Nueva Constitución: Piñera y partidos postergan sumar a mujeres y pueblos originarios
Proceso constituyente continuará sin acuerdo en materia de independientes, mujeres y pueblos originarios
Durante este jueves se reunieron en La Moneda el Presidente Sebastián Piñera, el ministro Gonzalo Blumel y los líderes de RN, Mario Desbordes, de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, y de Evópoli, Hernán Larraín Matte.
La cita tenía como objetivo zanjar ciertas disputas internas en torno al Acuerdo por la Nueva Constitución firmado el pasado 15 de noviembre, para que se envíe la reforma que habilita el proceso constituyente.
La disputa tenía que ver con incorporar a dicho acuerdo otros acuerdos complementarios, que permitieran incluir en la convención constitucional mayor representación de independientes, mujeres y pueblos originarios.
A esto RN accedía en principio, ya que estaba dispuesto a incorporar una cláusula que solicitaba la oposición para que en la reforma que viabiliza el proceso se estableciera que podría complementarse con otras iniciativas. Sin embargo, la postura de la UDI fue de negativa absoluta a dicha cláusula, y tras la reunión Chile Vamos en su conjunto salió a decir que si bien ratificaban el acuerdo inicial, el resto de los temas que hoy generan conflicto, “se verán más adelante”.
Con esto Chile Vamos dio por cerradas las negociaciones sobre un potencial acuerdo complementario, y dio luz verde para avanzar solo en el pacto inicial de aquel 15 de noviembre.
Vía legislativa ordinaria
Desde la oposición lamentaron la decisión del oficialismo, y anunciaron que perseguirán la representación que se buscaba conseguir en el acuerdo complementario a través de mecanismos ordinarios de legislación.
El presidente del PR, Carlos Maldonado, comentó en Emol que en la oposición “también es nuestra voluntad avanzar en la inmediata implementación legislativa del acuerdo del 15N, para habilitar a tiempo el plebiscito de abril, que desencadena todo el proceso constitucional.”
Sin embargo, recordó que “en estas dos semanas, hemos intentado complementar dicho acuerdo en algunas materias que, según nuestra visión, darían mayor legitimidad social al proceso y mayor representatividad al órgano constituyente, hacerlo mejor expresión de la diversidad de la sociedad chilena, como es el establecer normas que favorezcan la elegibilidad de independientes, paridad de género, y escaños reservados para pueblos originarios”.
Por eso el presidente radical lamentó que “Chile Vamos, como bloque, no estuvo disponible para agregar ahora dichos elementos, entendemos que básicamente por la oposición de la UDI“. En ese sentido, “al no abrirse ahora esa posibilidad de avanzar entre todos los partidos firmantes del acuerdo del 15N, aprobaremos en el Parlamento lo ya firmado, y, en legítimo ejercicio de nuestras facultades democráticas, levantaremos estos temas adicionales por la vía legislativa ordinaria“, anunció Maldonado.
Desde el Frente Amplio en tanto, la presidenta de Comunes, Javiera Toro, expresó en el mismo medio que espera que “esto signifique que dejen de trabar la comisión técnica porque nuestra preocupación es que el proceso avance. Lamentamos sí que la derecha siga impidiendo el debate sobre los temas necesarios para asegurar mayor participación de sectores, hasta ahora, excluidos y nosotros vamos a seguir trabajando para permitir la participación de independientes, paridad de género y representantes de pueblos originarios“.
En la misma línea se manifestó el timonel del PPD, Heraldo Muñoz, quien afirmó que coinciden con Chile Vamos y con el resto de la oposición en implementar en los próximos días la reforma para habilitar el plebiscito en abril, pero resulta “fundamental dotar de la mayor legitimidad social al proceso constituyente con la presencia de escaños reservados para pueblos indígenas, igualdad de género e independientes.”
En ese plano, y en concordancia con lo planteado por el timonel del Pardio Radical, Muñoz agregó que “buscaremos cambiar la ley electoral para estos propósitos, esperando que partidos oficialistas como RN y Evópoli que, por ejemplo, se han pronunciado a favor de la presencia de los pueblos originarios en el proceso, sean consecuentes con sus dichos”.
Comisión que analiza acusación constitucional sesionó tras defensa de Piñera
Tras la entrega de la defensa, este jueves sesionó la comisión que revisa la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, presentada por sectores de la oposición que cuestionan su rol durante el estado de excepción que rigió en octubre y las denuncias de violación a los DDHH en medio de la crisis social del país.
En un escrito de 155 páginas, representado por el abogado Juan Domingo Acosta, el Mandatario expuso todos los puntos por los cuales se considera que el libelo acusatorio no tiene fundamentos de peso.
