Argentina: la oposición presenta un proyecto de emergencia alimentaria y paran trabajadores estatales

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Un proyecto común contra el hambre

Por Miguel Jorquera

Los diputados del grueso de los bloques opositores terminaron de pulir y unificar el proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria decretada por el Poder Ejecutivo en 2002 y que llevarán al recinto de la Cámara baja este jueves al mediodía, ante la negativa del Gobierno de implementarla por decreto. El texto del proyecto propone “un incremento de emergencia como mínimo del 50 por ciento de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición” y autoriza al Gobierno la reasignación de partidas presupuestarias para cumplir con la ley. En Cambiemos, “esperaban conocer el proyecto” para tomar postura, aunque entre sus legisladores primaba la idea de “no obstaculizar” la iniciativa “si la oposición logra el quórum”. De todas maneras, este martes habrá una reunión de la mesa chica del interbloque oficialista para definir la estrategia.

El proyecto que logró unificar el grueso del arco opositor lleva las firmas de los jefes de las bancadas del FpV-PJ, el Bloque Justicialista, el Frente Renovador, el interbloque de Red por Argentina, que encabeza Felipe Solá, junto al Movimiento Evita y Somos de Victoria Donda, además de partidos provinciales como el PJ puntano, entre otros.

Sin embargo, no estamparon sus firmas el bloque de Consenso Federal, que encabeza Graciela Camaño, ni los diputados del FIT. No obstante, desde los bloques que rubricaron el proyecto afirman que ambos sectores serán de la partida en la sesión especial que, en principio, sería este jueves a las 11. Consenso Federal iría al recinto con el proyecto propio, que impulsó su candidato presidencial, Roberto Lavagna, mientras el FIT reclama la incorporación de otras medidas, como la prohibición de despidos y suspensiones, así como aumento a los jubilados y pensionados.

“Concierne al Estado Nacional garantizar en forma permanente y de manera prioritaria al derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la República Argentina, según lo establece la Ley 25.724 que crea el Programa de Alimentación y Nutrición Nacional”, dice el artículo 2 del texto presentado este lunes en Diputados. La ley citada (también de 2002) está destinada “a cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años, en situación de pobreza”, con orientación a grupos con protección especial: “mujeres, personas en situación de pobreza y con capacidades diferentes”.

“Dispóngase un incremento de emergencia como mínimo del 50 por ciento de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”, propone la iniciativa, al tiempo que “da facultades delegativas al jefe de Gabinete para que pueda llevar acabo lo que indica la ley”, con la reasignación de partidas presupuestarias. También indica a partir del 1 de enero de 2020 la actualización de dicho rubro cada 3 meses con un mecanismo que tenga en cuenta el Indice de Precios al Consumidor y la variación de la canasta básica de alimentos.

“No es lo mismo comer bien que no comer bien, porque el hambre, la desnutrición y la malnutrición causan daños irreparables que deben ser prevenidos y abordados en forma urgente, estratégica e integral con recursos suficientes de parte del Estado. La alimentación y la nutrición son derechos humanos fundamentales que facilitan el acceso a otros derechos humanos”, dicen los fundamentos del proyecto.

“El Gobierno debería tener la responsabilidad de hacerse cargo de este problema que ellos generaron y tomar medidas urgentes antes del jueves, de no ser así avanzaremos con la sesión especial”, advirtió Leonardo Grosso, del ME, y agregó que “la oposición está unida y decidida a aprobar la Emergencia Alimentaria porque entendemos que es una necesidad urgente”.

“De acuerdo con datos de la ONU, ya a fines de 2018 había 14 millones de argentinos que no podían asegurar su alimentación –planteó la diputada Fernanda Vallejos (FpV-PJ)–. Después de la última devaluación, podemos estar seguros que hoy la situación es aún más grave. Por eso, venimos pidiéndole al Gobierno que se ocupe de este tema, porque es central. Y aún más grave entre los niños.”

