Colombia: senador de la FARC denuncia «genocidio» contra exguerrilleros y el gobierno refuerza medidas de seguridad

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«Es un genocidio», dicen sobre asesinatos de ex guerrilleros en Colombia

«#URGENTE, 180 firmantes de la paz asesinados. El Gobierno debe actuar de manera efectiva e implementar el Acuerdo. El asesinato de Manuel Antonio González (excombatiente) ratifica que esto es un verdadero genocidio», expresó a través de su cuenta en Twitter, Pablo Catatumbo. González fue asesinado en inmediaciones del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de la localidad de Santa Lucía, en el municipio de Ituango (norte), acorde con la información divulgada.

«Manuel era un joven trabajador, comprometido con la paz y, recientemente, un feliz padre de familia. Las balas asesinas le arrebataron la vida, y a nosotros una porción de esperanza. Iván Duque: ¿cuántos muertos más para que se tome en serio la paz?», expresó Omar Restrepo, representante de la Cámara por el partido FARC. En un contexto marcado por persistentes hechos de violencia, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia instó recientemente a perseverar para que la paz en este país sea sostenible.

«Reconocemos el compromiso que las partes signatarias del Acuerdo han tenido con el proceso de construcción de paz, así como el esfuerzo y participación activa del sector privado, la sociedad civil, y el acompañamiento de la comunidad internacional», expresó mediante una nota de prensa.

«Las Naciones Unidas exaltan el valor de muchas comunidades en todo el territorio nacional que día a día trabajan por la reconciliación y la convivencia», destacó.

A pesar de las dificultades y los retos en la implementación del Acuerdo, puntualizó, la Misión espera que «la paz y la seguridad logradas sean una oportunidad para avanzar a favor de la prosperidad e inclusión y que permita afianzar el sostenimiento de la paz en el país».

A tres años de la firma del Acuerdo, desde el 21 de noviembre últimos miles de colombianos exigen en calles y plazas que lo pactado se implemente de manera integral, al tiempo que rechazan la violencia y políticas del gobierno.

Cada mes, semana y, prácticamente, cada día de este año, la violencia fue una constante en la realidad colombiana.

Amenazas, atentados, secuestros y asesinatos se repitieron, teniendo entre sus víctimas frecuentes a miembros de las comunidades indígenas, líderes sociales y ex guerrilleros.

La República


Gobierno expidió decreto para reforzar medidas de seguridad de ex Farc

El Gobierno Nacional reveló que fue expedido el Decreto 1629 para garantizar y reforzar las medidas de seguridad especiales de los exintegrantes de la extinta guerrilla de las Farc, en cumplimiento del acuerdo de paz que se firmó con ese antiguo grupo subversivo.

Emilio Archila, consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, reveló que de acuerdo con información oficial que entregó la Fiscalía General de la Nación, han sido capturadas 130 personas señaladas de cometer ataques en contra de los excombatientes de las Farc.

Además, el funcionario del gobierno del presidente Iván Duque indicó que se han proferido 22 sentencias condenatorias en contra de los responsables de hechos criminales en contra de ex guerrilleros.

“Hemos expedido el Decreto 1629, el cual permite que se mantenga 2.500 efectivos del Comando Estratégico de Transición (Coet) de las Fuerzas Militares, que se mantengan 1.240 Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Uniped), para fortalecer la seguridad de ellos”, sostuvo Archila.

Y agregó: “La Fiscalía nos ha reportado 22 casos con sentencia condenatoria en contra de los auditores materiales e intelectuales de esos ataques. Tenemos más de 130 capturas, según información oficial de las autoridades, que vienen adelantando las investigaciones por los hechos en contra de esa comunidad”.

Archila manifestó además que “hay 34 medidas de reforzamiento a la seguridad de los ex combatientes dispuestas por el presidente Iván Duque, tenemos 233 esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección operando, más de 316 personas protegidas y más de 150 mil millones de pesos invertidos en ese tipo de protecciones”.

Preocupación

Pablo Catatumbo, quien hace parte de la dirección Nacional del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, pidió mayor seguridad para los excombatientes de las Farc y celeridad en las investigaciones de los asesinatos de algunos de ellos.

En su cuenta de Twitter, Catatumbo, al rechazar el crimen de Manuel Antonio González en la vía que conduce de Ituango a la vereda Santa Lucía, Antioquia, reiteró que lo que se viene presentando es un genocidio.

«Ante esto, la comunidad de exguerrilleros que se encuentra adelantando su proceso de reincorporación está en zozobra y considera que estos hechos son un claro mensaje de intimidación para que se desplacen del espacio de reincorporación», señaló el partido Farc.

Así mismo, le pidió al presidente Iván Duque mayores garantías para la seguridad de quienes dejaron las armas y se acogieron al proceso de paz.

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Catatumbo recordó que en solo esta región del país han sido asesinados 19 excombatientes desde la firma del acuerdo, once de los crímenes se han registrado en Ituango.

El partido Farc señaló que ha denunciado insistentemente la falta de garantías de seguridad para los 7.000 integrantes que dejaron las armas y pidió a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que acompañe las investigaciones por estos hechos.

RCN


Asesinan a comunero indígena en departamento de Cauca, Colombia

La Red de Derechos Humanos del suroccidente colombiano «Francisco Isaías Cifuentes» denunció este domingo el homicidio del comunero indígena Cristian Andrés Vitonas Yatacué, quien recibió una serie de disparos mientras se encontraba en una fiesta comunal en el municipio de Toribio, ubicado en el Departamento del Cauca.

Mediante un comunicado, la organización responsabilizó al Gobierno de Iván Duque por lo ocurrido y exigió que se tomen «las medidas necesarias para el esclarecimiento de la verdad».

Asimismo, la agrupación instó a la Gobernación del Cauca y a la Defensoría del Pueblo a determinar las responsabilidades «colectivas e individuales» en el homicidio, al tiempo que pidió a los organismos de deRechos humanos y a las organizaciones populares a mantenerse alertas ante la situación crítica ocurrida en el departamento colombiano.

El fallecido fue integrante de la Asociación Indígena “Avelino Ul”, agrupación que ha sufrido la baja de tres de sus miembros (incluido Vitonas Yatacué) en este municipio en los últimos tres meses.

Con este asesinato, son 217 los integrantes del colectivo Marcha Patriótica muertos víctimas de la violencia en la región.

Telesur


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