Bolivia: legisladores del MAS interpelarán a funcionarios por las masacres de Senkata y Sacaba
Para este sábado 11 de enero fue fijada la interpelación en el Legislativo a los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, por los hechos de violencia de noviembre que se saldaron con la muerte de 19 personas por impactos de bala en Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba. Mediante una misiva enviada este martes por la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, fue confirmado el acto de fiscalización, el primero en este proceso de transición tras la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre. El Legislativo está controlado por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
En Sacaba, Cochabamba, el 15 de noviembre, murieron diez cocaleros que eran parte de una marcha que intentó pasar un cerco policial-militar para llegar al centro de Cochabamba en una caminata hacia La Paz en respaldo a Morales.
Cuatro días después, como resultado de otro operativo policial-militar perdieron la vida nueve personas en Senkata, en El Alto. Las fuerzas combinadas intervinieron un bloqueo a la planta de carburantes de Senkata para evacuar combustible y paliar la escasez que se vivía.
Sonia Brito, Juana Quispe, Julio Huaraya, Franklin Flores, Gonzalo Aguilar, Víctor Borda, Remberto Calani, Rubén Chambi, William Alvarado, todos pertenecientes a la bancada del Movimiento Al Socialismo ( MAS), solicitaron la comparecencia de Murillo y López.
Desde el Gobierno se descartó en diferentes oportunidades que los militares hayan usado su armada de reglamento, es más, hablaron de que se mataron entre los movilizados. Un informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de masacre lo ocurrido en Senkata y Sacaba, pero la administración de Jeanine Áñez cuestionó el informe por considerar no tomó en cuenta la posición del Ejecutivo.
Un informe fiscal estableció que los proyectiles que acabaron con la vida de parte de las víctimas no eran de uso militar, mientras que en el resto no se podrá determinar el calibre del proyectil porque perforaron y salieron del cuerpo.
Durante los conflictos desatados tras la renuncia de Morales, el gobierno de Áñez puso en vigencia del Decreto Supremo 4078 que deslindaba de responsabilidad penal a los militares que participaban de los operativos para restablecer el orden. El 28 de diciembre fue abrogada, como parte de las negociaciones con los sectores movilizados.
592 exautoridades del MAS y sus familias serán investigadas
El Gobierno de transición iniciará procesos contra 592 autoridades del anterior gobierno, entre ministros, viceministros y directores de entidades que ejercieron sus cargos entre 2006 y noviembre de 2019. El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, confirmó a Página Siete que entre los investigados están los hijos de Evo Morales, así como testaferros.
“Es una preinvestigación, porque no se está acusando a nadie. Se hará una verificación de declaraciones juradas, cuentas bancarias, movimientos de dinero, compra de inmuebles para descartar que se está haciendo un lavado de dinero”, explicó el ministro Coimbra.
Señaló que entre los investigados estará la hija del expresidente Morales, Eva Liz, y “todos sus familiares”. Aseguró que de acuerdo a la información del Banco Central de Bolivia (BCB) y datos de la cooperación internacional los exfuncionarios realizaron grandes movimientos de dinero, aunque no precisó las cifras ni las fechas.
“Resulta que en el último tiempo muchos exfuncionarios del Gobierno están poniendo inmuebles a nombre de otras personas. Se están realizando poderes y pretenden legalizarlos en diferentes consulados y embajadas y eso nos llama la atención”, indicó Coimbra.
Explicó que la investigación se inició en el marco de las atribuciones del Star-Gira, que es una entidad conformada desde 2007 por la Cancillería, la Procuraduría, la Fiscalía, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y el Ministerio de Justicia. El funcionamiento del Grupo Interinstitucional de Trabajo para la Recuperación de Activos (Gira) está auspiciado por el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
Coimbra destacó que en la gestión del MAS el Star-Gira abrió 71 procesos, pero que los mismos, señaló, fueron abiertos con fines políticos contra opositores al gobierno de Evo Morales.
Afirmó que uno de los primeros indicios que se maneja para la investigación de una supuesta legitimación de ganancias ilícitas, en contra de Morales, está el caso de la residencia Nº 80 de la calle 31 en la zona de Achumani, conocida por los vecinos como “la casa de Evo”, la que no figura en la declaración jurada del expresidente.
“Es la casa que él (Morales) dijo que de manera violenta fue saqueada, donde se encontraron su ropa y varios de sus objetos personales, no figura en su declaración jurada. Hay cuentas bancarias que llaman la atención, y si no declara la propiedad de un inmueble se está cometiendo un delito”, aseveró.
Sobre la posibilidad de que los militantes del MAS tomen estos procesos como una persecución política por parte del Gobierno de transición, Coimbra descartó esta posibilidad. “No podemos cometer los mismos abusos que hemos criticado en los 14 años de gobierno de Evo Morales. No es una cacería de brujas, hay suficientes indicios. En estos años se han cometido muchos delitos que no pueden quedar impunes, pero ellos tendrán la oportunidad de defenderse”, aseguró.
Los exministros
– Bombas | Luego de la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre, la Fiscalía inició varios procesos contra las exautoridades del MAS. Una de las primeras procesadas fue la exministra de Culturas Wilma Alanoca por estar involucrada en la elaboración de bombas molotov para que los masistas usen contra los cívicos.
– Quintana | Luego de Alanoca, por diferentes hechos se abrió proceso contra los exministros Juan Ramón Quintana, Alfredo Rada, Tito Motaño, César Cocarico, Amanda Dávila y Gisela López, entre otros, además del mismo expresidente Evo Morales por el presunto delito de terrorismo.
