Las barreras para el aborto seguro que aún persisten en Colombia
Desde el 2016, la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) inició un proyecto para proporcionar en Colombia el servicio de aborto seguro, principalmente en las regiones más apartadas, como Tumaco y Buenaventura, una práctica que ya ha venido desarrollando en diferentes países del mundo.
La organización tomó esa decisión después de atender a cientos de mujeres que sufrían por embarazos no deseados y que cumplían con alguna de las causales para un aborto que definió la Corte Constitucional, como la de una grave afectación a la salud de la madre.
Esta ONG asegura que en estas mujeres encontró señales de “depresión y ansiedad”, situación que muy probablemente las iba a llevar a terminar sus embarazos de formas no seguras, lo que las pone en alto riesgo pues en Colombia el aborto inseguro es la cuarta causa de mortalidad materna.
Los riesgos asociados a un aborto clandestino –aquel realizado sea por personas que carecen de las habilidades necesarias o en un entorno carente de estándares médicos mínimos– persisten no obstante que desde hace 13 años la Corte Constitucional despenalizó el aborto en el país, lo que obliga a los hospitales y EPS a realizar este procedimiento cuando las mujeres estén en una de las tres causales permitidas: riesgo para la vida o salud física o mental de la madre, malformación del feto incompatible con la vida y violación.
Ante esta realidad, entre 2016 y 2018, Médicos Sin Fronteras atendió en Colombia a 428 mujeres y niñas que solicitaron la interrupción de sus embarazos en Tumaco y Buenaventura, casos en los que la organización evidenció las barreras que siguen sufriendo las mujeres para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo.
También instaló un Equipo de Respuestas a Emergencias en Arauca, Chocó y Norte de Santander.
De las solicitudes de abortos de las mujeres, 129 se dieron en el 2017 y 299, en el 2018. Un 49 por ciento de los casos (200 abortos) los atendió directamente Médicos Sin Fronteras, y el otro 35 % (143 abortos) fueron remitidos a otras ONG o entidades de salud porque requerían un método quirúrgico o una aspiración manual endouterina. Es por esto que MSF considera que con sus acciones en esos años logró evitar en total 343 abortos inseguros.
Según la ONG, de las pacientes que atendieron en Buenaventura y Tumaco, el 34 por ciento eran niñas y adolescentes entre los 12 y los 19 años. Además, el 67 % estaban en el primer trimestre de embarazo; el 26 %, en el segundo y un dos por ciento, en el tercero.
Los abortos inseguros
Entre los problemas identificados, MSF encontró que el 88 por ciento de las mujeres que atendieron reportaron haber sufrido antes al menos una barrera por parte de las entidades de salud.
La mayoría de ellas, dice la ONG, desconocía que en Colombia los abortos son permitidos en tres casos, lo que muestra que la principal barrera es el desconocimiento de las mujeres sobre el marco legal y el fallo de la Corte del 2006.
Así, el 53 por ciento sufrieron barreras sociales como el acoso o el estigma de su entorno más cercano, dificultades económicas para poder acceder a un hospital, vivían en zonas muy apartadas de cascos urbanos, o carecían de información sobre la regulación del aborto.
“Las mujeres tienen temor de solicitar los servicios al sistema público. La barrera más frecuente es el desconocimiento de las propias mujeres de sus derechos. Piensan que están haciendo algo ilegal”, aseguró una gestora médica de MSF en Buenaventura.
Frente a las barreras geográficas, la ONG internacional identificó que las mujeres que viven en zonas rurales distantes son las más vulnerables pues la terminación de sus embarazos en las causales permitidas “no solo implica largos desplazamientos, sino también gastos adicionales difíciles de asumir. Adicionalmente, se ven limitadas por la presencia de actores armados”, dice la ONG.
Así, de las 147 mujeres que la organización remitió a otras instituciones, el 70 por ciento tuvieron que ir a ciudades como Cali, Medellín, Pasto o Villavicencio para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo porque en otros hospitales de pueblos pequeños no tenían la capacitación técnica o profesional.
