Piñera debe aprobación – La República, Perú
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
La evolución de la crisis chilena consume sus fortalezas institucionales poniendo al sistema cerca del límite, en tanto, se asoman los primeros efectos macroagravados luego de 45 días de iniciadas las protestas sin que ceda la tensión, aunque la violencia en las manifestaciones parece haber sido dominada.
Nadie se atreve a señalar que la crisis ha pasado, ni a hablar de ella como una etapa superada. La disputa se traslada a la gestión de los cambios prometidos, que cada vez se muestran para la calle como un cascarón, el pedido de destitución del presidente Sebastián Piñera y los arreglos legales para la convocatoria a una asamblea constituyente.
La debilidad de Piñera se hace ostensible ahora que el humo de los incendios y saqueos se diluyen. La encuestadora Activa Research, en sondeo correspondiente a noviembre, da cuenta de una nueva caída de la aprobación de Piñera, a solo 4,6% del 9,1% obtenido en octubre. Su desaprobación subió a 78%. Los jóvenes y las mujeres son los más críticos del mandatario chileno.
El dato vale por sí solo en el contexto de una crisis severa, porque hace suponer que Piñera, con casi 2 años y medio de mandato por delante, tendrá escasos recursos para dirigir no solo su gobierno sino los cambios políticos y sociales que las masivas protestas iniciadas el 18 de octubre han forzado. Aislado en la sociedad y en el poder, se sostiene ahora gracias a la solidez supérstite del sistema político, y solo podrá mantenerse si amplía su capacidad de movimiento y si vuelve a ganar aliados.
Otra cifra macro ha sido difundida, el reajuste a la baja del crecimiento del PBI chileno para este año, pasando de 2,4% antes de las protestas a 1,4%. En Chile no ha caído solo la confianza sino el empleo (62 mil trabajadores han sido despedidos en noviembre), el comercio y el consumo, obligando al gobierno a un plan para proteger y crear empleo por 5.500 millones de dólares.
Esta agenda social también está suspendida en el aire; incluso dentro del gobierno se reconoce la resistencia de Piñera a cambiar, mientras que desde las oposiciones, la de la calle y del Congreso, se estima que las ofertas son insuficientes y de largo efecto.
En tanto, los mecanismos institucionales son estirados en el Congreso bicameral chileno, atrapados en un juego de tres bandas, entre el pedido de destitución de Piñera que será votado por primera vez el 12 de diciembre, las leyes contra los saqueos y las barricadas aprobadas sin el apoyo de la izquierda, y los trámites para alumbrar un procedimiento que lleve a una asamblea constituyente.
