El Salvador: Bukele acata la orden de no volver a militarizar el Congreso mientras siguen lloviendo las críticas
Gobierno acatará orden de Sala e insta a adaptar Constitución a coyuntura del país
Un día después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitiera una demanda de inconstitucionalidad en contra de la convocatoria del Consejo de Ministros a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para la aprobación del crédito de $109 millones para el plan de seguridad y el llamado a la insurrección del presidente Nayib Bukele, el gobierno ha asegurado que acatará la orden emitida.
La Presidencia de la República, a través de un comunicado de prensa, ha indicado que, aunque no comparte la decisión de la Sala debido a que las medidas cautelares que también ordenó “podrían dificultar el efectivo trabajo del Gobierno”, obedecerá el fallo a la espera de la decisión definitiva.
En ese mismo sentido, insta a la Sala a adaptar la Constitución de la República a la coyuntura del país.
“Exhortamos a la Sala de lo Constitucional a que al pronunciar la sentencia definitiva que corresponda, tome en consideración los actuales intereses de la República en el tema de la seguridad, a través de una interpretación que permita la adaptabilidad de la Constitución a las realidades del momento, de manera que no coarte la potestad válida y vigente conferida en el Consejo de Ministros, por medio de la disposición constitucional relacionada”, dice el comunicado.
El Gobierno también niega estar interfiriendo en el trabajo de otro órgano de Estado y asegura que se mantiene “respetuoso” de la “separación de poderes” y que la convocatoria que realizó el Consejo de Ministros, invocando el artículo 167 numeral 7º de la Constitución de la República, no pretendió “imponer la votación” que le compete a la Asamblea.
Además de admitir la demanda de inconstitucionalidad, la Sala también impuso una serie de medidas cautelares, entre ellas prohibir que Bukele utilice a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil (PNC) para fines contrarios a la Constitución y anular la convocatoria de sesiones del órgano Legislativo por parte del Gobierno. Además, ordena al ministro de Defensa y al director de la PNC «que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que por Constitución y legalmente están obligados», en una evidente referencia al ingreso de policías y militares el pasado domingo al Salón Azul de la Asamblea Legislativa.
“Aunque el Presidente de la República es el comandante general de la Fuerza Armada… no implica que él pueda usarla para cualquier objetivo (…) Tampoco puede ordenarse que la Fuerza Armada sirva para la seguridad personal del Presidente”, aclara la resolución de admisión.
Treinta organizaciones sociales rechazan la militarización de la Asamblea Legislativa
Defender la democracia en El Salvador y mantener la armonía social es lo que piden 30 organizaciones no gubernamentales que se han unido para emitir su postura ante los hechos ocurridos el pasado domingo 9 de febrero.
Según los representantes de los organismos, se atentó contra le democracia, la Constitución de la República, la institucionalidad y la armonía social al militarizar la Asamblea Legislativa y utilizar la Fuerza Armada para forzar a la aprobación de un préstamo para seguridad.
Piden al Ejecutivo que respete la separación de poderes, que cumpla con la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional y que se abstenga de incurrir en actos que inciten a la violencia y pongan en riesgo la estabilidad institucional.
También opinaron que la Asamblea Legislativa debe tener una actitud firme y responsable ante los acontecimientos, y que analice de manera oportuna los temas prioritarios para los salvadoreños.
Roberto Rubio, director ejecutivo de Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), dijo que lo sucedido recuerda un pasado que no quiere volver a vivir El Salvador y que ver el ejército con armas largas en la Asamblea Legislativa y forzando la entrada del recinto sin autorización, es bastante grave.
“La reacción de la sociedad civil y de la comunidad internacional, de las redes sociales, fue bastante grande y la que hizo retroceder la intensión que había de tomarse la asamblea, de tomarse el poder, lo cual dice que sigue latente, porque si no se hizo fue porque hubo todos estos muros de contención”, expresó Rubio.
El presidente tuvo un “talante autoritario” y una actitud de no respeto a las leyes, opina Rubio y agregó que con la resolución de la Sala ya no procede el ultimátum que ha dado a los diputados, y de realizarlo caería en desobediencia.
Eduardo Escobar, presidente de Acción Ciudadana, manifestó que desde la firma de los Acuerdos de Paz, el país había entrado en una ruta de resolución de conflictos y problemáticas sociales por las vías institucionales y no por las vías de la fuerza e intimidación, y los actos del presidente de la República constituyen una muestra de intimidación y sacar el proceso político de su curso normal por medio del uso de la fuerza.
Por su parte, Javier Castro, director de estudios legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), opinó que el pasado 9 de febrero fue un día triste para la democracia del país debido a los actos dirigidos por el Ejecutivo, y que esperan que las situaciones del rompimiento del orden constitucional no se repitan, porque el país ha sufrido mucho para llegar a vivir en democracia.
