Colombia | Camilo González Posso, presidente de INDEPAZ: «Hay un movimiento social muy fuerte en defensa de la paz y de los acuerdos»
Por Carla Perelló, de la redacción de NODAL
El que fuera número dos de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo), Iván Márquez, cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año, reapareció en un vídeo junto con otros exlíderes de la extinta guerrilla para anunciar “una nueva etapa de lucha armada”. Ante el anuncio realizado el pasado 29 de agosto, el presidente colombiano, Iván Duque, no tardó en responder: ofreció recompensas para poder dar con quienes aparecen en la pieza audiovisual y pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que los expulsara del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. “No estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro”, dijo ante la prensa. En entrevista con NODAL, el presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), Camilo González Posso, analiza este panorama, su repercusión en los acuerdos de paz y en la sociedad.
¿Por qué se abre este nuevo foco de conflicto armado?
El anuncio de Iván Márquez, el principal negociador de los acuerdos de paz en La Habana, del retorno al alzamiento armado con algunos centenares de sus seguidores es resultado de una lectura equivocada que hace él y su grupo de excomandantes de las FARC-EP del contexto político del país y de las dificultades de la implementación de lo pactado, en noviembre de 2016, entre esa organización insurgente, el gobierno y el Estado colombianos. Márquez, ya montado en la ruta de implementación de los acuerdos, hace un replanteamiento incubado en sus propias dudas durante la negociación y presionado por la amenaza de extradición y de sanciones judiciales.
Márquez se arrepiente, dos años después, de haber firmado un pacto de paz con entrega de las armas antes de haber garantizado la implementación de los pilares para la transición a un nuevo escenario de acción política. Firmó consciente de que había fracasado rápidamente su pretensión de posponer la dejación de armas; firmó aceptando el supuesto de que lo esencial era el paso de la lucha armada a la acción política en los marcos de la institucionalidad vigente; también fue consciente de la división de la elite dominante y de la oposición al pacto por parte de la mitad del poder económico y político encabezado por el uribismo, tal como se mostró en el plebiscito de octubre de 2016. Así que, con toda la perspectiva de un camino de lucha ardua para lograr el cumplimiento de los acuerdos, Iván Márquez condujo a todas las FARC-EP a firmar el “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
¿Qué lo lleva entonces a semejante giro? Es probable que haya llegado a una situación de desesperación y acorralamiento cuando se enfrentó a la realidad de una transición difícil en medio de estigmatización, discursos del odio, asesinatos, maniobras desde el gobierno, la Fiscalía o el Consejo Nacional Electoral. La pobre convicción con la que llegó Márquez a la firma del pacto se quebró ante la implementación a cuentagotas, con múltiples trampas y renegociación para menos a cada paso. El montaje que hizo la DEA (Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, según su sigla en inglés) para incriminarlo a él, a Santrich y a otros excomandantes en tráfico de cocaína, los colocó en la recta de la extradición y al albur de una difícil defensa jurídica y política.
El “nuevo foco de conflicto armado” se abrió entonces por la torturada subjetividad de Iván Márquez, Santrich y su grupo ante las primeras dificultades del proceso. Ante la misma situación, otra parte mayoritaria de excomandantes de las FARC, ahora convertidos en promotores de paz, han mantenido la estrategia trazada desde el periodo en que estaban negociado decidida a afrontar los riesgos y ahora, contra viento y marea, se mantienen en la palabra empeñada, asumen los incumplimientos como una palanca para construir alternativas políticas y amplias convergencias para la defensa de la paz.
Por lo demás, los detractores de los Pactos de Paz hacen un cálculo equivocado sobre la posibilidad de tener futuro desde su nueva guerra: se colocan en contravía del repudio mayoritario a los llamados a la acción armada para promover gobiernos populares o de cualquier tipo y en contravía de las condiciones internacionales adversas al lenguaje de las armas para buscar objetivos políticos democráticos.
El impacto del llamamiento de Iván Márquez a rearmar las FARC –EP es más político que militar. Es probable que reagrupen y recluten algunos excombatientes que quedaron como residuos o disidencias de la dejación de armas que hicieron las FARC en 2017, pero la mayoría de esos pequeños grupos se ha dedicado al lucro en el narcotráfico y no tienen ni vocación política ni interés en subordinarse a un grupo mayor que les disputará rentas.
Si el reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), conocido en el Catatumbo como “los pelusos”, ha subsistido en el narcotráfico con 300 efectivos treinta años después de la desmovilización de esa guerrilla, es probable que con el mismo método que anunció Márquez de financiarse con economías ilegales puedan rearmar alguna gente y generar hostilidades, sabotajes y atentados sin que eso constituya una amenaza importante al Estado ni a las Fuerzas Armadas. Pero no obstante su poca perspectiva como “ejercito del pueblo” lo que han llamado “guerra a la oligarquía, paz a las fuerzas armadas si no nos atacan” probablemente se apoyará en acciones terroristas de impacto contra personalidades representativas del poder político o económico; con ese método de “la nueva marquetalia” ayudarán a la estrategia de la ultraderecha de intentar imponer un Estado Corporativo de Guerra radicalmente opuesto a la solución negociada para la paz.
¿En qué quedan los acuerdos de paz ante este panorama? ¿se rompen?
