Bolivia: la presidenta de facto deroga el decreto que daba impunidad a los militares
Gobierno abroga decreto que eximía a militares de responsabilidad penal en acciones frente a conflictos
La presidenta Jeanine Áñez informó la tarde de este jueves que el Gobierno abrogó el Decreto Supremo 4078, vigente desde el 14 de noviembre, que eximía a los militares de responsabilidad penal por su accionar en el restablecimiento del orden en momentos de alta conflictividad social.
Una evaluación de Gabinete de ministros y la constatación del levamiento de las protestas, «hemos decidido abrogar el Decreto Supremo 4078. Esta determinación ha sido tomada en consideración a que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país hemos logrado la pacificación», explicó Áñez en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López.
Justamente una de las demandas de los sectores movilizados fue la anulación de esa norma que fue calificada de «grave» por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque implicaba impunidad.
El artículo 3 del decreto 4078 establecía: “El personal de las FFAA, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal».
El siguiente artículo refería: “Las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante D.S. 27977 de fecha 14 de enero de 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionales al riesgo de los operativos (…)”.
La crisis política y social se desató luego de la renuncia, el 10 de noviembre, del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García en medio de denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre que les dio la victoria en primera vuelta. Estaban arrinconados por un prolongado paro cívico, al que se sumó un motín policial nacional y la sugerencia del entonces mando militar de renunciar.
Áñez asumió el poder el 12 de noviembre y dos días después fue aprobado el decreto que regulaba la actuación de los militares que desde la noche del 11 ya estaban en las calles, luego que la Policía se declarara rebasada por la conflictividad.
«El decreto 4078 es un recurso constitucional que los gobiernos tienen a su disposición cuando la seguridad del Estado o de la ciudadanía se siente amenazada por acciones de violencia que ponen en peligro la estabilidad del país y la vida de los ciudadanos. Nuestro Gobierno tuvo que recurrir a una medida de estas características porque enfrentó acciones violentas que nunca antes habíamos visto en nuestra historia y que nunca más quisiéramos verlas», justíficó la Presidenta.
El decreto estuvo vigente por 14 días días. Áñez agradeció a las Fuerzas Armadas (FFAA) «a nombre de la democracia» por su «decidida» y «oportuna» participación que evitó mayor vandalismo y confrontación.
«La ciudad de El Alto, en especial la zona de Senkata, ha vivido días de terror cuando se puso en riesgo no solamente la planta de combustibles sino la vida de más de 250.000 alteños. La tragedia habría alcanzado dimensiones devastadoras, los bolivianos nos caracterizamos por el respeto a las ideas, a la tolerancia de nuestras creencias y el respeto a la vida», sostuvo.
Áñez recalcó que su Gobierno es de transición y que tiene el propósito de organizar elecciones libres, limpias y transparentes.
«Quiero dar gracias a la comunidad internacional que ha acompañado este proceso y alentó el entendimiento, ahora nos toca llegar al momento histórico de la reconciliación. Que Dios bendiga a Bolivia», concluyó la Mandataria.
Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el número de personas que murieron durante el conflicto político-social que estalló en Bolivia, a raíz de denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre, superó la treintena entre el 20 de octubre y el 23 de noviembre.
En Sacaba y El Alto, dos zonas de alta conflictividad, el número de muertos llegó a 18. En Sacaba, el operativo policial-militar impidió que los cocaleros entren en una marcha a la ciudad de Cochabamba, mientras que en El Alto evacuaron un convoy de cisternas con combustible y carros con garrafas de GLP, en medio de un bloqueo, para paliar el desabastecimiento.
Fiscalía reporta 29 muertos, 33 heridos y 368 casos por varios delitos en el conflicto postelectoral
Como consecuencia de los hechos de violencia desatados después de las elecciones del 20 de octubre, la Fiscalía abrió 368 casos concentrados, en su mayoría, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. De ese total, 87 están con detención preventiva, 192 con medidas sustitutivas y 89 están en libertad, mientras que 29 personas perdieron la vida en ese periodo de violencia.
El fiscal General, Juan Lanchipa, hizo una evaluación del trabajo fiscal al momento y explicó que los casos en investigación son por los delitos de terrorismo, sedición, incitación a la violencia, daños a la propiedad privada, asociación delictuosa y otros delitos mayores que están en proceso de indagación.
Del total de casos 6 están en Chuquisaca; 2 en Tarija; 25 en Pando; 118 en La Paz; 7 en Oruro; 92 en Cochabamba; 22 en Beni, y 96 en Santa Cruz. “Se han formado comisiones de fiscales y están llevando adelante todos los procesos investigativos para dar con los autores y sean puestos a disposición de las Autoridades Jurisdiccionales para su respectiva sanción”, aseguró Lanchipa.
En ese periodo de conflictividad fueron reportados 29 muertos, de los que 12 están La Paz; 12 en Cochabamba; 1 en Potosí y 4 en Santa Cruz. También se informó de 33 heridos: 15 en La Paz; 5 en Oruro; 9 en Cochabamba y 4 en Santa Cruz.
Las denuncias de fraude electoral, después de las elecciones, activaron una escalada de protestas lideradas por los cívicos, a la que se sumó el motín policial a escala nacional y la sugerencia del mando militar de entonces, al mando de Williams Kaliman, de dimitir. Horas después de ese 10 de noviembre Evo Morales dimitía al cargo, junto al vicepresidente Álvaro García desde el Chapare.
La violencia no cesó y por el contrario se iniciaron bloqueos y marchas, principalmente en Cochabamba y La Paz. La Policía se declaró rebasada y la noche del 11 salía de sus cuarteles los militares para ayudar en el control interno. Al día siguiente asumía la presidente Jeanine Áñez y dos días después aprobó el decreto que eximía a los militares de responsabilidad penal por su participación en los operativos de control.
