Colombia: la movilización social, «Personaje del Año 2013» y protagonista del año que se inicia
El año que termina estuvo cargado de paros, movilizaciones, concentraciones, foros y asambleas; encuentros de trabajadores, mujeres, profesorado, campesinado, sindicalistas, población LGBTI, indígenas, comunidades afrocolombianas y transportadores. Colombia Informa hace un recuento de las principales jornadas nacionales de lucha que muestran al movimiento social como el principal protagonista de 2013. Perspectivas 2014.
Balance 2013
Las demandas enfrentaron al modelo económico, la reforma a la salud, el TLC, la reforma educativa, las políticas agrarias, la política de paz, la reforma a la justicia y medidas de la Procuraduría General de la Nación.
El sector educativo se movilizó a nivel nacional por ejes bien variados: la falta de cupos en los colegios públicos para los estudiantes de secundaria; por el presupuesto para el SENA frente a la reforma tributaria que eliminó las partidas que las empresas deben dar para el funcionamiento de esta institución; por la reforma de la ley de educación frente a la cual hay una propuesta alternativa elaborada por la MANE y respaldada por la comunidad educativa del país; por el cubrimiento por parte del Estado del déficit presupuestal de las universidades públicas reflejada en situaciones como la vivida en la sede de la Universidad Nacional de Bogotá, en donde algunos edificios se han deteriorado y no pueden ser usados para las labores académicas; por las inconformidades en las negociaciones del profesorado entre los sindicatos del magisterio y el gobierno y cómo éste perjudica los derechos obtenidos en las décadas anteriores.
El sector salud se movilizó a nivel nacional por la derogación de la ley estatutaria de la reforma a la salud (ley 210) que privilegia al sector privado; por el desfalco de algunas Empresas Promotoras de Salud (EPS) de los dineros de sus aportantes; por la quiebra económica de los hospitales públicos debido a las deudas no pagas por parte de las EPS; por los salarios injustos a los profesionales y trabajadores de la salud.
La ciudadanía en general se movilizó en torno a la paz por mantener los diálogos entre el gobierno nacional y las FARC en La Habana y abrir el camino de diálogo con el ELN, por la participación de la ciudadanía en los diálogos de paz para que éstos no sean de exclusividad del gobierno y la insurgencia.
El campesinado generó movilizaciones contra la aprobación de los Tratados de Libre Comercio (TLC) en el Congreso norteamericano; por la puesta en marcha de la ley 970 que restringe la utilización de las semillas no certificadas; por la intermediación en la distribución de los productos agrícolas; por la importación de alimentos que compiten con los productos nacionales poniéndolos en desventaja; por las dificultades del campesinado para el pago de los créditos debido a los efectos de la crisis del agro; por la afectación de los proyectos mineros en las tierras productivas y las aguas; por el desplazamiento del campesinado a las grandes ciudades afectando la producción agrícola; por la dinámica de sustitución de cultivos sin políticas claras de cambio; por la falta de inversión social en los sectores habitados tradicionalmente por los campesinos.
De igual modo, las mujeres y el sector LGBTI se movilizaron por falta de la políticas claras frente a la violencia de género; por la marginalidad y la intolerancia; por los distintos tipos de violencia en contra de las mujeres; por el desconocimiento de los derechos de las personas pertenecientes al sector LGBTI como el matrimonio o la adopción; por la penalización del aborto; por la participación de las mujeres en los diálogos de paz.
Muchos jóvenes se movilizaron durante este año por reformar la política de Servicio Militar Obligatorio desde la objeción de conciencia para que no sea sólo de carácter religioso sino de carácter político; por la falta de oportunidades educativas y laborales que no les deja como mejor opción prestarle su servicio a los grupos armados; por la constante militarización de la vida que los criminaliza y estigmatiza; por el abuso policial hacia los jóvenes en las movilizaciones sociales; por derogar la aprobación del Estatuto de Seguridad Ciudadana que criminaliza la protesta.
