Consulta Ciudadana en Chile: el 90 por ciento votó por una nueva Constitución
Consulta ciudadana digital: 91 por ciento está a favor de una nueva Constitución
Luego de que se cerraran las mesas de votación para la Consulta Ciudadana Municipal, la Asociación Chilena de Muncipalidades (AChM) entregó un primer computo correspondiente a la modalidad online.
En tal modalidad, la opción a favor de una nueva Constitución fue apoyada por el 91 por ciento del total de los votantes.
Este porcentaje corresponde a los votantes pertenecientes a las 29 municipalidades que incorporaron la votación digital para este proceso, y que en total fueron 928.344 personas.
Otros de los resultados de esta consulta indicaron que 138.647 votos fueron a favor de una Convención Mixta Constitucional; mientras que 345.393 votos, a favor de una Convención Constitucional.
Además, 687.681 personas opinaron que el voto por el proceso constituyente debería ser obligatorio, frente a 106.395 que opinaron lo contrario.
Asimismo, respecto de la consulta por la Agenda Social, la demanda que mayor prioridad tuvo para los votantes fue la correspondiente a “Mejorar las pensiones y dignificar la calidad de vida de los adultos” (492.010 votos), seguida de “Mejorar la salud pública y su financiamiento (486.054 votos).
Según información otorgada por la AChM, estos resultados corresponderían al 70 por ciento de los votos digitales.
Puente Alto, Las Condes, Viña del Mar, Valparaíso y Ñuñoa son las comunas con más sufragios hasta el momento.
Ciudadanía Constituyente cuestiona legitimidad del Acuerdo por la Nueva Constitución
A través de una declaración pública, el movimiento Ciudadanía Constituyente planteo serias dudas respecto de la legitimidad del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución firmado el pasado 15 de noviembre.
La organización dirigida por el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Eric Palma, manifestó que el acuerdo mencionado limita la decisión del pueblo de Chile a un quorum de votación “típico de la denominada democracia protegida configurada en dictadura”.
A esto también se suma que el acuerdo pudiera dar lugar a que se someta el ejercicio del poder constituyente a los tratados de libre comercio vigentes en el país, además de presentar errores de representatividad, dado que limita la participación de los independientes, los pueblos originarios, las mujeres, y los menores de edad a partir de los 16 años.
Por tal motivo, la declaración de Ciudadanía Constituyente asegura que el resultado final del acuerdo no dejará satisfechas las necesidades de las personas que lo reclamaron.
“Es de una enorme irresponsabilidad avalar sin más un proceso que no es representativo de los actores que lo generaron, y que producirá, como es presumible, una profunda frustración en el movimiento pluriclasista que ha impulsado la demanda de una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente”, versa en el texto.
Asimismo, la organización barajó la posibilidad de que la contienda constitucional sea desplazada a las próximas elecciones de Presidente de la República y de Congreso Nacional, que deben realizarse en el mes de noviembre de 2021.
Ante los indicios presentados, el movimiento liderado por Palma ha determinado algunas medidas referentes a condicionar su participación en el proceso a que el Congreso pueda mejorar la propuesta presentada por el Comité Técnico, así como preparar un nuevo proceso constituyente, en el caso se tenga que rechazar la nueva Constitución en el plebiscito de salida.
Para los firmantes de la declaración, el Gobierno elegido en el 2021 será de vital importancia para decidir qué hacer si la propuesta de nueva Constitución se rechaza o, en caso se apruebe, “deberán dictar las leyes que sean necesarias para su implementación”.
Lo manifestado anteriormente está firmado por Eric Palma, Rodrigo Pérez Lisicic, Carolina Parraguez, Carmen Luz Aguirre, Fernando Godoy, Pascal Enrique Garrido, Salvador Concha, Belén Vásquez, Karime Córdova, Maximiliano Castro, José Faundez, Rubina Letelier, Blanca Bórquez, Ginette Guitard, Carlos Roa, Jaime Villarroel, Pamela Chávez, Alvaro García y Raimundo Cerda.
Comisión Chilena de Derechos Humanos exige al Gobierno de Piñera la implementación inmediata de las recomendaciones del informe ONU
A través de un comunicado la Comisión Chilena de Derechos Humanos se refirió al informe presentado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el que valoró, en primer lugar, porque afirma lo ya constatado por informes anteriores de organizaciones internacionales, como los emitidos por Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que en Chile se ha producido “un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”.
Desde la Comisión señalan que dichas violaciones, al haberse cometido en forma sucesiva, durante un período de tiempo y habiendo afectado a un grupo numeroso de personas, tienen no sólo el carácter de graves y masivas sino además el de sistemáticas.
“Si bien el Informe no lo señala expresamente, lo sugiere al señalar que ciertas violaciones a los derechos humanos son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y sus víctimas», señalan.
