más básicos principios del derecho. Con esta persecución se pretende evitar la reorganización eficiente del MAS en lo inmediato de cara a las próximas elecciones y acallar a las y los líderes políticos del bloque indígena, campesino y urbano popular. Un extremo se muestra en la investigación absolutamente arbitraria de más de 5000 funcionarios jerárquicos de la administración de Evo Morales y sus familiares, y el enjuiciamiento de Evo Morales y Álvaro García Linera, junto a todo el gabinete de ministras y ministros por delito de fraude electoral, sin presentar ninguna prueba fehaciente de la comisión del delito. Un informe de CELAG demuestra técnicamente que en Bolivia no hubo fraude electoral.

El gobierno de la autoproclamada presidenta Añez se caracteriza por la utilización de símbolos que tienen un respaldo de grandes sectores de la población boliviana como la fe religiosa, por eso usa la Biblia como señal de que “Dios vuelve a Palacio”, trata de reafirmar en la familia como núcleo homogéneo desde donde las y los bolivianos despliega la vida y tiene presente también acciones que generan simpatía y conexión con sectores urbanos y jóvenes, no desde la generación de políticas públicas para estos sectores, sino desde lo discursivo y simbólico.

La gestión del Gobierno de facto

El Gobierno de facto no ha sido igual de contundente en todos los ámbitos de su gestión a 100 días de haberse instalado. Sin dudas, el área en la que más rápida y profundamente ha intervenido Jeanine Áñez, ungida presidenta el 12 de noviembre de 2019, ha sido la política exterior. El mismo día de su asunción ya emitió señales claras de que su Gobierno -presentado como “de transición”- alinearía al país, sin fisuras, a los mandatos estadounidenses, esto es, restablecimiento de las relaciones diplomáticas con ese país y aliados (Israel), ingreso de agencias de cooperación, como la USAID, salida de organismos de integración regional (Unasur y Alba) y diplomacia hostil con países de izquierda o progresistas (Cuba, Venezuela, México, Argentina y España).

En cuanto a la gestión de la política interna, Áñez ha oscilado entre la negociación con sectores potencialmente conflictivos, como los sindicales, el continuismo respecto de programas y proyectos puestos en marcha por el Gobierno de Evo Morales (como bonos y construcción de viviendas), y la persecución y demonización de la anterior administración y sus figuras representativas. En efecto, la presidenta -en su carácter de interina y, ahora, de candidata también- ha optado por no tomar medidas que puedan generar conflictos sociales de calado, en tanto carece de legitimidad representativa. Por ejemplo, ha mantenido a la gran mayoría de empleados públicos en sus cargos, no ha eliminado programas sociales que alcanzan a amplias capas de la población y ha negociado -más bien prometido- mejoras sociales y laborales y obras públicas, como hospitales.

Sí ha sido contundente en cuanto a la persecución política y judicial de opositores y a su alineamiento con las fuerzas de seguridad, a las cuales ha dotado de mayor protagonismo y presupuesto. Las denuncias realizadas por el Ministerio de Gobierno hacia exfuncionarios del Gobierno del MAS -que van desde sedición y terrorismo hasta fraude electoral- son innumerables y el trato policial a los detenidos, como el exministro Romero y la apoderada de Evo Morales, se ha caracterizado por la brutalidad. Asimismo, ha ejercido una fuerte presión sobre los medios críticos, particularmente con las radios comunitarias, consiguiendo un blindaje mediático casi absoluto. La tónica de este blindaje es la imagen de eficiencia, firmeza y honestidad de su Gobierno, así como la demonización del Gobierno anterior, el cual es mostrado como corrupto, autoritario y fraudulento.

En materia económica, el Gobierno en estos 100 primeros días tampoco ha tomado decisiones contundentes para cambiar el rumbo, por las mismas razones que no lo ha hecho en el resto de las áreas; más bien ha mantenido los lineamientos de la gestión anterior. Sin embargo, en algunos aspectos ha abonado el terreno para el giro neoliberal del país que se materializará, sin lugar a dudas, de no ganar el MAS las elecciones. Claro ejemplo de ello ha sido, por un lado, la designación de funcionarios liberales y empresarios en las empresas públicas estratégicas, como Boliviana de Aviación y, por otro, la conformación de un gabinete con sobrerrepresentación de figuras vinculadas al poderoso complejo agroganadero cruceño.