Organizaciones de DDHH y migrantes rechazan ley de expulsión de Lenín Moreno
DD.HH. y venezolanos piden no criminalizar a los extranjeros
Una cancha de Solanda, un barrio en el sur quiteño, sirvió como punto de encuentro. Un centenar de ciudadanos venezolanos acudió luego de conocer la posición del Gobierno ecuatoriano, que empuja nuevas políticas migratorias y busca facilidades para deportar a los extranjeros que cometan delitos en el país.
En las organizaciones de derechos humanos también hay inquietud. El Servicio Jesuita a Refugiados registró casos de personas que dicen haber sido chantajeadas por ecuatorianos, quienes supuestamente piden dinero a cambio de no revelar su ubicación.
La coordinadora de programas de esa organización, Lina Cahuasquí, pidió que no se estigmatice a los extranjeros por hechos delictivos puntuales, como el asesinato ocurrido el domingo en el norte de Quito.
Para mejorar la seguridad en el sector en donde ocurrió el crimen de Mariana Granja se aumentó el número de policías. Este miércoles 5 de febrero del 2020, 60 cadetes de la Escuela Superior patrullaron el parque La Carolina y sus cercanías. Además, levantaron información personal de quienes transitaban por el lugar.
El martes de la semana pasada, 28 de febrero del 2020, 10 organizaciones de derechos humanos, entre las que se encuentra el Servicio Jesuita, enviaron a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea una carta. Buscan plantear sus propias reformas a la Ley de Movilidad, que norma la migración en el país.
Desde el Régimen se insistió este miércoles 5 de febrero en la necesidad de las modificaciones para implementar “reglas claras que se apliquen a todos”. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, sostuvo que la actual normativa limita la acción en materia migratoria. “Había mucha debilidad en los controles. Hoy tenemos pleno control en 28 puntos migratorios. Hay intercambio de datos para políticas de seguridad hemisférica, regional. Pero necesitamos herramientas como la Ley”, puntualizó.
La Secretaria de Estado añadió que las reformas darán mejores herramientas para sancionar a quienes cometan ilícitos, entre ellos el asesinato.
Los colectivos de venezolanos pidieron ayer al Gobierno no criminalizar la migración. Funvex prepara un documento para que se tome en cuenta en los debates sobre las reformas a Ley de Movilidad.
Miggely Padilla llegó del Estado de Falcón hace dos años, porque no había medicinas para su hijo y por falta de atención médica a su embarazo.
Este miércoles estaba en La Carolina, debajo de un árbol con un contenedor lleno de chaulafán. Cada plato de arroz lo vende en USD 1. Ella tiene una multa de USD 400 por ejercer actividades no autorizadas por la visa.
Édgar García y David Martínez, que también transitaban por el parque, están de acuerdo con los controles, pero dicen que los compatriotas que delinquen son una minoría.
De hecho, en las cárceles los extranjeros de diversas nacionales representan el 7,5% de toda la población penitenciaria.
¿Qué sucede con los venezolanos? En abril del 2019, el Servicio de Atención Integral a Privados de Libertad registró 390 detenidos a escala nacional. Para diciembre eran 733.
Las reuniones de los colectivos seguirán. El fin de semana prevén encontrarse en La Gasca, un barrio del norte de Quito. Allí comenzarán a construir las propuestas sobre seguridad y para trabajar en los aportes a la Ley de Movilidad.
Asamblea convoca a Romo, Valencia y Jarrín
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea convocará la próxima semana a Romo; al canciller, José Valencia; y al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, para que presenten un informe sobre el control migratorio a escala nacional.
El anuncio lo hicieron ayer la presidenta de la Comisión, Johana Cedeño (AP), y el vicepresidente Eliseo Azuero (Ind.), quienes señalaron que los funcionarios no pueden poner como excusa una reforma legal “para justificar las acciones o inacciones”.