Este jueves fue abrogada la norma, luego que se constatara el retorna de la paz tras los hechos de violencia que dejaron 29 muertos. 10 perdieron la vida en medio del operativo policial-militar en Senkata, El Alto, zona de donde evacuaron un convoy de cisternas con combustible y vehículos con garrafas de GLP para mitigar el desabastecimiento de ese entonces.
Sacaba fue otro de los puntos de mayor conflictividad. Ahí perdieron la vida ocho cocaleros que eran parte de una numerosa marcha que fue frenada por un operativo policial-militar cuando pretendía ingresar a la ciudad de Cochabamba en apoyo a Morales. Dos personas parte del bloqueo cívico en contra del hoy expresidente murieron en Montero, Santa Cruz.
La Fiscalía formó comisiones de fiscales para investigar y establecer responsabilidades en cada uno de los casos.
La Fiscalía pide informes a la Policía y FFAA sobre el tipo de armas que llevaron al operativo en Senkata
Como parte de la investigación para esclarecer la muerte de 10 personas por herida de bala en Senkata, El Alto, el Ministerio Público solicitó a la Policía y a las Fuerzas Armadas presentar informes sobre el tipo de armamento que utilizaron en el operativo para evacuar un convoy de cisternas con combustible y camiones con gas licuado para paliar el desabastecimiento de ese entonces en la ciudad de La Paz.
El fiscal Departamental de La Paz, William Alave, informó que los reportes preliminares dan cuenta que impactos de arma de fuego acabaron con la vida de 10 personas, pero descartan que hayan sido disparos provenientes de armas reglamentarias de ambas instituciones de seguridad.
El martes 19, un contingente policial-militar se trasladó hasta Senkata y logró evacuar un convoy de cisternas y carros con GLP, en medio de un bloqueo que llevaba varios días. Después de la acción combinada se reportó muertos por impactos de bala.
Informes de autopsia del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) establecieron que los disparos que acabaron con la vida de seis de ocho personas en Senkata, El Alto, no salieron de armas de uso militar. Por las características de las heridas y a la luz del examen pericial, se utilizaron armas cortas, informó el director del IDIF, Andrés Flores.
No obstante se pedirá “información a las Fuerzas Armadas sobre qué armamento se ha utilizado ese día”, como a la Policía.
“Además es importante señalar que en otros casos también se ha dado que no hemos podido colectar el proyectil porque tenía un orificio de ingreso y otro de salida y es muy difícil establecer”, añadió Alave.
Hasta el miércoles se informó de 10 muertos. La Defensoría del Pueblo informó, mediante un comunicado, sobre el deceso de Calixto Huanacu Aguilar, la décima víctima fatal de los hechos de violencia en medio del operativo policial – militar. Su muerte se produjo en el hospital de Villa Dolores, El Alto, por un cuadro de traumatismo cráneo encefálico «severo por arma de fuego».
CIDH expresa preocupación por hostigamiento a funcionarios de la Defensoría del Pueblo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el hostigamiento que sufren los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y aseveró que ese hecho afecta el desarrollo normal de sus actividades.
“CIDH expresa su preocupación por acciones violentas en #Bolivia que tratan de obstaculizar las actividades de la @DPBoliviaOf y hostigar a sus funcionarios”, se lee en parte del tuit del organismo internacional.
Vecinos de la zona de San Pedro cercaron la sede del Defensor del Pueblo e impidieron el ingreso de sus funcionarios. Acusan a la defensora, Nadia Cruz, de parcializarse con el saliente gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y solo velar por los intereses de sus militantes y organizaciones afines y no de la población en general.
Cruz participó en días pasados en un cabildo de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba que se realizó en Sacaba. Allí pidió a los cocaleros apostar por la vía democrática con el fin de que ya no haya más muertos. Además, hizo que los asistentes griten: «Ni olvido ni perdón, justicia».
«Hermanas y hermanos: ni olvido ni perdón, justicia; ni olvido ni perdón, justicia; ni olvido ni perdón, justicia», hizo gritar la defensora Cruz.
La dictadura anuncia que la Policía estrena unidad de élite para combatir al inexistente «terrorismo»
Con la mentirosa excusa policial de que se ha detectado presencia en el territorio boliviano de supuestos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que estos «operaban en medio de los violentos conflictos que golpearon a varios puntos del país», nada mejor que formar un cuerpo especial «anti-terrorismo».
Vestidos con un uniforme de color negro y cubiertos hasta medio rostro, así la Policía presentó la mañana de este jueves al Comando de Santa Cruz a los 80 efectivos del recientemente conformado Centro Especial Antiterrorista (CEAT).
La nueva unidad de élite fue presentada pertrechada con armamento de grueso calibre. Sin embargo, parece que habrá mucho más ya que el Gobierno de la «autoproclamada» ha comprometido mayor apoyo logístico y de equipamiento,
Arturo Murillo, el ministro de Gobierno, especialista en cacerías de dirigentes del MAS, aseguró que en el país opera un grupo terrorista. Dentro de su mentalidad persecutoria y conspirativa, en su momento incluso llegó a denunciar un intento de magnicidio de la presidenta Jeanine Áñez.
El gran problema de todo este show que nadie cree, es que sirve para que mientras los jerarcas dictatoriales se llenan la boca hablando de «diálogo», «pacificación» y «reencuentro entre bolivianos», en la práctica actúan como lo que son: un estamento ilegal, autoritario y fascistoide cuya única preocupación es aplastar a la resistencia.
