Nueve años del 30-S | Rafael Correa: Del intento golpista a la persecución judicial
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, es un ejemplo de cómo sectores derechistas buscan desacreditar, derrocar o incluso asesinar a líderes progresistas, pues ha sufrido desde un amago golpista con pretensiones magnicidas hasta la persecución judicial.
El 30 de septiembre de 2010, miembros de la Policía Nacional ecuatoriana se sublevaron contra el Gobierno legítimo y constitucional de Correa, supuestamente por la eliminación de prebendas económicas en la Ley de Servicio Público, entonces recién sancionada en el Parlamento del país suramericano.
Sin embargo, las acciones fueron achacadas por parte de sectores gubernamentales a un plan golpista que buscaba detener los procesos de cambios impulsados por los gobiernos de izquierda en el continente, como dice un informe publicado por la Comisión de la Verdad, donde se establece que sectores de oposición impulsaron intentos de golpe de Estado y magnicidio contra el entonces presidente.
Correa mostró valentía, pues no solo dio un discurso público en el cual desafió a los policías alzados a que salieran de entre la muchedumbre y lo mataran, sino que, posteriormente, cuando lo secuestraron, afirmó: “Yo salgo de aquí como presidente o como cadáver”, dejando claro que no renunciaría a su responsabilidad con Ecuador.
Durante las acciones del día, el entonces mandatario sufrió los efectos de gases lacrimógenos, le intentaron herir una rodilla recién operada y estuvo en cautiverio. Al momento en que las fuerzas de élite del Grupo de Operaciones Especiales lo lograron rescatar, secuestradores dispararon directamente contra el auto donde iba.
El levantamiento, en el que también participaron militares, dejó un saldo de cinco muertos y más de un centenar de heridos, además de saqueos en varias zonas del país.
Si bien el pueblo salió en defensa de la Revolución Ciudadana de manera espontánea el 30-S, los medios de comunicación desempeñaron un papel diferente. Intentaron manipular la realidad, convocaron a la sublevación y al caos, respondiendo a los intereses de quienes abogaban por mantener el status quo.
Aunque aún existen grupos opositores que se niegan a admitir los sucesos golpistas y prefieren seguir manejando el asunto como una simple sublevación policial, los resultados de la Comisión de la Verdad, un dictamen de la Organización de Naciones Unidas y estudios a los medios de comunicación que demuestran que venían caldeando la opinión contra el gobierno desde meses antes, prueban el sustrato tras los hechos.
Incluso es posible hablar de influencias extranjeras. La National Endowment for Democracy (conocida como NED por sus siglas en inglés), creada por el Congreso estadounidense en 1983, para “promover la democracia” en el mundo, destinó más de un millón de dólares a Ecuador.
Sus objetivos: «Fomentar programas de participación ciudadana, entrenamiento para cuestionar al Gobierno en relación al uso de recursos, la promoción de campañas de denuncias de supuestos casos de corrupción, la promoción de líderes opositores y estudiantiles», entre otras medidas.
Analistas afirman que el objetivo del intento de golpe de Estado en Ecuador trascendía a Rafael Correa, al igual que otros en el área como el de Manuel Zelaya, en Honduras (2009) y el de Fernando Lugo, en Paraguay (2012), sin mencionar algunos históricos, como el del chileno Salvador Allende (1973).
No se trataba solo de que a Washington le hubieran cerrado la base militar de Manta, que de acuerdo con el Pentágono servía para cubrir a toda Suramérica, sino que eliminar el gobierno progresista de Ecuador servía para obtener una posición estratégica contra Bolivia y Venezuela, otros bastiones de la izquierda en América Latina.
«La integración en América Latina, con visión independiente, soberana y digna, es una preocupación para Estados Unidos. Ya hay una restauración conservadora, de derecha, de las élites de siempre del continente, para parar esos procesos integracionistas y progresistas en el interior de nuestros países», afirmó en 2014 el entonces presidente ecuatoriano.
Correa estuvo al frente de Ecuador entre 2007 y 2017 y, a pesar de otros momentos en que se gestaron proyectos para derrocarlo –en 2015 inició una campaña golpista en su contra que tuvo como excusa el rechazo a una aprobada Ley de Herencia y Plusvalía– culminó su mandato con más del 60 por ciento de la aprobación popular.
Sin embargo, los esfuerzos encaminados a “sacarlo del camino” no han cesado. Ante el temor de que el exmandatario se presente a los comicios electorales de 2021 y sea reelecto, se ha desatado una persecución judicial que busca incriminarlo.