Los Acuerdos de Paz han sido incorporados en la Constitución y en la ley y han tenido algunos avances en medio de muchas dificultades. Desde el punto de vista jurídico siguen vigentes y, como ha señalado la Corte Constitucional de Colombia, todas las autoridades están obligadas a implementarlos de buena fe. No puede olvidarse que su completa implementación requiere un plazo de tres o cuatro gobiernos y que se han tenido avances formales en algunos temas como el trámite de reformas en el Congreso de la República, la dejación de armas por parte de las FARC-EP, formación del nuevo partido político, adopción del Estatuto de la Oposición, promoción de la participación para elaborar los planes de desarrollo territorial, inscripción de cien mil familias en programas de sustitución de cultivos ilícitos, puesta en marcha de la Justicia Especial para la Paz, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas forzadamente, del programa de reintegración e incorporación a la vida civil. Las Cortes, lo mismo que la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones, han cumplido hasta ahora un papel importante para el reconocimiento de las obligaciones del Estado con los pactos de paz y por ello han merecido el ataque frontal de la ultraderecha más comprometida con la corrupción y el paramilitarismo.
La lista de incumplimientos y de frenos desde el gobierno es más larga e incluyen temas como la reforma rural integral (Fondo de Tierras), de apertura política (Reforma Política), nueva política de drogas, garantías de seguridad, funcionamiento efectivo de la institucionalidad e instancias creadas para implementar los acuerdos, asignación de recursos suficientes en los planes y presupuestos, entre otras. Pero nada de esto, que arroja un balance precario para los acuerdos de paz, significa que con la retractación de Iván Márquez los acuerdos se den por fallidos, en trance de disolución o de hacerse pedazos como ha pretendido la ultraderecha. Hay un movimiento social muy fuerte en defensa de la paz y de los acuerdos. Han fallado los intentos de acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz, el gobierno no ha tenido mayorías en el Congreso para desmontar piezas clave de los acuerdos de paz. Así que en Colombia continuarán las confrontaciones por la paz en un frágil equilibrio que tendrá pruebas mayores en la movilización, en la rebelión pacífica de nuevos movimientos societales, Minga de Mingas dicen algunas voces desde el sur de Colombia. Tendrán mucha influencia los resultados de las elecciones que se realizaran en octubre para gobiernos territoriales y los de las presidenciales de 2022, que marcaran el desenlace para la próxima década.
¿Qué rol considera que ha jugado el gobierno en esta situación y cuál es el desafío que debe enfrentar de ahora en adelante?
El gobierno ha afirmado que respeta los acuerdos de paz “con legalidad y sin impunidad”: ese condicionamiento en la práctica significa que respeta a conveniencia y con reinterpretación sólo algunos puntos de lo pactado. En la intervención realizada por el presidente Duque para fijar posición frente a la declaratoria de guerra del grupo de Iván Márquez señaló que su gobierno le cumplirá a quienes se mantienen en la legalidad y lanzará planes especiales de 
persecución contra lo que calificó una nueva “banda criminal al servicio del narcotráfico” auspiciada por la “dictadura de Maduro”. Duque asume el desafío de esta deserción del pacto de paz con un lenguaje belicoso que coloca como blanco central al régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, y no da señales de responder dándole impulso a los acuerdos de paz y al cumplimiento diligente de los compromisos con los excombatientes que se mantienen en el proceso. El gobierno está radicalizando el discurso que desconoce la necesidad de superar los conflictos armados internos con una estrategia de paz positiva y relanza su nueva doctrina de seguridad nacional, de guerra al narcoterrorismo, al régimen de Maduro, al crimen transnacional y sus supuestas prolongaciones en Colombia con el ELN y las disidencias de las FARC. El papel más nefasto lo ha estado cumpliendo el partido de gobierno y su jefe el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez a quien sus partidarios le siguen llamando “presidente”. Para ese partido la ruptura de Iván Márquez con lo pactado es la señal para una nueva ofensiva encaminada a “sacar los acuerdos de la Constitución”, como dijo en un trino el mismo Uribe. En otras palabras, anuncian otras batallas para intentar desmontar el Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016.
¿De qué manera se vive esta situación a nivel social, en la vida cotidiana?
El impacto del anuncio de Iván Márquez ha sido brutal en el estado de ánimo de buena parte de la población. El pesimismo y la incredulidad en las posibilidades de la paz a corto plazo han sido la primera onda en las emociones colectivas y en las conversaciones en la vida cotidiana. La gente está a la espera de los actos de guerra del nuevo grupo y de la escalada de respuesta militar en las regiones críticas en donde ha persistido con mayor agudeza la violencia armada y las disputas territoriales. Ya hay planes del Gobierno Nacional para convertir en escenarios de guerra varias regiones con el pretexto de presencia del ELN, de las disidencias de las FARC y guerra al narcotráfico. El anuncio de Iván Márquez ayudará a la militarización y escalamiento de confrontaciones con graves impactos en zonas como Tumaco en la frontera con Ecuador, Cauca, el Bajo Cauca Antioqueño, la frontera con Venezuela desde Cúcuta, Catatumbo hasta La Guajira y zonas de los departamentos del Guaviare. Se intensificará la militarización y las hostilidades con consecuencias dramáticas y de crisis humanitaria para la población de cerca de 200 municipios de los 1122 que tiene Colombia. En medio de ese ambiente se están alzando muchas voces llamando a defender los acuerdos y a solidarizarse con los excombatientes que mantienen la bandera de la paz. Desde los liderazgos espirituales, editoriales de medios masivos de comunicación, intelectuales, organizaciones sindicales, étnicas, campesinas, de mujeres, formadores de opinión, partidos políticos independientes y de oposición, gobiernos departamentales, candidatos a las elecciones de octubre, líderes y lideresas sociales, ONGs, Naciones Unidas, incluida la Misión de Verificación y el Consejo de Seguridad, países aliados del proceso, comités de colombianos en el exterior, redes internacionales solidarias y muchos otros sectores se está llamando a la acción por la paz. En este frente por la defensa de la paz están las mayores esperanzas.