“No puede haber afectación o vulneración a la división de poderes, desconocimiento de la Constitución para llevar a cabo las acciones del domingo, fueron lamentables las escenas de la militarización de la Asamblea Legislativa, la invasión de un órgano de Estado, lo cual es sumamente preocupante. Nos parece clave la intervención de la Sala de lo Constitucional y creemos que hubiera sido mejor si hubiera sido antes de las tres de la tarde del domingo”, indicó Castro.
Costa Rica pide a organismos internacionales garantizar democracia en El Salvador
La Asamblea Legislativa de Costa Rica solicitó al Ministerio de Relaciones de ese país que, por medio del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la Organización de Estados Americanos (OEA) se establezcan las relaciones diplomáticas pertinentes para asegurar el mantenimiento y respeto de las instituciones democráticas salvadoreñas.
Esto luego de las acciones llevadas a cabo el domingo en la Asamblea Legislativa donde militares y miembros de la PNC se romaron el edificio luego de una convocatoria a plenaria realizada por el Consejo de Ministros para aprobar un préstamo por $109 millones, destinados a financiar el Plan Control Territorial.
«La solicitud al presidente de El Salvador (Nayib Bukele) para que desista y se abstenga de realizar nuevas acciones en conjunto con fuerzas militares para socavar las instituciones democráticas de El Salvador y la separación de poderes.
Atenderán medidas
El Consejo de Ministros, del cual es miembro el presidente Bukele, dio a conocer, la noche del pasado lunes, que acatará las disposiciones emitidas en el fallo pronunciado por la Sala de lo Constitucional.
En la decisión del organismo colegiado exige «el cese de los efectos de la convocatoria», así como el no uso de las «Fuerzas Armadas en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representantivo».
En el comunicado, el Consejo de Ministros, en su punto B, señalan que «el Ejecutivo se ha mostrado, en todo momento, respetuoso del principio de separación de poderes, como pilar fundamental del Estado Constitucional de Derecho sin pretender con dicha convocatoria imponer la votación que le compete a la Asamblea».
Además, menciona la misiva, que aunque el Ejecutivo no comparta lo resuelto por la Sala, en cuanto a las medidas cautelares, «acateremos la orden de la Sala de lo Constitucional, en espera de la interpretación unívoca que esta realice de la postestad establecida en la nortmativa», en referencia al artículo 167 numeral 7º de la Constitución de la República.
El Consejo de Ministros exhortó a la Sala que en la sentencia definitiva «tome en consideración los actuales intereses de la República en el tema de seguridad, a través de una interpretación que permita la adaptibilidad de la Constitución a las realidades del momento», reza también el comunicado del Ejecutivo.
Estados Unidos considera “inaceptable” entrada de militares en Asamblea Legislativa de El Salvador
El Gobierno de Estados Unidos calificó este martes como “inaceptable” la irrupción del Ejército junto al presidente Nayib Bukele en la Asamblea Legislativa, al asegurar que “viola la separación de poderes en las instituciones democráticas” del país centroamericano.
“La entrada de tropas en el legislativo de El Salvador fue inaceptable y viola la separación de poderes de la instituciones democráticas del país”, indicó a Efe un portavoz del Departamento de Estado, quien pidió mantener el anonimato.
“Hemos comunicado este mensaje al Gobierno salvadoreño”, informó el funcionario. La postura se suma a las mostradas el lunes por otros representantes del país del norte, entre el embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, y el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, Eliot Engel
Asimismo, subrayó el respaldo de EE.UU. “a la democracia, el Estado de derecho -incluida la separación de poderes- y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en El Salvador”.
Por ello, el funcionario instó “a todas las partes a trabajar conjuntamente para encontrar una solución coherente con la Constitución de El Salvador mientras el país trata de acordar decisiones sobre cómo mejorar la seguridad e impulsar el crecimiento económico”.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema (CSJ) informó el lunes por la tarde que admitió una demanda interpuesta por dos ciudadanos el pasado sábado contra la convocatoria girada por el Ejecutivo para que la Asamblea Legislativa sesionara de forma extraordinaria el domingo 9 de febrero, para autorizar el préstamo de $109 millones para la fase III del Plan Control Territorial.
La presión por el empréstito generó una crisis que se agudizó luego que, en un hecho sin precedentes y usando a soldados y policías con fusiles de asalto, el mandatario se tomara el Congreso. El acto fue condenado tanto dentro como afuera del país. Los diputados consideraron el hecho un “intento de golpe de Estado”.
El máximo tribunal ordenó al mandatario abstenerse de usar al Ejército en actividades que pongan en riesgo el sistema constitucional.
Las acciones del gobierno fueron motivo de diversos pronunciamientos, entre ellos el embajador estadounidense en El Salvador, Ronald Johnson.
