Distancias cercanas entre México y Argentina – Por Diego Ilinich Matus Ortega, especial para NODAL
El 10 de diciembre Alberto Fernández asumió como presidente de Argentina. Largos fueron los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, en los cuales se buscó el desmantelamiento del proyecto político-económico kirchnerista.
Con el discurso de Fernández, recordé las palabras y el mensaje político que dejó en México en días anteriores. En aquella ocasión tuve la oportunidad de asistir a escucharlo al Antiguo Colegio de San Idelfonso en la Ciudad de México. El mensaje de una Latinoamérica unida sonaba con la misma intensidad que su orientación social de gobierno y la preocupación por la actualidad de Argentina. Ese mensaje sorprendía a varios no solo por la empatía que mostraba hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sino también por la estrecha cercanía que dejaba ver en varios puntos su propuesta política.
Ahí surgió el interés de realizar un ejercicio de análisis sobre las similitudes y las diferencias en ambos gobiernos, teniendo en cuenta que el de AMLO ya tiene un año en el gobierno.
Empecemos. El tema del “fracaso” del neoliberalismo es una de las principales cuestiones que vincula a ambos gobiernos, sobre todo por el hecho de que las gestiones inmediatas anteriores en cada país (Enrique Peña Nieto y Mauricio Macri) habrían apostado por este modelo económico para orientar su política económica. Tanto AMLO como AF consideran que el fracaso de la “aventura” neoliberal acabó por hacer que la ciudadanía les diera el voto a las fuerzas progresistas.
El momento de cada país fue distinto en esta materia, ya que mientras en México se ha contado con un modelo neoliberal ininterrumpido durante casi 40 años, en Argentina las presidencias de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández frenaron y revirtieron durante 12 años el modelo neoliberal. Quizá por ello en México la crítica es todavía más aguda: a pesar de que AMLO no lo manifestó de una manera tan directa en campaña ha establecido en su narrativa que la corrupción y el neoliberalismo son la misma cara de una moneda, que ambos se alimentan mutuamente en el mismo sentido. De ahí la importancia para su gestión de lograr sacar al neoliberalismo de la vida pública del país, en todas sus dimensiones, poniendo especial énfasis en lograr separar al poder político del poder económico. Incluso desde el Ejecutivo, AMLO mandó a la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley en donde se tipifica a la corrupción como delito grave. De parte de AF, a mi entender, la crítica al modelo neoliberal no admite duda, aunque su posicionamiento busca no polarizar, y prefiere recurrir a una argumentación menos confrontativa al hablar “equilibrios sociales, económicos y productivos” entre las principales fuerzas (Estado, iniciativa Privada y las/los trabajadores), así como de una “reorientación de prioridades”. Me parece en mucho debido a que a la ciudadanía argentina puede quedarle más en claro que en México la posibilidad del funcionamiento de una economía más equitativa bajo otros principios, y que el reto no pasa solo por su eficacia si no por la eficiencia del gobierno en su desarrollo, de ahí que en el discurso de AF encuentra cabida la palabra “revertir el rumbo” cuando se habla de la economía.
Ambos países comparten en este punto el reto de tener que rendir, de una manera casi inmediata, resultados económicos positivos, los cuales -como bien han buscado evidenciar ambos en las cifras que presentaron al asumir su cargo- no pueden darse de la noche a la mañana por la situación lastimosa en la cual reciben las riendas del gobierno.
En este mismo sentido, la propuesta económica es por una mayor inclusión de todos los sectores sociales a través del establecimiento de una suerte de “Estado de bienestar” (AMLO) o un “Estado como constructor de justicia social” (AF). Coinciden en atender cuestiones tan amplias como la reducción de la desigualdad y el fortalecimiento de los derechos sociales; así como específicas, como la necesidad de resolver el problema de los jóvenes, estableciendo la urgencia de acercarles oportunidades de trabajo o de educación. Sobre los jóvenes, tema fundamental para nuestros países, la ruta es muy similar: reducir la desigualdad y establecer prácticamente el derecho al primer empleo. En este punto de mucho podría servir la experiencia de México a través del programa “Jóvenes construyendo el futuro”, como la experiencia argentina en cuanto a las Escuelas de Retorno Escolar que permiten la posibilidad de estudiar de una manera integral a alumnos de educación media superior que habían abandonado sus estudios.
