Estallido social en Chile: una nueva huelga general marca la cuarta semana de protestas
Piñera enfrenta el paro productivo que promete ser el más grande desde el inicio del estallido social
Más de cien organizaciones adhirieron a la huelga general que está convocada para este martes en el país. Se espera la paralización de los sectores portuario, agro-industrial, comercial, bancario, de la salud y los servicios públicos, entre otros. Los dirigentes apuestan a que esta convocatoria marque un “hito” en las manifestaciones, enfocando el petitorio en cambios estructurales que pasen por una Asamblea Constituyente.
Tras el inicio de la cuarta semana de manifestaciones, el mundo social apuesta a un paro de actividades que tenga presencia en todas las regiones del país. Hasta la noche de este lunes, 129 organizaciones adherían a la convocatoria, según una declaración pública que dio a conocer la plataforma Unidad Social. Los dirigentes de esta coordinación esperan que se instale como un verdadero “hito en democracia”.
“Es el conjunto del funcionamiento del país que va a paralizar. Esto, en el contexto de exigir una Asamblea Constituyente, que es un nuevo Chile que está reclamándose en las calles”, sostiene el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, a El Desconcierto.
El primer llamado a huelga general de esta plataforma social fue el 23 de octubre pasado, mientras el país se encontraba bajo Estado de Emergencia. En esa ocasión, las organizaciones firmaron una declaración reconociendo que la situación política del país enfrentaba la mayor crisis desde la salida de la dictadura militar. Apuntaron también a la tesis del “autogolpe” del gobierno, considerando que recurrieron a las Fuerzas Armadas para imponer el “orden social”.
El presidente Sebastián Piñera terminó con el Estado de Excepción constitucional y ordenó el retiro de los militares de las calles. Pero las denuncias y querellas por vulneraciones a los derechos humanos han ido en aumento. Esto se ha evidenciado con el peak histórico de lesiones oculares, con más de 150 pacientes que han sufrido la pérdida de visión en uno de sus ojos por disparos de perdigones. Por lo mismo, sumándose a la petición del Colegio Médico, se ha instado a que las autoridades prohíban el uso de estos proyectiles.
Sumado a esto, el petitorio del mundo social pasa por iniciar una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución de 1980. Es decir, difiere de la propuesta de un “Congreso Constituyente” que salió a plantear este domingo el gobierno, tras una reunión de los partidos de Chile Vamos en la casa del Presidente. A juicio de las organizaciones que convocan a este paro general, la toma de decisiones no puede residir en una institución que no tiene la legitimidad suficiente para la ciudadanía.
A la vez, se ha hecho el llamado a que los trabajadores del mundo privado se sumen a este paro general. Ya han confirmado su adhesión trabajadores de la banca, del comercio y de empresas contratistas, como la Federación Contratista Anglo American Minas, la Federación de Trabajadores Contratistas de Los Bronces y el Sindicato Profesionales y Técnicos Aguas Andinas.
Los portuarios en huelga
Este martes el sector portuario amanecerá paralizado. Dentro de sus razones, sostienen que la agenda que ha presentado el gobierno propone medidas asistencialistas e inconsultas. “No muestran interés en dar una respuesta a la mala administración de los recursos”, manifiestan en una declaración pública firmada por el Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), la Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales de Chile (Fenaspar), y la Red Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, entre otras organizaciones.
Los dirigentes han dado a conocer datos que revelan el escenario que enfrenta el sector: el 69% de las principales pesquerías son concentradas por cuatro empresas pertenecientes a siete familias más ricas del país; el 31% de la cuota de pesca esté en manos del sector artesanal, que corresponden a cerca de 100 mil pescadores; y, como consecuencia de la depredación industrial, el 70% de las pesquerías estén sobreexplotadas o colapsadas según los reportes del gobierno.
Los trabajadores del puerto de San Antonio se mantendrán paralizados durante esta jornada, según informó el presidente del Sindicato de Estibadores Portuarios Contratados de Puerto Central (Sitramcen) de San Antonio, Miguel Lillo. Durante estas semanas, el gremio ya ha interrumpido de manera intermitente sus faenas.