El presidente de la instancia, diputado Daniel Verdessi (DC), comentó que se trató más bien de una defensa jurídica y adelantó que se estudiará muy a fondo.
«Nosotros tenemos que considerar que esta comisión evalúa todos los aspectos, no solamente los aspectos jurídicos, sino que los políticos y en ese sentido yo la voy a estudiar en profundidad», sostuvo.
«No he tomado una decisión personal, pero sí han quedado unos hechos fundamentales, como que hay una violación generalizada de derechos humanos», recalcó el parlamentario.
Mientras que el diputado comunista Boris Barrera, integrante de la comisión ad hoc, aseguró que si bien hay personas específicas con procesos judiciales, de todas maneras el Jefe de Estado es el responsable político.
«Por un lado hay responsabilidades penales y esas están en su curso, pero eso no es una condición para una acusación constitucional. La Constitución no dice que tiene que haber un juicio, responsables penales, para acusar constitucionalmente, porque aquí hay una responsabilidad política y lo que se está investigando, el responsable penal, o sea, la persona disparó, el que atropelló, el que violó, el que maltrató, pero hay una responsabilidad superior que es política y esa responsabilidad es del Presidente», indicó.
Críticas del oficialismo
El presidente de RN, Mario Desbordes, sostuvo que «hay que ser bien irresponsable para proponer que las responsabilidades políticas vayan aparejadas solo de denuncias que aún no están confirmadas en los tribunales».
«La responsabilidad política, por ejemplo, del ministro Chadwick de dejar su cargo y renunciar, tiene que ver con cosas que podrían no estar 100 por ciento acreditadas, pero cuando se quiere sancionar al ex ministro Chadwick o se quiere sancionar al Presidente de la República, inhabilitándolo y por lo tanto haciéndolo además perder el cargo, no puede estar sustentado en hechos que no están comprobados», dijo.
La comisión convocó para este viernes a dos nuevas sesiones, donde esperan escuchar al ministro de Defensa, Alberto Espina, y también a los jefes de las fuerzas de seguridad, que tuvieron un papel muy activo durante el estado de emergencia.
Además, se espera escuchar al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco.
Recibida la contestación del Mandatario, empiezan a correr seis días para que la comisión ad hoc emita el informe con su pronunciamiento sobre la acusación, recomendación que no es vinculante, para luego pasar el debate y la votación a la Sala de la Cámara Baja, que se prevé para el 12 de diciembre.
Los 16 principales puntos de la defensa de Piñera a la acusación constitucional en su contra
A las 22.10 de ayer el abogado secretario de la Comisión que analiza la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera recibió el documento con la defensa del Mandatario, donde se invoca la denominada “cuestión previa” y se contesta al libelo acusatorio.
En el escrito de 155 páginas, la defensa del Jefe de Estado, representada por el abogado Juan Domingo Acosta, esgrime una serie de argumentos para que se acoja la “cuestión previa”, y en caso de que esto no sea así, responder al “fondo” de la acusación impulsada por una parte de la oposición.
Actualmente la Comisión revisora se encuentra sesionando y escuchando a diversas autoridades, representantes de instituciones del Estado y organizaciones sociales, entre otros. Se espera que el próximo miércoles la instancia emita su informe y que éste sea revisado por la Cámara Alta el próximo jueves.
Estos son los principales puntos de la defensa del Mandatario:
Cuestión Previa:
Esta Acusación no cumple con uno de los requisitos mínimos: ser de carácter excepcional o de última ratio.
- En las últimas 6 semanas, en ningún momento se ha visto vulnerado el Estado de Derecho o la democracia, permaneciendo intacta la separación de los Poderes del Estado.
- Utilizar la Acusación Constitucional, en este escenario, implica una banalización de este instrumento y podría significar un grave atentado contra la gobernabilidad del país, paralizando la atención de los altos mandos.
- La Acusación Constitucional no debe ser utilizado para ejercer presión política sobre un gobierno.
Esta acusación vulnera gravemente el debido proceso, por fundarse en hechos que aún no han sido acreditados y por realizar imputaciones imprecisas.
- Las imputaciones que se realizan al Presidente de la República son genéricas e imprecisas, y se fundan en hechos y circunstancias que todavía están siendo investigadas y que no han sido acreditadas por los tribunales de justicia.
- Los acusadores tampoco han acompañado antecedentes suficientes para acercarse a una acreditación.
- Se intenta sostener, equivocadamente, que el Presidente habría consentido a que se cometieran violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos, sin explicitar ningún acto que apunte a ello ni tampoco la forma en que se habría expresado ese consentimiento.