“Tienen que comparecer para explicarnos por qué no funciona la institucionalidad y se afecta gravemente la paz y la seguridad de los ecuatorianos. No se está promoviendo prácticas de xenofobia, pero hay que buscar, a través de los ministerios del ramo, cualificar el ingreso de los extranjeros”, apuntó Azuero.
En contexto
Tras el crimen de Mariana Granja, el pasado sábado, el presidente de la República, Lenín Moreno, pidió que se aprueben las reformas a la Ley de Movilidad, que el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional en julio del 2019. Allí se plantean cambios a la deportación.
El Legislativo exige al Ejecutivo que asuma su responsabilidad en seguridad
Un día después de que el presidente, Lenín Moreno, reclamara a la Asamblea por no tratar las reformas a la Ley de Movilidad Humana para agilizar la deportación de extranjeros que cometan delitos, en la Comisión de Relaciones Internacionales, donde se trata estas reformas, hubo cuestionamientos a lo expresado por el primer mandatario.
El presidente de esta Mesa legislativa, Fernando Flores (CREO), dijo que es un tema de Derechos Humanos que debe ser analizado dentro del marco constitucional, pero que es deber del Ejecutivo generar políticas de Estado para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
“La propuesta presentada por el Ejecutivo no busca el mecanismo de deportación inmediata”, argumentó. Aseguró que es en la Comisión donde se están analizando la forma de deportación inmediata para extranjeros que, por ejemplo, sean detenidos en delito flagrante.
Recordó, también, que Moreno fue parte del Gobierno que conceptualizó la “ciudadanía universal” que permite la libre movilidad. “Si estamos buscando garantizar la expulsión o la deportación de ciudadanos extranjeros que delincan en nuestro país, nos va tocar hacer una enmienda constitucional”, aseveró.
‘Ciudadanía universal’
Para Augusto Espinosa (RC) lo que ha buscado el Gobierno es “lavarse las manos” frente a la inseguridad que se vive en el país y responsabilizar a la Asamblea por no aprobar la reforma, con el argumento de que esta, por sí sola, resolverá los problemas. Cundo no son mayores cambios lo que propone en la reforma, añadió el legislador.
“La Ley de Movilidad Humana fue creada en la Asamblea por Alianza PAIS, durante el tiempo en que esta agrupación tenía una mayoría absoluta. Que el Presidente de la República, de Alianza PAIS, necesita que se haga una reforma, se lo tramitará con la mayor urgencia”, dijo Fabricio Villamar (Ahora). Y coincide con Flores en el sentido que primero hay que resolver el concepto de “ciudadanía universal”.
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artículos tiene la propuesta de reforma.
Oficialismo también cuestiona
Las críticas al Gobierno no solo provinieron de las bancadas de oposición. También surgieron desde el bloque oficialista, dejando entrever una relación cada vez más compleja entre el Ejecutivo y sus asambleítas.
El presidente de la Legislatura, César Litardo (PAIS), anticipó que para las próximas semanas estaría listo el informe para el primer debate de las reformas, que incluirá otros proyectos de iniciativa legislativa, pero que el documento en análisis no se ajusta a lo planteado por el Gobierno.
“La Constitución prohíbe la deportación, ahí hay que tener una línea en firme para no caer en un discurso demagógico”, aseguró Litardo y agregó que, si bien es importante que se apruebe esas reformas, el Ejecutivo también tiene su responsabilidad en los controles de las fronteras.
“El Ejecutivo también es responsable de la seguridad ciudadana, por lo que es un esfuerzo en conjunto: trabajar para que se mejoren los niveles de control de seguridad y nosotros poner en las próximas semanas el debate de la Ley de Movilidad”, dijo el titular de la Asamblea. Sin embargo, reiteró que con la aprobación de las reformas no se solucionará por sí solo el problema de inseguridad. (HCR)
EL DATO
El proyecto del Ejecutivo se presentó en julio de 2019.
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