A esto se suma la advertencia de Internacional Dockworkers Council (IDC o Consejo Internacional de Trabajadores por su sigla en español), que integra a organizaciones de trabajadores portuarios a nivel mundial, de no dejar ingresar las naves zarpadas desde Chile en los puertos donde tienen representación sindical, si se mantiene la represión policial, según lo advirtió el coordinador para Latinoamérica Caribe, César Luna.
Aeropuerto y aduanas, también
Los funcionarios que trabajan en los servicios fronterizos también se plegaron a la paralización. La Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas (Anfach), aclaró que no afectará la atención de usuarios y que no se despachará ningún tipo de carga, a excepción de aquellas que sean estrictamente necesarias por razones de salud u otra.
A esto también se suman los trabajadores del Aeropuerto de Santiago. Según informó el presidente de la Asociación de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, durante la tarde de este lunes, hay grupos que no se van a sumar a la paralización completamente, pero los servicios funcionarían más lentos: “Aduana va a tener sólo restricción, la DGAC también, con algunos espacios de movilidad, Sernapesca y el SAG también”, advirtió el dirigente.
Policía dispersa con agua y gases una nueva protesta pacífica en Santiago
Las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile (cuerpo antidisturbios de la policía militarizada) actuaron nuevamente contra una manifestación pacífica en el centro de Santiago, utilizando un carro lanza agua y granadas de gas lacrimógeno.
«Carabineros dispersó a los manifestantes con carros lanza agua y lanza gases en el sector de Plaza Italia», informó radio Biobio.
Los manifestantes habían llegado pasado las 15:00 (18:00 GMT) a Plaza Italia, centro neurálgico de las protestas en la capital chilena, conformando un grupo de miles de personas a eso de las 17:00 horas (20:00 GMT).
Pero pese a que fue una protesta pacífica y sin incidentes, Carabineros reprimió a los manifestantes obligándolos a replegarse.
Durante la misma jornada también se registraron otras manifestaciones, como una marcha de profesores durante la mañana, o la irrupción de un grupo de personas al edificio donde antiguamente se emplazaba el Congreso Nacional en Santiago, interrumpiendo una actividad política, situación que resultó pacífica y sin incidentes.
Las movilizaciones comenzaron el 14 de octubre debido a un alza de 30 pesos (menos de un dólar) en el precio del pasaje del Metro de Santiago, que días más tarde fue anulada por el presidente Sebastián Piñera.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile recibió denuncias por violaciones a los derechos humanos a raíz del actuar de la policía y militares, acusando torturas, abusos de poder, golpes y detenciones arbitrarias.
Hasta el momento han muerto 23 personas durante las protestas, cinco de ellas a manos de las Fuerzas Armadas y la policía.
Gobierno niega ante la CIDH violaciones de los DDHH y Defensoría de la Niñez acusa al Estado de «decir cosas que no se condicen con la realidad»
«La situación en Chile es grave, y en Chile se han violado los Derechos Humanos». Esa fue una de las declaraciones del consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se desarrolló este lunes en la ciudad de Quito, Ecuador, y en la que se trataron las violaciones de los DDHH en el contexto de la crisis social que vive el país hace más de tres semanas.
En la audiencia pública estuvieron presentes varios representantes de la sociedad civil, como también del Estado de Chile, a través del asesor del Ministerio del Interior Mijail Bonito, quienes dieron a conocer su visión y entregaron cifras respecto a lo que ha sido el actuar de las fuerzas de seguridad durante el estallido social.
En esa línea, Marelic sostuvo que «tenemos que poner un alto, llamando inmediatamente a terminar con toda la violencia, y con las prácticas de violación de derechos».
«Hemos documentado una gran cantidad de prácticas sobre uso indiscriminado de la fuerza. El uso de armas de fuego es altamente preocupante, están causando daños irreversibles», agregó.
El representante del INDH también reveló que existen 5 personas asesinadas por acción directa de agentes del Estado. Cuatro de esos casos –aseguró– corresponden al actuar de militares, y uno a Carabineros. En ese sentido, informó que se iniciaron acciones judiciales en cada uno de ellos.
El representante del organismo encargado de defender los Derechos Humanos en Chile también dio cuenta de 197 personas que han sufrido daño ocular, especialmente por disparo de escopetas de perdigones, pero también con otras armas, como lanzamiento de bombas lacrimógenas.
