Correa denuncia una «brutal persecución judicial» tras el pedido de prisión preventiva
Correa dice enfrentar una ‘brutal persecución judicial’ en Ecuador
Expresidente Rafael Correa no espera nada de la justicia ecuatoriana
El expresidente de la República, Rafael Correa, reaccionó ante la decisión de la jueza Daniella Camacho de ordenar la prisión preventiva en su contra y la de otros exfuncionarios de su Gobierno, como parte del caso Sobornos 2012-2016.
El exmandatario, quien fue entrevistado por la cadena Hispantv, anticipó que no tenía ninguna esperanza de que la jueza Camacho cambie de decisión. “Esto solo cambiará cuando cambie la situación política del país”, exclamó.
Correa, quien tiene ya una orden de prisión por ser el presunto autor del plagio de Fernando Balda, dijo que una segunda orden de prisión no le sorprende.
El expresidente manifestó que la justicia debe permitirle defenderse. Por ejemplo, en el primer caso, sostuvo que querían que se presente ante la autoridad judicial, en Quito, cada 15 días, cuando reside en Bélgica. Ante esto no duda que en este segundo caso se actúe de una manera similar.
País:
El 16/mayo/2014, para cubrir sobregiro, de NUESTRO fondo voluntario (ver recibo de MIS aportes) recibí préstamo de $6.000, terminado de pagar en agosto/2015. Tengo todos los cheques y recibos
Esta es la prueba madre de “15 millones en sobornos” y “Odebrecht puso presidente” pic.twitter.com/VSfbwz88Gr— Rafael Correa (@MashiRafael) August 8, 2019
Incluso dijo que la Interpol ya emitió una alerta roja, por lo que tendrá que a través de sus abogados defenderse de la nueva acusación que tiene 11 elementos para imputarlo. Entre ellos, un depósito de 6 mil dólares en su cuenta bancaria.
Aprovechó el espacio televisivo para acusar al actual presidente del Ecuador, Lenín Moreno, de corrupto, por tener una cuenta secreta en el Balboa Bank, de Panamá, a nombre de un testaferro. Caso que es investigado dentro de los INApapers.
Expresó que para el 2021 aspira a unas elecciones limpias, por lo que su agrupación política se prepara para la lucha en un país que está en crisis.
Defensa apelará medida de prisión contra expresidente Correa
La defensa del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció que presentará una apelación de la decisión de la jueza Daniella Camacho, quien dictó el jueves la medida de prisión preventiva contra el exmandatario, en un caso por supuestos sobornos en la adjudicación de contratos con el Estado.
El abogado defensor del exmandatario ecuatoriano, Fausto Jarrín Terán, compareció ante los medios de comunicación para señalar que rechaza la decisión tomada por la jueza y que el lunes próximo presentará una apelación de la medida.
«La Jueza no ha motivado ninguna decisión, repite lo que dice la Fiscalía», expresó el abogado.
#ECUADOR| La Defensa Técnica del ex Presidente @MashiRafael rechaza la decisión de la jueza y asegura que apelarán @teleSURtv pic.twitter.com/AgsOcx1yfJ
— Denisse Herrera (@denisseteleSUR) August 9, 2019
Dijo que “los argumentos con los que la Fiscalía requirió la prisión preventiva fueron la no rendición de una versión y el hecho de que no se vive en el país”.
Jarrín Terán aseguró también que los argumentos de la Fiscalía no tienen que ver con lo procesal y que no se justifican los estándares constitucionales de prisión preventiva, además de hacer uso abusivo de esa medida cautelar.
La decisión de la jueza también fue aplicada en contra del exvicepresidente Jorge Glas, quien ya se encuentra detenido; así como contra los exfuncionarios Walter Solís, Vinicio Alvarado y Yamil Massuh.
Correa (2007-2017) reside desde el año 2017 en Bélgica, argumentando una persecución política debido a que se le dictó una orden de captura por violación de medidas cautelares en relación al caso de intento de secuestro en Colombia, en 2012, del opositor Fernando Balda.
El ex jefe de Estado se distanció políticamente del actual presidente ecuatoriano Lenín Moreno, quien durante el Gobierno de Correa ocupó la vicepresidencia del país.
Fiscal ratificó aportes de empresarios para Alianza País
Por Sara Ortíz
Todo coincidía. Por ejemplo, los números telefónicos hallados en los archivos de Laura Terán, exasistente de Pamela Martínez, eran los mismos registrados en la Superintendencia de Compañías.
Los contactos pertenecían a los 11 empresarios que habrían entregado aportes económicos a Alianza País (AP). Así lo señaló la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
Ahora, ellos son parte del listado de 22 procesados por la Fiscalía en el caso Sobornos 2012-2016 y se los investiga por posible tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho.
En la audiencia de vinculación, en la Corte Nacional, la fiscal dijo que los contratistas formaron parte de una estructura ilícita liderada por el expresidente Rafael Correa.
Ante la jueza Daniella Camacho, la Fiscal dijo que su papel fue entregar dinero, en efectivo o por cruce de facturas. A cambio, ellos obtuvieron adjudicaciones de obra en los sectores estratégicos, que entre 2012 y 2016 fue manejado por el exvicepresidente Jorge Glas, también procesado.