Esta Acusación no cumple con uno de los requisitos mínimos, que exige que sea deducida por actos de administración del Presidente de la República.
- Los acusadores no han apuntado hacia ningún acto del Presidente que pueda contravenir abiertamente la Constitución.
Esta Acusación es un abuso del derecho, porque pretende revisar el mérito de la declaración del Estado de Emergencia.
- A los demás Poderes del Estado les está expresamente prohibido pronunciarse sobre el mérito de la declaración que realiza el Presidente de la República. Los acusadores no deben ni pueden calificar si las circunstancias ameritaban o no la declaración del Estado de Emergencia.
- El hecho que los diputadores acusadores no estuvieran de acuerdo con decretar un Estado de Emergencia, no es motivo para intentar la destitución del Presidente. Menos todavía se
puede utilizar esa declaración para decir que existió una intencionalidad de vulnerar los derechos humanos.
Fondo de la acusación:
Primer capítulo:
- No es efectivo que se haya producido una infracción abierta a la constitución y las leyes por actos de su administración.
- La Acusación no formula ninguna imputación al Presidente de la República basada en actos materializados por él (…), los acusadores se basan en una supuesta omisión que consiste en haber “consentido” a graves vulneraciones a los derechos humanos.
- La Acusación no entrega antecedentes suficientes que permitan dar por acreditadas violaciones a los derechos humanos ni tampoco permite distinguir las circunstancias en que cada uno de ellos ocurrieron.
- Tampoco existieron omisiones por parte del Presidente de la República, como lo intentan establecer los acusadores.
Segundo capítulo:
-
- No es efectivo que por actos de su administración se haya comprometido gravemente el honor de la nación.
- La cancelación de la APEC y la COP25 no han tenido un efecto negativo en el honor de la nación.
- La comunidad internacional no sólo ha brindado su apoyo a este Gobierno, sino que además ha reconocido que la actuación del Presidente de la República ha facilitado la investigación de los graves hechos denunciados. En estos términos ha sido reconocido por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Director para las Américas de Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros actores nacionales e internacionales.
Fiscal por incendios en Metro: «Tenemos una gran cantidad de rostros y es cosa de tiempo que sean identificados»
A 50 días del inicio del estallido social, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, aseguró que cuenta con imágenes de «una gran cantidad» de personas que participaron en los incendios y destrucción de estaciones del Metro de Santiago y que se encuentran trabajando en dar con las identidades.
«Tenemos una gran cantidad de rostros, esas personas están individualizadas y es cosa de tiempo de que sean identificadas y enfrenten a la justicia», dijo el persecutor en entrevista con el diario La Tercera.
En ese sentido, Barros agregó que los sujetos, de ser condenados, «van a pasar gran parte de su vida en la cárcel por estos graves hechos».
El fiscal comentó que «por las diligencias que hemos realizado y el análisis de cómo algunas de las estaciones de Metro se fueron quemando sucesivamente en la Línea 4, más o menos a la misma hora, y el hallazgo de focos de inicio de esos incendios en zonas clave de estos recintos, podría decir -al menos- que hay indicios de una eventual participación de grupos organizados en los incendios que fueron provocados en algunas de esas estaciones».
Respecto a la eventual participación de grupos anarquistas en los incendios, el fiscal admitió que, aunque aún no se puede afirmar algo así, «evidentemente es una hipótesis que tenemos que trabajar».
«Basta mirar algunos de los mensajes que se nos repiten con las investigaciones del pasado, el incitar a quemar todo, al caos e, incluso, me llamaba la atención, eso que los grupos anarquistas pregonaban en años anteriores de ‘instrumentalizar al lumpen y los narcos’ para generar el caos y el desgobierno y que, de cierta forma, es lo que hemos visto, en algunos casos, en las últimas semanas», afirmó.
Críticas del Gobierno
El fiscal Barros se refirió a las críticas formuladas en los últimos días desde el Gobierno y el oficialismo a la labor del Ministerio Público en el marco de la crisis social, y aseguró que «causa molestia, porque de cierta forma distrae el trabajo que estamos haciendo».
«El Ministerio Público es, al igual que el Poder Judicial y la Defensoría, una de las instituciones que pese a la gran cantidad de causas que se han abierto a propósito de esta crisis social, han actuado de forma muy profesional. No comparto ninguna de las críticas, acá hay una política criminal que el fiscal nacional, Jorge Abbott, ha refrendado en cada instrucción que nos ha entregado», enfatizó el persecutor.
«Hay que recordar que tenemos 20 años de historia como fiscalía y es la primera vez que afrontamos desafíos de estas características», aseveró.
