Catalina Oquendo, periodista colombiana: “Este año va a ser clave para el proceso de paz con las FARC y el ELN”

Entrevista a Catalina Oquendo, periodista colombiana

Por Carla Perelló, de la redacción de NODAL

Las alertas por la presencia de paramilitares en la zona del Pacífico colombiano no son nuevas. Por parte de la Defensoría del Pueblo hubo, al menos, 14 llamados y la situación se agravó día a día con amenazas directas a la población de Bojayá y a líderes y lideresas sociales. La respuesta por parte del gobierno de Iván Duque, hasta ahora, ha constado en sumar más militares a la zona. Las y los pobladores, en tanto, insisten en avanzar en los acuerdos de paz.  En entrevista con NODAL, Catalina Oquendo, periodista colombiana hace un repaso sobre el escenario actual.

En el último tiempo resurgieron fuertemente las noticias sobre paramilitares en Colombia, en el departamento del Chocó, específicamente en el municipio de Bojayá, aunque desde hace tiempo organismos y líderes sociales advertían sobre la inminencia de un nuevo conflicto allí. ¿Podría caracterizar qué sucede, si se sabe quiénes son estos paramilitares y por qué están en esa zona?

Desde 2018 ya se venían haciendo alertas sobre la situación en esa zona que es el Pacífico colombiano, en la región del Chocó, que tiene una biodiversidad impresionante, recursos, pero al mismo tiempo históricamente ha sido muy azotada por el conflicto. Allí, el 2 de mayo de 2002, hubo una masacre donde murieron un centenar de personas cuando hubo un enfrentamiento entre las FARC y los paramilitares llamados Autodefensas Unidas de Colombia. El año pasado, después de 17 años, les hicieron la entrega oficial de los restos y en ese momento la comunidad alertó por la inminencia de una masacre parecida. La comunidad denuncia que está muy asustada porque puede llegar a haber enfrentamientos del mismo estilo entre nuevos paramilitares, llamados Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La Defensoría del Pueblo, que es la entidad que se preocupa y defiende a las comunidades acá, ha hecho 14 alertas tempranas. Eso es un mecanismo para advertirle al gobierno que tiene que tomar acciones cuando hay un riesgo inminente para una población. Catorce alertas y ninguna ha tenido una respuesta. Muchas veces lo que hace el gobierno es enviar más tropas a esa zona, pero el problema también radica en que la comunidad denuncia que hay connivencia entre los paramilitares y el Ejército, realmente están atrapados en esa situación.

La razón por la que están en esa zona, entre otras cosas, es porque es un corredor estratégico para narcotráfico, es una zona biodiversa, es una zona de interés para la minería, los megaproyectos y la minería ilegal. Hace muchos años hay presencia de mineros ilegales brasileños en esa zona. Lo que dice la comunidad es que ellos tuvieron un año y medio de paz, en el que pensaron que todo iba a salir bien después de la firma de los Acuerdos de Paz. Por ese tiempo sucedieron dos cosas inéditas. Una es que las FARC fueron a ofrecerle perdón público por la masacre a la comunidad y durante el plebiscito a pesar de que lo que sufrieron en esa zona toda la comunidad votó por el Sí a la paz en el referéndum de octubre de 2016. Entonces, fue un año y medio de paz y tranquilidad, pero con el nuevo gobierno y las medidas que tomó de no implementar el Acuerdo y de continuar con el acuerdo con el ELN, empezaron a volver a sentir la situación complicada.

Duque ha manifestado que el principal problema de Colombia es el narcotráfico, ¿qué vínculos existen con este conflicto y los paramilitares? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno ante esta situación (en Chocó)?