«Chile no volverá a ser el mismo. Los cambios deben ser para garantizar y respetar los DDHH, con más Estado de Derecho, con mejores instituciones, incluida la policía, porque necesitamos que Carabineros respete los Derechos Humanos», finalizó.
Defensora de la niñez: «El Estado ha incumplido su deber de prevenir violaciones de los DDHH»
En la audiencia pública también estuvo presente la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien presentó datos respecto a violaciones de Derechos Humanos en contra de niños, niñas y adolescentes por parte de fuerzas policiales.
«Tenemos a lo menos 174 casos en que niños, niñas y adolescentes, a lo largo del país, han sufrido violaciones a sus DDHH», sostuvo Muñoz, y agregó que tienen documentados 12 casos de heridos de bala, 26 heridos por perdigones y 5 niños con trauma ocular.
«La frialdad que tienen los números no alcanzan a reflejar la brutalidad de la violencia policial con niños, niñas y adolescentes a lo largo de Chile», dijo.
La defensora de la niñez, junto con solicitar a la CIDH que se haga la visita in loco lo más pronto posible a nuestro país, pidió además que se prohíba el uso de escopetas antidisturbios en el caso de niños, niñas y adolescentes, y que solicite al Estado atención en salud mental para aquellas menores que ya han sido víctimas.
«Respecto de niños, niñas y adolescentes, el Estado ha incumplido su deber de prevenir las violaciones de los DDHH. ¿Dónde está la subsecretaría de la Niñez? ¿Dónde está la Subsecretaría de Derechos Humanos?», cuestionó la defensora.
Gobierno niega violación de los DDHH
El asesor del Ministerio del Interior, por su parte, descartó que hayan ocurrido violaciones de los Derechos Humanos durante las últimas semanas y sostuvo que, para comprender lo que ha sucedido, había que ponderar el contexto de “disturbio», para lo cual mencionó el incendio a las escaleras de emergencia a la sede de Enel, en el centro de Santiago, o la quema de varias estaciones del Metro.
“Son daños materiales que han destruido los derechos de muchas personas en Chile, que pierden su negocio, su trabajo, sus bienes, el derecho a movilizarse. No son solo daños materiales, sino un conjunto de daños a los DDHH de todas las personas vandalizadas”, sostuvo Bonito.
En ese sentido, además afirmó que la declaración de estado de emergencia y actuar de fuerzas de seguridad respondió a la necesidad de enfrentar esos hechos de violencia, y reafirmaron su compromiso irrestricto con los Derechos Humanos.
Tras ello, Patricia Muñoz lamentó «profundamente que el Estado de mi país se permita decir cosas que no se condicen con la realidad que están viviendo hoy los niños, niñas y adolescentes en Chile».
Al término de la sesión, la presidenta de la CIDH, Esmeralda de Troitiño, reconoció la lucha de los estudiantes en al defensa de los Derechos Humanos, y manifestó su preocupación por los hechos de violencia.
Vale destacar que horas antes de la sesión, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, invitó a la CIDH a Chile para que realice una observación en terreno, «para lo cual se le hará llegar una invitación al secretario ejecutivo de esa organización, Paulo Abrão, para que venga lo antes posible a definir los contenidos y la oportunidad de esta visita».
Las fórmulas para cambiar la Constitución
Fue la noche del domingo 10, luego de una cita con los representantes de Chile Vamos, cuando el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, anunció que el gobierno estaba dispuesto a avanzar en una nueva Constitución.
“Creemos que el mejor camino es trabajar bajo la base de un Congreso constituyente, que en primer lugar cuente con amplia participación ciudadana y, en segundo lugar, que pueda tener un plebiscito ratificatorio”, señaló el jefe de gabinete.
Contactados por La Tercera, seis abogados constitucionalistas dan su opinión respecto de las fórmulas para generar una nueva Carta Magna.
1 Congreso constituyente
Esta fórmula establece que la creación de una nueva Constitución podría quedar en manos del actual Congreso o incluso del próximo, que será electo el año 2021.