De ahí que la categoría de los “pobres”, los “más necesitados”, de los “últimos”, o de los “desfavorecidos”, sea central y no demagógica o clientelar como ha querido hacer creer la oposición de derecha en estos países. Tanto la frase “por el bien de todos, primero los pobres” de AMLO, como la de AF al decir que es necesario “comenzar por los últimos para después poder llegar a todos”, hace sentido sólo en la conciencia de que el modelo neoliberal ha dejado una enorme masa de personas sumidas en pobreza y en la falta de oportunidades, confinadas en las periferias de las ciudades a ser carne de cañón de las necesidades de los grandes capitales. Aquí el mensaje de estos gobiernos es sólido, ya que a pesar de los costos políticos que pueden tener estas medidas en las clases sociales altas y medias, su apuesta se mantiene.
En cuanto al reto que tienen frente al sistema político, la orientación a pesar de que avanza en grandes líneas hacia la democratización tiene sus diferencias. Quizá en mucho ello sea porque AMLO ha sido un outsider del sistema político en lo discursivo durante más de 12 años, en los cuales ha señalado de manera sistemática errores de los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto. Mientras que, por la otra parte, AF es un liderazgo claramente vinculado al proyecto kirchnerista, y por lo tanto se sabe asociado con los triunfos y fracasos que han tenido los tres gobiernos anteriores al de Macri (uno de Néstor y dos de Cristina), en donde las demandas de la ciudadanía se han dejado sentir en elecciones pasadas. Otro de los elementos que establecen una clara diferencia entre ambos países, es la fortaleza institucional o el “pacto político” democrático, ya que mientras que en Argentina la continuidad del modelo democrático es un “tema” de vital importancia debido a las experiencias de ruptura institucional que han tenido, en México el Gobierno siempre ha mantenido una posición sólida a la cabeza del sistema político, incluso cuando el anterior presidente Peña Nieto llegó a tener un 12% de aprobación ciudadana, nadie osó cuestionar su mandato. De estos puntos se puede entender que, ante el adelgazamiento de la democracia en los gobiernos neoliberales, AMLO esté hablando de la Transformación del sistema político (la Cuarta Transformación-4T), y AF de “ciudadanizar” la democracia, y de continuar manteniendo la institucionalidad democrática del Estado. Mientras el mensaje del primero es por garantizar que no sea posible un fraude electoral más, el del segundo es por atender las cuentas pendientes de la democracia. Esta diferencia es muy importante en cuanto a las rutas narrativas que siguen los gobiernos frente a otras dimensiones de la vida del Estado, como es la judicial.
En cuanto al tratamiento que requiere la justicia para estos movimientos electos democráticamente (recordemos el poder judicial en ambos países mantiene también intereses propios y tiene pocos o nulos mecanismos de rendición de cuentas ante la ciudadanía) pasa por distintos momentos y retos, de ahí la diferencia en sus propuestas, pero a la larga, la valiosa experiencia que pueden tener ambas naciones de su común observancia. En México AMLO no ha buscado una confrontación directa con la estructura del sistema judicial, más allá del tema de la reducción a los salarios que fue una cuestión que alcanzó una dimensión política, otras coyunturas como la corrupción o la elección de perfiles para este poder, se han logrado resolver por la vía institucional y sin levantar altos revuelos para la ciudadanía (pero se han buscado polarizar y politizar por la oposición de derecha). La apuesta, desde un principio fue por lograr establecer y justificar ante la ciudadanía la posición de no perseguir desde el Poder Ejecutivo a anteriores políticos, jueces o empresarios que hayan participado de actos de corrupción, aunque si señaló muy claramente que no intervendría de ser otros poderes (judicial o legislativo) o instancias las que demandaran acciones en esta materia. La postura ha sido no a la persecución, no a la impunidad y la corrupción, y no a la intervención en asuntos del poder judicial.
