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Argentina | Megaminería en la provincia de Mendoza: rechazo a la reforma que impulsa el gobierno

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Ley de Minería en Mendoza: qué se reclama y qué puede pasar

La ley 7722 rige en Mendoza desde 2007 y regula la actividad minera. Para favorecer la explotación de los recursos, el gobernador Rodolfo Suárez prometió en campaña una modificación, y así lo hizo. Envío un proyecto a la Legislatura para modificar esa norma, y fue aprobado tanto por Diputados como por el Senado mendocino el pasado viernes.

Fue además con un margen amplio: en el Senado hubo 28 votos a favor y 7 en contra, y en Diputados fue 26 a 11. Es que el radicalismo obtuvo el apoyo del PJ local, que acompañó el proyecto.

Los puntos más destacados son los siguientes:

– Una de las principales modificaciones es que permite el uso de sustancias químicas para las explotaciones mineras. Se pueden utilizar cianuro y ácido sulfúrico. Allí radica uno de los mayores conflictos, por el potencial problema que podría generar a los recursos hídricos. Es que Mendoza no es una provincia más para esta cuestión: ubicada en una zona muy seca, su población tiene un vínculo especial con el agua y su conservación.

– Por eso es que, tras la aprobación de la modificación de la ley 7722 en la Legislatura, comenzaron las protestas de la población. Partieron ayer desde distintos puntos de la provincia para llegar a la capital. Hubo protestas que se originaron en San Carlos, uno de los principales bastiones contra la explotación minera. Esta ciudad está 100 kilómetros al sur de la capital, y desde allí caminaron toda la noche.

– La mayor concentración se realizó esta mañana, cuando miles de personas se congregaron frente a la Casa de Gobierno. El mayor reclamo era al gobernador Suárez, para que vete la ley.

Por el momento no hay señales en ese sentido. Es que no solo fue una de sus promesas de campaña, sino que destinó grandes esfuerzos en lograrlo. Incluso se reunió con Alberto Fernández la semana pasada y fue uno de los temas de conversación. El presidente se mostró en más de una oportunidad a favor de la explotación minera y estuvo a favor de esta iniciativa, lo mismo que el PJ mendocino.

Mientras, desde el gobierno mendocino quieren dar la pelea para seguir adelante con la nueva regulación. Buscan instalar la idea de que se puede llevar a cabo la actividad minera y cuidar el medio ambiente. Y también señalan que otras actividades, como la agricultura, desperdician más agua que la minería por la ineficiencia.

El presidente de Diputados, Andrés Lombardi, aseguró esta mañana que la ley se va a promulgar, ya que contó con un amplio consenso en todo el arco político, empresarial y científico, en diálogo con Radio Nacional Mendoza.

Una de las cuestiones que se negoció en la Legislatura antes de la modificación en la ley es requerir que exista “consenso social” para llevar a cabo la explotación minera. En este sentido, se cree que en Malargüe, en el sur de la provincia, es la única zona en donde la población ve con buenos ojos que se avance en la actividad.

El Cronista

Mendoza: represión contra la movilización que reclama por la Ley del Agua

Este lunes la Policía de Mendoza desató una represión contra la marcha que rechazó la reforma de la ley 7722, conocida como la Ley del Agua. Los uniformados dispararon gases lacrimógenos y balas de goma.

En la que se denominó como la marcha más multitudinaria de los últimos tiempos en la mencionada provincia, miles de manifestantes llegados desde distintos departamentos se reunieron frente a la Casa de Gobierno. En las últimas 48 horas hubo protestas que incluyeron cortes de rutas nacionales y provinciales.

La reforma de la Ley 7722, completamente antipopular, y votada por casi todo el arco de la legislatura provincial el viernes pasado, generó la «movilización más grande de la historia de Mendoza».

La caravana ingresó a la capital provincial para la concentración que tuvo lugar frente a la Casa de Gobierno, con el objetivo de que el gobernador Rodolfo Suárez vete la ley recientemente reformada.

La modificación de la ley agitó los ánimos de la población, que expresó su bronca contra Suárez y el resto de los políticos, tanto oficialistas como opositores, porque dejó expuesta al agua ante el avance indiscriminado de la megaminería contaminante, en un contexto de dramática sequía.

El viernes, senadores y diputados mendocinos aprobaron por amplia mayoría la modificación a la ley 7.722, que ahora permite el uso de sustancias químicas en las explotaciones mineras.