El paro minero que afectó principalmente el occidente del país, fue motivado por la agresión del Estado contra los pequeños mineros cuando el gobierno nacional ordenó a la policía destruir sus maquinarias y por la aprobación de la nueva ley minera que favorece a las multinacionales y aplasta la economía tradicional de las comunidades mineras. Estas mismas políticas afectan comunidades afros e indígenas pues expropia sus territorios, desintegrándolas y condenándolas al desplazamiento forzado.
Por estas razones y otras que tienen que ver con el respeto a la autonomía y la necesidad de desarrollar planes de vida en sus territorios, y que éstos sean respetados por los protagonistas de conflicto armado, los indígenas se movilizaron en casi todo el país
en lo que se denominó la Minga Social Indígena y Popular en el mes de octubre. Al igual que con los demás sectores, el gobierno propuso nuevos diálogos y acuerdos que no arrojaron mayores resultados.
Los trabajadores y los sindicatos igualmente fueron protagonistas en estas jornadas de movilización y lucha. Estuvieron solidarios con cada sector: las sedes de los sindicatos y las centrales obreras abrieron sus puertas para permitir el encuentro y la interlocución de todos con el resto de la sociedad. Los trabajadores petroleros en cabeza de la Unión Sindical Obrera (USO) y del sector energético realizaron, junto a la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher) y otras organizaciones del Congreso de los Pueblos, el Juicio Ético a la Pacific Rubiales y a la Anglo Gold Ashanti por su atropello a los derechos laborales, a la protesta social, a la libre asociación, a los derechos colectivos y a los derechos a la tierra y el territorio.
Los habitantes de la capital del paísreaccionaron en masa llenando la plaza de Bolívar y las calles del centro para protestar contra la arbitraria decisión del procurador Alejandro Ordóñez de destituir al alcalde Gustavo Petro, uno de los cargos más importantes elegido por voto popular después del de Presidente de la Nación. Durante cuatro días consecutivos gente de todas las localidades, de distintos sectores sociales, llenó la Plaza Mayor con variadas pancartas y en consignas pidieron la renuncia del Procurador en apoyo al Alcalde. A esta indignación se sumaron otras ciudades del país y hubo adhesiones de varias voces de la opinión internacional. El conflicto desatado por el Procurador puso en juego la defensa de la democracia y la posibilidad de demostrar que en el país es posible hacer la paz y construir nuevas realidades sin necesidad de las armas.
Perspectivas 2014
Para febrero del año entrante quedó fijada la Cumbre campesina, agraria, étnica y popular que reunirá a distintos sectores en un encuentro unitario y buscará definir el plan de movilizaciones que dé continuidad a los reclamos irresueltos tras el paro agrario de 2013. A su vez, terminando el año, las Dignidades Campesinas que representan a varios sectores productivos protestaron por el incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos que dieron fin al paro campesino.
Los petroleros de la USO se preparan, con su nueva directiva y la intensificación de la formación de sus afiliados, para la presentación y defensa de una nueva Convención Colectiva y la búsqueda de la liberación de afiliados que han sido detenidos por defender los derechos de los trabajadores de la Pacific Rubiales.
Por el significado de las protestas y movilizaciones que se dieron en este año que termina, el 2014 promete ser un año histórico de nuevas jornadas contra las políticas injustas y por la construcción de una sociedad en paz y justicia social.
Los sectores de la educación, de mujeres, otros sindicatos, también se encuentran en estado deliberativo hacia el año que entra. Dentro de esta dinámica se dará una nueva contienda electoral. Para ello se están perfilando fuerzas políticas que pretenden encontrar nuevos caminos que apuntalen las conquistas logradas en la movilización y la protesta social, que favorezcan igualmente la participación directa de la comunidad en las decisiones sobre el futuro del país. Se aspira a que este año sea también propicio para avanzar en la firma de acuerdos de paz entre la insurgencia y el gobierno para poner fin al conflicto armado que desde hace más de 50 años atraviesa la vida política, social y cultural del país.
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Es de esperar entonces que las nuevas jornadas de protesta y movilización, las elecciones y el avance de la paz sean los acontecimientos que marquen este año que se inicia.
