Victoria judicial de la Constitución y democracia – El Nuevo Día, Puerto Rico
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Esta página de la historia de Puerto Rico ha sido un gran ejercicio de democracia en el que ha prevalecido la Carta fundamental que organiza la sociedad y las instituciones del país, y en el que nuestro Tribunal Supremo ha dado cátedra como juez último de la Constitución puertorriqueña.
En su histórica decisión, el Supremo ha validado la fuerza democrática de la Carta Magna, bajo cuya luz puso orden en la línea de sucesión de la gobernación, ante los ojos atentos de nuestro pueblo y de la comunidad internacional.
Al consignar su defensa férrea del mandato de respeto a los postulados de democracia que nuestro pueblo fijó en la Constitución, el dictamen del Tribunal Supremo se presenta como solución a la crisis de gobernanza inmediata, y como fuente del sosiego que Puerto Rico merece.
Destacamos que el licenciado Pedro Pierluisi acató el dictamen judicial y que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, ha cumplido con su deber al asumir el cargo de gobernadora, como le corresponde en el orden de sucesión constitucional.
El Tribunal ha ratificado con la robustez de la unanimidad, en el hoy y para el futuro, que nuestro sistema de gobierno se apuntala en el principio del consentimiento de los gobernados, esencial en la democracia y para la libertad humana.
En la declaración de inconstitucionalidad de la juramentación de Pierluisi como gobernador también pesó la relevancia fundamental de la separación de los poderes gubernamentales.
En lo específico, el Tribunal concluyó que la juramentación de Pierluisi como gobernador era inconstitucional al fundamentarse, equivocadamente, en la enmienda a la Ley 7 de 2005 que exceptúa al secretario de Estado del requisito de confirmación legislativa para ocupar la vacante de la gobernación.
En su decisión, el Tribunal declaró inconstitucional la referida enmienda estatutaria porque por disposición constitucional, ningún secretario de Estado que carezca del consejo y consentimiento de ambas cámaras legislativas puede ocupar la gobernación.
La opinión jurídica es enfática en que el sistema de pesos y contrapesos de nuestro andamiaje gubernamental permite un equilibrio dinámico entre los poderes, coordinados con igual rango para que ninguno amplíe su autoridad por encima de los demás. La separación de poderes impide a la rama ejecutiva despojar a la legislativa de su poder constitucional y legal para confirmar a jefes del gabinete ejecutivo, incluido el secretario de Estado, primero en la línea de sucesión para la gobernación.
“Si tanto Cámara como Senado son excluidos del proceso, se vulnera la legitimidad democrática del nuevo gobernador”, ha resuelto el Tribunal Supremo en la opinión redactada por el juez asociado Rafael L. Martínez Torres.
Unidos como el solo cuerpo que son, los nueve jueces del Supremo han dado cátedra al reconocer la novedad de la controversia de alto interés público y resolverla en Derecho con la requerida urgencia. Las opiniones de conformidad dan cuenta del rigor y de la seriedad con que los jueces atendieron el conflicto sobre la gobernabilidad.
Una importante lección a futuro para todos los puertorriqueños, incluida la clase política, es asegurar la elección sabia de los líderes en los que deposita su confianza. Y que estos garanticen que el secretario de Estado y demás funcionarios en la línea de sucesión están capacitados para asumir la gobernación ante la eventualidad de que quede vacante.
La opinión del Tribunal Supremo ha sido otro ejercicio pacífico mediante el cual Puerto Rico ha atendido los recientes desafíos de su sistema democrático. El resultado ha sido la restitución inmediata de los procedimientos constitucionales para ocupar el puesto de gobernador, tras la renuncia de Ricardo Rosselló, que en Derecho le ha correspondido a la gobernadora que juramentó ayer en la tarde.
Esperamos que los procesos relacionados con la transición fortalezcan la gobernanza de Puerto Rico, de cara a la multitud de retos que el país enfrenta.