De otro lado, a un 27 por ciento de las mujeres que atendió la organización se les había negado el acceso a un aborto seguro cuando lo pidieron en un hospital, situación en la que además sufrieron prejuicios y ruptura de la confidencialidad de sus casos. En muchos de esos procesos, los hospitales también alegaron objeción de conciencia sin darles una alternativa o las sometieron a malos tratos.
Una de esas situaciones fue la que sufrieron dos mujeres que Médicos Sin Fronteras remitió a un hospital de Villavicencio para que les hicieran el aborto. Aunque la organización les había dado un concepto médico avalando el procedimiento, la institución no las atendió como debía.
Les dijeron “que si el bebé sobrevivía, ellas debían hacerse cargo. Durante la ecografía les mostraron las partes del feto en detalle, luego las ubicaron en la sala de partos y les comentaron que debían hacerse cargo del feto y verlo. Además las amenazaron con la reanimación del mismo. Una vez terminado el procedimiento de aborto, les informaron del sexo del bebé”, dijo una asistente de la coordinación médica de la ONG.
Una de las razones por las que instituciones médicas se niegan a realizar estos procedimientos, dice la organización,
“Esta desaprobación también ha sido identificada durante reuniones con EPS y funcionarios de instituciones públicas, en las que se ha cuestionado a Médicos Sin Fronteras por ofrecer este servicio”, asegura la ONG.
Aunque ciertos sectores han dicho que la causal de salud mental no es lo suficientemente precisa, porque no está claro en qué tipo de enfermedades mentales se considera que la salud de la mujer está en riesgo ante un embarazo, la Corte dejó claro en el 2018 que “no es necesario que la gestante atente contra su vida para luego sí certificar el peligro”.
En el fallo del año pasado, en el que la Corte se negó a ponerle límites de tiempo al aborto, la Asociación Colombiana de Psiquiatría indicó que en los casos en los que se obliga a una mujer a continuar con su embarazo por cualquier razón se han encontrado “severos impactos negativos en el corto, mediano y largo plazo para la salud mental de la mujer”. Y el Colegio Colombiano de Psicólogos le dijo al alto tribunal que “el diagnóstico afecto-reactivo, ansioso-depresivo, en sí mismo, implica riesgo para la salud mental de la madre gestante”.
Las consecuencias de abortos inseguros
Entre las mujeres atendidas, Médicos Sin Fronteras (MSF) halló que un 3 por ciento dijo que antes de buscar un método seguro habían recurrido a uno alternativo, como ingerir hierbas, sustancias tóxicas como el cloro, automedicarse, introducirse objetos o golpearse.
“Muchos de estos métodos ni siquiera son efectivos, pero pueden dejar un daño duradero”, afirma la organización.
Cada año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo se producen 56 millones de abortos, de los cuales 25 millones no son seguros. El 97 por ciento de esos abortos se dan en países en vías de desarrollo de África, América Latina, y el sur y oeste de Asia, donde MSF está ofreciendo asistencia médica.
“El embarazo no deseado y el aborto no seguro tienen un grave impacto médico en mujeres y niñas de muchos países de bajos ingresos y afectados por conflictos”, dice MSF.
Entre las consecuencias más graves del aborto no seguro, de los casos que ha atendido MSF, están la hemorragia severa, la infección general grave, la perforación uterina, daños de otros órganos internos y la intoxicación.
De hecho, según la OMS, al año cerca de 7 millones de mujeres son remitidas a hospitales en países en vías de desarrollo como resultado de un aborto inseguro.
De acuerdo con la MSF, a largo plazo, estos abortos no seguros también pueden generar dolores crónicos, anemia e infertilidad.
Por otro lado, además de las complicaciones que ha atendido MSF, los abortos inseguros también pueden llevar a la muerte de la madre gestante.
De acuerdo con la OMS, en el mundo, cada año, entre el 4,7 y el 13,2 por ciento de las muertes maternas se deben a abortos clandestinos.
Además, la OMS estima que la tasa de mujeres que mueren en países en vías de desarrollo por practicarse un aborto inseguro es de 220 por cada 100.000.