Efectivamente es un problema que viene de larga data, pero ubicarlo como el principal problema de Colombia es estar en contra del relato del gobierno anterior, el de Juan Manuel Santos. Él eliminó la fumigación aérea, incluyó el punto del narcotráfico en el acuerdo de paz y tomó una serie de decisiones encaminadas y durante los últimos años planteó que realmente había que pensarse el tema de la legalización. Este gobierno tiene una posición absolutamente distinta. Este año está en discusión el retorno del glifosato para la aspersión aérea en las zonas de cultivos ilegales y, obviamente, habla de que el gobierno de Santos dejó un incremento en las hectáreas de coca, lo cual es parcialmente cierto, porque después del Acuerdo el Estado no llegó directamente a reemplazar los cultivos ilícitos en algunas regiones del país y obviamente los grupos armados sí lo hicieron. Los vínculos con este conflicto y los paramilitares son todo. Siempre ha habido mucha relación entre el paramilitarismo y el narcotráfico, también con la guerrilla. Hoy no sólo tenemos a las Autodefensas Gaitanistas, grupos paramilitares que están absolutamente ligados al narcotráfico, también las disidencias de las FARC que no se desarmaron o que empezaron el proceso y luego lo abandonaron para crear grupos que también están ligados al narcotráfico; y el ELN que también ha tenido esa vinculación, por eso la situación es compleja.

Las manifestaciones desatadas en noviembre en contra del gobierno entre sus múltiples reclamos también exigían el cumplimiento de los acuerdos de paz algo a lo que Duque se ha manifestado reticente. ¿En qué estado se encuentran? ¿De qué manera colaboraría a afrontar la situación paramilitar actual?

El gobierno a pesar de que durante la campaña dijo que haría trizas el Acuerdo, lo que se encontró al llegar a la administración es que está muy blindado desde la comunidad internacional y que, por lo tanto, hay una serie de actores que tienen que mantenerse. En este caso los embajadores que han apoyado el proceso han sido claves para que se mantenga. Entonces, el proceso se mantiene, la gran mayoría de los reincorporados siguen en el proceso, pero con muchísimas trabas. Aunque, ahora el gobierno cambió el enfoque y habla de ilegalidad. Ha habido asesinato de desmovilizados, de excombatientes y muchísimos asesinatos de líderes sociales. Y esto se lee como una consecuencia directa de no implementar decididamente el Acuerdo de Paz. Creo que este año va a ser clave para que sepamos si lo van a mantener o no. Lo que es importante en la coyuntura de Bojayá es que cuando Iván Duque asume la presidencia, las negociaciones con el ELN ya estaban avanzadas, hasta que en febrero del año pasado el ELN hace un atentado terrorista en Bogotá contra una escuela de cadetes de policías y lleva a que el gobierno con Duque ya en el gobierno decida cancelar esos acuerdos. También ha habido una discusión de política exterior bastante tirante con Cuba, porque varios de los negociadores permanecen allí. Y las comunidades lo que piden es que por favor se mantenga ese acuerdo y que vuelvan a intentar sentarse con el ELN porque es clave en esas regiones, porque el ELN ha ido creciendo.

Entonces, por un lado, la situación del Acuerdo de Paz con las FARC anda, pero con dificultad. Y los acercamientos con el ELN se han cerrado completamente y eso está perjudicando directamente a las comunidades en la zona. La misión de paz de la ONU entregó un informe que dice que va de manera óptima, pero en detalle cuando lo miras ves una serie de problemas, mientras el gobierno dice que excombatientes y disidencias se matan entre ellos. Hay una exigencia desde las marchas que hubo el año pasado de que se implemente el Acuerdo de paz y en algunos casos que se vuelva a negociar con el ELN, aunque ahora están paradas el 21 de este año se reúne el Comité del Paro y se verá qué proponen para este año.

Sí creo que este año va a ser clave para el proceso de paz con las FARC y para ver en qué termina el del ELN, aunque honestamente no veo que haya mucha voluntad del gobierno de llevarlo adelante, entre otras razones porque el ELN ha reaccionado con actos terroristas que en la ciudad generan mucho impacto. No es que tenga la fuerza que tuvieron las FARC en otra época, no son tantos, pero sí están en las regiones fronterizas y están afectados a las comunidades más alejadas de los cascos urbanos. El ELN tiene otra forma de actuar también, pero están efectivamente arrinconando a las comunidades en las zonas rurales junto con los paramilitares.