Paro nacional de octubre: sin responsables políticos, según la Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional aprobó este miércoles una resolución sobre los hechos registrados durante el paro nacional de octubre, no determinó responsabilidades políticas, pero encargó a la justicia que investigue y señale a los responsables de actos delictivos cometidos durante la jornada de protesta.
Los votos de la aprobación provinieron de Alianza PAIS, Revolución Ciudadana, Bancada de Integración Nacional (BIN) y Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI). Los bloques del Partido Social Cristiano (PSC) y CREO, votaron divididos, unos a favor y otros se abstuvieron.
Tras la lectura del informe, que implicó 54 días de investigación, se abrió el debate y el presidente de la comisión ocasional, Fernando Burbano, defendió el documento e hizo un llamado al Gobierno, líderes, dirigentes políticos y sociales al diálogo.
Consideró que es la Justicia la que tiene que establecer las responsabilidades, y por eso, dijo, que la comisión se ha negado determinar y señalar nombres de los actores sociales y políticos, en este informe.
Planteó que el informe vaya a la Fiscalía, y que en un plazo de 30 días comunique cuál es el resultado de la aplicación de las recomendaciones de los organismos internacionales.
También consideró que es necesario fortalecer a la fuerza pública en preparación y defensa de derechos humanos.
Igualmente, pidió al Gobierno realice un esfuerzo para la identificación de los muertos y heridos, para que no haya inconsistencias en el número. Así como a la Defensoría del Pueblo que proceda a individualizar los casos y llegar a una reparación de las víctimas, y advirtió que sino se hace eso, muy pronto le cobrarán al Estado por las reparaciones.
.@feburbano, presidente de comisión ocasional que investigó hechos del paro de octubre, plantea votación de la resolución y señala que el informe tiene firmeza y que la responsabilidades sobre las protestas debe determinar la justicia pic.twitter.com/hYOOsvU8Gx vía @vicenteopi
— El Universo (@eluniversocom) December 19, 2019
El legislador César Rohón (PSC) cuestionó la tibieza del informe y exigió que se debe incluir nombres de las personas que causaron caos; llamaron a las Fuerzas Armadas a desobedecer al Presidente de la República; dejaron sin agua a los ciudadanos y propiciaron saqueos.
A las críticas se sumó el legislador, René Yandún (BIN), quien pidió explicaciones por qué en el informe no se incluye quien financió la manifestación de los indígenas; si hubo o no un acuerdo político entre un partido político y los dirigentes del paro; quién realizó el entrenamiento táctico, operativo y estratégico de los manifestantes que utilizaron mecanismos subversivos para atacar a la fuerza pública; así como quién facilitó la elaboración y entrega de material subversivo a los manifestantes.
Indicó que se ha distorsionado el respeto a los derechos humanos, y nada se dice quien va a pagar las pérdidas económicas porque se está hablando de miles de millones de dólares.
En la resolución mocionada por Burbano y aprobada con 81 votos se reafirma el respaldo de la Asamblea Nacional al régimen democrático constitucional del Estado.
También se reivindica el derecho a la protesta de todos los ciudadanos como legítima manifestación democrática.
Además, llaman a la reflexión a todos los actos políticos y sociales del país, para que comprendan que el diálogo, los consejos, la reconciliación nacional y el trabajo conjunto y coordinado, son los únicos mecanismos que permitirán solucionar los graves problemas que afronta el Ecuador.
Con la resolución se aprueba el informe presentado por la comisión ocasional multipartidista que investigó los hechos relacionados con el paro nacional del 02 al 13 de octubre de 2019.
También se dispone que el Presidente de la Asamblea Nacional remita copia del informe con sus anexos a la Función Ejecutiva, a la Función Judicial, a la Función de Transparencia y Control Social, a la Función Electoral, a la Fiscalía General del Estado, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo, para que en ejercicio de su competencia, procedan ha acoger e implementar las conclusiones y recomendaciones del informe de la comisión ocasional.
Instar a las entidades el Estado para que, en cumplimiento de la de Constitución y los compromisos internacionales garanticen la investigación y sanción de todos los responsables de actos que constituyan violaciones a los derechos humanos o delitos cometidos durante la paralización nacional.
Disponer que la Comisión Ocasional que investigó los hechos del paro nacional revise el cumplimiento de las disposiciones emanadas del informe, proceda al seguimiento a los procesos individualizados de las víctimas que dejaron las protestas, evalúe el cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales respecto de las obligaciones de respeto y garantía en materia de derechos humanos.
Paro nacional: que investiguen otros
Muchas cosas feas pasaron entre el 2 y 12 de octubre en Ecuador, y la Asamblea las rechaza todas. Y pide que la Fiscalía las investigue. Hasta ahí. Con esto y un bizcocho, concluyó el proceso de lo que el Legislativo llama “investigación de los hechos ocurridos durante el paro nacional”. Con 81 votos a favor, el Pleno aprobó anoche el informe de la comisión investigadora que se abstuvo (porque “no podemos ejercer justicia”, dijo su presidente, Fernando Burbano) de establecer responsabilidades políticas sobre la violencia, los secuestros, los saqueos, los incendios, los abusos sexuales, las violaciones de los derechos humanos, los perjuicios económicos y la larga lista de atropellos que tuvieron lugar en esos días. Capítulo cerrado. Y a otra cosa, mariposa
Cinco horas duró la sesión parlamentaria, dos de las cuales fueron empleadas en la lectura del informe. Debieron ser tres pero el secretario, John de Mora, a la voz de “como consta en el acta” (el acta era precisamente lo que estaba leyendo) omitió decenas de páginas sin que nadie se diera por enterado, total, nadie lo escucha.