InfoNews

Megaminería y venenos, o el agua: Mendoza se moviliza contra una ley inconstitucional

En una típica sesión express de fines de año, diputados y senadores mendocinos aprobaron una ley que deroga la 7722 y abre la puerta a la megaminería a cielo abierto. PRO, radicales y Frente de Todos sin grieta, con aval desde el gobierno de Alberto Fernández. El viernes hubo manifestaciones y bloqueos parciales de 40 o 50 minutos tanto en rutas nacionales (como la 7 que conecta con Chile y la 40) como provinciales, percibiéndose un descontento por ahora silencioso también en sectores radicales, peronistas y kirchneristas. Se espera una próxima marcha desde el interior de la provincia hacia la capital en repudio, como expresión de la falta de licencia social para este tipo de proyectos. Se están preparando los pedidos de inconstitucionalidad de la nueva ley por violar la prohibición de regresividad (empeorar las condiciones) tanto en materia ambiental como de derechos humanos. Mientras el gobernador radical mandó el proyecto como primer acto de su gestión, dos dirigentes del peronismo ya crearon su propia empresa minera.

“Acá se produjo un divorcio entre la casta política y buena parte de la sociedad”, dice a lavaca el profesor universitario e integrante de la Asamblea Popular por el Agua Marcelo Giraud, sobre la nueva ley mendocina que busca abrir Mendoza a la megaminería a cielo abierto. El proyecto fue el primer acto del gobierno del radical Rodolfo Suárez, y el presidente Alberto Fernández esta semana la dio por aprobada antes de que se reunieran los legisladores, todo lo cual indica el grado de presión detrás de esta polémica actividad extractiva y contaminante.

La ley, que aún no tiene número, aprobada por 28 votos a favor y 7 en contra en el Senado y 36 contra 11 en Diputados, provocó inmediatas movilizaciones en la provincia. “Incluso en zonas que no se manifestaban, como Tupungato, lo que muestra que el rechazo viene muy fuette”, explica Giraud.

“Aunque sospechábamos que se venía esta maniobra, el sacudón fue muy grande y todo está organizándose sobre la marcha. En las manifestaciones se pudo ver mucha gente tanto radical como kirchnersta con mucha bronca y defraudada por todo esto. La candidata kirchnerista Anabel Fernández Sagasti había hablado de su apoyo al tema minero, pero siempre en el marco del respeto a la Ley 7722. Del nuevo proyecto cuestionó cuestiones secundarias pero terminó apoyando el núcleo: el uso de sstanciastóxicas como cianuro y ácido sulfúrico, y que los proyectos del Ejecutivo no deban pasar por la Legislatura”, explica Giraud.

Fernández Sagasti había realizado una conferencia de prensa que en lo esencial apoyaba la ley junto al diputado nacional también peronista Omar Félix. El diputado y su hermano Emir Félix, intendente de San Rafael, en medio de todo este debate y del impulso presidencial, tuvieron la velocidad de crear recientemente una empresa minera, Sierras del Nevado S.A., lo cual de por sí define el contexto en el que se da este debate. La empresa de los Félix se dedicaría a la extracción de cuarzo, pero la nueva legislación que apoyaron les abre otros horizontes.

Giraud expica: “Hablan de controles, pero todos sabemos en nuestro país que nunca hay controles suficientes ni eficientes para las corporaciones, como ya lo demostró la situación en San Juan”, dice Giraud sobre el derramamiento de millones de litros de agua cianurada en la provincia postulada como modelo a seguir por el actual presidente.

“Eso provocó mucho rechazo en Mendoza, porque si hay algo que la gente no quiere es justamente lo que ocurre en San Juan. La nueva ley es pésima porque prohíbe el mercurio (que de todas formas iba a quedar prohibido en todo el país a partir de 2020) pero no impide el uso de cianuro o de ácidos químicos como el sulfúrico. Eliminar el paso por la legislatura de cualquier proyecto del Poder Ejecutivo es otro problema ya que hubo varios proyectos que si no los bajaba la Legislatura hubieran seguido adelante, con recursos de amparo judiciales para detenerlos”, informa Giraud.

“Además, abrir el territorio al gran capital minero trasnacional es poner en altísimo riesgo de contaminación las cuencas altas de nuestros ríos en una provincia de clima árido y semiárido en la que es el recurso o bien común más elemental junto con el aire, pero que viene de 10 años de sequía histórica».

Distintos grupos mendocinos ya están ultimando los recursos que presentarán ante la suprema Corte provincial para que declare inconstitucional la nueva ley, debido a la ruptura de principio de progresividad y no regresividad en temas ambientales, concepto que viene también del ámbito de los derechos humanos y que implica la prohibición de tomar medidas que afecten o disminuyan la protección de derechos fuundamentales, como resulta en este caso el tema del agua, los recursos naturales y el medio ambiente. Giraud: “Se está organizando una resistenccia muy fuerte, hay mucha indignación, y una decisión de no darle licencia social a este tipo de proyectos que solo van a agravar los problemas del presente”.

