México: la crisis de las universidades estatales
La situación financiera de universidades estatales es delicada desde hace algunos meses. Especialmente nueve de ellas enfrentan crisis de proporciones mayores con deudas que en conjunto alcanzan 16 mil millones de pesos.
¿Qué las colocó en esa situación? En información que se publica hoy en estas páginas, sobresalen al menos cuatro motivos: contratación de personal sin autorización de las secretarías de Educación Pública ni de Hacienda, desorden financiero de administraciones anteriores, malas políticas en jubilaciones y prestaciones onerosas.
Sin embargo, en cinco de las nueve instituciones más endeudadas la situación se deterioró debido a que el programa federal Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (utilizado para paliar el endeudamiento) desapareció del presupuesto federal este año. En algunos casos también hay responsabilidad en autoridades estatales que escamotean recursos a las universidades y se resisten a asignarles más dinero en el presupuesto que envían a los congresos locales cada año.
Los privilegios dorados que se dan en algunas afectan asimimo el balance de sus finanzas. En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por ejemplo, trabajadores académicos y administrativos perciben tres meses de aguinaldo, igual que los trabajadores al servicio del gobierno del estado, además de que los trabajadores sindicalizados tienen como prestación permisos para ausentarse hasta 90 días con goce del 50% de su salario.
La Universidad Autónoma de Zacatecas tiene el mayor déficit, que asciende a 2 mil 100 millones de pesos. La razón principal: el incumplimiento de pago de impuestos y de contribuciones al ISSSTE. La institución debe cerca de 900 millones de pesos al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR); 560 millones, al ISSSTE; 225 millones, al ISR; 248 millones, al Fovissste, y 200 millones al SAT.
En la solución de la crisis es urgente la participación de autoridades federales, estatales y universitarias. El apoyo gubernamental es indispensable, así como la transparencia en el manejo de los recursos. La revisión externa al gasto de las universidades debe ser visto como una práctica normal.
Así como es impostergable el rescate a la universidad pública, es necesario que se generen candados para que no se repitan crisis de este tipo.
Es erróneo pensar que las afectaciones son solo para los académicos y trabajadores de las universidades públicas. La merma de recursos repercute en los estudiants que están próximos a concursar por un espacio en las aulas universitarias. Sin recursos suficientes, las universidades no podrán abrir más lugares para elevar la matrícula. Muchos jóvenes se quedarán sin oportunidad de estudiar y el país volverá a fallarles.
Universidades Públicas Estatales en quiebra: Integralia
El modelo de financiamiento y gasto de las Universidades Públicas Estatales (UPES) es insostenible, pues el crecimiento en la matrícula y personal docente, el incremento en los salarios y prestaciones, el desorden en el sistema de pensiones, aunados a la escasez de recursos, hacen que sus finanzas estén colapsadas.
Así lo determinó Integralia en su estudio Planeación, Programación y Rendición de Cuentas del Presupuesto de las Universidades Públicas en México: Razones, Resultados y Retos, mismo que fue patrocinado por la Secretaría de Educación Pública, y en el que también observa que la negociación del presupuesto 2020 es una oportunidad para trazar una ruta de solución a esta problemática en las UPES.
“La dinámica de negociación presupuestaria que ha imperado en los últimos años, además de discrecional y opaca, ha sido ineficaz para combatir el problema financiero de las universidades”, indica.
Para resolverlo delinea la necesidad de definir reglas claras para la asignación de recursos públicos; comprometer a las UPES a incrementar sus ingresos propios; frenar el incremento desordenado de salarios y prestaciones (en algunas hasta 90 días de aguinaldo y 32 días de prima vacacional), así como reformar el esquema de pensiones (la edad de jubilación oscila entre 53 y 65 años).
Señala que el próximo 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda entregará la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, en donde se inscriben, por un lado, las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que ha declarado que “el gobierno se apretará el cinturón”, lo cual podría agravar la crisis financiera de las UPES; y por el otro la garantía que ha asegurado de que no faltarán recursos para la operación de las universidades.
En este sentido, Integralia recomendó al gobierno federal tomar en cuenta: reglas claras para la asignación de recursos públicos para las UPES, con base en indicadores de desempeño, transparencia y eficacia en el uso de los recursos; fomentar la mayor recaudación de ingresos propios en las mismas instituciones; así como definir una ruta de acción para incrementar las aportaciones de los estados hasta alcanzar el objetivo de 50-50 por ciento.
Además, empezar por condicionar las transferencias federales a la entrega de las aportaciones estatales pactadas en los convenios; limitar el pago de prestaciones por encima de la ley con fondos de recursos ordinarios; establecer que el pago de prestaciones adicionales deberá cubrirse con ingresos propios de las UPES.
También sugiere rediseñar el esquema de pensiones y jubilaciones que evite duplicidades; aumentar la edad y años de servicio para acceder a la jubilación; fomentar la aportación de los trabajadores y de la universidad al fondo de pensiones; eliminar las pensiones dinámicas; limitar la creación de nuevas UPES en tanto no se resuelvan los problemas estructurales de las actuales.