La invitación cursada a todos los asambleístas por el presidente César Litardo para una cena de fin de año en el exclusivo restaurante Theatrum planeaba sobre el horizonte como un ‘dead line’ perentorio. “Que no se utilicen recursos del Estado y que cada asambleísta pague lo que le corresponda”, había comentado por Twitter el correísta Augusto Espinosa. “Está pagado, no le va a costar nada”, respondió Litardo cuando reiteró la invitación al cierre de la jornada.El debate fue bizantino y poco influyó en el resultado final. Mucho se habló del paro nacional (fantástica retórica de los concurrentes) pero poco, muy poco, del tema en discusión: el informe. Con excepción de César Rohon, nadie dijo: donde el informe asegura que el incendio de la Contraloría “presuntamente ocurrió”, debe decir que, efectivamente, ocurrió. Así que, por mayoría de votos, la posición oficial de la Asamblea es que el incendio de la Contraloría pudo haber ocurrido o no. Entre otras cosas.
La conclusión principal: el Decreto Presidencial 883, que derogó el subsidio a los combustibles, fue el detonante de las protestas. Gran novedad. Los correístas, que durante los días del paro jugaron un papel decisivo como instigadores de la sublevación y la desestabilización, estaban contentísimos: “Ni instigación, ni sublevación, ni desestabilización”, pudo decir Pabel Muñoz como resumen del informe. El legislador correísta trajo a colación el eslogan de las protestas chilenas: “no son treinta pesos sino treinta años”. Sin embargo, habiendo estado en el poder un tercio de ese tiempo, lo redujo a la escala que le convenía: “no son diez centavos -dijo, redondeando el incremento del precio de la gasolina-, son tres años”.
Tres nomás.Doris Soliz, su compañera de bancada, calificó el Decreto 883 como “profunda violencia” y citó, en sintonía con los vientos bolivarianos que vuelven a soplar sobre la región, la muletilla (originalísima) del nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández: “Nunca más”.
Para rebasar el límite de lirismo soportable en una sesión del Pleno, el asambleísta Héctor Yépez, militante de CREO e integrante también de la comisión investigadora, arrancó su intervención citando a León Gieco: “Sólo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente”. Dicho lo cual (y aceptando el postulado general de que el Decreto 883 representa el papel de la madre del cordero en este caso) se complació en jugar a dos bandas entre la violencia organizada (no dijo por quién) de los manifestantes, y la violencia de la fuerza pública.
En resumen: empate a cero.El socialcristiano César Rohon que, como integrante de la comisión investigadora, se opuso al informe y, en el Pleno, se abstuvo en la votación final junto con otros miembros de su partido, fue la voz más disidente. “Si no podemos tipificar los hechos de octubre como hechos de subversión -dijo-, no estamos cumpliendo con nuestro deber”. Una postura que se contradice totalmente con la versión del presidente de la Comisión, Fernando Burbano, para quien no hay “argumentos que permitan justificar la teoría del golpe de Estado”.La oficialista Rosa Orellana, también integrante de la comisión, salió en defensa del gobierno (cosa inusual en esta Asamblea, incluso viniendo de un miembro de su bancada). Hizo notar que, a diferencia de lo ocurrido en las protestas de Chile, Colombia y Bolivia, en las del Ecuador la fuerza pública no utilizó armas letales en ningún caso.
Y dijo que las bombas lacrimógenas caducadas no producen ningún efecto fisiológico perjudicial. Todo esto, sin embargo, así como las alegaciones de René Yandún en defensa de las Fuerzas Armadas y la Policía, cayó en saco roto por una sencilla razón: ninguno de estos argumentos aterrizaba en el texto del informe, que era básicamente el objeto de debate.En consecuencia, el informe quedó como estaba, incorporando apenas una que otra declaración lírica de más: “llamar a la reflexión de los actores políticos y sociales”; “convocar de manera urgente e impostergable a un diálogo nacional”. En fin: retórica. Y eso fue todo. Así los asambleístas, que ni siquiera acertaron a reunirse (sino en secreto) durante los días del paro, cerraron sin pena ni gloria el capítulo más funesto de la historia política reciente de la república.
Informe
175 páginas y cero aportes
El informe final de la comisión investigadora, aprobado anoche, tiene 175 páginas en las que se exponen los testimonios de las 74 personas que comparecieron:
autoridades, representantes de movimientos sociales, víctimas, policías… Incluye diez conclusiones y nueve recomendaciones en las que se deriva toda responsabilidad de investigación a la Fiscalía.