Así, primero lo acusaron del secuestro, en 2012, del exlegislador Fernando Balda y le emitieron una orden de prisión por este caso, que ha calificado como una farsa, pues comenzó cuando aseguraban que Odebrecht había financiado su campaña de 2013; de lo cual no se han presentado pruebas.
Esta estratagema, respaldada por el Tribunal Supremo ecuatoriano y calificada por el exmandatario de ese país como una «acción política», se fundamenta en la acusación de Balda de que, estando en Bogotá, cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil, por orden del entonces presidente.
Sobre la conducción del caso de secuestro, frustrado por la policía colombiana, Correa se ha referido a varias irregularidades que ha denunciado como “maniobras» que solamente buscan meterlo preso.
“Ellos nombraron a dedo a un fiscal para meterme preso… pero pregunten cómo designaron a ese fiscal. El Consejo de la Judicatura se destituyó y se nombró un nuevo Consejo para administrar toda la justicia. ¿Qué garantías de debido proceso vamos a tener?”, declaró.
Asimismo, ha aclarado que: “Todos mis abogados me indican que no hay nexos causales, no hay pruebas. Eso fue juzgado en Colombia, el delito está prescrito. Lo que nos queda es organizarnos porque esto se resolverá políticamente cuando estas personas no tengan capturado al Estado y recuperemos el poder popular para el bien común”.
Precisamente en el poder político confía el expresidente, quien ha establecido paralelismos entre las artimañas en su contra y contra la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner y el otrora jefe de Estado brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
«No tenemos un sistema de justicia transparente, es una persecución que se soluciona por vía política y los derrotaremos como pasa en Argentina», expresó y enfatizó que la derecha hegemónica utiliza el poder jurídico y mediático para perseguir líderes de izquierda.
En la actualidad, Correa enfrenta un nuevo proceso. Esta vez se trata del caso Sobornos 2012-2016, en el que le imputan hasta 11 elementos, entre ellos un depósito de 6.000 dólares en su cuenta bancaria.
«No han comprobado nada, dijeron que supuestamente Odebrecht había prestado 25.000 millones de dólares para financiar la campaña presidencial, cuando realmente pedí en 2014 al fondo solidario 6.000 dólares porque estaba sobregirado y los pagué en 2015», explicó el líder progresista.
Mientras en su contra hay emitida una orden de prisión preventiva, la Fiscalía investiga supuestos aportes ilegales de empresa contratistas a las campañas de Alianza País.
Entre los testimonios que lo señalan se encuentra el de la asistente del despacho presidencial, Pamela Martínez, quien presentó un cuaderno de notas con un esquema de empresas aportantes a cambio de beneficios contractuales que escribió seis años después de los hechos, en un vuelo de 35 minutos.
Asimismo, la Fiscalía enarbola un esquema de pagos realizado por la asistente de Martínez, Laura Terán, quien nunca habló de sobornos y evitó las preguntas. Los testimonios de Terán y Martínez tienen contradicciones y no se sometieron a los cuestionamientos de los abogados de los procesados.
Por su parte, la exsecretaria de Correa, Francoise Villalba, no solo ha contradicho las declaraciones de Pamela Martínez, sino que mostró los recibos que corroboran que el préstamo entregado le correspondía al Fondo de Solidaridad de la Presidencia. Sobre este, aclaró que “era voluntario y en el que incluso hubo aportes del propio presidente”.
La exfuncionaria presidencial compareció en la audiencia con cupones que demuestran que el préstamo fue cancelado y cheques con los que aportaba el mandatario al fondo.
Con foro y videos en redes, correístas recuerdan la revuelta del 30 de septiembre de 2010
El expresidente Rafael Correa recurrió a las redes sociales para defender su conclusión de que la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 (30S) se trató de un golpe de Estado blando y magnicidio.
Mañana lunes se cumplen nueve años de este suceso, y en los últimos días difundió en la red social Twitter, tuits con el hashtag “30SYoestuveahi”, acompañado de videos, en los que aparecen miembros de la Policía Nacional.
“Este es uno de los policías del 30S que ahora habla de “fraude procesal” y delito de lesa humanidad… ¡contra ellos!”, fue entre el mensaje que escribió junto al video.
En él aparece el rostro de un policía al momento del operativo para sacarlo del Hospital del Regimiento Quito, con el que se acusó a Marcelo Bonifaz a doce años de reclusión, pena que la cumple en prelibertad.
Como parte de los actos que realizarán los correístas para recordar ese día, está un foro denominado también 30SYo estuve ahí, en el que participarán un exfuncionario, Andrés Reliche, Jorge Cisneros y Óscar Bonilla, quien fue parte de la Comisión 30S, junto al exfiscal general censurado Carlos Baca, quienes determinaron la teoría de que lo sucedido fue un ‘golpe blando’.