Este último punto contrasta un tanto con el panorama político de Argentina debido a que mientras en México se ha buscado no llegar a politizar el tema de la Justicia (aunque hay elementos de sobra para hacerlo), la propuesta de gobierno de AF es distinta en este sentido, ya que su apuesta si es directamente por politizar este tema, y cuando digo politizar no me refiero necesariamente a sacar réditos políticos de cara a las próximas elecciones o a lograr elevar los niveles de aprobación, si no a colocar este debate en el centro de la esfera pública. AF ha declarado que uno de los objetivos clave y fundamentales de su gobierno, es el desvincular a la Justicia de la política (e incluso de poder fáctico de los medios de comunicación), ya que “cuando la política ingresa a los Tribunales, la Justicia escapa por la ventana”, dice. Con ello hace eco del problema sistemático que han tenido las fuerzas progresistas en Argentina (y de paso en América Latina, léase Brasil-Lula, Dilma, Ecuador-Correa, Bolivia-Evo, etcétera) frente a un Poder Judicial que judicializa la política y las acciones estos gobiernos, buscando cuando menos mermar el prestigio de los líderes de izquierda en este país, como de sobra lo hemos visto en estos últimos años en torno a la figura de la dirigente peronista Cristina Fernández, la cual días antes al 10 de diciembre presentó una magistral defensa a su causa frente al poder judicial de este país.
AF ha hablado claro del comportamiento corporativo de jueces y del deterioro del Poder Judicial en Argentina, ha dimensionado esta problemática como uno de los mayores retos para una democracia que aspira a darse en gobiernos populares, por lo cual se ha comprometido a colocar las bases para que “Nunca Más” se judicialice el disenso.
Este es un tema seguir porque más allá de las formas o las estrategias que tienen en la primera parte de sus gobiernos, es uno de los temas a escalar en ambos países. En particular en México tendrá una importancia especial acompañar de una manera puntual la agenda del kirchnerismo, ya que este país gracias al “pacto político” (presidencialismo) que ha existido, el Poder Judicial se ha mantenido al compás de los gobiernos neoliberales, y recién ahora vive el alejamiento más importante del Poder Ejecutivo en la historia de este país (como ya vimos en los amparos al aeropuerto o en meses anteriores la manifestación de los magistrados en contra a la supuesta intervención de AMLO en su vida interna). Por otro lado, tal vez también para el gobierno de AF sea importante la experiencia de las acciones del gobierno mexicano en este sentido, ya que las estrategias políticas de AMLO se han caracterizado por ser eficientes cuando ha logrado establecer dos frentes: un apoyo social importante desde lo popular para sus medidas, y el acercamiento por varios frentes a los actores institucionales, lo cual le va dando las posibilidades para en un segundo momento tener las condiciones de operar algún cambio.
Antes de terminar, mencionar a otros dos temas: la ruta cívica y la política exterior.
AMLO ha apostado desde el inicio de su gobierno, e incluso con diversos ejercicios en sus campañas electorales, por forjar una suerte de unidad nacional que se ancle en valores del republicanismo como son el bien común, la justicia, la equidad y la tolerancia, pasando por la reivindicación de las luchas historias que han precedido a su movimiento. Ha hablado claramente sobre la responsabilidad del Estado en garantizar la felicidad de la ciudadanía, y como el poder solo puede servir cuando está al servicio del pueblo. Estos elementos pudieran quedar en la retórica si no fueran acompañados de acciones concretas desde el liderazgo que se ejerce desde la presidencia, pero más importante que eso, es la lucidez para entender que no es posible establecer un proyecto de desarrollo social integral que no incluya una dimensión valorativa o de formación en valores democráticos. Una dimensión que estuvo abandonada en casi 40 años de gobierno neoliberales, que lograron atomizar e individualizar la vida pública del país.