Ante la posibilidad de que sea el Parlamento vigente, el abogado constitucionalista Gastón Gómez señala que “atribuirle el poder constituyente al Congreso tiene fortalezas: se puede trabajar rápidamente y acortar el período de exposición y tensión. Además, el Parlamento cuenta con una práctica en estas materias y sus integrantes tienen redes y capacidades, pues conocen la Constitución, el problema es que no sé, como están las cosas, si va a ser suficiente”.
“Si es el actual Congreso tendría una fortaleza y una debilidad. La fortaleza es que preservaría aún en los momentos de máxima convulsión, como el que estamos viviendo, la idea de la institucionalidad democrática elegida”, afirma el experto constitucionalista Arturo Fermandois.
El también constitucionalista Francisco Soto opina que “no podría ser este Congreso”. En su opinión, el actual Parlamento no fue electo con la facultad de reemplazar la Constitución, sino que solo para reformarla. “El Congreso tiene que terminar su periodo y ahí podemos hablar de un Congreso constituyente”, afirma. Una idea que respalda Tomás Jordán, quien dice que “el actual Congreso carece de legitimidad para otorgar una nueva Constitución, porque tiene poca aprobación ciudadana y porque no fue convocado para cambiarla”.
Sobre la posibilidad de que sea el Congreso de 2022 el encargado de liderar el proceso, existe consenso entre los constitucionalistas de que es una ruta que tomaría mucho tiempo.
2 Convención constituyente:
Está entendido como una fórmula mixta que podría reunir a representantes del Congreso y a integrantes designados o electos por la ciudadanía.
“Me parece atractiva la idea de que nuestros representantes actuales tengan algo que decir y también me parece atractiva la idea de tener otros delegados. La pregunta es ¿cómo se van a elegir esos delegados, qué perfil queremos que tengan? En este caso, prefiero la regla del azar, donde se sortee qué ciudadanos van a participar”, sostiene el académico Sergio Verdugo.
Gómez, en tanto, asegura que este mecanismo tiene la ventaja de que puede agrupar a los parlamentarios con expertos y líderes sociales, ya sea electos o designados. Pero el abogado Fernando Atria cree que esta fórmula “es un esfuerzo por no aceptar la idea de una asamblea constituyente”. “Si hay buenas razones para elegir delegados, esas mismas razones deben llegar hasta el final y estamos hablando de una asamblea constituyente”.
Soto y Jordán defienden este mecanismo siempre y cuando los miembros que complementen el trabajo de los parlamentarios sean elegidos por la ciudadanía.
“Prefiero la convención, porque da más flexibilidad al Ejecutivo y Legislativo de poder llegar a una mixtura con legitimidad social”, explica Jordán.
3 Asamblea constituyente
Conocida como un órgano en el que sus integrantes tienen como función exclusiva generar una nueva Carta Magna.
“Es la manera más justa, porque asegura lo más importante de una Constitución: que es la creación de un poder político legitimado ante la ciudadanía. Es un órgano elegido mediante una elección popular”, explica Atria.
Si bien reconoce que es un mecanismo que da legitimidad, Soto señala que una de las debilidades de la asamblea es que redactar las reglas de su funcionamiento podría tomar demasiado tiempo.
Verdugo, por su parte, señala que para esta fórmula es clave la forma en cómo se organiza. “En abstracto no pueden decirse si son buenas o malas, hay experiencias afuera en ambos sentidos. Todos sabemos lo que pasó en Venezuela y lo que pasó en Bolivia, pero decir que en Chile va a pasar lo mismo es irresponsable”, comenta.
Fermandois y Gómez se declaran en contra de esta ruta. “La asamblea constituyente enfrenta un gigantesco problema. Ha representado enormes perturbaciones en procesos latinoamericanos. Su problema consiste en cómo convive este órgano, que algunos van a considerar plenipotenciario, con los poderes constituidos del régimen democrático: Congreso, tribunales. Una asamblea plenipotenciaria es riesgosa, porque representa un problema para los derechos fundamentales”, dice Fermandois. Para Gómez, en tanto, la asamblea “es un riesgo considerable. Las elecciones para integrarla no veo cuándo se harían, ¿en las próximas municipales?, ¿en las parlamentarias? ¿Y qué hace pensar que los partidos no van a dominar esos cargos? Todo ello, al final, debe ir a plebiscito”.
