Bolivia: la Fiscalía desmiente a ministro de facto sobre alerta roja de Interpol para detener a Evo

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Fiscalía desconoce si Interpol activó el sello rojo contra Evo

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, afirmó que desconoce que la Interpol haya activado el sello rojo para capturar al expresidente Evo Morales, como informó horas antes el ministro de Gobierno, Arturo Murillo en conferencia de prensa.

«Nosotros no hemos activado el sello rojo para el señor Evo Morales. Nosotros no conocemos la situación de esta notificación roja de Interpol, reitero nosotros no hemos activado como Ministerio Público esta situación», apuntó Lanchipa.

Horas antes, el ministro de Gobierno afirmó que se habría activado la orden de captura internacional contra el expresidente Evo Morales, investigado por los presuntos delitos de sedición y terrorismo.

«Hemos dado orden para la activación en la Interpol de la orden de aprehensión internacional que hemos sacado contra Evo Morales (…) Se ha activado la orden de Interpol internacional, a las seis de la mañana he ‘chequeado’ que se ha activado, y es lo que corresponde porque (Morales) tiene una orden de aprehensión», aseveró la autoridad.

Consultado respecto a si se activó el sello rojo contra Morales, Murillo respondió «exactamente, eso es lo que indica» y agregó que la orden de captura internacional está vigente en todos los países donde la Interpol tiene llegada y en todas las naciones que tienen convenio con Bolivia.

Sin embargo, en la página oficial de búsqueda de la Interpol no figura el nombre de Evo Morales en la lista de personas buscadas con sello rojo.

Ante anuncios de pedidos de su captura, el expresidente Morales, a través de su cuenta de Twitter, puso en duda su viaje a Chile para participar en el Foro de Derechos Humanos que se llevará entre el 23 y 25 de enero de este año..

«No tengo invitación oficial ni información sobre un evento de Derechos Humanos en Chile. Antes cuando era dirigente, los racistas me declaraban persona no grata, ahora como Presidente indígena, piden mi detención», manifestó el exmandatario.

La Fiscalía investiga a Morales por los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, luego que el Ministerio de Gobierno presentó una audio donde se escucha a Morales dando instrucciones vía teléfono al dirigente cocalero Faustino Yucra para cercar a las ciudades y dejarlas sin alimentos.

Morales tiene una orden de aprehensión en su contra por los supuestos delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo.

Los Tiempos


Con grilletes en mano, Murillo anuncia orden internacional de captura para Evo

Por Rubén Ariñez

Con un par de grilletes en la mano, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, desafió al expresidente Evo Morales a presentarse ante la Justicia boliviana para responder por los procesos que tiene activados en su contra, entre ellos por sedición y terrorismo. Anunció además que se solicitó la activación en la Interpol de una orden de captura internacional.

La autoridad dijo que el Gobierno espera al exmandatario, a quien garantizó que “no le va a pasar nada”; no obstante, anunció que su destino será Chonchocoro, el penal de máxima seguridad de La Paz, por el tipo de procesos que enfrenta en la Justicia.

“Se ha activado la orden de Interpol internacional, he dado orden esta mañana a las 06.00 que se active aquello, en realidad he chequeado que sea activado, eso debe ser así porque tiene una orden de apremio”, indicó Murillo en una conferencia de prensa este miércoles.

Sin embargo, hasta el mediodía Interpol no había publicado ese requerimiento en su portal web, según constató este medio.

Morales se encuentra en Argentina, donde tramita refugio desde el 12 de diciembre, cuando llegó procedente de México que lo asiló durante un mes.

Es procesado en Bolivia por tres casos, pero el principal es el de terrorismo por las violentas protestas que derivaron en su dimisión, el 10 de noviembre. Dejó el poder luego de una escalada de protestas y violencia por el fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre.

Murillo no dio detalles de las tareas del Gobierno para la captura de Morales y sus colaboradores, pero dijo que “somos gente seria y no anunciamos nuestras estrategias de investigación por televisión”. Luego desveló que “se está trabajando en coordinación con sistemas de inteligencia que los hemos armado en equipos” y ratificó que se hace “seguimiento a todos los procesos”.

En ese marco, anunció que “hemos dado orden para la activación de la orden de arraigo, de la orden de apremio internacional que hemos sacado contra Evo Morales”.

Explicó que es por el reciente anuncio de la visita del exmandatario a un foro en Chile y “para que no esté andando como Pedro en su casa”.