Foro Agrario y ciencia

El argumento de la generación de empleo fue el principal eslogan del gobierno de Suárez y empujó dos semanas atrás a una carta firmada por más de 500 docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el CONICET en la que explican la irresponsabilidad de la propuesta. “La idea de desarrollo provincial a partir de la expansión de la minería aparece a todas luces simplificada y anacrónica y, en tanto, irresponsable”, alertaron, sobre uno de los principales argumentos promineros. “De las múltiples actividades con valor económico existentes en la provincia, la propuesta de insistir en viabilizar la minería como una de las principales alternativas puede ser la peor forma de ‘ampliar’ la matriz productiva”.

Por su parte, el Foro Nacional por un Programa Agrario, Soberano y Popular, conformado por más de 50 organizaciones productivas que elaboraron un diseño de matriz agraria fundada en prácticas agroecológicas, dio a conocer su posición:

“Desde el Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular expresamos nuestro repudio a la modificación de la Ley nro. 7722 de la provincia de Mendoza que se realizó en tiempo record el 20 de diciembre.

Fundamentamos nuestro rechazo en las siguientes razones:

– La modificación permitirá el avance de la megaminería en la provincia y abrirá las puertas para que las multinacionales mineras desembarquen y profundicen el saqueo.

– La Ley N.º 7722 es un emblema de la lucha de los pueblos en defensa de sus territorios y su agua y ninguna de las condiciones que permitieron su aprobación se ha modificado.

– Por el contrario la provincia atraviesa estos últimos años una crisis hídrica que se agravará sin lugar a dudas de avanzar estos proyectos extractivos.

– Desde el Foro Agrario hemos convergido más de 50 organizaciones para construir “Una Argentina con Soberanía Alimentaria, apostamos a un modelo de producción diferente, agroecológico, no extractivo, sano; en territorios integrados social, económica y culturalmente que constituyan un hábitat sostenible para todas y todos”. El extractivismo minero es una de las grandes amenazas para la Soberanía Alimentaria y para la posibilidad de producir alimentos saludables localmente.

– Las principales fuentes de generación de recursos que tiene la provincia, como son la producción agrícola y el turismo se verán amenazados por el avance de la megaminería.

– En nuestro documento fundacional hemos sostenido que: “Nuestros territorios no pueden ser zonas de sacrificio en función de las necesidades y demandas de los centros de poder global; debemos ser las propias comunidades las que decidamos el destino de eso que el mercado llama “recursos” y nosotras y nosotros llamamos bienes comunes naturales”. Esas comunidades son las que desde hace años vienen defendiendo la vigencia de la Ley 7722.

– Defendemos el Derecho Humano al Agua y no como mercancía y el uso que realiza la actividad minera del agua junto a las toneladas de residuos tóxicos que produce representa, como ya se ha demostrado en múltiples situaciones, una amenaza que no podemos permitir.

Exigimos que las autoridades escuchen al pueblo mendocino movilizado y que retrotraigan esta medida viciada de nulidad por ilegítima e inconstitucional”.

En este contexto, a la situación mendocina se agrega la de Chubut, provincia también amenazada por la intención de imponer la megaminería pese al rechazo de sus asambleas durante las últimas décadas.

La Vaca

El presidente de Diputados aseguró que la reforma a la 7722 «se va a promulgar»

El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, afirmó hoy que la reforma de la ley 7722 «se va a promulgar» al margen de la protesta masiva que llegó a Casa de Gobierno esta mañana.

«Es una decisión del Poder Ejecutivo, pero entiendo que se va a promulgar esa ley», afirmó Lombardi. Y agregó: «Si bien existe una movilización importante, es una ley que tiene mucho consenso con cámaras empresariales, sindicatos y gente de la ciencia y de la tecnología».

El legislador oficialista que conduce la Cámara Baja pidió a través de Radio Nacional Mendoza que se transmita «información precisa a la ciudadanía» sobre esta polémica. «Hay un conjunto de leyes que limitan las zonas donde se puede desarrollar la minería», afirmó, y detalló en ese sentido que la actividad va a tener como límites la ley nacional de glaciares, las áreas naturales protegidas y los lugares donde el plan de ordenamiento territorial (de índole provincial) no autorice la explotación.

Lombardi agregó que en 2007 «no existían» la ley de glaciares ni los planes de ordenamiento territorial, y destacó que la minería «fundamentalmente se va a desarrollar en Malargüe».

También sostuvo que en el Congreso Nacional «hay una ley con media sanción que reglamenta todas las obras civiles».
El proyecto sancionado es una ley de Julio Cobos. «Han habido problemas por los diques de contención que se rompen, vamos a dar muchas garantías», prometió.

La reforma de la ley 7722 se produjo el viernes. En la mañana fue sancionada por el Senado y a la tarde le dio aprobación definitiva, precisamente, la Cámara de Diputados. Ahora sólo falta la promulgación del Poder Ejecutivo para que entre en vigencia.