Según la Fiscal, los posibles actos ilícitos de esta organización no se podían haber concretado si es que Correa no nombraba a Glas en sectores estratégicos, a Walter Solís en la Secretaría Nacional del Agua y a María de los Ángeles Duarte en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Salazar citó ante la jueza que entre el 2013 y 2014 la empresa Hidalgo & Hidalgo ejecutó obras en esas secretarías.
Ahora, el superintendente de la Región Litoral de esa empresa es procesado.
Él entregó una versión en la Fiscalía, en la que admitió conocer a Martínez, la exasesora de Correa. Dijo haberla llamado para coordinar la visita de autoridades para la inauguración del Trasvase Chongón.
En la diligencia también se expuso la factura N° 525, con el que Hidalgo & Hidalgo aparentemente pagó USD 70 000 a un productor de las sabatinas y organizador de eventos de AP.
A través de una pericia realizada por una analista financiera de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía, la Fiscalía estableció que esta compañía entregó por cruce de facturas USD 532 150, mientras que en efectivo habrían desembolsado USD 137 460.
En el caso de la compañía Fopeca, la Fiscalía manifestó que en el denominado archivo Verde Final se hallaron correos electrónicos y archivos en Excel, en los que constan los datos de la empresa, como el número de RUC, la dirección y los teléfonos de contacto.
En un correo electrónico enviado por Terán el 13 de abril del 2011, se menciona a un directivo de Fopeca, quien ahora es procesado. “Confirmo a usted la recepción de 20 documentos, los otros 20 se solicita que sean entregados a través de facturas. Las 150 copias del documento aún siguen en mi poder. Por favor instruirme qué hacer en caso de que no vengan a recogerlas”, se lee en el expediente judicial.
Para la Fiscalía General del Estado, los directivos de SK, Sanrib, Tecnazul, Sinohydro, Nexoglobal, Metco, Verdu SA y Técnicas Generales de Construcción también habrían ejecutado un papel similar.
Sus abogados niegan que haya existido un delito.
Sobre Consermin, la Fiscal detalló evidencias que sirvieron para fundamentar la vinculación de dos personas.
Salazar dice que en este caso, la propia empresa Consermin certificó a la Fiscalía el número telefónico asignado a uno de ellos, que es el mismo que consta en el archivo Verde Final.
En ese mismo documento, los investigadores encontraron reportes sobre los pagos supuestamente desembolsados por esta firma. Por ejemplo, en un archivo Excel se anotó: “Miércoles 13 de noviembre del 2013. Ofreció que el lunes 18 de noviembre del 2013 entregaría USD 100, pero no cumplió. Sigo insistiendo”.
Con uno de los empresarios de Equitesa, la Fiscalía mencionó el mismo esquema: conversaciones y entrega de aportes. En los correos de Martínez y Terán se mencionan posibles reuniones con ese directivo.
Por ejemplo, el 9 de abril del 2011 se concretó un encuentro en un hotel cinco estrellas, que funciona en Guayaquil.
Este jueves 8 de agosto del 2019, la jueza Camacho convocó a una audiencia para informar sobre su fallo.
La diligencia estaba prevista para las 16:00, pero se postergó una hora y media más, pues aún analizaba el pedido de la Fiscalía, de vincular a las 22 personas en el caso.
La entidad solicitó prisión preventiva para cinco personas, entre ellos, para el expresidente de la República, Rafael Correa. Para el resto de los sospechosos pidió la prohibición de salida del país.
Los Hechos relevantes del caso
04/05/2019
Pamela Martínez fue detenida en el aeropuerto de Guayaquil, cuando intentaba salir del país. Ese día también fue detenida su antigua asistente, Laura Terán.
28/05/2019
Fiscalía y Criminalística se incautaron de computadoras, teléfonos y otros equipos que pertenecían a Martínez y a Terán, que estaban en las bodegas de la Presidencia.
30/05/2019
La Policía allanó un departamento que pertenecía a Martínez. Detrás de una chimenea se encontró una libreta, con manuscritos en donde constan códigos como SP o SVP.
01/06/2019
El exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte fueron vinculados al caso. Vinicio Alvarado logró huir.
Jueza Daniella Camacho dicta orden de prisión preventiva contra Correa y Glas por el caso Sobornos 2012-2016
La audiencia de vinculación de 22 procesados en el caso Sobornos se reinstaló a las 17:30 de este jueves 8 de agosto del 2019. La diligencia se aplazó, porque la jueza nacional, Daniella Camacho, analizó su fallo judicial y pasadas las 19:55 decidió acoger la petición de la Fiscalía y ordenó prisión preventiva en contra de Rafael Correa.
Igual decisión se tomó para el exvicepresidente Jorge Glas, y para los exministros Vinicio Alvarado y Walter Solíz. A ellos se los señala como autores de los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho.
La medida también alcanzó al exhombre cercano de María de los Ángeles Duarte, Yamil Massuh.
Para otros procesados, la Fiscal pidió la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante una autoridad judicial. En la noche, la Jueza aún analiza la petición.
Además, solicitó que a los 22 procesados se les retenga las cuentas bancarias y se les prohíba vender bienes por un monto de USD 7 863 622, 46.
En esta diligencia están presentes la fiscal general Diana Salazar, la agente investigadora Ruth Amoroso y los abogados de los 22 procesados.
En este caso se investigan supuestos aportes ilegales de empresas contratistas a las campañas de Alianza País. Inicialmente fueron procesados los exfuncionarios correístas Pamela Martínez, Laura Terán, Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte, por los supuestos delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.
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