AF al asumir la presidencia, hace también eco de la importancia de esta dimensión para su gobierno. Lo dice muy claro: “No cuenten conmigo para seguir transitando e camino del desencuentro”, y lo expresa también al decir que en Argentina, en la dimensión política, el problema del “odio” es la imposibilidad para establecer cambios y rutas a largo plazo, así como para llegar a entendimientos y acuerdos que escalen la esfera de los intereses particulares. Es necesario superar los “muros emocionales”. Concibe como necesaria esta dimensión para poder convivir en una “casa común”, para poder establecer la construcción de un nuevo pacto social que recupere el elemento “social” precisamente. De ahí lo interesante en la ruta discursiva que propone, una ruta que no quiere polarizar si no unificar en torno a categorías como “nuevo contrato de ciudadanía social”, “relatividad” de la verdad política, “solidaridad de la emergencia”, “cultura del trabajo”, entre otros que ya no buscan lograr votos, si no unificar en torno a una ruta política de integración nacional.
Sobre el último tema, el de la política exterior, hay una conexión innegable entre ambos gobiernos, incluso se puede hablar de una simpatía clara y abierta entre las propuestas, sin embargo, las diferencias también son marcadas, aunque no reflejan una contraposición en absoluto. México tiene cuatro orientaciones muy claras que se han reflejado en los hechos. Primero, mantener una política de no intervención frente a otros países, respetando con ello una ruta política que se perdió en los últimos tres sexenios de gobierno. Segundo, un claro apoyo a la política internacional progresista, siempre dentro de los marcos institucionales con los cuales cuenta el Estado mexicano. Tercero, la apuesta por impulsar el desarrollo y el crecimiento de los países de Centroamérica, lo cual responde a un tema de solidaridad internacional, pero también para atender el fenómeno de la migración. Y, cuarto, la prioridad de lograr un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, que le permita a la economía del país seguir creciendo. En esta ruta se ha establecido en grandes líneas las principales acciones en materia de política exterior del Gobierno de AMLO.
La propuesta de salida del AF ha sido distinta, o quizá sea mejor decir, más avanzada en la agenda progresista. Concibe a la Argentina en un papel clave para la unificación de una ruta económica y política en la región, en donde lejos de resistirse a la globalización, se entienda que desde la existencia de un bloque económico es posible poder construir mejores futuros para nuestros pueblos. Por ello no duda en hablar de la importancia de una América Latina unida y fuerte, en donde la resistencia y lucha frente al colonialismos sea una constante en la orientación política de estos países. AF entiende que el fortalecimiento o el debilitamiento de la economía nacional no pasa solo por activar las fuerzas productivas a interior del país, sino también por establecer límites a las políticas de gobiernos extranjeros en la región.
Hay otros temas que también merecería de igual manera una mención, pero el documento ya se ha alargado lo suficiente. Queda para otro momento el manejo de la narrativa por ambos gobiernos, el tema de la seguridad, o el de los medios de comunicación.
La región vive momento álgidos y contradictorios. Mientras en unos países los partidos y los movimientos sociales progresistas adquieren fuerza a través de sus diferentes expresiones, en otros una derecha fascista va ganando terreno. Todo en ello en un marco de cinco años. Son tiempos muy veloces, donde los actores tradicionales en la última década adquieren una importancia y quizá una visibilidad mayor, como son los medios de comunicación, las redes sociales, los movimientos sociales en sus distintas demandas, y la presencia cada vez más cuestionada del Poder Judicial.
Escuchaba decir hace algunos días al compañero Katu Arkonada que estábamos frente a una guerra de posiciones, al estilo de lo que planteaba Antonio Gramsci, y estoy de acuerdo. Debemos de establecer la propuesta progresista en todos los frentes, y poco a poco establecer los vínculos necesarios. La derecha que actúa en la esfera política hoy en día no tiene ya los incentivos necesarios para quedarse en un discurso ambiguo y engañoso, ahora entiende que la avanzada discursiva se está consolidando desde los derechos sociales, y por ello busca polarizar a través de otros temas, como la exigencia de violencia desde el Estado, la xenofobia y la represión de los movimientos estudiantiles y sociales.
* Máster en Ciencias Sociales por Flacso-México.