MDZol

La Iglesia le pidió a Suarez que escuche «el clamor del pueblo» y vete la 7722

Un una carta fechada este lunes y dirigida al gobernador Rodolfo Suarez, el obispo de Mendoza, Marcelo Colombo, pidió que “no promulgue las modificaciones a la Ley 7722” y sostuvo que “de otra manera, se pone en riesgo la amistad social, y se apuran definiciones que necesitan tiempo para ser discernidas y decididas”, al tiempo que indicó que el mismo pedido lo hizo a los legisladores, pero “como tantas otras personas que pedían lo mismo, no fui escuchado”.

La postura del jefe de la Iglesia Católica de Mendoza, además de haber quedado clara antes del debate, también quedó evidenciada cuando el grupo de comunicadores del Arzobispado, difundió una ilustración (que acompaña esta nota) hecha para el tercer domingo de Adviento y en donde se ve a San José y a la Virgen María, embarazada, sumada a la movilización en defensa de la ley 7722.

Colombo, en su carta, se dirigió al gobernador, diciendo: “Le escribo en estas difíciles horas que siguen a la sanción de las modificaciones de la Ley 7722 por parte de la Legislatura provincial. Lo hago de este modo porque, a pesar de mis intentos, hasta el momento no he conseguido comunicarme de otra forma”.

«He escuchado el clamor de mi pueblo es una expresión muy conmovedora, utilizada en la Biblia para señalar que, en los momentos más dramáticos de la vida del pueblo, estaba Dios para escucharlos y ayudarlos. Quienes tienen altas responsabilidades a su cargo, también deben escuchar el clamor del pueblo. Es parte del delicado arte de gobernar y que no necesita llegar a situaciones límites para percibir cómo una determinada cuestión es vivida por la gente”.

“Una multitud esperanzada camina a lo largo y ancho de nuestra Provincia para pedirle a Ud., en virtud de sus prerrogativas constitucionales, que vete tales modificaciones. Tengo el conmovido testimonio de los párrocos de los distintos departamentos que me narran la presencia masiva de familias con niños pequeños, pidiendo se vete esta modificación a la Ley 7722”.

“En la tarde de ayer, a poco de comenzar la celebración de la Misa en un templete dedicado al Niño Dios, a la altura del paso a Chile, pude yo mismo ver saludar a la masiva columna de personas que venían desde los departamentos del Sur”.

“Días atrás, cuando estaba por votarse la reforma de la Ley 7722 escribí una carta de este tenor a los señores Diputados y Senadores, pidiéndoles que no modificaran la ley 7722, que postergaran el debate hasta asegurar un ámbito de discusión sereno, racional, lejano de fundamentalismos inconducentes para superar intereses sectoriales y concentrar la mirada en nuestra Provincia, en su crónica falta de agua, en la vida de las generaciones futuras. Como tantas otras personas que pedían lo mismo, no fui escuchado. Un acuerdo entre los grandes partidos políticos aseguró el rápido tratamiento de las modificaciones que hoy tiene ante su vista para su promulgación”.

“En reiteradas oportunidades en este último tiempo, esta Arquidiócesis se expresó sobre la cuestión minera, insistiendo en la imprescindible licencia social como punto de partida. Así también lo señaló Ud. en la campaña electoral. Quizá, más tarde, Ud. pudo identificar su importante victoria en las urnas con esa licencia social. Pero no es así. Para estos proyectos mineros, como para todo cuanto compromete la vida y la salud de los habitantes y la Casa común, se requiere un consenso específico y explícito. De otra manera, se pone en riesgo la amistad social, y se apuran definiciones que necesitan tiempo para ser discernidas y decididas”.

“Como pastor de esta Arquidiócesis de Mendoza, le pido que no promulgue las modificaciones a la Ley 7722. Comprendo que no es fácil vetar la ley que Ud. mismo proyectó y los legisladores aprobaron. Sin embargo, seguramente en estos días, Ud. habrá podido “escuchar el clamor del Pueblo” y ello lo habrá llevado a una nueva mirada sobre este tema tan impactante para una Provincia que vive la emergencia hídrica más severa en décadas”.

«Como en ocasiones anteriores, renuevo la mejor disposición de esta Iglesia particular a mi cargo, para contribuir a la paz social, en todo cuanto se pueda de nuestra parte, a partir de aquellas instancias de diálogo que contribuyan a la fraternidad y amistad de los mendocinos. No sólo nosotros, sino las próximas generaciones de mendocinos, lo merecen”.

“Lo saludo con todo respeto y consideración, deseándole una Feliz Navidad; que pueda vivir junto a su familia la llegada del Salvador que nos recuerda nuestra condición de hijos de Dios, de hermanos y de cuidadores de esta Casa común”.

Diario Uno

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