Guatemala | Edie Cux, director de Acción Ciudadana: “El sistema de control y fiscalización previo a las elecciones no funciona”
Entrevista a Edie Cux, director de Acción Ciudadana
Por Carla Perelló, de la redacción de NODAL
El domingo 11 de agosto Guatemala dará el último paso en el proceso electoral para decidir quién gobernará en el periodo 2020-2024. De un lado se encuentra la exfuncionaria de gobierno Sandra Torres, por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Del otro lado, el ya cuatro veces candidato Alejandro Giammattei, por Vamos. Ambos han sido señalados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) por negocios vinculados con la corrupción o acciones violentas, de la misma manera que el actual presidente Jimmy Morales. Para más, la organización de base de la excandidata a la presidencia Thelma Cabrera, el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), llamó a un paro y a no votar para no avalar el “fraude electoral” que denuncian tras la primera vuelta. En esta entrevista con NODAL, Edie Cux, director de la organización Acción Ciudadana, hace un repaso de la situación en la que llegan estos comicios.
El balotaje en Guatemala llega tras fuertes denuncias de fraude en la primera ronda y, de hecho, con un paro convocado por CODECA, ¿qué análisis hace de la coyuntura actual?
Respecto a los resultados electorales, desde Mirador Electoral (N de R: un consorcio de organizaciones la de sociedad civil), Acción Ciudadana desarrolló un conteo rápido de las elecciones para la primera vuelta. Nuestra muestra es matemática y aleatoria en mil juntas receptoras de votos y con la presencia de 1300 observadores en 324 municipios del país. Según nuestros datos no existió fraude, entendiendo eso como la alteración sistemática y a gran escala de los resultados electorales. Es de reconocer, de todas maneras, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cometió errores graves en la primera vuelta. Considero que el llamado de CODECA es legítimo, pero no es fraude en el sentido estricto de la palabra, el trasfondo es que el sistema de control y fiscalización previo a las elecciones no funciona, es decir existieron denuncias en contra de inscripciones de personas vinculadas al crimen organizado que fueron inscritas, denuncias en contra del gobierno por utilizar los recursos del Estado para clientelismo político que pudo haber beneficiado al partido oficial y a otros, de lo cual no hay resultados de investigación del TSE ni del Ministerio Público. Tampoco hay sanciones verdaderas por la campaña anticipada ni por la omisión en las declaraciones de financiamiento político. Lo anterior tiene varias causas y una es el debilitamiento de la fiscalía de delitos electorales y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG- N de R: organización cuya salida del país ya fue determinada por el presidente Morales, sobre quien pidieron antejuicio por casos de corrupción en tres ocasiones). El TSE por lo general nunca ha tenido el rol fiscalizador que debiese tener. Esta situación tuvo peso en el momento en el que los resultados no coincidieron en el sistema informático. Ese error fue el desenlace de decisiones intransigentes del TSE el cual se encontraba debilitado e hizo que se hablara de fraude. Existieron delitos electorales previos al ejercicio del voto, que no se sabe si están siendo investigados, pero realmente no existió esa alteración sistemática en la manifestación popular del ejercicio del voto, es decir no existió fraude.
¿Cómo caracterizaría a Sandra Torres y a Alejandro Giammattei? ¿Qué proponen ellos y cuáles son los desafíos que se presentan para quien asuma la presidencia?
Sobre Sandra Torres puedo decir que es una persona que ha tenido la oportunidad de tener un papel importante en el gobierno del expresidente Álvaro Colom, de UNE, y busca volver al poder. Ahora bien, ha cambiado su discurso conforme los años y su estrategia ha sido la de mantener los programas sociales desde una perspectiva de clientelismo político. Su forma de tratar con sus críticos ha sido autoritaria en cierta medida. Ha utilizado la ley de femicidio para criminalizar a periodistas y a fiscales que le han señalado actos de corrupción. No se ha pronunciado de forma contundente en el seguimiento de CICIG aunque en el fondo no podría estar a favor, por ser la CICIG quien le señaló financiamiento electoral ilícito. Si llega al poder, el partido tendrá un amplio margen de gobernabilidad por los 53 diputados y 224 alcaldes de su partido que fueron electos.
Alejandro Giammattei es una persona que ha intentado llegar al poder en distintas ocasiones, ha utilizado discursos populistas y de ataque a su contrincante. La CICIG lo ha vinculado a casos de ejecuciones extrajudiciales donde salió absuelto. Es posible ver que no deja clara su agenda política ni sus posibles vínculos con financistas contratistas del Estado y posible financiamiento del crimen organizado. Se le ha vinculado con asesores que siguen la misma línea que el actual presidente Jimmy Morales, por lo que de llegar al poder podría continuar con la política regresiva del Estado.
En los últimos meses se visibilizó la problemática en torno a las migraciones centroamericanas hacia EEUU, lo que llevó a un acuerdo entre el presidente Jimmy Morales y Donald Trump para que Guatemala fuera “Tercer País Seguro”, ¿qué implicancias tiene en términos políticos y para la población esa definición?
En primer lugar, es bueno citar lo que ha manifestado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que, en 2018, indicó en las Consideraciones legales sobre el acceso a la protección y la relación entre las personas refugiadas y el tercer país en el contexto del retorno o traslado a terceros países seguros. Allí marcan que el concepto de “tercer país seguro” se ha aplicado en los casos en que una persona podría tener o puede encontrar protección en un tercer Estado, ya sea en relación con un caso individual específico o de conformidad con un acuerdo bilateral o multilateral entre los Estados sobre el traslado de solicitantes de asilo. Antes del traslado, es importante, de conformidad con las normas del derecho internacional pertinentes, evaluar individualmente si el tercer Estado podrá: 1) (re)admitir a la persona; 2) otorgar a la persona acceso a un procedimiento justo y eficiente para la determinación de la condición de refugiado y otras necesidades de protección internacional; y 3) otorgar a la persona estándares de tratamiento acordes con la Convención de 1951 y con las normas internacionales de derechos humanos, incluyendo pero no limitados a la protección contra la devolución.
Los compromisos adquiridos rebasan la capacidad real de los Estados, tanto Guatemala como EEUU, respecto de atender las solicitudes de protección y citar los principios internacionales de derechos humanos en la materia que no garantiza de forma material y jurídica los derechos de las personas. Como ejemplo, en según lo establecido en el artículo tres de acuerdo, se comprende que EEUU decide unilateralmente a quienes desea enviar a Guatemala y nuestro Estado no puede rechazar a las personas, sino hasta agotar los procesos administrativos que pueden durar años. Resultando perjudicial tanto para Guatemala como para las personas que sean enviadas a nuestro país. EEUU únicamente es responsable en el proceso de traslado, no garantiza el acceso a medios de subsistencia suficientes y un nivel de vida adecuado, el cual debe garantizar Guatemala. En última instancia, políticamente este acuerdo es de interés único de EEUU y para Jimmy Morales, familia y cercanos, para buscar el resguardo del gobierno de Donald Trump, pues la población en general a rechazado la firma del acuerdo. Ahora la CC es quien debe resolver si es válido o no, a nuestra consideración el mismo es nulo.