“No apruebo la presencia de la Fuerza Armada en la Asamblea y me sentí aliviado que esa tensa situación terminó sin violencia. Ahora reconozco los llamados a la paciencia y la prudencia. Me uno a todos los actores que están pidiendo un dialogo pacifico para avanzar”, escribió el diplomático en su cuenta de Twitter el lunes al mediodía.
Johnson también se pronunció por mantener la independencia entre órganos y dio un toque de atención al Ejército y la Policía.
“El Salvador solo mantendrá los avances positivos en seguridad e impulsar el crecimiento económico si todas las ramas del gobierno trabajan de manera independiente, respetan el estado de derecho, manteniendo el rol no político de Fuerza Armada y PNC y promueven la estabilidad”, agregó.
Las declaraciones del diplomático van en consonancia con las del Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, Eliot Engel, quien también mostró su rechazo al uso del Ejército para presionar a los diputados.
Por su parte, Kevin Casas, ex vicepresidente de Costa Rica y secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, criticó la militarización de la Asamblea y consideró que esas prácticas de décadas pasadas en América Latina ya no deben tener espacio en las democracias.
Representante Human Rights Watch: “Haremos gestiones para que el mundo se entere de lo que sucede en El Salvador”
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, calificó de “actuación abusiva” el accionar del presidente Nayib Bukele quien el pasado domingo militarizó la Asamblea Legislativa donde estaban convocados, a una sesión extraordinaria, los 84 diputados para aprobar el préstamo de 109 millones de dólares para dar inicio a la fase III del Plan Control Territorial.
Tanto al interior del Palacio Legislativo como sus alrededores fueron tomados por miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil en un hecho sin precedentes. En horas de la tarde, Bukele llegó al salón azul donde hizo una oración, según dijo para pedir orientación a Dios sobre las decisiones que estaba por tomar, luego dio a los diputados un plazo de una semana para aprobar el presupuesto, caso contrario, amenazó con volver a convocar a los legisladores, a través del Consejo de Ministros, para el próximo domingo.
Para Vivanco la imagen de El Salvador ha sido seriamente dañada debido a la crisis institucional generada desde el Ejecutivo al ejercer una “presión inadmisible” al Legislativo, usando la fuerza militar, a fin de obtener la aprobación de los fondos. Llamó además, al presidente de la República, a preservar los fundamentos básicos de un estado de derecho los cuales deben prevalecer en una sociedad democrática
En materia de derechos humanos denunció que ha habido una demostración de fuerza que conlleva al rompimiento del orden constitucional desde el Ejecutivo. Desde su perspectiva este “abuso de poder” va acompañado de restricciones y suspensiones serias de libertades públicas y por ende la violación a derechos fundamentales.
Lamentó el silencio de la Organización de Estados Americanos ante los acontecimientos suscitados el pasado domingo en El Salvador. Para el representante de Human Rights Watch esto puede ser interpretado como que se está aceptando una practica que constituye un abierto desafío a los principios básicos de la Constitución.
Vivanco denunció los hechos el domingo desde su cuenta de Twitter y demandó de la OEA una reunión basada en la Carta Democrática.
Ante este panorama que pone en riesgo la democracia y la independecia de poderes en el país, el representante del organismo de derechos humanos señaló que se están haciendo gestiones con la comunidad internacional para que el mundo se entere de lo que sucede en El Salvador.
Al mismo tiempo aplaudió la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ordenó, el pasado lunes, al presidente Bukele no utilizar a militares y policías para fines políticos.
“Es de esperar que tanto el Ejecutivo como el Ministerio de Defensa, los militares y la Policía se ajusten estrictamente a sus obligaciones emanadas de la Constitución y no se vuelva a producir el fin de semana lo que el presidente amenazó (…)”, acotó. De repetirse, considera que esto generaría “un desastre mucho más grave” que daría lugar a una reacción más fuerte a nivel internacional.
EE. UU se pronuncia sobre militarización en la Asamblea Legislativa
Este martes, el Gobierno de Estados Unidos calificó como “inaceptable” la irrupción del Ejército en la Asamblea Legislativa y aseguró que “viola la separación de poderes en las instituciones democráticas” del país.
“La entrada de tropas en el legislativo de El Salvador fue inaceptable y viola la separación de poderes de la instituciones democráticas del país”, indicó a Efe un portavoz del Departamento de Estado, quien pidió mantener el anonimato.
La postura del país nortemamericano, que representa a uno de los principales aliados del gobierno salvadoreño, se suma a las mostradas el lunes por otros representantes de esta nación como el embajador Ronald Johnson y el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, Eliot Engel
Asimismo, subrayó el respaldo de EE.UU. “a la democracia, el Estado de derecho -incluida la separación de poderes- y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en El Salvador”.
El funcionario instó “a todas las partes a trabajar conjuntamente para encontrar una solución coherente con la Constitución de El Salvador mientras el país trata de acordar decisiones sobre cómo mejorar la seguridad e impulsar el crecimiento económico”.