“Don Evo Morales le debe a los bolivianos muchas explicaciones y tiene cuentas pendientes en este país, por eso es que lo estamos esperando, que venga, no tenga miedo, lo vamos a cuidar, le vamos a dar protección, no le va a pasar nada, pero sí tiene que rendir cuentas en este país”, sostuvo Murillo, mientras mostraba los grilletes que usa la Policía para detener a los delincuentes.

Antes había dicho que “lo estamos esperando, lo vamos a llevar con mucho cariño donde corresponde estar a los terroristas: Chonchocoro. Para que vaya usted a estar apoyado y acompañando al preso de las FARC”.

Justamente durante los conflictos de octubre y noviembre cayó herido y luego preso el argentino Facundo Molares Schoenfeld, antiguo miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La Razón


El Gobierno denuncia desestabilización y silencio del TCP genera tensión

La falta de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la prórroga del mandato de la presidenta y la Asamblea Legislativa, a 13 días del 22 de enero, reaviva la tensión en el país. El Poder Ejecutivo denuncia un nuevo intento de desestabilización en contra del Gobierno de transición de la presidenta Jeanine Áñez por parte de su antecesor Evo Morales y denunció presiones en contra del TCP para que no acepte extender el mandato de la presidenta ni de la Asamblea Legislativa y que asuma la conducción del Estado la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), María Cristina Díaz.

El TCP evalúa el proyecto de ley que prorroga los mandatos de todos hace dos semanas y su presidente, Paul Franco, anunció una resolución “antes del 22 de enero”, sin precisar fecha específica.

La semana pasada, Eugenio Zaffaroni, abogado argentino de Evo Morales, planteó que sea la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, quien asuma el mando del país y de inmediato convoque a elecciones. Eso implicaría que el TCP rechace la prórroga.

Ayer, en medios impresos, se publicó una solicitada firmada por más de 90 abogados y profesores universitarios extranjeros, que sostienen que ante una situación en Bolivia que “viola” normas elementales de derecho, cayendo en un Estado de no derecho, y postula que “la máxima autoridad que quedará en pie será el presidente del TSJ”, y es la que debería asumir.

El Gobierno salió al paso a través del ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, quien para rebatir la sugerencia utilizó la CPE aprobada precisamente durante el Gobierno de Evo Morales. “El TCP tiene en sus manos tal vez el fallo más importante de la época democrática de nuestro país. No podemos circunscribirnos a teorías que están fuera de la CPE, por ejemplo que el mandato constitucional caiga sobre la presidenta del Tribunal de Justicia, porque eso no está contenido dentro de la carta magna, y por eso la sucesión constitucional llega hasta la Cámara de Diputados”, dijo.

Efectivamente, así lo señala el parágrafo I del artículo 170 de la Constitución Política.

El senador oficialista y presidente de la comisión mixta de Constitución, Óscar Ortiz,denunció que hay un proceso movido por los sectores radicales del MAS, “que siguen las instrucciones de Evo Morales, que buscan generar incertidumbre y zozobra, para desestabilizar la transición democrática”. Por eso, a su criterio, ejerce presión sobre el TCP “para algo absurdo y que llevaría al país a una situación de caos”.

El legislador manifestó su confianza en que esta instancia actuará “con la responsabilidad que corresponde”, y extenderá los mandatos que correspondan.

El abogado y analista Iván Lima dijo que un mandato de cinco años no es interpretable para el TCP, y el 21 de enero termina el mandato de todas las personas elegidas. “Hay que solucionar este tema, y para ello en derecho uno debe aplicar la costumbre, y tenemos el precedente de Eduardo Rodríguez. No hay otro camino, la presidenta del TSJ debe asumir”.

El tercer escenario lo planteó el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade). La propuesta consiste en aceptar la prórroga de Áñez pero no la de los asambleístas. Coímbra explicó que el Gobierno considera que más allá de los intereses políticos o personales, “creemos que la institucionalidad política del país debe respetarse. La Asamblea es el primer órgano del Estado, el que garantiza una sucesión constitucional en cualquier escenario”.

