El Gobierno de México otorga protección a la asambleísta ecuatoriana Gabriela Rivadeneira
Gobierno de México da protección y resguardo a Gabriela Rivadeneira
El Gobierno de México recibió este 12 de octubre de 2019 en su Embajada en Quito a la legisladora Gabriela Rivadeneira (RC) “para brindarle protección y resguardo”, en medio de protestas a nivel nacional. En la página oficial del Gobierno de México señalan que esta acción es “siguiendo su tradición diplomática”.
El hecho se da en medio de una manifestación a nivel nacional en contra de las medidas económicas anunciadas por el Presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Entre ellas, la eliminación del subsidio al diésel y a la gasolina extra, mediante el Decreto 883.
En cadena nacional, el presidente Lenín Morreno acusó a traficantes, narcotraficantes, miembros del grupo Latin Kings y a los correístas de ser los responsables de actos vandálicos.
El Gobierno de México señala que en apego al derecho internacional, reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su afinidad política y subraya su preocupación por la situación política por la que atraviesa la República del Ecuador.
“En concordancia con sus principios constitucionales de política exterior, el Gobierno reafirma su postura de no intervención y su deseo por una salida democrática, pacífica y dialogada a la situación por la que cruza el Ecuador”, dice el comunicado.
Comunicado de Gabriela Rivadeneira
Gobierno de México da protección y resguardo a asambleísta de oposición en Ecuador
El Gobierno de México acogió este sábado en su embajada en Ecuador a Gabriela Rivadeneira, asambleísta nacional de ese país por el opositor Movimiento Revolución Ciudadana (MRC), para brindarle protección y resguardo, informó su Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Entre 2013 y 2017 Rivadenera presidió la Asamblea Nacional de Ecuador. El MRC agrupa a los simpatizantes del expresidente Rafael Correa (2007-2017) tras su salida del movimiento oficialista Alianza País debido a sus diferencias con el actual mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno.
Con dicha acción, en apego al derecho internacional y a su tradición diplomática, “México reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su afinidad política, y subraya su preocupación por la situación política por la que atraviesa la República del Ecuador“, indicó la SRE.
“En concordancia con sus principios constitucionales de política exterior, el Gobierno (mexicano) reafirma su postura de no intervención y su deseo por una salida democrática, pacífica y dialogada a la situación por la que cruza el Ecuador“, añadió.
Este mismo sábado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció “situaciones de violencia y represión alarmantes” registradas durante las protestas en Ecuador por las medidas de austeridad económica adoptadas por el Gobierno de Lenín Moreno, que incluyen la eliminación del subsidio a los combustibles.
Por ello la CIDH pidió en un comunicado “un urgente y efectivo esfuerzo de diálogo y respeto a los derechos humanos”.
La Comisión mostró en redes sociales un vídeo donde denunció la “represión policial” en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el lugar donde se concentra el movimiento indígena que lidera las protestas y donde cada día pernoctan miles de sus integrantes llegados de distintos puntos del país.
El organismo también condenó los actos de violencia ejercidos por los manifestantes contra los policías, algunos de los cuales han resultado heridos por el lanzamiento de objetos pesados.
Las protestas dejan hasta el momento al menos cuatro muertos, casi mil heridos y más de un millar de detenidos, según el último informe de la Defensoría del Pueblo.
Aunque Quito es el epicentro de las protestas, estas se replican en casi todas las ciudades de Ecuador, con bloqueos que han provocado problemas de abastecimiento de alimentos en al menos seis provincias del país.
Las protestas se iniciaron el 3 de octubre contra un decreto del Gobierno que eliminaba los subsidios a los combustibles, dentro de la política de austeridad adoptada para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones internacionales abrieran a Ecuador una línea de crédito de hasta 10.000 millones de dólares
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