Página|12


ATE y la CTA Autónoma paran y marchan hacia la Plaza de mayo

La Asociación Trabajadores del Estado ( ATE) y la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma ( CTA) harán hoy un paro nacional con movilizaciones en demanda de «la inmediata reapertura de las paritarias y la reincorporación de los despedidos».

Los dirigentes de esos sectores gremiales confirmaron que la marcha de protesta principal se realizará hacia la Plaza de Mayo.

A la protesta nacional se sumaron el sector histórico de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), dirigida por Luis Tiscornia; la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) de Jorge Yabkowski y la Judicial Argentina (FJA) de Hugo Blasco en demanda de la reincorporación de la totalidad de los cesanteados, la reapertura salarial y el restablecimiento de los programas que fueron dados de baja.

Los dirigentes también rechazaron «el escaso incremento otorgado de forma unilateral por el gobierno en el último encuentro del Consejo del Salario mínimo, vital y móvil».

Los trabajadores se concentrarán desde las 11 de mañana en 9 de Julio y Belgrano para marchar luego hacia la Plaza de Mayo, donde habrá un acto central frente al Cabildo.

«Catástrofe social»

El jefe de ATE y adjunto de la CTAA, Hugo Godoy, exigió también paritarias provinciales y que los trabajadores de los distritos y comunas accedan al salario mínimo, porque perciben ingresos menores a 12 mil pesos.

«La situación de catástrofe social es consecuencia de las actuales políticas, que tuvieron como principal blanco a los estatales, reduciendo salarios y generalizando la precariedad laboral. Solo en Buenos Aires hay hoy 3 mil empleados en esa situación», dijo Godoy.

El líder de la central obrera, Ricardo Peidro, indicó que las políticas oficiales impactaron en toda la sociedad, por lo que «es preciso la unidad para lograr la emergencia alimentaria en los barrios de todo el país», y afirmó que también en los sectores privados cerraron pequeñas y medianas empresas, cayeron «las condiciones laborales y el poder adquisitivo».

La Nación


El gobierno acordó con los gremios la entrega de una ‘Tarjeta Alimentaria’ a desocupados

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, recibió junto a su par de Producción, Dante Sica, a la conducción de la CGT en el marco del reclamo por la emergencia alimentaria, y resaltó que esa iniciativa «se tiene que definir en el Congreso». No obstante, habilitaron la posibilidad de avanzar con una Tarjeta Alimentaria para los desocupados.

«Lo alimentario lo tiene que definir el Congreso, hay distintos proyectos y se debe tratar en ese marco. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, como aumentar las raciones (para comedores sociales y escuelas), hemos reasignado partidas para reforzar lo alimentario», sostuvo la ministra al retirarse de la reunión en la sede de su cartera.

Por su parte, Sica señaló: «Fue una reunión muy tranquila, plantearon la emergencia alimentaria y quedamos en armar una mesa de trabajo para ver cómo seguir».

Sin embargo, ante el reclamo de la CGT, los funcionarios acordaron entregar una Tarjeta Alimentaria para la compra de alimentos de la que aún no se conocen cifras oficiales ni el sistema por el que será aplicada, según informó La Nación.

Asistieron al encuentro los dos secretarios generales de la agrupación gremial, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (SOESGyPE), además de otros miembros de la conducción, como José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (Estatales UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Armando Cavalieri (Comercio) y Antonio Caló (UOM).

La conducción de la CGT también reclamó al Gobierno nacional «la inmediata reapertura de las negociaciones paritarias» ante «los fuertes aumentos producidos en los precios de los productos de la canasta alimentaria luego de las elecciones primarias del 11 de agosto», y ante «el elevado índice de inflación», cuyo dato de ese mes se conocerá esta semana.

En representación del Ministerio de Salud y Desarrollo Social estuvieron también Carlos Pedrini, Secretario de Articulación Política y Social, y Fernando Reggio, Subsecretario de Abordaje Terriorial.