En el comunicado comentan además que están de acuerdo con el informe en que vastos sectores de la sociedad han sido especialmente reprimidos por alzar su voz contra el abuso institucionalizado, la injusticia y la desigualdad, como los niños niñas y adolescentes, los estudiantes, las mujeres y la comunidad LGTBI, los migrantes, los mapuches, y los trabajadores activos y pasivos.
“Valoramos el que se señale a la desigualdad social y económica como una de las causas que dio inicio a las manifestaciones masivas, se constate la concentración de la riqueza en nuestro país, y que se recomiende abordar la situación de los derechos sociales y económicos al tenor de lo señalado por los órganos de control y supervisión de Naciones Unidas”, añadieron desde la Comisión.
Bajo esa premisa, consideran que constituye un avance además, que el principal órgano de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, se pronuncie sobre el actual proceso constituyente, al señalar en su Informe la necesidad de “asegurar que el proceso de elaboración de una Nueva Constitución sea inclusivo, participativo y transparente, incluso garantizando la paridad de género, y la participación de los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad”.
Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades a no permitir la impunidad.
“Reiteramos la necesidad de evitar se consagre la impunidad en nuestro país y para impedirlo, deben hacerse efectivas las responsabilidades penales de todos los autores, cómplices y encubridores de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas, incluyendo a las autoridades civiles y jefes militares”.
El comunicado concluye con un llamado a reafirmar que la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. “Son obligaciones normativas ineludibles para los tres Poderes del Estado cuando se han producido graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, y su exigencia, un deber ineludible del conjunto de la sociedad y sus organizaciones”.
Acusan robo de información sobre denuncias en sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos
Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo habría ocurrido un robo en la sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, ubicada en la comuna de Santiago, donde individuos aún no identificados sustrajeron equipos informáticos que contenían información sobre causas por denuncias de violaciones a los derechos humanos
Tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones, concurrieron al lugar para investigar este delito y si existen testigos de lo ocurrido.
Entre los documentos y archivos importantes para este organismo que fueron robados, hay información sobre investigaciones judiciales que se encuentran aún abiertas, y también de causas que ya fueron cerradas, según afirmaron desde la institución.
Fue el presidente de la organización de derechos humanos, Carlos Margotta, quien se refirió a lo ocurrido en una entrevista con el canal 24 horas.
“Hemos constatado que en realidad esto no es un robo común y corriente, sino que lo que sustrajeron era información sensible en materia de derechos humanos, que tiene que ver con la historia de estos y particularmente con información y testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos, ocurridos en los últimos días, a partir del 18 de octubre“, señaló el representante.
“Nosotros hemos tomado el patrocinio de muchas de las víctimas, a objeto de interponer las acciones legales correspondientes (…) ellos se llevaron solo información que estaba en los computadores y dejaron atrás otros objetos de valor“, sostiene Margotta, argumentando que esto se trataría de un robo focalizado.
Las responsabilidades políticas de Blumel: Heridos se duplican durante su mes y medio de gestión
Las violaciones a los derechos humanos tienen responsable: el ex ministro del Interior Andrés Chadwick. Eso es hasta ahora porque desde el mundo civil y parte de la oposición aseguran que no es el único; pese a que apuntan como último responsable político al presidente Sebastián Piñera, también reconocen responsabilidades compartidas con el actual encargado de Orden y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel.
“Esperamos que con esto se marque una nueva etapa, porque no ha sido una buena semana”, se le escuchó decir a Blumel el jueves pasado cuando se desechó la acusación contra el Presidente, un día después de que se aprobara la misma acción contra su mano derecha, el ex ministro Andrés Chadwick. Ese día la oposición salió a decir en bloque que era una decisión “injusta” insistiendo en que han “buscado proteger los derechos humanos”, lo que ha sido contrastado con la contundente prueba entregada por tres informes internacionales (Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU).
Inevitablemente Blumel carga con el peso de la aprobación contra Chadwick por ser su sucesor desde el 28 de octubre pasado. Si bien el ex ministro es el responsable político de las graves vulneraciones ocurridas durante los diez días de Estado de Emergencia, entre el 19 y el 29 de octubre, desde esa fecha en adelante las medidas que ha tomado Blumel no se han visto reflejadas ni en una disminución ni una estabilización del actuar represivo de Carabineros. Las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) lo demuestran: cuando Chadwick dejó el cargo había 120 acciones judiciales presentadas, de ellas 76 querellas por torturas, y el número de personas heridas en hospitales ascendía a 1.132 casos. Pero esta última cifra se ha duplicado: en el reporte actualizado hasta el jueves 12 de diciembre, alcanzaba 3.461 personas heridas por distintas armas antidisturbios.
