Siete claves para entender la crisis de poderes en El Salvador
Por Jessica Ávalos
El Salvador vive momentos de tensión entre dos poderes del Estado. El presidente Bukele ha amenazado a la Asamblea Legislativa, incluso ha llamado a la insurrección, si los diputados no le aprueban este domingo un préstamo para su plan de seguridad. El Ejecutivo ha invocado a la Constitución para obligar sesionar a la Asamblea, una decisión catalogada como viciada por expertos constitucionales. Como medida de intimidación extra, el gobierno ha militarizado la Asamblea y retirado la seguridad con policías que le corresponde a los diputados según la ley.
1. El Gobierno busca forzar a la Asamblea Legislativa a que le apruebe un préstamo de $109 millones para financiar el Plan Control Territorial, con el que dice haber logrado contener los altos índices de homicidio en el país. La petición llegó a la Asamblea en noviembre de 2019, pero la presión del Ejecutivo empezó el pasado miércoles 5 de febrero.
2. Los $109 millones los quieren para gastarlos así: $64.2 millones para comprar equipo como patrullas, helicópteros y hasta un buque; $25.8 para cámaras y equipo de videovigilancia, una temática que despertó el titubeo de los diputados la tras la revelación de que una empresa dedicada a este rubro pagó el viaje del director de Centros Penales a México. Lo demás es para administración, imprevistos y comisiones.
3. El Consejo de Ministros convocó a los diputados a una plenaria para este domingo 9 de febrero a las 3 de la tarde. Es una decisión inédita en la historia reciente del país, aunque viciada, según el análisis de expertos en derecho Constitucional. El Ejecutivo se ha escudado en el artículo 167 de la Constitución de la República para llamar a hacer horas extra a los diputados, pero varias organizaciones advirtieron la ilegalidad del llamado.
Ante la convocatoria del Consejo de Ministros para que sesione la Asamblea Legislativa, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional Sección El Salvador presenta su posición. pic.twitter.com/5MysbEsdiS
— IIDC Sección El Salvador (@iidc_sv) February 7, 2020
4. Desde la convocatoria, el presidente y varios de sus funcionarios empezaron a intimidar al Legislativo llamando a la población a concentrarse afuera de la Asamblea el domingo. El presidente incluso ha hecho un llamado explícito a la insurrección (artículo 87 de la Constitución) como amenaza a los diputados si deciden no presentarse a la convocatoria que ha hecho para este domingo. La presión aumentó el viernes por la noche, cuando el Ejecutivo mandó a quitar a los policías que escoltaban a los diputados, saltándose así la Ley de Protección de Personas Sujetas a Seguridad Especial.
El orden constitucional aún no ha sido roto, la convocatoria está vigente y la plenaria debe realizarse el domingo a las 3pm.
Si los diputados no asisten, estarían rompiendo el orden constitucional y el pueblo tendrá la facultad de aplicar el artículo 87 de la Constitución.
— ?? (@nayibbukele) February 7, 2020
5. El Ejército rodeó las instalaciones de la Asamblea Legislativa este sábado. El Ejecutivo utilizó vehículos con placas nacionales para la instalación de una tarima. Empleados de diferentes instituciones, como el Ministerio de Trabajo, han sido convocados a presentarse este domingo al centro de Gobierno. Y, además, diferentes funcionarios están enviando mensajes en redes sociales para incitar a un levantamiento.
Para las plumas pagadas y centros de pensamientos jurídicos que sirven a los mismos de siempre, les recordamos que el verdadero concepto de democracia, es el poder en manos del pueblo y mañana a las 3 pm inicia la democratización total de nuestro país. https://t.co/SxU7E1tEDD
— Rolando Castro (@RolandoCastroSv) February 8, 2020
6. La Asamblea rechazó inicialmente la convocatoria. Pero luego de la intimidación presidencial, han empezado a surgir voces adentro que pidieron atender el llamado. Varios diputados llegaron este sábado 8 de febrero a reunirse a la sede legislativa. Este sería el segundo préstamo que le aprueban los diputados al Ejecutivo: en diciembre pasado le autorizaron negociar un crédito de $91 millones también con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
7. El fiscal general de la República, Raúl Melara, ya se pronunció ante la situación: “Me mantengo vigilante de que se respete el Estado de Derecho y que nadie transgreda los límites establecidos”. La Sala de lo Constitucional, el vigilante y máximo intérprete de la Constitución, se pronunció en todo el fin de semana, pese a que dos ciudadanos presentaron una demanda el pasado sábado.