En medio de la resistencia del Gobierno a declarar la emergencia alimentaria, que también es reclamada por la oposición y sectores religiosos, la CGT la semana pasada envió una carta al presidente Mauricio Macri para pedirle que atienda «la grave situación social que atraviesan los ciudadanos sumergidos en la pobreza e indigencia» como consecuencia de «la inflación y la devaluación de la moneda local».

Perfil


Lacunza viajará a Washington para negociar con el FMI el desembolso de los USD 5400 millones

Por Román Lejtman

Antes que concluya este martes, Hernan Lacunza llamará al celular de Alejandro Werner para ajustar su agenda de trabajo con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI). Werner es director del Hemisferio Occidental del FMI, tiene excelente relación con Lacunza y recibirá al ministro de Hacienda entre el 26 y 28 de septiembre en sus oficinas de Washington.

Aún resta resolver en la Casa Rosada si Mauricio Macri, que viajará a la Asamblea General de Naciones Unidas, incluirá a Lacunza en su reducida comitiva oficial que ya integran el canciller Jorge Faurie, el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y el vocero presidencial Ivan Pavlovsky.

Si esa fuera la decisión de Macri y vuelan juntos, el ministro de Hacienda contactará a inversores y banqueros en New York City -sede la ONU- y luego viajará a DC para completar una agenda de trabajo que además incluye al Banco Mundial (BM), al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y un probable cónclave con David Lipton, el director gerente del FMI hasta que asuma Kristalina Georgieva, sucesora de Christine Lagarde.

Cuando Werner levante el teléfono en Washington, Lacunza insistirá con el rápido desembolso de los 5.400 millones de dólares que el FMI debería girar en los próximos días, si respetara la letra fría del Standby Agreement que firmó con Argentina.

Pero eso no sucederá: en el Fondo consideran que ese Standby ya está inerte y que Macri y Lacunza deberán esperar hasta la asunción de la nueva directora del Fondo, Kristalina Georgieva, y los resultados de las elecciones de octubre para tener novedades de los millones de dólares que se deberían depositar durante septiembre en las arcas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El presidente y su ministro de Hacienda sospechan de la decisión que asumió el FMI y todavía no comunicó oficialmente. Por eso Macri y Lacunza diseñaron medidas económicas y financieras que implican evitar la fuga de dólares y defender las reservas del Banco Central, dos decisiones políticas que permitirían mantener la estabilidad de los mercados aunque no se desembolsen los 5.400 millones de dólares.

Entonces, frente a las posibles argumentaciones de Werner alegando que aún no hubo revisión formal del FMI en Buenos Aires, que no se redactó el Staff Report, que Georgieva no sucedió formalmente a Lagarde, que el Board no se reunió, y que cuando se reúna aguardará los resultados electorales de octubre, el ministro de Hacienda igual tendría margen de maniobra para controlar a los mercados con las reservas del BCRA.

Está previsto que Werner reciba a Lacunza junto a Roberto Cardarelli, jefe de la misión técnica en la Argentina, y que los tres analicen la situación económica del país. Werner y Cardarelli no estaban seguros de firmar un Standby Agreement con Argentina por 57.000 millones de dólares, pero su poder de resistencia fue mínimo ante la presión ejercida por Donald Trump desde la Casa Blanca.

Lacunza participará del homenaje a los 60 años de la creación del BID y no se descarta un encuentro informal con Kristalina Georgieva, sucesora de Lagarde en el FMI. Georgieva conoce la profundidad de la crisis económica -visitó al país como titular del BM- y actuará con extrema cautela..

La sucesora de Lagarde tiene décadas de experiencia en organismos multilaterales, y conoce el poder real del Salón Oval. Hasta que Trump no de señales positivas respecto a Macri y su gobierno, Georgieva no moverá un dedo a favor de la Argentina.

Infobae


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