Un antecedente relevante es que la orden de suspender el uso de perdigones, del 19 de noviembre, en la práctica, solo ha generado el cambio del tipo de armas disuasivas, con bombas lacrimógenas lanzadas directamente al cuerpo, pero no la disminución de las víctimas. Más aun, el gobierno estudia incorporar armas de ruido. Patricio Barría, presidente y vocero de los trabajadores de la ex Posta Central, destaca la situación específica del martes 10 de diciembre donde hubo 8 personas con impacto por lacrimógena, dos de ellos con TEC grave. Enfatiza que en estas últimas semanas se ha comenzado a lanzar agua con químicos que provocan quemaduras, según admitió Carabineros. Lo mismo dicen desde la Brigada de Salud Universidad Santo Tomás, que se ubican afuera del Teatro de la Universidad de Chile, al ser consultados por El Desconcierto. “Antes de que comenzó la restricción, nos llegaban personas con perdigones de tórax hacia arriba, fundamentalmente espalda y brazos. Ahora, tenemos personas con lacrimógenas en las piernas, hasta la cabeza y ha sido más grave”, indica una brigadista.
Por el caso de las bombas esta semana se presentará una querella que agrupa cinco casos de víctimas por armas disuasivas: uno ocurrido el 28 de octubre, el 15 de noviembre, el 29 de noviembre, dos el 6 de diciembre. Todos los casos ocurrieron en periodo de Blumel. Con estos datos a mano, es claro que las medidas del gobierno han decantado en el cambio del tipo de armas antidisturbios, pero no en el cese de la violencia descontrolada de Carabineros. Estos hechos complicarían al ministro Blumel.
La responsabilidad política del Ejecutivo se refuerza al no existir un mecanismo constitucional para acusar al general director de Carabineros, Mario Rozas, a diferencia de otros altos mandos de las Fuerzas Armadas. Hasta ahora, tanto el Presidente, como Chadwick y Blumel le han dado completo respaldo a Rozas.
Algunos asesores legislativos consultados por este medio que participaron de la elaboración del libelo contra Chadwick, sostienen que jurídicamente aplicarían los fundamentos contra Blumel. Pero habría matices técnicos. Algunos creen que se haría extensiva la responsabilidad porque la violencia se mantiene, pero otros también hacen hincapié en que Blumel ha anunciado medidas, como la reforma de Carabineros, aunque a largo plazo, y habría que evaluar si se fundamenta la “omisión”. Pese a eso, coinciden en las responsabilidades compartidas de ambos ministros, sobre todo porque las medidas que han tomado no han sido eficaces para evitar que se sigan sumando más víctimas de violencia policial.
Ahora bien, reconocen que la importancia de que declarara la culpabilidad de Chadwick es que se establece un estándar elevado respecto de la responsabilidad constitucional de ahora en adelante. “Ya no solo basta con abstenerse de vulnerar derechos humanos, sino que se deben adoptar todas las medidas eficaces y conducentes para hacer cesar aquellas vulneraciones de las que tome conocimiento un ministro en el ejercicio de su cargo, en este caso, respecto de las ejecutadas por Carabineros de Chile, en tanto, dependientes del Ministerio del Interior y Seguridad Publica”, señala un asesor consultado.
/Agencia Uno
La oposición no lo ha discutido
Aunque en la oposición reprochan que los anuncios de Blumel no han provocado un cambio de actitud de la policía uniformada, en el bloque tampoco están coordinándose para presentar una acción en su contra. De hecho, no es un tema que se haya conversado hasta ahora al interior de las bancadas.
Algunos diputados reconocen su responsabilidad, pero ven poco viable acusarlo por el escenario que se configuró tras el rechazo de la acusación contra Piñera, lo que ha generado un clima más bien adverso al interior de la oposición que pondría en duda la capacidad de contar con los votos para alcanzar el quórum para una nueva acción de este tipo. Esto, considerando que ocho parlamentarios radicales y democratacristianos le dieron su respaldo al gobierno para blindar finalmente al mandatario.
El jefe de bancada del Partido Socialista (PS), Manuel Monsalve, cree que “se debería analizar la gravedad de los hechos” y también las medidas que han tomado. “Pareciera que ha sido más activo que Chadwick”, dice. Desde la bancada del PPD, el diputado Ricardo Celis aclara que no está descartada esta presentación, pero advierte: “Hay que ser súper claros: no se trata de salir todos los días a hacer una acusación si no somos capaces a ponemos de acuerdo, si hay sectores que votan con la derecha”. Mientras que la diputada Carmen Hertz (PC), reconoce que tal como respaldó ambas acusaciones anteriores, haría lo mismo con esta.
En el Frente Amplio, en tanto, señalan que no ha sido un tema de discusión, según indicaron desde Revolución Democrática, el Partido Humanista y en Convergencia Social.
Más allá de esto, el ministro Blumel ha enfrentado las críticas de su propio sector. En la UDI le hicieron saber sus molestias por no haber respaldado suficiente a Chadwick en la acusación constitucional en su contra, y con eso lo interpelaron por no haber sido capaz de “dar vuelta” votos de la oposición. Aunque sus negociaciones con la oposición sí quedaron en evidencia un día después, cuando se le vio salir de una oficina del Congreso donde estaban los diputados radicales que después votaron favoreciendo al gobierno (Fernando Meza y Carlos Jarpa).
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