Para Lima, “EL TCP debe decirnos si lo que ocurrió entre la renuncia de Evo Morales y el 22 de enero se realizó todo de forma constitucional. Una democracia solo debe funcionar con los cuatro órganos, por lo que el TCP puede dar prórroga, no darla, sólo darla a la presidenta y sumo una más, habilitar por seis meses a la Asamblea elegida el 20 de octubre. Ocurrió con Hernán Siles, cuando se llamó a un Congreso que nunca había ejercido función”. Este medio le planteó al analista que al hacerlo se avalaría un proceso viciado por fraude, él respondió que eso solo puede confirmarlo una sentencia de la justicia boliviana, “aunque fuere vinculante no se puede ceder soberanía a la OEA”. ¿Esto abriría la puerta para que Morales retorne al poder?, se le preguntó, y respondió. “Sí, es posible, pero yo no creo que el presidente Morales esté dispuesto a tomar ese riesgo”.

El ministro de Justicia instó “a los analistas y a los constitucionalistas, más allá de la libre expresión y el derecho a informar, que actuemos con responsabilidad”.

El Deber


Tratan de ‘fijar’ a Evo en Argentina e investigan a 592 exfuncionarios

El Gobierno intenta activar el sello rojo de Interpol para acorralar en Argentina al expresidente Evo Morales, y activa una investigación a 592 exfuncionarios, pese a que la Fiscalía afirma que le faltan recursos. Durante una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, señaló que la madrugada de ayer corroboró la activación de la alerta de Interpol contra Morales, quien enfrenta cargos por terrorismo y sedición en Bolivia.

Luego exhibió unas esposas a los periodistas y se dirigió al exmandatario: “Aquí lo estamos esperando, que venga a Bolivia, acá están las esposas para llevarlo a Chonchocoro” y luego repitió, “lo estamos esperando, venga acá, los vamos a llevar con mucho cariño donde corresponde, Chonchocoro”. Desde Buenos Aires, el expresidente le respondió por Twitter.

“El ministro de facto, Arturo Murillo, experto para montar show y difamar a los opositores cada día, es carnicero, mentiroso y terrorista verbal. En vez de esperarme con esposas para detenerme, que me espere con su Libreta de Servicio Militar original y no la falsa”, dijo.

El ministro Murillo vinculó la activación en la Interpol de la orden de apremio internacional contra Morales con el anuncio de una visita a Santiago, este mes y advirtió que Evo no puede andar “como Pedro por su casa”.

El senador de derecha chileno Iván Moreira dijo el martes que el exmandatario boliviano tenía previsto asistir a un foro de DDHH en Santiago junto a su abogado, Baltasar Garzón. El legislador pidió incluso que Morales sea detenido apenas pise suelo chileno.

Pero Morales, otra vez en Twitter aseguró que “no tengo invitación oficial ni información sobre un evento de Derechos Humanos en Chile. Antes cuando era dirigente, los racistas me declaraban persona no grata, ahora como Presidente indígena, piden mi detención”, señaló.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, desmintió al ministro y negó ayer que desde el Ministerio Público se haya activado la notificación roja de Interpol contra Evo Morales.

“Nosotros no conocemos la situación de esta notificación roja de la Interpol, reitero nosotros no hemos activado como Ministerio Público esta situación”, indicó el fiscal general a la red Erbol.

Los 592

Los ministerios de Justicia y de Gobieron activaron la indagación de 592 exfuncionarios con el objetivo de recuperar activos en el extranjero de exautoridades del Ejecutivo que asumieron funciones entre 2006 a 2019.

El director de Lucha contra la Corrupción, Mathias Kutschel, explicó en una conferencia de prensa que las 592 son personas “políticamente expuestas”. El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra expresó en un comunicado que entre ellas están el expresidente Evo Morales, exvicepresidente, exministros, exviceministros, y exjefes de gabinete, así como sus familias, en el marco de esta política para recuperar los activos que estén en el país como los que se hallen fuera del territorio. Se mencionó entre los familiares a la hija de Morales, Eva Liz. Esto es parte de la iniciativa de Recuperación de Activos Robados (Star Gira) una asociación creada en 2007 entre el Banco Mundial y Naciones Unidas y trabaja con países en desarrollo de la Ley Marcelo Quiroga.

La mayoría de los casos se concentran en La Paz. El fiscal departamental, William Alave, señaló que todos los casos relacionados con corrupción son enviados a la sede de Gobierno. Tiene 14 fiscales en La Paz y El Alto, así que estas investigaciones aumentarán la carga procesal significativamente. Por este motivo, anunció que junto al fiscal general gestionarán la contratación de personal técnico y administrativo, porque esta labor demandará más recursos.

El Deber


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