Hubo 16 civiles condenados por delitos de lesa humanidad durante 2013
El robo y sustracción de identidad de menores hijos de detenidos desaparecidos fue el crimen de lesa humanidad con más castigos: nueve en total. Representa un aumento de sanciones del 77% en relación a 2012.
El 2013 cerró con el mayor número de condenas a raíz de la complicidad civil con la dictadura militar desde el comienzo de los juicios por delitos de lesa humanidad. De los 515 condenados el año pasado, 16 civiles cuya complicidad o participación en crímenes fue probada en la justicia también fueron sentenciados. Apropiación de menores y supresión de identidad a hijos de desaparecidos fueron los cargos por los que recibieron duras penas, y superaron el antecedente de 2012, que totalizó en nueve condenas.
Según informó el portal de noticias judiciales Infojus, el primer civil condenado en 2013 fue Julio Cirino a seis años de prisión. El ex agente del Batallón 601 había sido sobreseído por el juez Ariel Lijo en noviembre de 2012, pero la Cámara Federal de Apelaciones –integrada por Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah– revirtió esa medida y dispuso su condena. Cirino estaba vinculado al PRO, de Mauricio Macri, a través de la Fundación Pensar, el think tank del oficialismo porteño.
En el proceso oral en el que se juzgó la apropiación de Federico Cagnola Pereyra –hijo de Liliana Pereyra y Eduardo Cagnola– fue condenada Inés Graciela Lugones, ex esposa del fallecido represor Guillermo Minicucci, acusada de haber entregado un bebé nacido en la maternidad clandestina que funcionaba en la ESMA. Junto a ella, recibió pena el matrimonio integrado por Jorge Ernesto Bacca y Cristina Mariñelarena.
En tanto, María Mercedes Elichalt, la esposa del ex subcomisario de la Policía Bonaerense Domingo Madrid, recibió diez años de prisión por la apropiación de Elena Gallinari Abinet, hija de dos militantes montoneros secuestrados y también la primera nieta nacida en un centro clandestino que recuperó su identidad. También fue condenada la médica Silvia Marta Kirilovsky, quien firmó la partida de nacimiento falsa. Tendrá que pasar cinco años y medio en prisión.
En el juicio cuya sentencia se conoció el 3 de diciembre pasado, fueron condenados Roberto Cándido Duarte y su esposa Margarita Noemí Fernández por la apropiación de otro nieto, Gabriel Matías Cevasco. María Francisca Morillo, apropiadora de Catalina de Sanctis Ovando, y esposa del militar Carlos del Señor Hidalgo Garzón, recibió 12 años de pena en el marco de la causa de Campo de Mayo. En ese proceso se probó la participación del Movimiento Familiar Cristiano que seleccionaba y asignaba los niños nacidos en cautiverio. Esa misma sentencia incluyó el castigo para Aida Blandina Dusolina Pizzoni, apropiadora de Guillermo Molfino Amarilla.
También fue condenado a 25 años, un civil torturador: Carlos Eduardo José Somoza, alias «Gordo». Se trata de un ex agente de Inteligencia del Ejército y uno de los más sanguinarios de El Campito, que estuvo prófugo hasta enero de 2010 y en 2012 fue fotografiado violando su prisión domiciliaria.
En Corrientes, la justicia federal condenó en julio a seis años de cárcel a Carlos Faraldo y a Darío Ledesma, agentes civiles del Destacamento de Inteligencia 123 de Paso de los Libres, por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos. En Rosario, fue condenado el abogado Pedro Rodríguez por secuestro y torturas al entonces titular del Sindicato de Municipales de San Lorenzo, Manuel Casado. Rodríguez era asesor jurídico del municipio. La nómina la completa la ex policía de Tucumán María Elena Guerra, que fue condenada a dos años por usurpación de la casa de una de las víctimas, mientras que Francisco Guillermo López Guerrero fue sentenciado por su participación como agente de inteligencia en el Arsenal Miguel de Azcuénaga.
Una asignatura pendiente es la vinculada al rol de los empresarios, como Carlos Blaquier, que está enjuiciado. «
revocan sobreseimiento del represor raúl machuca
» P.R
La Cámara Federal de Casación revocó el sobreseimiento del ex oficial de la Policía bonaerense, Raúl Orlando Machuca, por el secuestro y la desaparición en 1977 de dos militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), y ordenó que su responsabilidad por esas desapariciones cometidas durante la dictadura cívico-militar sea dilucidada en un juicio oral y público. El policía está acusado de comandar la patota de esa dependencia y compartirá el banquillo con el ex comisario mayor, Miguel Osvaldo Etchecolatz, y el ex subjefe de esa Brigada, Fernando Svedas.
El poeta Daniel Omar Favero y su pareja, María Paula Álvarez, están desaparecidos desde el 24 de junio de 1977. Ese día, un grupo de policías de la Brigada de La Plata los emboscó en el departamento del edificio de la calle 57, entre 12 y 13, de la capital bonaerense donde vivían. Los secuestraron y desde entonces no se supo nada más de ellos.
En la denuncia iniciada por el fiscal Felix Crous –quien al inicio del expediente se desempeñaba en la Unidad de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos y ahora está al frente de la Procunar– consta que Machuca comandó ese operativo. La investigación fiscal develó que su rol de mando estaba asentado en un expediente administrativo realizado por su subordinado y coimputado en la causa, Julio César Argüello, quien fue herido en el hecho. En ese trámite interno el ex policía lo mencionaba al comando del operativo.
Ese expediente administrativo fue clave para determinar quienes habían integrado la patota. Sin embargo, Machuca había sido sobreseído por la Cámara Federal porteña. En la resolución revocatoria de la Cámara Federal de Casación –que está fechada el 4 de diciembre pasado pero se conoció en los últimos días a través de la página de la Procuración General–, los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky hicieron lugar a la apelación interpuesta por Crous y por Luis Alen, segundo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, organismo querellante en la causa.
«Argüello no tenía motivo alguno para mentir sobre quiénes habrían integrado la comisión policial que realizó el operativo, ya que el sumario no tenía por objeto buscar responsables sino justificar las lesiones que éste sufrió y, de esta forma, atribuirlas a un acto de servicio»», señalaron los camaristas. Por eso indicaron que el sobreseimiento fue «al menos irrazonable, y como tal prematuro».