El fiscal sostuvo que entienden «la movilización social que hay en el país, distinguimos la protesta masiva y pacífica, pero estamos apuntando a aquellos violentistas que aprovechándose de esa gran masa pacífica que sale a las calles se amparan en esa masividad para cometer delitos».
Sobre las violaciones a los derechos humanos reportadas por informes de organismos internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, Barros indicó que hay tres fiscales a cargo que están «especialmente capacitados en temas de DD.HH.».
«Quisiéramos avanzar más rápidamente como lo merecen las víctimas, el punto en que muchas veces topamos con la burocracia de otras instituciones que están a cargo, por ejemplo, de peritajes sicológicos», explicó el fiscal.
De todas formas, subrayó en que «el Ministerio Público no tiene miramientos respecto de esos imputados».
A 50 días del estallido social: Universidad de Chile lanzó un programa de apoyo a las víctimas de violencia del Estado
Ya han pasado 50 días desde que esto comenzó. Las cifras de las víctimas consideran más de 20 fallecidos y más de 200 personas con traumas oculares. En materia de salud mental, desde el 22 de octubre el número de licencias médicas por salud mental aumentó en 22%.
No solo eso, los llamados a la Red Telefónica Salud Responde del Minsal crecieron en 25%. En la salud privada, los diagnósticos de cuadros asociados a ansiedad, pánico y estrés han aumentado en casi un 50%. A eso, se le suman víctimas con daño o pérdida en piezas dentales.
Apoyo integral
Ante este crudo escenario, la Universidad de Chile anunció un plan integral de apoyo a las víctimas de la violencia de Estado. Enfocados en la salud dental, equipos de Salud de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ampliaron los protocolos de apoyo y medidas para rehabilitar víctimas de la violencia de Estado.
Ttanto por traumas oculares como por lesiones dentomaxilares, con tratamientos multidiciplinarios entregados por Clínica Odontológica, en conjunto con la Unidad de Oftalmología y Salud Mental del Hospital Clínico Universidad de Chile.
La Decana de la Facultad de Odontología, Irene Morales explicó que el nuevo programa contempla la rehabilitación de las secuelas del trauma dentomaxilar, “a las personas que han sufrido traumas con pérdida de dientes o tejido adyacente, producto de la represión policial, en los movimientos sociales que nos han acompañado desde el 18 de octubre”.
Rehabilitación gratuita
Se trata de una rehabilitación sin costo, realizada “por un equipo multidisciplinario de la Facultad de Odontología, en todas las especialidades que se requieran de nuestra disciplina”.
Morales señaló que, tras la atención de urgencia en los Servicios de salud, las personas afectadas pueden ser derivadas a nuestra Facultad de Odontología para iniciar su tratamiento.
En asociación estratégica con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, dijo la Decana Morales, nuestros Programas serán “apoyados por el Servicio de Oftalmología y atención de Salud Mental del Hospital Clínico, dado el daño psicológico importante generado a los y las afectadas, producto de las condiciones de violencia y en los lugares que acontecieron los sucesos que les provocaron los traumas”.
En tanto, la Directora del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Graciela Rojas, enfatizó que “las personas que han sido víctimas y han sufrido de un trauma óculo-máxilofacial, sufren traumas severos, que no solamente implican un problema físico en un área, que es muy importante para las personas, si no también, requiere apoyo de salud mental».
Psiquiatría y psicología
«Es por esto que el Hospital Clínico de la Universidad de Chile se ha plegado a esta iniciativa de la Facultad de Odontología y no solamente se suma el Servicio de Oftalmología, que es imprescindible, además, al Servicio de Psiquiatría y Salud Mental, por la contribución que el equipo puede hacer en la atención de estas víctimas”, agregó.
Rojas agregó que “psiquiatras y psicólogos, aportarán una evaluación de cada una de las personas afectadas, si requieren algún tratamiento psiquiátrico, lo van a poder recibir en forma gratuita; y para aquellas personas que requieran un tratamiento psicoterapéutico, un tratamiento psicológico, también lo van a poder recibir en nuestras dependencias”.
Es necesario acreditar
Para que los pacientes puedan acceder a este programa gratuito, requieren algún certificado que acredite la causa de las lesiones, tales como “certificado de Fiscalía, que indique que se hizo la denuncia; o certificado de INDH o certificado de atención de urgencia en Servicio de Salud, donde se indique la causa de la lesión”.
Por lo que es vital que, una vez ocurrido el trauma, el paciente acuda a un Centro de Salud que disponga de atención de urgencia, como hospital, Posta o CESFAM; para realizar la primera respuesta sanitaria y recibir el certificado de atención al paciente.
